Actas Asamblea Nacional Constituyente
ACTA No. 52
No. 52.- Quincuagésima segunda Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas y media del día ocho de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Herrero, Volio Sancho, Volio Jiménez, Facio, Ruiz, González Herrán, González Luján, Fournier, Valverde, Esquivel, Madrigal, Guido, Sotela, Oreamuno, Arroyo, Brenes Mata, Brenes Gutiérrez, Gómez, Pinto, Leiva, Jiménez Ortiz, Jiménez Núñez, Arias, Baudrit González, Baudrit Solera, Montealegre, Montiel, Trejos, Bonilla, Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Jiménez, Acosta Piepper, Dobles Segreda, Desanti, Guzmán, Monge Álvarez, Gamboa, Solórzano y los Suplentes Castaing, Rojas Espinoza y Chacón Jinesta.
Artículo 1º- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. Artículo 2º- Se acordó que durante la Semana Santa no habrá sesiones. Artículo 3º- Se continuó con la discusión general del Dictamen de minoría que recomienda como base de estudio el Proyecto de Constitución Política.
Empezó diciendo el Diputado GONZALEZ HERRAN, quien se pronunció en favor del mencionado dictamen, que ya se había demostrado ampliamente por el Diputado Baudrit Solera que el Proyecto había incluido la gran mayoría de los principios de la Constitución del 71. -Agregó que si intervenía en el debate era por una cuestión de interés personal, por la referencia que el Profesor don Luis Felipe González Flores hizo a su padre, don Cleto González Víquez, sobre si convenía o no una enmienda parcial o total al Estatuto del 1871. Quiero demostrar -dijo- que don Luis Felipe no está estrictamente en lo cierto, pues don Cleto había formado parte de la Comisión que redactó el Proyecto de Constitución sometido a la consideración de la Asamblea Constituyente del año 1917, y el Proyecto implicaba una reforma total de nuestro viejo Texto Constitucional. Los miembros de la Comisión Redactora del año 17 introdujeron a nuestra Carta Fundamental variantes esenciales con respecto a la Constitución del 71, algunas de las cuales fueron aceptadas por la Asamblea Constituyente. Se eliminaba, por ejemplo, el voto directo del pueblo para elegir, lo que no pudo haber sido visto con buenos ojos por los Representantes del pueblo y fue uno de los motivos que hicieron impopular la Constitución efímera del 17. También se establecía la pena de muerte para los casos de homicidio bien calificado, tesis que no mereció la aprobación de la Asamblea, combatida por hombres de la talla del gran penalista don José Astúa Aguilar. Además, el Proyecto proponía el establecimiento de la Cámara de Senadores, todo lo cual iba verdaderamente contra nuestras tradiciones.
Expresó luego que formular un Proyecto de Constitución significaba una tarea muy difícil. De ahí que no creyera que el nuevo Proyecto es una obra perfecta, sin errores, sin contradicciones. Tampoco los distintos miembros de la Comisión Redactora estuvieron de acuerdo en todos los puntos. Al contrario, muchos de ellos hubo necesidad de someterlos a votación después de largos debates. Expresó luego que el Dictamen de mayoría no está en la razón al propiciar como base de discusión, la Carta Política del 71, pues sería muy difícil que no se le fueran a introducir principios contradictorios a los ya establecidos, lo que vendría a afearla. En el proyecto se establecieron todos los principios que se estimaron convenientes, no porque hayamos pensado que con ellos se eliminarán los vicios del pasado, sino para ayudar a que Costa Rica supere las viejas normas, evitando, además, interpretaciones que, debidas a la oscuridad de nuestra Constitución del 71, han provocado conflictos muy serios. Citó el ejemplo del año 1914, cuando se presentó al Congreso un caso muy difícil, ya que ninguno de los candidatos obtuvo el número de votos que exigía la Constitución. El Congreso, entonces eligió Presidente a un hombre que no había figurado como candidato: don Alfredo González Flores. En 1924 volvió a repetirse ese mismo caso. Ante la deficiencia de nuestra Carta Política al respecto, don Ricardo Jiménez se vio en la obligación de plantear una reforma constitucional, para que en estos casos se fuera a nuevas elecciones, con el propósito de que fuera el pueblo, y no el Congreso, quien eligiera Presidente de la República. Sin embargo, en 1932, se presentó de nuevo la situación de que ninguno de los candidatos obtuviera el número de votos requerido, y el Congreso no procedió a la convocatoria para efectuar nuevas elecciones. Por último, el primero de marzo, un Congreso espurio, amparado a una disposición constitucional anuló las elecciones que habían dado el triunfo a don Otilio Ulate, llevando al país a la revolución. El Proyecto -ha tratado de resolver esta situación difícil quitando al Congreso toda esa serie de atribuciones de carácter electoral, para que sea un Tribunal Supremo de Elecciones, apolítico, integrado por personas de reconocida capacidad moral, el que resuelva todo lo relacionado con el proceso electoral. Al Tribunal se le ha dotado de una serie de garantías para que cumpla a cabalidad su misión.
Refutó luego el argumento que tilda de reglamentista y demasiado extenso el Proyecto. Expresó los motivos por los cuales la Comisión Redactora se vio en la necesidad de elaborar un texto amplio, para que futuros mandatarios, por falta de detalles, no violaran los principios constitucionales. Se vieron precisados a cerrar todos los portillos para que presidentes inescrupulosos no burlaran de nuevo la voluntad popular, como ocurrió en los dos regímenes anteriores. Continuó diciendo que de no haber mediado el Pacto Ulate-Figueres, lo correcto hubiera sido establecer en el Proyecto que la vigencia de la Constitución se haría inmediatamente después de su promulgación. Sin embargo, aún en nuestra historia existen casos de Constituciones que no fueron puestas en vigencia luego de su promulgación. La misma Constitución del 71 no se puso en vigencia inmediatamente después de su promulgación, porque don Tomás Guardia deseaba continuar gobernando sin Constitución.
Agregó que tampoco era cierto que el Proyecto se hubiera elaborado para servir los anhelos y las aspiraciones de la Junta de Gobierno. No es cierta esta afirmación, pues el propio señor Jiménez Ortiz criticó a la Comisión Redactora el hecho de que hubiere establecido que la Constitución no entraría en vigencia, sino después del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, cuando ya la Junta haya terminado su período de gobierno.
Se ha dicho que no es cuestión de principios constitucionales sino de hombres, que mientras han estado en el Poder presidentes respetuosos, las cosas han marchado bien en Costa Rica. Esto es cierto. Pero sería absurdo que dejáramos una Constitución que podrá servir únicamente cuando lleguen al Poder hombres probos y nos dejara en desamparo cuando lleguen aventureros. El pueblo ya está cansado de tantos atropellos y desmanes debidos a defectos de nuestra Constitución. Urge una nueva Carta Política. Terminó diciendo que el pueblo de Costa Rica ha demostrado en varias ocasiones que anhela, que los principios constitucionales se respeten, que los mandatarios no violen los preceptos constitucionales. Esa conciencia se ha ido poco a poco desarrollando en nuestro pueblo, como lo demuestran los sucesos acaecidos en Costa Rica desde el quince de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, cuando se pretendió pasar la tristemente célebre reforma electoral propiciada por Calderón Guardia.
El Representante ACOSTA PIEPPER, en breve intervención justificó su voto negativo al dictamen en debate. Expresó que en diversas ocasiones había invitado al pueblo para que meditara sobre las nuevas ideas sustentadas en el Proyecto, como las que se refieren al sufragio femenino, el período presidencial, el Poder Electoral, etc. De ahí que, para ser fiel con esa actitud anterior, está con el nuevo Proyecto de reforma de mil novecientos cuarenta y nueve. Por otra parte, por haber vivido en medio de ese pueblo llano ha escuchado las ansias e inquietudes del mismo, que no son sino signo de los nuevos tiempos, de la evolución de las sociedades. Expresó que la ley -fundamentalmente la Carta Política de las naciones-, debe también evolucionar, cambiar, como evolucionan y cambian los pueblos, pues de otro modo el pueblo pierde sus esperanzas en los hombres de gobierno. Este proceso evolutivo, sin embargo, no se lleva a cabo sólo en lo material. Hay evolución en los criterios y en las ideas. Hasta aquellos principios que se creen inmutables -como la idea de Dios-, varían de acuerdo con la evolución de las épocas y con el sentir de los hombres. Si ese principio -manifestó- que es el que creemos más firme y estable, cambia, evoluciona, ¿por qué no han de cambiar los otros principios? El concepto de gobierno de hace setenta años no es el mismo que el actual, más democrático. Ha variado fundamentalmente, así como también ha variado el principio de la inviolabilidad de la vida humana. Del precepto bíblico de “no matarás” se ha establecido el principio de que se puede matar en defensa legítima, cuando nos vemos amenazados de muerte. Tampoco ha permanecido invariable el concepto del derecho irrestricto al uso de la propiedad. La propiedad, de acuerdo con su función social, tiene otros fines además de ser explotada por un individuo. Si las sociedades no siguen el paso de la evolución, las alcanzará la revolución que viene. Si no se pone remedio a las necesidades del pueblo, a sus ansias e inquietudes, la revolución será inatajable. En esta situación, ¿qué corresponde a los estadistas? Poner una antena para captar todas esas necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, consagradas en el Proyecto de Constitución. Terminó diciendo que estábamos en la obligación de ponernos al paso de la evolución, para llevar a feliz término esa ansia de justicia que tiene el pueblo y que se hace sentir en todo el mundo.
El Representante LEIVA QUIROS manifestó que el punto en discusión era de suma importancia, ya que se está modelando la nueva Costa Rica, por lo que deseaba que su criterio, su manera de pensar al respecto, constara de un modo claro, si es que se llega a aprobar el Dictamen de mayoría. Dijo que estaba con el Proyecto por tratarse de un todo ordenado, que ha dado lugar a las reformas que se hacían indispensables a nuestra Constitución del 71. Consideró el Dictamen de mayoría anti-reglamentista, pues el Reglamento de la Cámara en su artículo veintidós establece si el Proyecto se considera aceptable o no, pero no se dice que se adoptará un nuevo Proyecto de Constitución, como pretende la Comisión que suscribe el Dictamen de mayoría. Si lo que procede es tomar la Constitución del 71 para hacerle las reformas del caso, pues, que se ponga en vigencia y que el futuro Congreso venga a hacerle esas reformas. Agregó que la aprobación del Proyecto no implicaba que no se le pudieran hacer las reformas pertinentes; que se le había venido atacando en una forma en una forma apasionada. Se ha dicho que el problema no es de leyes sino de hombres. Pero, de aceptar este razonamiento, tenemos que partir del principio que los gobernantes del futuro sean perfectos, pues de otro modo hay que proceder a fijar los diques para que los hombres no salten sobre la Constitución, para que no se repitan en Costa Rica los hechos bochornosos basados en una interpretación caprichosa de la Constitución con el objeto de burlar la voluntad popular. Si las leyes no fueran necesarias, pues la sociedad podría, entonces, vivir con aquellos viejos principios romanos.
El pueblo de Costa Rica -continuó diciendo-, conocía bien el Proyecto cuando fue a las elecciones de Constituyente. Al pueblo se le dijo que íbamos a votar una nueva Constitución, con base en el Proyecto en estudio de la Comisión Redactora. El pueblo votó por las papeletas de los partidos que prohijaban esa nueva Constitución.
Expresó luego que lo había sorprendido el señor Esquivel Fernández por su individualismo liberal que tuvo su auge a fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando empezaba a tomar forma el sistema capitalista. Ese individualismo está hoy en plena decadencia. Es inaceptable del todo el principio de “dejar hacer “y “dejar pasar”. Las sociedades modernas le piden mucho al Estado. Sostengo -dijo- que el pueblo de Costa Rica es refractario a ese individualismo extremo, porque constantemente le está pidiendo al Estado su intervención en la economía nacional.
Es una verdad incontrarrestable que el Estado contemporáneo tiene que intervenir en la economía nacional, orientándola. Esto no puede significar que el intervencionismo estatal, vaya o atente contra la libertad personal. En una democracia pueden perfectamente co-existir las libertades con el intervencionismo. Los Estados modernos pretenden garantizar la libertad, pero al mismo tiempo, darle al pueblo una base económica estable, ya que libertad, cuando existen el hambre y la miseria, no es libertad. Consideró que el intervencionismo que señala el artículo sesenta y siete del Proyecto captó el STATU-QUO en materia económica que ha venido viviendo el país desde hace varios años. No hay tales doctrinas exóticas, pues se consagró lo que en la práctica ha vivido Costa Rica. Adoptar este principio, no significa que nuestra patria vaya hacia el socialismo estatal, como no se ha dicho lo mismo de Colombia, país que en uno de los artículos de su Ley Agraria establece la disposición francamente revolucionaria de que la tierra es de quien la cultiva y no de quien la posee. Concluyó diciendo que la obligación de la Asamblea es la de dar nuevos rumbos a Costa Rica, llevando a la nueva Constitución las aspiraciones y los deseos de nuestro pueblo. Debemos pensar en las necesidades de ese pueblo, en sus ansias de renovación, en sus justificados anhelos, y no en personas o intereses políticos. Costa Rica debe marchar hacia adelante y no quedarse a la zaga.
El Representante MONGE ALVAREZ manifestó que estaba con el Proyecto de Constitución Política de mil novecientos cuarenta y nueve, porque votar por el Proyecto no significaba votar contra la libertad, sino al contrario, votar por un concepto integral de la libertad. Tampoco significa votar por un socialismo de Estado, como se ha venido afirmando por parte de algunos señores Diputados, sino porque el Estado asuma una función más acorde con la época. Votar por el Proyecto no es votar por el comunismo, sino porque se establezcan en Costa Rica las bases que eliminen la miseria social, razón de ser del comunismo. No es votar por la lucha de clases, sino porque la paz social reine en Costa Rica. Votar por el Proyecto es, en fin, ir con los más puros principios de libertad y justicia social.
El discurso completo del señor Monge Álvarez, se publicará al pie del Acta en el Diario Oficial.
El Diputado PINTO ECHEVERRIA presentó una moción de orden para que se declarara permanente la sesión, hasta tanto no se votara definitivamente el asunto. Los Representantes Gómez, Fournier y Solórzano se manifestaron en desacuerdo con la moción presentada, la que fue defendida por los Diputados Montealegre, Acosta Jiménez, Arroyo y Vargas Fernández.
Puesta a votación fue aprobada.
En consecuencia, la Mesa procedió a la votación del Dictamen de mayoría habiéndose aprobado antes una moción de los Representantes Acosta Jiménez y Esquivel, para que la votación fuese nominal. Dijeron si los siguientes señores Diputados: Vargas Castro, Jiménez Núñez, Castaing, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Mata, Oreamuno, Madrigal, Dobles Segreda, Bonilla, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Guzmán, Vargas Fernández y Rodríguez Conejo. Dijeron no los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Acosta Piepper, Arroyo, Rojas Espinoza, Montiel, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Chacón Jinesta, Sotela, Guido, Matamoros, Solórzano, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti y Ortiz Martín. Totales: veinticuatro votos afirmativos y veintiuno negativos. En consecuencia, por veinticuatro votos contra veintiuno se aprobó el Dictamen de mayoría que recomienda, como base de estudio, la Constitución del 71.
A las dieciocho horas y media terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández Z, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.