Actas Asamblea Nacional Constituyente
ACTA No. 42
No.42.- Cuadragésima segunda acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día veinticinco de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Madrigal, Sotela, Guido, Guzmán, Volio Sancho, Gómez, Leiva, González Herrán, González Flores, González Luján, Montealegre, Dobles Segreda, Acosta Piepper, Ruiz, Bonilla, Facio, Esquivel, Fournier, Monge Álvarez, Valverde, Oreamuno, Arias, Montiel, Arroyo, Baudrit González, Baudrit Solera, Vargas Castro, Vargas Vargas, Solórzano, Trejos, Jiménez Ortiz, Jiménez Núñez, Brenes Mata, Gamboa, Herrero, y los suplentes Jiménez Quesada, Lobo, Rojas Espinoza, Castro Sibaja, Elizondo, Castaing. y Chacón Jinesta.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se continuó en la discusión general del dictamen de mayoría sobre el Proyecto de Constitución Política.
El Representante Baudrit Solera continuó en su exposición iniciada en la sesión anterior. Pidió a sus compañeros que le excusaran por su larga exposición, la que realmente fatigaba, pero que la estimaba necesaria para destruir las afirmaciones, claras o veladas, que se han hecho contra el Proyecto de Constitución Política, acusándolo de estar divorciado de la realidad nacional, sin que se hubieran respetado nuestras tradiciones nacionales. También se ha dicho que es extremista, aunque no se ha apartado un solo ápice de la Constitución del 71. Agregó que la tarea en que se había empeñado era cansada, pero que mientras hubiera un Diputado que lo escuchara -como lo dice en la Universidad- continuará su trabajo.
El Diputado Baudrit Solera continuó en el análisis del articulado de la Constitución del 71, para demostrar que el Proyecto había incluido la inmensa mayoría de los artículos de la Constitución derogada, salvo cuatro o cinco excepciones.
Examinó el capítulo referente a los Derechos y Deberes Sociales del Proyecto de Constitución Política, para demostrar que todo el capítulo de las Garantías Sociales había sido involucrado, ampliado en muchos conceptos, en el respectivo proyecto. También se refirió al capítulo de la Religión, manifestando que el punto de vista de la Comisión Redactora era el de que dijera que la religión católica era la de la mayoría de la nación, y no la de del Estado, como se dice en la Constitución derogada. Pasó luego a referirse al capítulo de la Enseñanza, ampliado grandemente en el nuevo proyecto bajo el título de la Cultura. Finalmente examinó el capítulo referente al Poder Legislativo.
Mientras continuaba en el uso de la palabra, el Diputado Baudrit Solera recibió una nota del señor Volio Jiménez, para que le permitiera referirse a la acusación planteada contra él por la Procuraduría General de la República, a lo que accedió el primero.
Artículo 3º.- El Representante Volio Jiménez expresó: Pido a los señores Diputados las más cumplidas excusas y especialmente al Licenciado Baudrit, quien ha tenido la gentileza de cederme la palabra para ocupar la atención de mis estimados compañeros con un asunto personal que afecta profundamente mi honor y de modo indirecto a esta Honorable Asamblea ya que se acusa a uno de sus miembros como defraudador de fondos de una institución de beneficencia. Por el periódico vespertino “La hora” acabo de enterarme de que el Procurador General de la República pide se levante la inmunidad al Diputado Arturo Volio Jiménez, a fin de ponerlo a derecho para establecer contra él una acusación ante los Tribunales Comunes. Vengo a adelantarme a la petición del señor Procurador, y hago ante la Asamblea renuncia absoluta a la inmunidad y cualesquiera otros privilegios o prerrogativas que mi calidad de Diputado pudieran otorgarme, para que se ventile cuanto antes ante un tribunal competente, civil o penal, la acusación que el señor Procurador anuncia establecerá contra mí (*). Haré una breve exposición del caso, ya que no puedo ocupar por mucho tiempo la atención de mis estimados compañeros, embargada hoy por los serios problemas que envuelven la emisión de la nueva Carta Constitucional que regirá los destinos de la Patria, pero debo esbozar a grandes rasgos el proceso porque se trata de macular mi honor. A partir del discurso que pronuncié a primeros días del corriente mes, combatiendo la extensión de facultades solicitada por la Junta de Gobierno, he venido siendo objeto de una serie de persecuciones que atribuí al principio al natural resquemor que produjera mi franqueza en las esferas del Gobierno: el día cuatro del corriente mes fue reducido a prisión un humilde trabajador encargado del cuidado de una finquita que poseo por la Y Griega y simultáneamente al arresto, se practicaba por elementos del Servicio de Inteligencia un registro espectacular dentro de aquella parcela que es un cafetal abierto a los cuatro vientos, por sus cuatro calles, con una modesta casa de madera montada sobre basas altas permiten examinar en cualquier momento todo lo que se deposite en el piso; según supe se practicaba el registro porque sospechaban que allí se guardaban ametralladoras y armas de fuego y que desde allí se disparaban contra la Agencia de Policía de María Aguilar; dirigí entonces el siguiente telegrama, del cual recibí las contestaciones que paso a leer, y aquí está presente el señor Secretario Particular del Presidente de la Junta Gubernativa, quien podrá decir si son auténticos:
“San José, 4 de marzo de 1949.- Telegrama. Don José Figueres, Presidente Junta Gubernativa. Casa Presidencial. Estimo necesario poner en su conocimiento que hoy fue detenido y sometido aquí a interrogatorio tendencioso en Dirección General de Policía o Estado Mayor, Aurelio Fonseca, encargado pequeña finca mía, María Aguilar, y casa que habita registrada simultáneamente por detectives quienes manifestaron que buscaban allí ametralladoras y otras armas prohibidas. Fonseca es ciudadano pacífico, dedicado exclusivamente al trabajo, por lo cual no me explico qué fines persigue autoridad Policía y por qué le exigen presentarse mañana nuevamente diez horas. Agradeceré mucho a Ud. ordenar que investigación sea leal y completa.
Atentamente, Arturo Volio Jiménez. Al Telégrafo: copia de este telegrama deberá entregarse al Representante del señor Figueres, Licenciado don Otto Cortés”. A las diez de la mañana del día siguiente me presenté con el trabajador Aurelio Fonseca en la oficina del Estado Mayor o Servicio de Inteligencia e introducido al despacho hice saber al señor Secretario que yo era el dueño de la finca y que por lo tanto estaba listo a responder los cargos que se le hacían a mi empleado: el señor Secretario se sonrió amablemente y me mostró una tira de papel sucia en que escrita con lápiz y pésima ortografía se puso que Lelo Fonseca tenía ametralladoras guardadas en su casa y de allí hacían disparos a la Agencia de Policía de María Aguilar; pregunté al señor Secretario si ellos acostumbraban hacer caso de anónimos, me contestó que no, pero que en el presente hacían una excepción porque ya otras veces dicha Agencia de Policía había sido atacada por disparos perdidos en horas de la noche. En ese momento entró un Oficial y con gesto severo dijo que había una persona que sostendría el cargo; yo respondí: magnífico, sírvase traerlo para interrogarlo. Pasaba el tiempo y el supuesto acusador no aparecía, iban ya a ser las once de la mañana cuando el Secretario en forma amable me dijo: don Arturo esté tranquilo, váyase ahora, si ocurre algo nuevo yo le avisaré a su casa o a su oficina y completó la frase con una sonrisa, cruzamos una mirada de inteligencia de que yo entendía el golpe al cacho porque a buen entendedor pocas palabras. Hora más tarde recibí las contestaciones del señor Presidente de la Junta y de su representante personal que dicen: “Casa Presidencial, 5 de marzo 49.- Licenciado Arturo Volio Jiménez. El servicio de Inteligencia del Estado Mayor informa que desde la casa del señor Aurelio Fonseca se han venido haciendo disparos de ametralladora y que al registro practicado se encontraron cascarones y tiros. Tenga la seguridad que la investigación será llevada a cabo, con toda corrección.- Atentamente, José Figueres”. “Casa Presidencial. 5 marzo 49. Licenciado Arturo Volio Jiménez. He leído con la mayor atención la copia del telegrama que Ud. envió al señor Presidente de la Junta de Gobierno y me permito manifestarle que el señor Presidente me manifestó haber impartido las instrucciones del caso a fin de que se levante la información sobre el hecho por Ud. denunciado al mismo tiempo el señor Figueres ha ordenado que esta información se ajuste a la mayor seriedad. Muy atentamente Otto Cortés”.
Allí terminó todo, no supe una palabra más de la investigación que hube de tomar como simple advertencia para fines posteriores.
Continuaban los importantes debates en esta Asamblea sobre la prórroga del mandato a la Junta Gubernativa: todos mis estimados compañeros saben cuál fue mi actitud y que negué mi voto a dicha prórroga por íntima convicción. Pasaron los días y tuve noticias de que el señor Procurador General de la República, con gran premura y extraordinaria diligencia levantaba una información acerca del legado que el Pbo. Don Ignacio Llorente y Lafuente hizo en testamento al Hospicio de Huérfanos de Cartago. Me extrañó esa inusitada actividad porque el asunto es viejo y había sido objeto ya de conversaciones, tanto con el señor Director General de Asistencia Pública como con los señores Procuradores Licenciados don Carlos Luis Solórzano y don Arnoldo Jiménez Zavaleta. Es el siguiente: mi tío-abuelo el meritísimo benefactor de Cartago Pbo. Ignacio Llorente, en su testamento fechado el día nueve de febrero de 1877 dejó una casa que poseía en esta ciudad de San José, para que con sus alquileres, se educaran sus sobrinos pobres hasta el cuarto grado inclusive y que después si hubiere Hospicio en la ciudad de Cartago se le entregaren sus productos para ayudar a mantener el establecimiento, pero que su voluntad era que no se vendiera la casa. Concluido el término en que los parientes del benefactor pudieran disfrutar del inmueble y en vista del estado de ruina del edificio, antigua construcción de adobes, salida de línea, muy deteriorada por los temblores del año 1924 y por el fuerte atraso en el pago de los impuestos municipales que uno de los que la habitaban había descuidado, la Municipalidad de San José pidió y obtuvo el remate ante el Juzgado Civil juicio en el cual intervine en el carácter de albacea y a mí vez como Presidente de la Junta Administrativa del Hospicio de Huérfanos de Cartago. Verificado el remate produjo la suma de ¢99,407.80 a la cual se agregó posteriormente la cantidad de ¢1,115.10 valor de la faja de terreno que se ocupó para ampliación de la acera de la avenida sexta dando un total de ¢100,522,90.
De dicha cantidad hubo que restar el valor de todos los impuestos municipales no pagados, los gastos judiciales y la suma de ¢6,000.00 que se reconoció al usufructuario, don Ricardo Brenes Volio para transar el reclamo que había planteado, dejando un saldo neto de ¢94,000.00, que yo recibí en mi expresado carácter a mediados del año 1942 y coloqué a interés en persona responsable para que produjera la renta que el testador había pedido. Todas estas explicaciones fueron dadas por mí oportunamente tanto al señor Director General de Asistencia Pública como al señor Jefe de la respectiva Fiscalía según consta de la nota que me permito leer: “Noviembre 27 de 1948, Señor Director General de Asistencia Social, Doctor don Fernando Escalante Padilla. Presente. Estimado señor: Correspondo a su atenta nota Nº IX-1661 de fecha 23 del corriente-, en que se sirve pedirme datos sobre el depósito de ¢99,407.80 correspondientes a la venta judicial de un inmueble, situado en esta ciudad, perteneciente al Hospital de Huérfanos de Cartago, que yo represento. Para la mejor inteligencia de todos los informes que paso a darle le ruego tener a la vista mi nota de 5 de mayo de 1942 dirigida al señor Jefe de Fiscalía de Asistencia Social. Licenciado don José Luján Mata. El producto neto del remate verificado el 5 de setiembre de 1941 fue de ¢99,407.80. A esto debe agregarse la suma de ¢1,115.10, valor de la faja de terreno que tomó la Municipalidad para ampliación de la acera de la avenida VI, y que yo retiré a mediados de julio de 1942. En consecuencia el precio total del inmueble alcanzó a ¢100,522.90 (cien mil quinientos veintidós colones, noventa céntimos). De la cantidad arriba expresada pagamos en primer término ¢6,000.00 (seis mil colones) a don Ricardo Brenes Volio para transar el litigio con que nos amenazaba, tal como está explicado en mi citada nota de 5 de mayo de 1942, y todos los gastos de tramitación judicial causados en la mortuoria del Presbítero Ignacio Llorente y Lafuente y en la ejecución establecida por la Municipalidad de San José que motivó el remate de la misma finca. En consecuencia quedó un saldo neto en mi poder de ¢94,000.00 (noventa y cuatro mil colones), a mediados del año 1942. La Municipalidad del cantón central de Cartago pretendió recibir en depósito la suma anterior como fideicomisaria del legado, pero la Junta Directiva del Hospicio de Huérfanos consideró que era ella la obligada a cuidar de ese Capital y procurar obtener las mejores rentas para el establecimiento como fue la intención del testador. Por la misma razón anterior nos negamos a satisfacer los deseos del señor Jefe de la Fiscalía de Asistencia y Protección Social expuestos en sus notas de enero 20 y abril 17 de 1944 que nos pedía depositar en el Banco Nacional el producto de dicho remate. Para ello consideró la Junta que si atendíamos a ese requerimiento y depositábamos en un Banco la suma expresada no devengaría interés ninguno ya que los Bancos no reconocen intereses por depósitos en cuenta corriente, y si lo hacíamos a plazo fijo el único interés sería de 3% anual.
Analizadas todas las circunstancias y bajo mi personal responsabilidad preferimos colocar a interés, al 6% anual la suma completa y ¢94,000.00 en persona abonada y con la debida garantía. En esta forma hemos percibido los intereses correspondientes desde julio de 1942 hasta esta fecha, que han producido ¢36,660.00 (treinta y seis mil seiscientos sesenta colones) que la Institución que represento ha percibido en la forma que paso a detallar: Cancelado a John M. Keith & Cº en abril 2-43 por contrato trabajo y pintura de todo el edificio del Hospicio: ¢5,000.00, Cancelado a Edgar Peralta cuenta de maderas para el Hospicio según carta de abril 13-44 del Director: 2,180.20 Entregado en efectivo a los Directores del Hospicio en cheques Nos. 89494 y 20759 de 7-11-44 y 1-10-46: 6,000.00 Facturas por compra papel y materiales para imprenta y valor una refrigeradora para Hospicio, s/cta. 20 octubre 47: 20,967.60 Nuevas facturas por compra de papel e implementos de imprenta cancelados, por mí en julio y setiembre últimos 5,131.90 Cancelado a la Casa R. Smith & Cº agentes de Aduana por cuenta despachos anteriores: 938.90 Suman: ¢40,218.60
Las cantidades anteriores, pagadas por mí hasta esta fecha suman ¢40,218,60 (cuarenta mil doscientos dieciocho colones, sesenta céntimos), que se aplicarán íntegramente a la cancelación de intereses del expresado capital hasta la concurrencia de sumas legales. Me permito acompañar los comprobantes originales de todos esos pagos con súplica de que tome razón de ellos en la oficina de su digno cargo y se me devuelvan para el archivo de la Junta. Recientemente la Municipalidad de Cartago ha renovado los nombramientos de sus Representantes en la Junta Directiva del Hospicio de Huérfanos y ha demostrado el mayores interés en emprender la construcción de un nuevo edificio para el Colegio, de estructura de hierro y cemento contra terremotos e incendio y se propone invertir el dicho legado del Presbítero Llorente para iniciar la obra despertando el entusiasmo del público, siempre que el Supremo Gobierno le ofrezca su apoyo para continuar la obra. Pero existe también la necesidad muy urgente de adquirir maquinaria moderna para los talleres porque la que hoy tenemos en uso es anticuada y está ya muy deteriorada. Oportunamente será sometido a la aprobación de esa Dirección General el plan que se adopte para darle la mejor inversión posible al legado del Presbítero Llorente que estará a al orden para ese efecto. Cualquier otro informe que tenga a bien solicitar esa Dirección tendrá mucho gusto en rendirlo este su atto. s. s. (f) Arturo Volio Jiménez. Presidente de la Junta Directiva Hospicio de Huérfanos de Cartago”. A esta nota contestó el señor Director General de Asistencia acusando recibo y diciéndome que la había pasado a conocimiento del señor Ministro de Salubridad Pública, quien a su vez pasó toda la documentación correspondiente a estudio de la Procuraduría General de la República. Llamado al despacho del señor Procurador don Carlos Luis Solórzano dí todas las explicaciones complementarias que tuvo a bien pedirme y entregué la documentación muy voluminosa que comprende desde la fundación del Hospicio de Huérfanos de Cartago, institución fundada por el Pbo. Don Joaquín Alvarado y por doña Dolores Jiménez Zamora viuda de Sancho, con sus propios capitales y con los de sus parientes más cercanos. Expliqué la situación legal en que yo me encontraba con respecto al capital dejado por el Pbo. Llorente, ya que la cláusula testamentaría disponía que no se consumiera el legado sino que se dispusiera únicamente de las rentas: el señor Solórzano me invitó a que discutiéramos el caso con el señor Procurador General de la República Licenciado Jiménez Zavaleta y yo tuve especial gusto en concurrir ante el alto funcionario porque además de su investidura es sobrino-nieto de doña Dolores Jiménez en igual grado de parentesco en que lo soy yo. El señor Jiménez escuchó atentamente toda mi exposición, recibió la documentación completa y me dijo que en realidad le impresionaba mucho el caso por tratarse de una fundación privada en que el Estado no había contribuido con ninguna suma y que la intervención que ahora ejercería podría interpretarse mal y aún desanimar a otros posibles benefactores del establecimiento. Yo le hice todos los argumentos que creí razonables para sostener que no estamos obligados a depositar ese legado en una cuenta de la Dirección General de Asistencia o en un simple depósito bancario, porque no devengaría intereses y podría ser invertido en gastos ordinarios, pero le advertí que el dinero estaba a su orden en el momento en que él quisiera discutir el caso ante el Tribunal Civil, para saber si podría derogarse la cláusula prohibitiva testamentaria y relevarme a mí de toda responsabilidad. El señor Jiménez me ofreció estudiar el caso y que podríamos hacer esa demanda de prueba para que los Tribunales dijeran la última palabra.
Me despedí del señor Jiménez en la mejor armonía y no tuve ningún nuevo llamado ni requerimiento hasta en estos últimos días en que como ya dije me enteré de que estaba pidiendo declaraciones a diferentes miembros de la Junta y recabando datos de los Padres Salesianos que administran el Hospicio, todo a mis espaldas. Cuando me presenté de nuevo a la Oficina del señor Procurador para inquirir lo que ocurría, éste me contestó de modo muy lacónico que el caso debía discutirse ante los Tribunales a lo que respondí, “encantado, estoy listo a contestar su demanda y sírvase devolverme mis documentos“, repitiéndole una vez más que el dinero estaba a la orden porque lo tenía en depósito persona muy solvente que lo entregaría en el momento en que se le pidiera como en efecto sucedió. No me dijo el señor Jiménez que acudiría a la vía criminal y por eso afirmo que ha procedido en este asunto con la mayor felonía. Aquí están señores Diputados todos los documentos que respaldan mis palabras: no es posible ocupar más la atención de la Asamblea dando lectura a todos los antecedentes, pero afirmo que no ha habido malos manejos de fondos, que he procedido con excesivo celo para procurarle las mayores rentas a un establecimiento que es parte de mi misma alma, porque allí está todo el empeño de mis antecesores, don Francisco y don Nicolás Jiménez Oreamuno, de la fundadora mi tía-abuela doña Dolores Jiménez viuda de Sancho, de sus hijas Eleuteria y Elena Sancho, del dignísimo ciudadano que fue el Licenciado don Nicolás Oreamuno, padre de nuestro muy estimado compañero doctor don Alberto Oreamuno ya que don Nicolás fue quien redactó los estatutos de la casa y todos los documentos que traspasaron los bienes a esa Institución, y por último ese legado de mi tío-abuelo que yo considero sagrado cumpliendo tanto la voluntad del testador como la de mi propio padre, que fue su albacea testamentario. Por último he de agregar que desde el día en que esa buena benéfica casa abrió sus puertas dirigida por los Reverendos Padres Salesianos ha recibido el constante apoyo de muchos otros benefactores, especialmente de las provincias de Cartago y de Heredia y que desde el año 1920 los Padres Salesianos manejan con absoluta independencia y administran el establecimiento y son ellos quienes reciben toda clase de fondos provenientes de cualesquiera fuentes y dan cuenta mensual de entradas y salidas a la Dirección General de Asistencia Pública. Desde el año 1917 por voluntad expresa de mi tío don Francisco Jiménez Oreamuno, figuro como Presidente de la Junta Directiva del Hospicio y desde esa distante fecha he consagrado con la mejor voluntad muchas horas de mi vida al servicio de la institución. Mi conciencia está tranquila y por lo tanto me presentaré ante el Tribunal que me juzgue, seguro de que ha de resplandecer la verdad. Pido al Directorio que se sirva tomar nota de que hago absoluta y formal renuncia a la inmunidad y cualesquiera otros privilegios que pudieran protegerme y que me pongo a la disposición del señor Procurador para acudir ante los Tribunales Comunes a contestar su querella. Finalmente ruego a todos los estimados compañeros que se sirvan suspender todo juicio y que esperen el resultado de esta injusta y absurda acusación con que la Procuraduría General trata de silenciar la voz de un hombre honrado. (*)
Habiendo quedado en uso de la palabra el Diputado Baudrit Solera, a las seis de la tarde terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario. (*) Ver Anexo.
ANEXO AL ACTA Nº 42
Honorable Asamblea Constituyente
Yo, Arnoldo Jiménez Zavaleta, mayor, soltero, abogado, de esta vecindad, en mi carácter de Procurador General de la República, con el mayor respeto vengo a expresar lo siguiente:
Me permito presentar a ese Alto Cuerpo la acusación penal que, por Defraudación en perjuicio del Hospicio de Huérfanos de Cartago, esta Procuraduría intenta presentar contra el Lic. Don Arturo Volio Jiménez, quien es mayor, casado, abogado, de esta vecindad y miembro de esa Honorable Cámara.
Con la acusación presento a ustedes original, toda la prueba recogida en este caso y que sirve de fundamento a la instancia que, en nombre del Estado, espero instaurar. Con base en lo expuesto en el libelo acusatorio, respetuosamente solicito a esa Asamblea se sirva levantar la inmunidad de que, por razón de su alto cargo, goza el Diputado Volio Jiménez, a fin de proceder judicialmente contra él.
San José, 25 de marzo de 1949.
Arnoldo Jiménez Z.
Procurador General
____________
28 de marzo de 1949.
(*) 11 de noviembre de 1949, Comisión Editora de las Memorias de la Asamblea Constituyente del año 1949, S.O., Estimados señores: Les quedaré muy agradecido si ustedes se sirven insertar, al pie del acta Nº 42 de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día veinticinco de marzo último, la siguiente nota complementaria:
“La acusación a que se refiere el anterior discurso del diputado don Arturo Volio Jiménez fue presentada por el señor Procurador Penal, Lic. Mario Gómez Calvo, el día 23 de abril de 1949 ante el Juzgado Segundo Penal de San José, que recibió toda la prueba ofrecida por ambas partes, y por resolución de las 13 horas y 15 minutos del día 29 de setiembre de 1949 sobreseyó definitivamente en favor del Lic. Volio Jiménez, por no haber mérito para adjudicarlo.
Apelada esa resolución por el señor Agente Fiscal, la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento definitivo por resolución de las 15 horas y 30 minutos del día 4 de noviembre de 1949, declarada firme por no haberse interpuesto ningún recurso contra ella”.
Las palabras que pronuncié en mi defensa en aquella memorable sesión, fueron respaldadas por pruebas concluyentes ante el más Alto Tribunal de la República, haciendo honor a mi nombre y al respeto que merecen todos mis estimados compañeros.
Soy de los señores Editores atento servidor, Arturo Volio
Señor Procurador General de la República, Lic. Don Arnoldo Jiménez Zavaleta. Ciudad.
Señor Procurador:
En relación con su gestión ante la Asamblea Nacional Constituyente para que al Representante Lic. don Arturo Volio Jiménez se le suspenda la inmunidad de que goza a fin de proceder judicialmente contra él, nos permitimos manifestarle que él renunció a ella, tal como consta en el artículo tercero del acta correspondiente a la sesión de esta Asamblea, celebrada el 25 de los corrientes.
Devolvemos a usted la documentación (*) que para el efecto dicho, puso en manos del Directorio.
Del señor Procurador, muy atentos servidores,
Fernando Vargas F.
Primer Secretario
Gonzalo Ortiz M.
Segundo Secretario
(*) Del libelo de acusación (20 páginas) y del respectivo legajo de pruebas (76 folios) nunca conoció la Asamblea, debido a la renuncia anticipada que el Lic. Volio hizo de su inmunidad. Tampoco hemos encontrado copias entre los papeles de la Constituyente porque la Procuraduría envió solamente el legajo original con carácter devolutivo.- N. de la C.