Acta 36 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 36

No.36.- Acta Trigésima sexta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Volio Sancho, Herrero, Gómez, Guzmán, Ruiz, Desanti, Esquivel, Valverde, Monge Álvarez, Facio Fournier, Baudrit Solera, González Herrán, González Flores, González Luján, Volio Jiménez, Baudrit González, Gamboa, Vargas Vargas, Arias, Arroyo, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Monge Ramírez, Zeledón, Jiménez Núñez, Dobles Segreda, Trejos, Pinto, Montealegre, Solórzano, Sotela, Oreamuno, Guido, Brenes Mata, Leiva, Madrigal, Montiel, Bonilla; y los suplentes: Jiménez Quesada, Castaing y Lobo.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
El Directorio comunica a la Asamblea, que hoy hizo entrega a la señora viuda del doctor Carlos Luis Valverde, del pergamino que le otorga a éste el título de Benemérito de la Patria. Asimismo, que se depositó una ofrenda floral en la tumba del doctor Valverde.
Artículo 2º.- Se continuó la discusión del dictamen sobre la prórroga.
El Representante ACOSTA JIMENEZ justificó su voto negativo a la prórroga. Empezó diciendo que los argumentos de los que defendían la prórroga se podían catalogar en dos campos: el jurídico y el de la gratitud, que él llama de la ternura política. En el campo jurídico, se sostiene que la prórroga debe otorgarse porque es una manera de retornar a la normalidad constitucional, ya que se establece el sistema de consulta entre la Junta y la Asamblea, obligándose la primera a enviar a ésta los asuntos de importancia. Sin embargo, la calificación de la importancia de estos asuntos es unilateral, ya que la Junta es la única que puede hacerlo, razón por la cual el régimen de consulta prácticamente no tiene consecuencias. Tampoco será obligatorio para la Junta aceptar las resoluciones de la Asamblea. Agregó que no se explica por qué motivo se pide la prórroga diciendo que el país ansía volver cuanto antes a la normalidad. Dos años es demasiado para un Gobierno de Facto. Don Chico Aguilar Barquero, por ejemplo, sólo gobernó seis meses. Lo mismo ha ocurrido en todos aquellos países en los que se ha instaurado una Junta Revolucionaria, como en Guatemala. Dijo que se hablaba mucho en Costa Rica de democracia, cuando desde el punto de vista institucional, el régimen actual era una dictadura, ya que carece de los dos elementos fundamentales que configuran una democracia: la forma del Estado y la injerencia de la opinión pública organizada en partidos políticos, que inciden en la marcha del país. Pero cuando un Poder asume las facultades de legislar y de ejecutar, al mismo tiempo, las leyes, se ha extorsionado uno de los elementos fundamentales de la democracia: la división de los Poderes. Si se quiere retornar al país a la normalidad, lo lógico es que no se prolongue más el actual interregno, que el Gobierno de Facto concluya su mandato lo más pronto posible.
En el campo de la ternura política, se dice que no se puede ser injusto con don José Figueres, el hombre que todo lo sacrificó en aras de la libertad de su Patria. Manifestó que nunca le había negado a don José Figueres el heroísmo de su gesta revolucionaria, que fue gloriosa. Esto nadie lo discute, ni mucho menos lo niega. Es pueril el argumento de quienes dicen que si el señor Figueres no se lanza a la revolución, don Otilio Ulate no hubiera llegado al Poder. Afirmar esto, es olvidar que la gesta revolucionaria no hubiera sido posible sin el antecedente glorioso de la campaña electoral, previa a las elecciones de febrero, campaña que tan hábilmente dirigiera don Otilio Ulate. El señor Ulate llevó a su Partido al triunfo en los comicios de febrero, entregando así a la revolución su razón de vida, su estandarte de lucha, su justificación moral. Si Ulate no hubiera llevado a la victoria a su Partido, la revolución no habría tenido asidero ni justificación, ya que el pueblo no hubiera ido a la lucha por la abstracción de una Segunda República. El pueblo fue a los campos de batalla a pelear por la legitimidad de las elecciones que consagraron Presidente a don Otilio, para que nunca más se oscureciera en Costa Rica la majestad del sufragio popular. Se dice que don José Figueres, por el hecho de haber ganado la guerra, tenía facultades para asumir el Poder. Con este mismo argumento, se puede decir que el General Eisenhower, por haber ganado la guerra contra los alemanes, tenía derecho a la Presidencia de los Estados Unidos. Este no es argumento. Negarle a la Junta la prórroga no es ingratitud para don José Figueres, ya que el pueblo anhela volver a la democracia. Tampoco se puede decir que los ingleses fueron injustos con Churchill, el hombre que los llevó a la victoria, por el hecho de que el Partido Laborista asumió el Poder. Y es que así como Churchill, Figueres fue el hombre de la guerra en Costa Rica y Ulate el hombre de la paz. Los desaciertos de la Junta nunca llegarán a empañar la gesta revolucionaria de don José Figueres. Pero por encima de la gratitud, están los supremos intereses de Costa Rica, que ansía volver a la democracia. Por otra parte, nunca el campo de batalla ha erigido a los hombres en estadistas.
Luego se refirió a un argumento dicho en ocasiones anteriores: las elecciones de diciembre demostraron que el pueblo costarricense no estaba con la política de la Junta, ya que no votó por el Partido que había tomado como bandera de su campaña, la defensa de esa política. El pueblo no votó por el Partido Social Demócrata. Sin embargo, esas elecciones no se pueden considerar un repudio hacia don José Figueres, sino más bien a la llamada política del Gobierno. Manifestó que votar la prórroga era defraudar al pueblo por tercera vez. La primera, cuando el Congreso de perjuros del primero de marzo anuló las elecciones de febrero, que dieron el triunfo al señor Ulate. La segunda, cuando, una vez triunfante la revolución, asume el Poder una Junta, aplazándose así, por un año y medio, la Presidencia del señor Ulate. Y finalmente, por tercera vez, si se otorga a la Junta la prórroga, pues el pueblo en las elecciones últimas, explícitamente dijo que deseaba que don Otilio fuera el Presidente de Costa Rica. Agregó que existía otra razón, además de las apuntadas, para negarle la prórroga a la Junta: sus compromisos internacionales para derrocar a las tiranías de Centro América y el Caribe. Para nadie es un secreto que tales compromisos han existido, y aunque todos deseamos que en los pueblos hermanos de América Central y el Caribe se instauren regímenes democráticos, Costa Rica no está en capacidad de afrontar aventuras revolucionarias en otros países. Es cierto que ya se firmó un Tratado de Paz y Amistad con Nicaragua, pero mientras el actual régimen subsista, hay el peligro del retorno de la incertidumbre y la zozobra internacionales. Luego pasó a referirse al por qué de su oposición a la Junta, pues en varias ocasiones, desde determinado periódico, se le ha lanzado el cargo de que la oposición suya a la Junta se debe, posiblemente, al hecho de que él no fuera a pelear al lado de Figueres. Se refirió a los motivos por los cuales no se sumó a la revolución, y que una vez que estalló el movimiento, tuvo que refugiarse en una casa particular para escapar de la persecución de las hordas del Gobierno. Se dedicó, entonces, a la tarea de redactar boletines. Posteriormente, por encargo del propio señor Ulate, redactó un escrito dirigido a las Misiones Diplomáticas acreditadas en Costa Rica, demostrando la participación del Comunismo Internacional en los asuntos internos de Costa Rica. Dijo que su oposición a la Junta era de carácter moral, porque pese a que no le he negado el tributo a don José Figueres, la Junta tiene la sombra de una apostasía, ya que los jefes victoriosos de la revolución desairaron a don Otilio Ulate y tiraron por la borda los principios democráticos y de libertad que representaba el nombre de éste. La victoria de la revolución se ensombreció con esa apostasía. Hasta se dijo, por el propio jefe de la revolución, que era muy difícil que Ulate asumiera el Poder, pues las elecciones habían sido anuladas el primero de marzo. Ante semejante afirmación, don Edmundo Montealegre, que se encontraba presente en esos momentos, imprecó al señor Figueres que su actitud era solidaria con los “veintisiete” criminales que anularon el triunfo legítimo de don Otilio Ulate. Terminó diciendo que para él valían más los principios democráticos, las convicciones morales, por lo que no estaba con la prórroga a la Junta, prefiriendo -como dijo un autor argentino-, el honor a los honores y la dignidad a las dignidades.
El Representante GONZALEZ FLORES razonó su voto negativo a la prórroga, en los siguientes términos: Señores Diputados: Deseo dejar constancia escrita de mi voto negativo en relación con la prórroga de seis meses para que la Junta Fundadora de la Segunda República continúe por ese período en el ejercicio del Poder. Existe un anhelo nacional porque se restablezca cuanto antes el régimen de derecho en el país. Este anhelo se puso en evidencia el 8 de diciembre último, con el resultado de las elecciones, pues no obstante el pesimismo acerca del número de sufragantes, éste superó a los cálculos de lo que se esperaba. Con este hecho, el pueblo puso de manifiesto, su deseo de que el país debe constituirse políticamente dentro del más breve plazo. La experiencia recogida de nuestra historia política en cuanto a los Gobiernos de Facto, es de que los jefes de éstos no han querido que esas situaciones se prolonguen por más tiempo del necesario para preparar lo indispensable a fin de llevar a la práctica las elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y la organización de los poderes públicos de acuerdo con los principios de la Carta Magna que ella ha de emitir. De otra parte, la vuelta al régimen de Derecho, se impone cuanto antes para restablecer la confianza y seguridad en las actividades económicas, pues en estos momentos el país atraviesa una crisis que se manifiesta en la contracción de los negocios y en un total desconcierto de la economía nacional, que tienen su origen en las medidas sorpresivas e inconsultas en el uso extralimitado que la Junta Fundadora de la Segunda República ha hecho de sus facultades extraordinarias. Comparto con esto con la opinión de un artículo del Banco Nacional de Costa Rica, publicado en el número 21 de la revista del mismo Banco, correspondiente al mes de junio pasado. Después de comentar la nacionalización de los bancos particulares, dice al respecto: “La medida costarricense, por inesperada, no fue precedida de ningún sondeo ni consulta con la opinión pública, y sobre todo, por venir acompañada del impuesto extraordinario del 10% y haber impartido el Gobierno, en el primer momento, causó desconcierto en el país, dando lugar a que se iniciara un movimiento de retiro de depósitos de los Bancos, retiro que había alcanzado a fines de junio a varios millones de colones. No puede desconocerse, sin embargo, que en dicho retiro tuvo que ver, también, el volumen de las cuotas extraordinarias autorizadas por el Departamento Emisor, para la venta de divisas extranjeras al público. Ante el retiro, los tres Bancos nacionalizados, buscando conservar su posición de liquidez, elevaron sus redescuentos en el Departamento Emisor, de cuatro y medio millones el 21 de junio a once millones cuatrocientos mil colones el 30 del mismo mes. Conforme se vayan dando a conocer con más amplitud los motivos y los fines de la nacionalización en cuanto se legalice en forma definitiva y conveniente sobre el sistema bancario nacionalizado y se reglamente el cobro del impuesto del 10% sobre el capital, y, especialmente, conforme se logre [trasmitir] al público la convicción de que no habrá medidas revolucionarias impuestas sin consulta, la confianza renacerá [volverán] los depósitos a reconstruirse a sus niveles normales y la actividad económica se reanimará definitivamente”. Hasta aquí lo que dice el Banco acerca de los resultados de aquellas medidas revolucionarias, las cuales considera inconsultas y que trajeron un descontento en el país.
Sin embargo, la esperanza que abrigaba el Banco de que no se repetirían actos de aquella naturaleza, aún no se ha cumplido. Han continuado dictándose nuevas disposiciones económicas en la misma forma que se hicieron las anteriores y la inseguridad y desconfianza han continuado.
No obstante lo expresado, en el número 22 de la Revista del mes de diciembre último, en un nuevo artículo sobre la Economía Nacional y el Gobierno de Costa Rica de que el temor y desconfianza que hubo en los primeros momentos y que no pueden negarse, no ha desistido y se haya intensificado.
Hay, sin embargo, un hecho que sí ha persistido y es el de que la distribución del numerario entre los Bancos y el público, acentúo su tendencia al aumento en más del público. Según las conclusiones de la Revista indicada, es que esa tenencia revela la subsistencia de prácticas de atesoramiento privado, o sea la ausencia de hábitos bancarios fuertes en la colectividad y que en parte también puede atribuirse el aumento de tenencias en manos del público o prácticas de evasión del 10% sobre el capital. En los tiempos anteriores a la fecha en que se dictaron el impuesto del 10% sobre el capital y la nacionalización de los Bancos, precisamente los hábitos bancarios de que habla la Revista del Banco Nacional de Costa Rica, en su último número, venían adquiriendo gran desarrollo. Este fenómeno se ha notado hasta en las provincias donde se han establecido Sucursales del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco de Costa Rica. De otra parte, no son precisamente las prácticas de evasión del impuesto del 10% lo que provocó el aumento de tenencias en manos del público; fue la desconfianza que infundió la nacionalización bancaria, los discursos y reportajes de los altos funcionarios contra el capital. La inviolabilidad de la propiedad que ha sido una de las garantías más respetadas en Costa Rica, sucumbió ante los Decretos-Leyes números 70 y 71 del 21 de junio de 1948, que para llevar a cabo el impuesto del 10% sobre el capital y la nacionalización de la banca privada, hubo de estipularse expresamente en aquellos decretos, la derogatoria de todas las disposiciones constitucionales o legales que se opusieran. Es decir, en cuanto al presente caso, el artículo 29 del capítulo de las garantías individuales de la Constitución de 1871, con sus reformas posteriores, que fue puesto en vigencia por la Junta Fundadora de la Segunda República por Decreto-Ley número 2 del 8 de mayo de 1948, relativo a la inviolabilidad de la propiedad, que para aquellos objetos quedó sin efecto alguno. Aquí están, pues, como en otras medidas dictadas posteriormente, el origen de la desconfianza e inseguridad que ha venido a reflejarse en la contracción de los negocios, con el fenómeno citado, de una mayor tenencia de numerario en manos del público, con la subsistencia de prácticas de atesoramiento.
Las medidas inflacionistas que ha tomado como recurso la Junta de Gobierno, elevación del presupuesto, celebración de empréstitos, creación de nuevos impuestos, emisión de bonos, no han producido los efectos inflacionistas que había de esperarse, porque la contracción de los negocios es tal, que mantiene el dinero en inactividad en manos del público.
Es indudable que la gestión administrativa de la actual Junta, contribuyó a crear un factor muy importante de inflación con la elevación del Presupuesto.
Según datos de la Contabilidad Nacional, durante los meses de la Administración del Licenciado don Teodoro Picado las entradas de enero al 30 de mayo de 1948 fueron de ¢31,980,922.63 y las salidas de ¢37,257,151.21, lo que produjo un déficit presupuestario de ¢5,276,228.50. En los meses de junio a diciembre que corresponden a la actual Junta de Gobierno, las entradas fueron de ¢58,098,649.50 y las salidas de ¢77,540,470.02, arrojando un déficit presupuestario de ¢19,441,822.52. Es de advertir que debido a que el corte de cuentas se hace el último de mayo, la Contabilidad incluye en los gastos de la Administración Picado los que corresponden a la actual, es decir, del 9 al 31 de mayo. Hecha esta salvedad, podemos consignar que los totales de 1948 fueron así: entradas, ¢90,079,570,13 y salidas, ¢114,743,621.63. Déficit presupuestario, ¢24,718,051.10. Según estos números de la Contabilidad los 5 meses últimos de la Administración Picado, dan un promedio mensual de ¢7,451,510.42, y los siete meses de la actual, ¢11,077,210.00.
Una vez nacionalizados los Bancos particulares, la Junta celebró un empréstito con éstos y con los del Estado por la suma de ¢26,810,000.00, sirviéndose para ello de las llamadas letras del Tesoro. Con este empréstito se pagó el déficit de 1948. La Junta actual fue favorecida con un aumento de las entradas de aduana, proveniente del estancamiento que hubo por falta de desalmacenaje durante el período de la revolución. También se invirtió para saldar el déficit, la suma proveniente del impuesto del 10% sobre el capital, que alcanzó a ¢1,902,519.10. Esta suma con la anterior hacen un total de ¢28,712,519.10.
Los efectos inflacionistas que este dinero había de tener en el mercado quedó contrarrestado por la contracción de los negocios a que me he referido anteriormente, determinada por la inseguridad y desconfianza que se experimenta en el país.
Como dato informativo adquirido de fuentes oficiales, me permito dar a conocer que el cálculo del valor de la propiedad fue la suma de ¢700,000,000.00 que distribuido en diez años es de ¢70,000,000.00. Pero las declaraciones de capital apenas alcanzaron a la cantidad de ¢5,941,347.10, de la cual suma apenas se hizo efectiva hasta diciembre último la cantidad de ¢1,912,519.10 como lo expresé anteriormente. Sobre los cálculos alegres del impuesto al capital se elevó desmedidamente el Presupuesto, dando por resultado, un déficit en el Tesoro Público.
Todo esto es el efecto del uso extralimitado de las facultades extraordinarias.
La diferencia sensible en relación con los cálculos hechos sobre el capital, se atribuye a ocultación de bienes en las declaraciones respectivas. Es necesario comprender que en todo momento el dinero se defiende y más aún cuando la confianza de la Junta de Gobierno a causa de los excesivos gastos, ha venido en descenso en los últimos tiempos. Durante los últimos seis meses, no se han publicado los acuerdos de los gastos públicos correspondientes a este período, según lo dispone la ley y los principios más elementales de ética administrativa, razón de más cuando el Banco que administra las rentas nacionales ha sido oficializado y suprimida la Oficina de Control, únicas fuentes de formación.
Es de hacer notar también que vamos ya por el tercer mes del presente ejercicio económico, sin que a estas horas conozca el país el Presupuesto General de Gastos de 1949.
El retraimiento del capital con motivo de las medidas dictadas, empieza a tener ya sus consecuencias sociales. Véase lo que dice sobre el particular el Director del Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, en una publicación en “La Nación” del 5 del corriente. “El problema de la desocupación hoy por hoy y dentro de las dificultades enormes que hay para medirlo en su real intensidad, no parece ser de extrema gravedad y es muy posible que no llegue a un estado crítico alarmante porque en vías de solución normal, tan pronto desaparezcan todas las razones que hacen posible la inseguridad ambiente en que se desenvuelve o cree desenvolverse el capital privado. La desocupación tiene su fundamento principal en la falta de iniciativa del capital privado, encogido precisamente por esa inseguridad que existe y en el hecho de que el Estado no emprenda nuevas obras con la intensidad y en la proporción adecuada. Esta posición del Estado se debe a razones económicas o a falta de una organización adecuada, producto de las guerras que ha tenido que librar recientemente la República. En todo caso, el problema, que sí existe, se solucionará fácilmente en cuanto aparezcan nuevas fuentes de trabajo, gracias a las empresas que emprende el Estado y principalmente a las que emprende el capital privado, una vez que haya recobrado la confianza”. Hasta aquí, las palabras del Director del Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, señor don Roberto Güell, que él, como la Revista del Banco Nacional, que he citado anteriormente, hacen notar la inseguridad y la falta de confianza en que se desenvuelve el capital privado.
Nuevamente en “La Nación” del 9 del corriente, se dice que se ha iniciado un profundo estudio del problema de la desocupación por el Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, a fin de iniciar en breve una cruzada contra la desocupación.
Uno de los más graves problemas que va ya haciéndose insoluble es el que ha determinado el abuso del crédito público. Los últimos Decretos-Leyes del 29 de diciembre último, al hacer la refundición y consolidación de la Deuda Interna eleva la emisión de Bonos a la suma de ¢195,459,000.00. Esta emisión de suyo elevada, habrá de tener sus repercusiones desde el punto de vista inflacionista, ya que dichos Bonos en el mercado se convierten en instrumentos de pago; por otra parte, desde el punto de vista fiscal, aumentan la cantidad de dinero indispensable para el pago de las amortizaciones e interés y, por último, producen una desvalorización de los mismos por la gran cantidad de valores del Estado que han sido lanzados al mercado. Parece que se está llegando ya al principio de saturación, pues comienza a notarse una baja de esos títulos, que se traduce en el aumento de los descuentos de ellos en las transacciones bursátiles.
En cuanto a las deudas extranjeras, las cuotas de intereses que dejan de pagarse anualmente, van acumulándose a la deuda primitiva, haciendo cada vez más difícil hacer honor a la firma empeñada por la República en el pago de esas deudas. El total de intereses acumulados llegó el 31 de diciembre último a ¢48,427,912.20. En 1950 vence la suspensión de algunos impuestos para el pago de intereses y amortizaciones al Eximbank. Entre esos impuestos está el de cigarrillos y tabacos, que alcanzan a ¢3,000.000.00 y que se aprovechan ahora para los gastos de la Administración Pública. El 1º de noviembre de 1951, vence el contrato del Empréstito Americano que alcanza a la suma de ¢30,402,540.00.
Ante la difícil situación que se va a presentar dentro de poco tiempo por el próximo vencimiento de las deudas extranjeras, la Junta ha debido de ser más prudente en crear nuevas deudas y establecer nuevos impuestos, porque cuando aquellos vencimientos lleguen, el país se va a encontrar con una capacidad rentística agotada y un régimen impositivo injusto y expoliativo. Como es natural, el final de esta tragedia económica para Costa Rica es el cierre total de su crédito en el extranjero. Para el comercio del país no es menos grave la situación que atraviesa con el problema de las divisas que ha obligado a las casas extranjeras a la limitación de sus créditos. En estos momentos y por esa razón, el consumidor costarricense no ha podido aprovecharse de la baja de los precios de artículos importados de los Estados Unidos.
La difícil situación de la economía nacional que he analizado, en forma somera, no es posible que se trate de resolver o atenuar por un Gobierno transitorio. Exige un régimen de Derecho, régimen que debe ser restablecido dentro del más breve plazo y sea acreedor a la confianza de toda la ciudadanía costarricense.
La Junta Fundadora de la Segunda República, extralimitándose también en el uso de sus facultades, se ha dedicado a la celebración de contratos con empresas extranjeras, sin un estudio detenido de ellos y sin recoger la triste experiencia que muchos de estos contratos han dejado al país. Tres negocios de esta naturaleza han tenido la aprobación de la Junta de Gobierno: el de la Compañía Bananera, de la Compañía de Fuerza y Luz y el de la Honolulu Oil Corporation. El primero aún no ha sido suficientemente discutido por la opinión pública. El segundo no pudo resistir a los patrióticos editoriales del diario “La Nación”, que hubo de darle a aquella contratación una cristiana sepultura y el tercero bastó una simple comparación con otro celebrado para los mismos fines que el nuestro por el Gobierno de Panamá con la Compañía Sinclair hecha por dos ilustres abogados, para que quedara en entredicho.
Es muy dolorosa la experiencia que tiene el país en relación con toda esta clase de contratos, para que no dejen de estudiarse con la meditación necesaria.
Cuando se ha tratado de dar aprobación a alguno de ellos, en épocas anteriores, una reacción de nacionalismo se ha levantado en todo el país. Los contratos de petróleo son los que han provocado las luchas más intensas y las más grandes controversias. Primeramente, la sostenida con el contrato Pinto Grulich, una vez que el Presidente González Flores se convenció de la trama que se había urdido en la Cámara para la adquisición de la concesión y después, cuando el litigio Anglo Costarricense, hubo de someterse al arbitraje del Chief Justice de los Estados Unidos, Honorable William Taft, la invalidez del Contrato Amory, otorgado en la Administración de Tinoco por ley del 25 de junio de 1918.
En ambos casos me tocó estar presente y darme cuenta de la trascendencia de esos contratos. En el primero como miembro del Gabinete González Flores y en el segundo como asistente de abogado de Costa Rica en Washington del Licenciado González Flores.
Al negar mi voto a la prórroga en referencia, por las razones expuestas, sólo aspiro a que se restablezca cuanto antes el régimen de derecho en Costa Rica, para que vuelva la confianza y como coronamiento, además, de la gran obra de restauración realizada por la revolución y el de las elecciones más puras y más libres del 8 de diciembre último, sin precedentes en nuestra historia y posiblemente en otros muchos países de este Continente. En este último aspecto, yo me inclino reverentemente ante los miembros de la actual Junta Fundadora de la Segunda República que, con aquellas actuaciones, ha puesto muy alto el nombre de Costa Rica ante el mundo civilizado.
El Representante MONGE ALVAREZ, en una amplia exposición, razonó su voto afirmativo a la prórroga. Dijo que había pensado no intervenir en los debates respecto a la prórroga, ya que pensaba que nadie podría negarse a otorgarla, teniendo en cuenta la conveniencia nacional, pero después de haber oído la dureza y la injusticia de algunos ataques contra la Junta, creía necesario referirse a los mismos, poniendo también de manifiesto los grandes aciertos de la Junta. Antes de entrar al fondo de su análisis, dijo que su actitud no podía calificarse de incondicionalidad a la Junta, pues en diversas ocasiones su propio Partido había criticado alguno de sus actos. Pero hay, de parte de la Junta una obra positiva, beneficiosa para las grandes mayorías del país, que hay que defender con sinceridad de propósitos. A manera de un paréntesis, se refirió a lo que él entiende por juventud, pasando a defender la actuación de los hombres jóvenes del actual gobierno, ya que en diversas ocasiones se ha dicho que los errores de la Junta han sido debidos a la juventud de los integrantes de ésta. Manifestó que la juventud, antes que una etapa física, en su concepto era un estado especial del alma, que hace mirar los problemas de acuerdo con una actitud nueva. Según este concepto de la juventud, hasta un octogenario, si es que se enfrenta a los problemas con una actitud diferente, con una concepción nueva de la vida, es un joven. Dijo que para él la experiencia tenía un gran valor, pero cuando los años han sido vividos con honradez, los jóvenes tienen derecho y capacidad para gobernar. Más aún, se puede afirmar que el actual es el siglo de la juventud. Luego manifestó que nadie discutía el hecho de que don Otilio Ulate había entregado a la revolución su razón de vida. Sería estúpido y antipatriótico negar que fue con ese nombre que el pueblo fue a la lucha armada, pero a los dirigentes les cabe la alta y difícil misión de interpretar los sentimientos populares, los anhelos del pueblo, que no se manifiestan claramente. Es cierto que la revolución se hizo contra Calderón Guardia para que fuera Presidente el señor Ulate, pero, ¿porqué fue posible Calderón? Calderón Guardia fue posible gracias al sistema económico, social, político y jurídico que vivía el país y para evitar que en lo sucesivo se estafara al pueblo, era urgente ir hasta la reforma de ese sistema. De ahí que la Junta se vió en la necesidad de emprender una gran obra de transformación y se comete una injusticia cuando se analiza su labor, que se ha realizado bajo circunstancias especiales, como por ejemplo, el hecho de que asumiera el poder después de ocho años de latrocinio y despilfarro.
Además, se olvida que la revolución paralizó la vida económica del país. También se olvida el hecho de que la Junta ha tenido una oposición recia y sistemática de algunos sectores capitalistas, perjudicados con algunas de sus medidas económicas y de las clases políticamente desplazadas con el triunfo de la revolución.
Y últimamente, la Junta ha tenido que enfrentarse a una invasión por su frontera norte. Es cierto que algunas de las medidas de la Junta fueron sorpresivas, lo que trajo como consecuencia la reacción de ciertos sectores. Pero también es cierto que esa oposición se debe, en gran parte, a que esos sectores han sido afectados en sus intereses. También está la campaña desorientadora realizada por determinada prensa, enemiga de la Junta y de todas sus medidas que se califican, por algunos, de comunistas. Pasó luego a referirse ampliamente al motivo por el cual la Junta se vió en la obligación de reformar el sistema económico-social en Costa Rica, como medio de evitar en el futuro choques sociales, lucha violenta de clases. Toda la actuación de la Junta se puede reducir a que ha deseado que en Costa Rica reine la mejor paz social.
Para llegar a esta conclusión entró a analizar el orador un fenómeno social contemporáneo: la lucha de clases y cómo el comunismo se ha aprovechado de la injusticia social para sembrar la semilla de la discordia, en beneficio de los intereses de determinada potencia.
Seguidamente manifestó que a los errores apuntados por el señor Arroyo contra la Junta, se puede señalar grandes aciertos a la misma, como la consolidación de las libertades públicas, puestas de manifiesto en las libérrimas elecciones de diciembre; el esfuerzo continuado y sistemático de la Junta por incrementar la producción nacional, llegándose, en diez meses, a una super-producción de frijoles, que permitirá exportar grandes cantidades del mismo a los mercados extranjeros; el trabajo intenso de reparación de las carreteras llevado a cabo bajo la vigilancia del actual Ministerio de Obras Públicas; la organización de la administración pública; la lucha contra la especulación, mediante el establecimiento de estancos que venden a los precios fijados por la ley. Además, si antes se robaban los dineros del pueblo, ahora el pueblo tiene la seguridad de que se invierten en obras de positivo beneficio para el país, que no se escamotea ni un solo centavo del Erario Público. Pasó a combatir la interpretación dada por Otón Acosta a las elecciones de diciembre. Es cierto que el Partido Social Demócrata claramente dijo que defendería la política de la Junta, pero el Unión Nacional no dijo, en cambio, que luchaba contra esa política. El único partido que se enfrentó decididamente a la Junta, fue el Constitucional y siguiendo la lógica de los argumentos del señor Acosta, si el pueblo estaba contra la política de la Junta, lógicamente habría votado por el partido que combatía esta política. Dijo además, que el Partido Social Demócrata no hubiera estado con la prórroga, si don Otilio Ulate no se hubiera manifestado de acuerdo con la misma. Ahora más que nunca la unidad de las fuerzas oposicionistas es necesaria, como lo ha manifestado el señor Ulate en su Mensaje leído en la Asamblea, ya que ésta tiene frente a sí una gran responsabilidad histórica. Sus esfuerzos podrán ser en vano, si la escisión se hace sentir en las fuerzas democráticas del país. Frente a este asunto de la prórroga hay que actuar con desinterés, con la mirada puesta, no en los intereses personales o partidaristas, sino en los supremos intereses de la patria. Terminó haciendo un llamado a esa unidad invocada por don Otilio Ulate, pues en el pueblo las figuras de Figueres y del Presidente Electo representan un solo gesto, un solo ideal. Si a la Junta se le concede la prórroga, se debe tener la seguridad de que en el futuro gobernará en concordancia con la Asamblea. Los diputados que adversan la prórroga deben pensar muy bien su actuación, no porque tal actitud sea anti-patriótica o injusta para con el hombre que todo lo dió por Costa Rica, sino por las consecuencias futuras para el país.
El Diputado SOLORZANO se refirió a algunos de los ataques y críticas que se han esgrimido por parte de varios señores Diputados, contra la Junta. Dijo que no era cierto que don Otilio Ulate hubiese firmado el Pacto del primero de mayo, entre la espada y la pared, como lo ha afirmado el señor Arroyo. Tampoco es cierto que los jefes revolucionarios desconocieran la autoridad de don Otilio Ulate, pues estando en Cartago don José Figueres, se acercó hasta él un oscuro personaje de nuestra política para aconsejarle que se deshiciera de Ulate, negándose aquél rotundamente a seguir este consejo. Agregó que al día siguiente de haberse firmado el Pacto, habló con el señor Figueres para decirle si era cierto que la revolución pensaba ignorar el nombre de don Otilio. Don José Figueres contestó que él nunca había pensado en desconocer la elección de Ulate. Por otra parte, éste no es capaz de firmar un Pacto bajo la amenaza de la espada, debido a sus arraigadas convicciones democráticas y al hecho de que ha permanecido en estrecha armonía con el señor Figueres, llegando hasta la Asamblea con un Mensaje patriótico, en el que se pronuncia a favor de la prórroga. Desmintió categóricamente la especie lanzada acerca de la posibilidad de un golpe de estado, por parte de los militares, caso de que no se otorgue la prórroga. También manifestó que era falso que la Junta no contara con el apoyo del pueblo. Con sólo asomarse por nuestros campos, cualquiera comprobará fácilmente el enorme cariño y simpatía que profesa nuestro pueblo por la figura de don José Figueres. Agregó que era cierto que la Junta había cometido errores, pero, ¿quien no los comete? Todo Gobierno tiene errores y aciertos. En cuanto a la Junta, nadie podrá negarle que ha trabajado como ningún otro Gobierno en Costa Rica. La Junta ha trabajado, haciendo caso omiso de las críticas, con patriotismo, con desinterés, por el bienestar nacional. Dijo que lo único que sentiría, no por Ulate o Figueres, sería que esta Asamblea, nacida al calor de las elecciones más puras, le dieran a don José Figueres, después que le devolvió al país la libertad, una patada histórica.
Si así procede la Asamblea, pues el señor Figueres haría muy bien en coger su sombrero e irse para su casa. En este caso quienes saldrán más favorecidos son los pescadores de caldero-comunismo, que están a la expectativa de la discordia, para beneficio de sus planes.
El Representante FACIO expresó que es muy fácil lanzar anatemas, cargos, y recriminaciones, colocarse en posiciones extremas de intolerancia, señalar tan sólo los errores y renovar y ahondar divisiones, que esta actitud es fácil, pero estéril al mismo tiempo. Más grande moralmente y más constructivo es sobreponerse a las pasiones y formular soluciones racionales para los grandes problemas que confronta el país. Manifestó que así como ayer se dijo por algunos jóvenes impetuosos que Ulate había traicionado a la revolución; hoy se nos viene a decir que don José Figueres fue traidor al ocho de febrero. Tanto ayer como hoy, está contra los que abultando o desnaturalizado los hechos se dedican al anatema. Porque es muy fácil condenar, pero es más constructivo adoptar una actitud de comprensión, de unificación, en todo caso más acorde con la realidad del país y con la voluntad popular. Ulate y Figueres forman una sola unidad en el corazón del pueblo de Costa Rica. Los que ayer decían que Ulate fue traidor a la revolución y los que hoy afirman que don José Figueres fue traidor al ocho de febrero, forman tan sólo una ínfima minoría. Continuó diciendo que sostener la verdad, admitir las cosas como son, era un deber de su conciencia y una obligación para guardarse a tono con la altura y calidad moral de la Asamblea. De ahí que admitiera, sin eufemismos de ninguna clase, que algunos de los Jefes revolucionarios, embriagados de pólvora y de victoria, en un primer momento habían pretendido desconocer las elecciones del ocho de febrero. Eso es cierto. De haberse perpetrado ese hecho -dijo el que habla-, se hubiera enfrentado a los que así obraban. Pero luego esos jefes reflexionaron fríamente, se dieron cuenta de los sentimientos populares, cambiaron de actitud. Para la solución de aquel problema, de la situación difícil planteada después del triunfo de revolución, le cupo a él la honra de poner su pequeño grado de arena, eliminando resentimientos e incomprensiones entre uno y otro de los grandes conductores del país. Se llegó a firmar, entonces el Pacto Ulate-Figueres, que vino a restablecer la armonía y la paz. Que siendo así las cosas, no podía tacharse de traidor al señor Figueres. Agregó que tampoco era partidario de la teoría de la gratitud para fundar el voto favorable a la prórroga. Tampoco lo era del método de entrar al análisis de la Administración Figueres. Si se entrara al análisis de cada uno de los actos de la Junta, la Asamblea se llevaría varios meses de estudio y mucho habría entonces que decir. Advierte que no es argumento decir que porque la Junta ha hecho un buen Gobierno debe otorgársele la prórroga, o lo contrario, que porque lo ha hecho malo debe negársele. No es ese el procedimiento correcto a seguir en esta materia, sino la interpretación de la voluntad popular. Luego pasó a analizar brevemente la obra más discutida de la actual Junta. La nacionalización bancaria, que puede llegar a ser, según los hombres y los métodos con que se lleve adelante, buena o mala en el futuro. La institución perfectamente puede fracasar, de acuerdo con lo que resuelva esta misma Asamblea al conocer de la Ley General de Bancos que posiblemente le enviará a su conocimiento la Junta, y de lo que resuelvan al respecto los próximos Congresos y gobernantes; pero si hay un empeño patriótico en este cuerpo y los que le sigan, la nacionalización llegará a ser una palanca para la economía nacional. Que es un deber de los conductores del país no desentenderse de la suerte de las grandes mayorías de trabajadores y campesinos, que fueron el baluarte de la oposición civil y de la revolución. Esta última fue como muy bien ha dicho don Otilio Ulate, fue una revolución de campesinos; en eso ha pensado la Junta al decretar la nacionalización. Pasó a fundamentar su actitud favorable a la prórroga. Si la Junta pide seis meses de prórroga, basada en el Pacto Ulate-Figueres, y si la otra parte signataria del mismo, se pronunció a favor de la concesión de la prórroga, pues prácticamente no hay cómo oponerse a ella. El Partido Social Demócrata no dijo durante la campaña que estaba con la prórroga: se concretó a decir que apoyaba el Pacto Ulate-Figueres y la política de la Junta. Si don Otilio Ulate no se hubiese pronunciado a favor de la prórroga, nosotros no la hubiéramos votado. Por otra parte, de acuerdo con el régimen de consulta adoptado, la Junta enviará a conocimiento de la Asamblea los asuntos de importancia, desapareciendo así el temor de los Decretos-Leyes sorpresivos. Cree entonces interpretar lealmente la voluntad del pueblo, representada por sus máximos dirigentes, al votar favorablemente la prórroga.
El Diputado JIMENEZ NUÑEZ razonó su voto afirmativo, en los siguientes términos:
1º.- Considero que el Pacto Ulate-Figueres tuvo base legítima asentada sobre dos poderes: la victoria de la revolución armada y la victoria de las grandes mayorías en el sufragio.
2º.- Mediante ese Pacto, la obra de la reconstrucción nacional pudo comenzar y emprender el país gradualmente su retorno a la vida del derecho.
3º.- Estamos entonces en presencia no de una tesis, sino de una situación; aquellas se discuten, pero las situaciones se encaran.
4º.- La probable prórroga habría de ser, según aquel convenio de honor, acordada por la Asamblea Nacional Constituyente y se ve clara, entonces, la intención de someterse al criterio de un Poder bastante y legítimo para dictar la ley.
5º.- La Asamblea Nacional Constituyente asumió desde su instalación y sin que sea preciso declararlo, la plenitud de la soberanía y ella dirá entonces en la Carta que ha de promulgarse, el carácter y la forma en que aquel Poder haya de consagrarse. Es ya de inaplazable necesidad que el país tenga la norma de vida de sus instituciones, la Constitución y ese debe ser el empeño inmediato de la Asamblea: para eso fuimos traídos aquí en la más libre elección de nuestra historia. Debemos cumplir ese compromiso, ese mandato sagrado y que haya un Poder Legislativo para el ocho de noviembre próximo; sobre esa base voto por la prórroga. Debo declarar que mi fe en los dos signatarios del Pacto, es mayor cada día.
El Representante CASTAING hizo una corta relación de los sucesos acaecidos en Costa Rica, desde el año mil novecientos cuarenta, en que tomó posesión del Poder Calderón Guardia. Se refirió a los acontecimientos más importantes durante esos años, hasta que la revolución derribó al régimen, instaurándose la Junta de Gobierno. Luego, se refirió a los ataques hechos por el señor Arroyo a la Junta, diciendo que no estaba de acuerdo, pues por encima de las consideraciones personales, está lo que él llama las circunstancias providenciales. Así como el triunfo de la revolución fue un milagro, la instalación de la Junta fue providencial, pues de otra manera, ¿qué hubiera hecho don Otilio Ulate al verse forzado a gobernar con el mismo Congreso espurio que decretó la anulación de las elecciones de febrero del cuarenta y ocho y con la Corte Suprema de Justicia que tanto se corrompió? Agregó que la labor de la Junta ha sido muy meritoria en algunos aspectos, como el de devolverle a Costa Rica su libertad.
Manifestó que le dolía profundamente que las palabras tan honradas y tan patrióticas de los compañeros Acosta y Arroyo, fueron aprovechadas por los enemigos de la Junta, que no son precisamente los caldero-comunistas, sino algunas personas afectadas por las medidas económicas de la Junta. Para terminar, dijo que su actitud en favor de la prórroga no era por temor a un golpe de Estado, ya que no creía capaces de semejante crimen a los militares del actual régimen, todos los cuales se jugaron la vida por la libertad de Costa Rica.
El Diputado ARROYO manifestó que siempre había creído que la libertad era un derecho inalienable del hombre, y no una concesión; él peleó por el derecho a su libertad, no debiéndosela ni a la Junta ni a nadie. Aún más, esa libertad la tuvo que pagar a muy alto precio, con sangre de su sangre. La revolución no fue la obra de un grupo determinado, sino de todo el pueblo de Costa Rica, cansado ya de un régimen de oprobio. Agregó que se había luchado por principios morales, que se falsearon desde que la Junta asumió el Poder. Terminó diciendo que él no era un detractor sistemático contra la Junta, como algunos lo han calificado, ni su actitud contraria a ésta se puede tildar de un obcecado, ya que se ha limitado a censurar lo malo, los errores y a aprobar lo bueno.
A las diecinueve horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
Discurso completo del señor Representante Monge Álvarez (*)
(*) Según el texto del Diario Oficial.
Señores Diputados:
Me había parecido innecesario decir algunas palabras alrededor de lo que se ha solicitado y planteado a la Asamblea Constituyente a través del dictamen que suscriben algunos compañeros de esta Cámara. Me parecía innecesario porque consideraba que este asunto de la prórroga lo tenía perfectamente definido cada Diputado y no existían argumentos nuevos que pudieran variar el resultado de la votación, pensaba que no era necesario hacerlo, porque voces más autorizadas que la mía y de manera más elocuente y brillante de como yo puedo hacerlo, han defendido la tesis de que la prórroga debe otorgarse por la conveniencia del país.
Cuando yo he oído las palabras de don Ricardo Esquivel, pronunciarse en favor de la prórroga, pensé que sobraba toda palabra tratando de traer evidencias para justificar ese hecho, ya que don Ricardo se ha situado siempre dentro de los grupos caracterizados por su recia oposición a la Junta de Gobierno.
Sin embargo, en él pesaron razones más poderosas que las que pudieran derivarse de su oposición a la Junta. Cuando he oído a don Rafael Sotela, el popular Chachalaca, como él mismo se hace nombrar, que tiene credenciales indiscutibles ante el pueblo de Costa Rica, puesto que es uno de los adalides más connotados de la lucha cívica y democrática que se ha venido librando desde el año 40 a esta parte, pronunciarse en favor de la prórroga, creí que mis palabras estarían demás, ya que por más esfuerzos que hiciera, jamás podrían superar el valor a las emitidas por tan distinguida personalidad. Cuando he oído al doctor Guzmán, cuyos servicios a la revolución son de todos conocidos, ponderar el valor superior que tiene la libertad conquistada por la gesta heroica que encabezó Figueres y consolidada por él mismo y sus compañeros desde el Poder, me resultan incomprensivas y hasta pobres las manifestaciones de los que están contra la prórroga. Así podría continuar citando nombres como éstos, tales como el de don Fernando Volio, insospechables en el pensamiento y en el espíritu, que, sin reticencias y hasta con vehemencia, se han declarado en favor de la prórroga.
No obstante todo ello, después de haber escuchado, también, con algo o mucho de pena en el espíritu, juzgar con dureza, a mi juicio injustificada, recurrir hasta a la infamia y llegar hasta la mala intención para negar la prórroga, he creído conveniente decir algo más sobre este asunto, porque como decía hace algunos días el Diputado Vargas Fernández, cuando trataba de justificar una de sus tesis, las deliberaciones y las actas de esta Asamblea Nacional Constituyente tienen un valor histórico. Las generaciones futuras habrán de consultar esas actas para poder verter un juicio sereno sobre quién tenía razón cuando atacaba o defendía a la Junta de Gobierno.
Pretendo que mis palabras puedan contribuir a que la historia disponga de los suficientes elementos de juicio e informes que le permitan dar un veredicto justo. Tal vez para los mal pensados; para los que niegan patriotismo a quienes defienden tesis diferentes a las suyas, mi actitud obedece a un gesto de incondicionalidad a la Junta de Gobierno. Sobre este particular, quiero aclarar una vez más, que en nuestro partido se ha disciplinado el espíritu de sus militantes, en el principio de que la incondicionalidad sólo cabe al servicio de los supremos intereses de la Patria. Quiero agregar que nuestro mismo partido ha manifestado diferencias no sólo de forma sino también de fondo con algunas actuaciones de la Junta de Gobierno o de sus Ministros, individualmente considerados, pero existe una labor positiva y una serie de actos patrióticos y nobles de los hombres que forman parte de la Junta, que sí merecen ser defendidos y que no debe apenar a nadie defenderlos, si es que quiere procederse con apego a la verdad, a la justicia y a la sinceridad. Yo creo que esa labor y esos actos, pueden defenderse con el pensamiento puesto en los verdaderos intereses del pueblo, y lo hago ahora, aún a sabiendas de que para aquellos en quienes la oposición a la Junta se ha convertido en una obsesión patológica, no servirá de nada razonamiento alguno que pudiera exponer acá. Existe derecho innegable para analizar y criticar la labor de la Junta de Gobierno. Precisamente, una de las razones fundamentales que movieron a Figueres a lanzarse a su lucha reivindicadora, fue la de recobrar el derecho inalienable que tienen los ciudadanos para criticar con entera libertad los actos de sus gobernantes. Precisamente quizá ningún Gobierno como el de la Junta actual, ha contribuido de manera más eficaz a consolidar ese derecho. Y hoy tanto los que fueron nuestros compañeros en la campaña cívica pasada como los que representan los intereses del régimen derrocado, han tenido amplias libertades para criticar a la Junta, a veces hasta con evidente falta de razón. Pero de eso a dejarse cegar por las pasiones; a no analizar con un poco de objetividad la labor de la Junta; a olvidar lo que Figueres y sus hombres hicieron en favor de la libertad de la República, por más que el Diputado Acosta Jiménez haya aludido en forma despectiva a la gratitud que algunos hemos manifestado sentir por los hombres de la Junta, calificándola de “ternura política”, con lo que ha despreciado un sentimiento que es de todos los costarricenses honrados; pero de eso a esto existe una distancia que no me atrevo a salvar sin remordimiento de conciencia y sin dejar de tener temor por sus responsabilidades frente al pueblo y frente a la historia.
En mi defensa a la Junta de Gobierno deseo recoger no sólo los ataques que se han hecho a ésta en lo que llevamos de discusión sobre la prórroga, sino también, otros que se han hecho anteriores en esta misma Asamblea, y hasta los chismes y mal intencionados rumores que parecen ser el alma más socorrida de los enemigos gratuitos de la Junta.
Pero antes de entrar en materia; deseo hacer una defensa de la juventud, ya que los grupos opositores a la Junta creyendo encontrar un argumento eficaz a sus acusaciones de impericia e incapacidad, dicen a diario que el Gobierno está en manos de un grupo de jóvenes y que como tales, no tienen experiencia. Defenderé no la juventud trabajadora, no la juventud estudiantil. Me refiero a la juventud como un estado de ánimo y como una actitud frente a la vida. La juventud así entendida es la única que puede realizar las aspiraciones del pueblo, por la decisión y valentía como afronta los problemas que se le plantean al país. Esa juventud sincera de pensamiento y sincera de alma es la única que puede darle solidez y permanencia a nuestras instituciones.
De nada nos servirían muchos años vividos si no se han vivido con honradez y en servicio y en respeto a ideales nobles. La juventud puede cometer errores que se derivan de la pasión por los ideales, de sus ímpetus y de sus sanos arrebatos. Pero nunca puede hacérsele el cargo de insincera, de deshonestidad intelectual y de pobreza moral. Todo esto nos lleva a afirmar sin eufemismo, que la juventud tiene capacidad y tiene entusiasmo suficiente para ser digna de gobernar. Nuestra época, es la época de la juventud.
Ha insistido en repetidas ocasiones el Diputado Acosta Jiménez en que la revolución se hizo para quitar a Calderón del Poder y colocar en él a Ulate.
Nadie está negando que Ulate le dió la razón de ser a la revolución. Desconocer la realidad política que Ulate significa con su gran personalidad y el cariño que existe hacia él en los pueblos, no sólo sería antipatriótico sino también estúpido. Pero los dirigentes de un pueblo tienen la obligación de interpretar qué es lo que hay detrás de un hecho puramente superficial. Analizar las verdaderas causas de un régimen de corrupción como el que padecían los costarricenses, si es que deseaba darse soluciones efectivas y estables a nuestros problemas. Calderón y su régimen no se explican por sí solos. Calderón fue posible por las fallas cada vez más numerosas e intensas de nuestro sistema económico, político, cultural e institucional. Por eso estamos de acuerdo con el hecho de que la Junta de Gobierno no se haya concretado a la pobre y simple labor de cuidar el Poder en tanto lo asume Ulate, sino que se ha adentrado a terminar con las causas mismas de nuestros males.
El Diputado Arroyo Blanco ha calificado de demagógico al argumento que algunos Diputados hemos expresado acá, en cuanto a que es necesario mantener la unidad de las fuerzas democráticas que constituyeron lo que fue la oposición nacional. Al calor de sus palabras ha deslizado un cargo, que no quiero pensar que tuviera la intención de hacer puesto que, iría también enderezado contra el propio Presidente Electo, quien en su Mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente recomendando la prórroga, aconseja de manera fervorosa que se mantenga la unidad de las fuerzas democráticas. Hay un hecho que ha escapado al compañero Licenciado Arroyo, y es que la unidad no debe ser entendida negativamente, para luchar contra alguien o algo. La unidad puede y debe ser también, un hecho positivo. Para luchar por nuestra reconstrucción económica, por el afianzamiento de nuestra democracia, etc.
Ha vuelto a afirmar el Diputado Acosta Jiménez que el resultado de las elecciones debe interpretarse como desaprobación a la obra revolucionaria de la Junta de Gobierno. Agregando a lo que en otras oportunidades he dicho sobre este particular, afirmo que es cierto que el Partido Social Demócrata se declaró abiertamente a favor de la política económica de la Junta de Gobierno. Pero también es cierto que el Partido Unión Nacional que obtuvo la mayoría en los comicios, nunca declaró oficialmente que estaba contra aquella política, como en realidad parece no estarlo en su gran mayoría. El Partido Unión Nacional no cometió el pecado de enfrentar a Ulate a Figueres, porque ello significaría para el pueblo un verdadero desgarramiento espiritual, dado que Ulate y Figueres, simbolizan para ese pueblo un solo ideal, representan una sola causa y hasta casi han sido fundidos en una sola figura. Por otra parte, la tradición personalista tan profundamente arraigada en nuestro pueblo, no le permitía escoger entre oposición y apoyo a las medidas económicas de la Junta. De haber sucedido así, y de acuerdo con lo que afirma el Diputado Acosta Jiménez, el partido que debió obtener mayor número de votos es el Constitucional, puesto que fue el que declaró en forma clara su oposición a la labor de la Junta. Sin embargo; no fue así, como todos lo sabemos.
Duele mucho que los hombres que han venido a oponerse a la prórroga y han manifestado con vehemencia su criterio sobre este particular, puedan pasar por alto las circunstancias dentro de las cuales le ha correspondido gobernar a la Junta de Gobierno. ¿Cómo es posible que puedan olvidarse de que se tomó el Poder después de ocho años de despilfarro económico, de desorganización administrativa; después de un descuido criminal de varios años a la economía costarricense; después de una constante agitación política nacida en los desmanes y corruptelas del régimen? Luego, una revolución que se prolongó por más de cinco semanas y que paralizó todas las actividades. Y todo esto como antecedente. Y dentro del período mismo de la Junta, ¿cómo es posible que pueda olvidarse la penuria económica dentro de la que se ha trabajado; la constante conspiración de los grupos desalojados del Poder y que no se resignan a aceptar ese golpe bien merecido; la recia oposición de los círculos capitalistas y como para colmo de males, la reciente invasión por la frontera Norte? Yo no concibo cómo todos esos hechos, todo ese marco de circunstancias, pueda pasar inadvertido, desapercibido, a la hora de juzgar la labor de la Junta de Gobierno.
Conviene analizar también, qué es y quiénes son la oposición a la Junta. En primer lugar, están los grupos desalojados del Poder, que no perdonan a Figueres ese hecho. Esos grupos han tenido suficientes oportunidades de abandonar sus planes estúpidos y carentes de respaldo popular de violentar el orden público y para colocarse en una posición más patriótica. Esos grupos deben reconocer que los errores que cometieron en el Poder justificaron plenamente la acción del pueblo en su contra. Pero ya es hora de que se unan a todos los costarricenses para trabajar por una Costa Rica mejor para todos. El otro grupo de oposición a la Junta es casi amorfo y se diluye dentro de varias tendencias políticas representadas en la Cámara, y es el que constituyen ciertos sectores del capital. Hemos manifestado con franqueza los miembros de nuestro partido que, existen medidas de la Junta que han provocado reacciones inconvenientes en los sectores del capital. Sin embargo, tenemos el temor, que quizá tengan también algunos sectores del pueblo, de que esa oposición se ha convertido en sistemática y cerrada, por defender intereses muy particulares y hasta mezquinos. Existe de parte de cierta prensa una labor que habrá de juzgar la historia con severidad, en el sentido de desorientar la opinión pública, de sembrar el desconcierto, de colocar al pueblo frente a la Junta de Gobierno; y, todo ello por defender intereses económicos de grupo. La llamada oposición de la Junta, no es fácil precisarla, por cuanto en Costa Rica, los sectores capitalistas tienen mucho más fácil acceso a la prensa que el pueblo.
Así se ha podido lanzar a través de todo el país, la cantinela de que ciertas medidas económicas de la Junta son extremistas y hasta comunistas. Y a quienes hemos manifestado simpatía y apoyo para tales medidas se nos ha calificado de igual manera.
Entro aquí a analizar un punto muy importante para que el pueblo pueda irse orientando. En nuestro tiempo, se ha venido produciendo como una verdadera necesidad, la reforma del sistema económico, del sistema social y del sistema cultural. ¿Para qué?, me dirán algunos. ¿Para maltratar y perseguir a los señores del capital? Yo creo que la reforma de nuestro sistema social se hace imprescindible, impostergable, sencillamente para garantizar la paz social futura del país, para reconstruir a Costa Rica sobre bases más justas. Porque nadie podrá negar que si bien es cierto que venimos disfrutando de una serie de libertades políticas, el pueblo día tras día ha venido sufriendo un proceso de proletarización. Ayer no más, con gran brillantez, y con un concepto muy claro de la realidad, nos hablaba el Diputado Monge del problema de la pequeña finca que va siendo absorbida por la gran finca. Esto no sólo se puede probar estadísticamente, sino también conversando con uno de nuestros campesinos viejos que hace pocos años atrás era pequeño propietario y hoy es peón de la gran finca, peón del latifundista. Por la forma injusta como han venido desarrollándose nuestras actividades económicas, se ha estado produciendo un descontento popular progresivo, que es el que ha aprovechado el comunismo para sus fines torcidos. Ese descontento apenas ha tomado forma y significado en ciertos sectores urbanos, pero como un hecho fatal de nuestro sistema económico, vamos caminando hacia un descontento de todos los sectores populares, el urbano y el campesino. Va a llegar el momento en que los grupos mayoritarios inconformes, se van a enfrentar, quién sabe si en forma violenta, a los dirigentes y a los sectores económicos a quienes hacen responsables de su deplorable situación.
Puede llegar un momento en que se agote la paciencia del pueblo y entonces se presente la lucha social, de tal manera que cauce grave perjuicio al país. La Junta de Gobierno no ha hecho más que interpretar el sentir de esos sectores, para evitar que en un determinado momento, quizá dentro de 10 o 20 años, la lucha se plantee en el terreno de la violencia, ya no por la libertad de elegir ya no por la libertad de expresarse en la radio o en la prensa sin ninguna cortapisa, ya no por el derecho de pertenecer al partido político que sea del agrado de cada cual, sino que va a llegar un momento en que la lucha va a ser por una comida suficiente por ropa y techo decentes.
Las medidas de la Junta en el campo económico-social, no van contra nadie, no tienen el propósito de estrujar a nadie, sino el patriótico afán de hacer el bien a todos y garantizar la paz y la felicidad futura de Costa Rica.
Es necesario también referirse a un hecho que en los últimos meses ha venido siendo comentado con frecuencia en la prensa y que es el fenómeno social, de la lucha de clases. Lo lamentable es que la mayoría de quienes se ocupan del asunto tienen una concepción errada de ese fenómeno. ¿Que es la lucha de clases? Es un fenómeno social que se presenta como consecuencia del desequilibrio económico existente en la sociedad. Se produce en vista de que un sector de nuestra sociedad tiene mucho, y otro, el más númeroso, tiene poco o del todo nada. Entonces surge la lucha entre los que tienen y los que no tienen. Es esa lucha fatalmente inevitables, en un régimen como el nuestro lleno de injusticias de las que se aprovechan los agitadores sociales para favorecer intereses ajenos al bienestar del pueblo y a las libertades públicas, y, para favorecer una causa política de carácter internacional. Algunos entienden por lucha de clases las constantes demandas que hacen los trabajadores por un mejor salario, por un mejor tratado etc. etc. Eso no es lucha de clases. Este fenómeno se presentará, según sean la respuesta que se dé a los trabajadores en sus demandas en lo que ellas puedan tener de justas. Es necesario hacer entender a los sectores del capital que no es desoyendo aquellas demandas, ni cercenando el Código de Trabajo, como se puede terminar con la lucha de clases.
Existe una sola fórmula, y es la única que aceptamos, para conjurar el peligro de la lucha de clases. Esa fórmula es hacer más y más justicia a los grupos trabajadores del país. La Junta de Gobierno ha hecho un esfuerzo permanente en este sentido y los mismos que hoy combaten algunas de sus disposiciones no hay duda de que a la larga se beneficiarán, porque la tranquilidad y el progreso nacionales beneficiarán a todos.
Decía el Diputado Arroyo que nadie le ha contestado los cargos que él ha formulado a la Junta de Gobierno. Es cierto que él ha señalado unos cuantos errores y faltas en la Administración Pública. Yo le respondo que estoy en condiciones de agregar más errores y más faltas de esa misma naturaleza. Pero que hay por encima de ellos, hechos mucho más trascendentales que debieran ser los que determinan un rumbo y una decisión por parte de cada Diputado.
Las libertades ciudadanas, conquistadas y consolidadas en el breve período de la Junta, tienen valor superior, al de cualquier otra objeción que se pudiera hacer a los actuales gobernantes. La libertad como conquista de los pueblos, no puede ser menospreciada a la hora de analizar los errores de la Junta de Gobierno.
La institución del sufragio popular, tantas veces atropellada en el pasado, quedó consagrada definitivamente en las elecciones para integrar esta misma Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo tuvo elecciones libres y puras y se sentó un precedente para los futuros gobernantes.
Nadie puede negar que, a pesar de la penuria económica, la Junta de Gobierno ha hecho un esfuerzo continuado por incrementar la producción. Y ese esfuerzo ha empezado a rendir sus frutos. Y como expresaba el Presidente Figueres en el homenaje que se rindió a los mártires caídos en Llano Grande en el año 1944, ahora no solo tenemos frijoles para el consumo interno, sino que tenemos también para exportar. Y agregaba: “Ese milagro se ha operado en el estrecho término de 10 meses, pero 10 meses sin politiquería y de mucho trabajo”. Se ha hecho y se está haciendo un trabajo de reparación de carreteras que puede considerarse titánico, por las dificultades económicas y de material que ha tenido que salvar. Después de una campaña científica contra el chapulín, podemos afirmar que ese pernicioso acridio prácticamente ha sido exterminado.
Mucho se ha hablado y mucha ley se ha dado contra la especulación, sin que el pueblo consumidor pudiera librarse de ella. Ahora podemos decir que se está controlando la especulación de manera efectiva. El Consejo de la Producción ha creado estancos en los diferentes sectores de la ciudad, que ofrecen los artículos de primera necesidad a los precios fijados por la ley. Los comerciantes han protestado diciendo que esto es una competencia desleal. Pero nosotros contestamos que si ellos venden a los precios de ley, nadie tiene necesidad de los estancos, puesto que les es más fácil a las personas comprar en la pulpería que está situada en la esquina de su casa.
La escogencia de funcionarios eficientes y probos se ha venido haciendo con insistencia en todas las dependencias públicas y con resultados que ya podemos palpar. Sabemos que durante los Gobiernos anteriores, los fondos que ingresaban al Erario Público se los robaban. El Diputado Arroyo ahora ha reconocido que él está seguro de que ni un solo cinco le es sustraído al Estado por los hombres que gobiernan. Hoy sabemos que los dineros públicos no se usan para construir palacetes particulares, para vacaciones en el extranjero, para sostener vicios de los militares incondicionales, sino que hoy se destinan a las necesidades del pueblo.
Hay un hecho que tampoco puede pasar inadvertido a la hora de decidir sobre el punto en discusión, por más que el Diputado Acosta Jiménez se haya referido a él despectivamente, calificando de “ternura política” lo que es un sentimiento profundamente arraigado en el alma popular. No puede pasarse por alto la gratitud que todos debemos a José Figueres y los hombres que hoy lo acompañan en el Poder. Esos hombres hace un año iniciaron la gesta libertadora; hicieron toda clase de sacrificios y como bien se ha dicho, se jugaron en una sola carta su porvenir y hasta su vida. Recordemos los padecimientos sin nombre de nuestro pueblo antes del triunfo de Figueres y quien después de ello no sienta gratitud para él, no la sentirá nunca para nada ni para nadie.
¿Yo creo que don Otilio Ulate hubiera podido evitar muchos de los errores que hoy se atribuyen a la Junta de Gobierno? No lo creo porque esos errores han resultado principalmente de las difíciles circunstancias que ha vivido el país en los últimos tiempos.
Además, existe un hecho determinante en favor de la prórroga del período de Gobierno de la Junta. Los Diputados del Partido Social Demócrata jamás hubieran venido a solicitar esa prórroga, si a ella no se hubiera manifestado de acuerdo el Presidente Electo de Costa Rica, don Otilio Ulate. Pero todos sabemos, señores Diputados, que el señor Ulate se ha manifestado francamente partidario de la idea de que la Junta gobierne por seis meses más y que ese criterio está expresado con toda claridad en Mensaje que él envió hace algún tiempo a esta Asamblea. Nadie podría negar que esta actitud del señor Ulate la ha determinado un deseo de servir mejor a la Patria y la convicción de que la prórroga es conveniente al país. Repito, si no hubiera sido ésta la actitud del señor Ulate, no hubiéramos solicitado la prórroga, sencillamente porque vemos en él y respetamos en él la máxima expresión de la voluntad popular.
Vuelvo a insistir en un aspecto que considero de vital importancia para el porvenir de nuestras instituciones democráticas. Me refiero a la necesaria unidad de las fuerzas de oposición al régimen derrocado. Si Ulate está de acuerdo en la prórroga y Figueres desea trabajar en armonía con la Asamblea Nacional Constituyente y con absoluto apego al sentimiento popular, no veo cuáles sean las razones valederas para no otorgar tal ampliación del período de Gobierno de la actual Junta.
En cuanto al respeto que a la Junta le merece la opinión pública, existen suficientes pruebas para los que quieren ver y oír. El contrato eléctrico, al que se refirió el Diputado González Flores, manifestando que su celebración había sido pospuesta gracias a los valientes y patrióticos editoriales de “La Nación”, es una prueba fehaciente de lo que afirmo. Sólo deseo aclarar que ese contrato no fue pospuesto por los editoriales de “La Nación”, que para mí son interesados y desautorizados por su procedencia, sino por respeto a la verdadera opinión pública, que se manifestó inconforme.
Tan pronto como aquí se hicieron objeciones al contrato petrolero, el propio señor Figueres ha anunciado que será enviado para su estudio definitivo a esta Asamblea.
¿Las elecciones de Constituyentes de diciembre último, no son acaso la prueba irrefutable del respecto que le merece a la Junta de Gobierno la opinión pública? Si todo esto que hemos dicho es cierto, ¿a qué viene ese empeño de hacer una división inconveniente entre las fuerzas democráticas del país? Pensemos que este asunto que discutimos, es de una trascendencia histórica grande y que igualmente grandes son las responsabilidades que a cada uno le correspondan por su actitud.
A aquellos que están negando la prórroga por el hecho de ser enemigos de la Junta, deseo solicitarles que depongan un poco sus sentimientos personales, sus intereses personales y piensen en la conveniencia del país y en el crimen que sería producir en el alma de nuestro pueblo un desgarramiento, cual sería el de dividir las fuerzas democráticas del país. Ulate y Figueres representan en la conciencia del pueblo, un sólo ideal.
Mediten todos sus responsabilidades sobre este particular, porque la historia habrá de ser severa con nuestras actuaciones. Los Diputados que adversan la prórroga de la Junta de Gobierno, deben pensar que con actitudes que ellos consideran sinceras y bien intencionadas, pueden causarle grave daño al país.