Actas Asamblea Nacional Constituyente
ACTA No. 81
No. 81.- Octogésima primera acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las catorce horas y media del día dos de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Arias, Acosta Jiménez, Acosta Piepper, Arroyo, Baudrit González, Baudrit Solera, Brenes Gutiérrez, Brenes Mata, Desanti, Dobles, Esquivel, Facio, Gamboa, Gómez, González Flores, González Herrán, González Luján, Guido, Herrero, Jiménez Núñez, Jiménez Ortiz, Leiva, Madrigal, Monge Álvarez, Monge Ramírez, Montealegre, Montiel, Oreamuno, Ruiz, Trejos, Valverde, Vargas Castro, Vargas Vargas, Volio Jiménez, Volio Sancho, Zeledón y los suplentes, Castaing, Morúa, Rojas Espinoza, Chacón Jinesta, Castro Sibaja y Rojas Vargas. Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se dió lectura a una carta del señor Luis Alberto López, por medio de la cual propone una fórmula para el pago de las deudas políticas por parte del Estado.
Artículo 3º.- El Representante MONTEALEGRE presentó moción para que se revea el último párrafo del artículo 135, el cual se suprimirá.
El Diputado ESQUIVEL expresó que votaría la revisión planteada, ya que la completa autonomía municipal, tal y como la propone el artículo 135, ha dado en Costa Rica los más desastrosos resultados. Indicó que aún estaban frescos los abusos cometidos en el manejo de los fondos comunales por algunas municipalidades, por lo que debería idearse un sistema más acorde con la realidad nacional. No se puede otorgar esa autonomía en una forma absoluta, máxime si se tienen en cuenta las amargas experiencias del pasado.
Sometida a votación la revisión, fue aprobada.
El Diputado JIMENEZ ORTIZ declaró que su voto es contrario a lo acordado ayer por la Asamblea, en relación con la autonomía municipal, otorgada en la forma que se otorgó. Dijo que esa disposición no había tenido el estudio necesario, ya que se trata de un asunto complejo y difícil. La autonomía significa un cambio radical en el régimen municipal que ha vivido el país, así como representa un cambio fundamental en la actual legislación municipal. Añadió que la autonomía debería ser otorgada poco a poco. Lo más prudente es que esa autonomía la otorgue gradualmente la Asamblea. En ese sentido presentó una nueva fórmula para su discusión, que dice así: “Facúltase al Poder Legislativo para otorgar a las municipalidades de cabeceras de provincias y a aquellos cantones que por su número de habitantes o por la importancia de sus rentas lo ameriten, la autonomía administrativa mediante una ley orgánica que regule todo el régimen municipal y que contemple un sistema de presupuesto y control en términos similares a los que rigen para el gobierno nacional”. Luego explicó brevemente los alcances de su moción. Señaló las diferencias que existen entre la autonomía absoluta y la administrativa. También criticó la inclusión del concepto “Las Municipalidades son órganos de la soberanía nacional”, incluido en la moción aprobada del señor Leiva, de cuyo concepto se pide la supresión. Ese concepto -dijo- puede implicar la idea de que los cantones son omnipotentes en relación con los derechos de su jurisdicción. Agregó que era necesario que existiera un funcionario de enlace entre el gobierno nacional y el municipal, para la buena armonía de ambos. Terminó diciendo que procedía en forma absolutamente doctrinaria, con el único deseo de que los principios de la nueva Constitución sean practicables y operantes.
El Representante ARROYO expresó que existía una contradicción entre el párrafo 2º y el 3º de la moción aprobada del señor Leiva. El hecho de que se haya acordado que las municipalidades son órganos de la soberanía nacional, autónomos, impide que elementos de otros Poderes participen en el gobierno municipal.
El Diputado LEIVA aclaró que la autonomía otorgada a las municipalidades no es absoluta, sino relativa, pues están sometidas a cierto tutelaje por parte del Estado. Los presupuestos de las corporaciones municipales estarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Añadió que lo ideal sería que cada cantón tuviera un Intendente, pero que esto no es posible pues existen muchas municipalidades pobres y pequeñas que no podrán pagar un funcionario de esta categoría. Lo importante es que en la nueva Constitución quede consagrada la autonomía del régimen municipal. De aprobarse la moción del señor Jiménez Ortiz, lo mejor es que las cosas queden como estaban en la Constitución del 71.
El Diputado MONGE RAMIREZ defendió la tesis de la autonomía municipal. Dijo que se debía desligar a las municipalidades -como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo. Ese es el objetivo que se persigue. Es necesario acabar con esa influencia perniciosa del Ejecutivo en la marcha de las corporaciones municipales. A menudo sucede que el Ejecutivo Municipal, de nombramiento del Poder Ejecutivo, obstruye constantemente la labor municipal. Observó luego que en los cantones pequeños era más fácil controlar el manejo e inversión de los fondos comunales, que en las ciudades grandes. En los pueblos se sabe si las municipalidades trabajan bien o mal. Agregó que la autonomía no era absoluta, pues siempre las municipalidades estarán sujetas a ciertos controles en la preparación de sus presupuestos, por medio de la Inspección General de Municipalidades.
El Diputado ZELEDON dijo que la autonomía otorgada al régimen municipal no era absoluta, como no hay nada absoluto en este mundo. Todo tiene sus limitaciones. ¿No se dice, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa es el poder autónomo y soberano por excelencia? Sin embargo las resoluciones de la Asamblea están sujetas al veto por parte del Ejecutivo, además de otras limitaciones. Expresó que el régimen municipal ha sido la fuente de la Democracia, pero que ha ido decayendo paulatinamente. Para que vuelva a ser lo que fue, es necesario otorgarle la plena autonomía. Censuró el argumento de los que dicen que no estamos preparados para dar la completa autonomía al régimen municipal. En Costa Rica nunca hemos estado preparados para las innovaciones. Sin embargo, ese argumento no tiene ninguna validez. Añadió que los errores y desmanes cometidos en otras épocas por algunas municipalidades, se pueden equiparar a los cometidos por el gobierno nacional. Estos errores no se debieron a la autonomía, sino a la falta de sanción para aquellos funcionarios que procedieron deshonestamente. Concluyó afirmando que apoyaba decididamente la autonomía municipal.
El Diputado BAUDRIT GONZALEZ (*) defendió la tesis de la autonomía municipal ¿Qué se le objeta a la misma? -preguntó- ¿Alguien en la Asamblea o en el país la objeta? No. ¿Cuál es el temor que existe para concederla? Se dice que los dineros municipales se esfumarían, pero con autonomía o sin autonomía municipal esto ocurrirá mientras los hombres sean irresponsables o deshonestos. Pero no es cierto que a las municipalidades se les esté dando libertad absoluta para disponer del manejo de los fondos comunales. Al contrario, hay una moción presentada para que los presupuestos municipales sean aprobados y fiscalizados por la Contraloría General de la República. Además, se aprobó ya que la Asamblea Legislativa es la llamada a autorizar los impuestos municipales. Agregó que lo que se pretendía era alejar a las municipalidades lo más posible de la influencia decisiva del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un gobierno comunal no sea autónomo? Si se deja en manos de la Asamblea Legislativa a facultad para otorgar la autonomía administrativa de las municipalidades en una forma gradual, ocurrirá que la misma Asamblea que ha concedido autonomía a una municipalidad, puede muy bien luego -por razones políticas-, suprimirla; y eso sin hablar de lo ilógico de recomendar a un Poder cosas que entran en sus atribuciones. Lo más conveniente es elevar a la categoría de precepto constitucional la autonomía del régimen municipal para alejarla de los vaivenes políticos.
(*) Nota: En “La Gaceta” Diario Oficial dice Baudrit Solera.
El Diputado GONZALEZ HERRAN dijo que la autonomía de que van a gozar las municipalidades no es absoluta, como tampoco es absoluta la soberanía de la propia Asamblea Legislativa, a la que se le imponen ciertas restricciones. Las Municipalidades también van a tener sus limitaciones. No se está pretendiendo que las municipalidades se gobiernen como moros sin señor, sino que se está consignando el principio que las municipalidades son delegación directa del pueblo y que para la buena administración de las mismas están sometidas a las restricciones necesarias.
El Representante VOLIO JIMENEZ explicó que la duda y la confusión habían venido por la inclusión del término “soberanía”. Muy bien podría soslayarse el debate si ese concepto se suprimiera y se dijera tan solo que “las corporaciones municipales son órganos autónomos, de elección popular”.
Advirtió el señor BAUDRIT SOLERA que de seguro el señor Leiva no tendría inconveniente en suprimir de su moción el término “soberanía” antes de votar la revisión, si eso fuera posible. La Mesa declaró que no lo era por estar aprobada tal moción con aquel concepto. Agregó entonces el señor Baudrit Solera que si el señor Leiva aceptada su sugestión, que se votara en contra la revisión ahora y que el término “soberanía” se suprimiera, cuando, al conocerse el informe de la comisión coordinadora, haya de nuevo ocasión para revisar. El señor Leiva se manifestó de acuerdo con lo pedido por el señor Baudrit Solera.
Sometida a votación la moción del señor Montealegre, para que se suprimiera el párrafo último del artículo 135, fue desechada.
El Representante GONZALEZ HERRAN presentó moción de revisión para que en el transitorio aprobado en la sesión anterior se dijera que las municipalidades que se elijan en las próximas elecciones, tomarán posesión de sus cargos el 1º de diciembre, y no el 8 de noviembre. El proponente de la moción anterior explicó que el propósito de la misma era el de dar al Tribunal Supremo de Elecciones el tiempo indispensable para escrutar los votos emitidos. Lo más urgente es que los votos para Vicepresidente y Diputados sean escrutados antes del 8 de noviembre. Los munícipes pueden esperar unas cuantas semanas más. Si se establece que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga que hacer la declaratoria de elección de los Vicepresidentes, Diputados y Munícipes, para el 8 de noviembre le será casi imposible hacerlo. El Diputado ESQUIVEL manifestó que votaría con mucho gusto la moción del compañero González Herrán, pero lo asaltaba una duda, que pasó a exponer. Como es sabido, los actuales Concejos Municipales son organismos de facto, ya que fueron nombrados por el poder de facto. Si el 8 de noviembre el país entra de lleno a la normalidad constitucional, ¿es posible que se admita esa coexistencia de sistemas durante un mes, es decir, organismos de derecho a la par de organismos de hecho? El Diputado GONZALEZ HERRAN aclaró que, al promulgarse la Constitución, esos organismos de facto deberán someterse a todas las reglas constitucionales y legales.
Se aprobó la revisión, así como la moción de fondo. En consecuencia, el Transitorio del artículo 136 se leerá así: “Transitorio. Para los efectos de las elecciones que habrán de verificarse en el corriente año, se elegirá en cada cantón el mismo número de Regidores que componen actualmente los Concejos Administrativos Municipales. Los Regidores que se elijan en dicha oportunidad tomarán posesión de sus cargos el 1º de diciembre próximo entrante y durarán en el ejercicio de sus funciones hasta el 8 de noviembre de 1953. Los que fueren electos en este año, durarán en sus cargos hasta el 30 de junio de 1958”.
Fue aprobada la siguiente moción suscrita por los Diputados Monge Alfaro, Brenes Mata, Ortiz, Valverde, Esquivel y Monge Álvarez:
“Todas las municipalidades contarán con los síndicos propietarios y suplentes que correspondan al número de distritos del respectivo cantón. Estos Síndicos representarán a sus distritos, con voz pero sin voto”. [172]
Se discutió luego la siguiente moción suscrita por los mismos proponentes de la anterior: “Exceptúanse de las disposiciones contenidas en este título la ciudad de San José, y zonas adyacentes que determine la Asamblea Legislativa para constituir el Distrito Nacional en la forma que la ley indique. Transitorio.- Lo dispuesto en el artículo precedente entrará en vigencia en la fecha que disponga la Asamblea Legislativa”.
El Diputado ZELEDON expresó que el punto era de suma importancia, por lo que la moción debería publicarse previamente en el Diario Oficial. En ese sentido presentó una moción de orden, que fue combatida por el Diputado ESQUIVEL, quien manifestó que ningún Representante podría ignorar la moción en debate, por cuanto desde el día anterior se distribuyó una copia de la misma a cada uno de los miembros de la Cámara. Agregó que la moción tan solo pretendía dejar abierta la posibilidad constitucional para que en el futuro se llegue a crear el Distrito Nacional, después de un maduro estudio y largo debate por parte de la Asamblea Legislativa. Por la publicación de la moción también se pronunció el señor Baudrit González. El Diputado ORTIZ explicó brevemente los alcances de la moción anterior, que solo persigue abrir una oportunidad para que en el futuro, se erija a la ciudad de San José en distrito nacional si así lo demanda la conveniencia general del país. La moción debe ser debatida, no en el seno de la Constituyente, sino cuando la Asamblea Legislativa conozca de la misma. San José por razón de su crecimiento en área y en población, va teniendo problemas que difieren de los de otras localidades. Su mismo progreso, y mayor presupuesto le ha permitido crear departamentos técnicos como el de Ingeniería y el Económico de gran provecho para la comunidad, pero que no puede desenvolverse bien por las limitaciones que le imponen municipalidades pequeñas, incapaces económicamente y que sin embargo, en la realidad son barriadas de la capital, que gozan de la mayor libertad para manejarse sin los controles de la técnica que no pueden pagar. Una serie de razones que oportunamente podrían exponerse dan la razón a dejar abierta la posibilidad de convertir a la capital en un distrito nacional.
El Diputado ZELEDON explicó que la publicación de una moción no se hace exclusivamente para que la conozcan los señores Representantes, sino para que se entere la opinión pública.
El Diputado HERRERO manifestó que no votaría ahora ni después la moción propuesta para que la ciudad de San José se erija en Distrito Nacional, lo que vendría a perjudicar a las otras provincias. También estuvo de acuerdo en la publicación previa de la moción. El Diputado MORUA expresó que la moción en sí era una invitación para que la próxima Asamblea Legislativa conozca de inmediato acerca de la creación del Distrito Nacional.
Sometida a votación la moción de orden del señor Zeledón, fue aprobada.
Los Representantes Baudrit Solera, Gómez y Castro Sibaja presentaron moción para agregar un artículo final al título así:
“Las Municipalidades formularán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios, que requieren la aprobación de la Contraloría General de la República para entrar en vigencia y que además quedan sujetos a la fiscalización superior de ese organismo”. [175]
Puesta a votación la moción anterior, fue aprobada.
Artículo 4º.- Se pasó luego a discutir la moción del Representante VOLIO SANCHO, cuya discusión, por acuerdo de la Cámara, se había pospuesto hasta tanto no fuera publicada en el Diario Oficial. La moción es para agregar al capítulo referente al sufragio, con el número que le corresponda, un artículo que digas así:
“Todos los ciudadanos tienen derecho a agruparse en partidos para intervenir en la política nacional.
Sin embargo, se prohíbe la formación o el funcionamiento de partidos que, por sus programas ideológicos, medios de acción, o vinculaciones internacionales, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones”. [98]s
El autor de la moción anterior defendió la moción en discurso que se transcribe íntegro al pie del acta.
Se aprobó una moción de orden suscrita por los Representantes Acosta Jiménez, González Flores, Oreamuno y Brenes Mata para que la votación de la moción del señor Volio Sancho fuera nominal.
El Representante ARROYO razonó su voto negativo a la moción en debate. Dijo que no podía aceptar la moción del señor Volio Sancho, por cuanto atentaba contra el principio de la irrestricta libertad, que debe imperar en todo régimen verdaderamente democrático. Añadió que las ideas sólo se han de combatir con ideas dentro de una democracia. En la Constitución no puede incluirse otro medio de combatir las ideas de los partidos totalitarios, a no ser con ideas. Se ha venido luchando por el fortalecimiento de la Democracia en Costa Rica, pero ahora se pretende incluir en la nueva Constitución un principio que va contra aquélla. Indicó que creía que el régimen democrático es el mejor, por cuanto garantiza la libertad y la dignidad humanas, pero que de ninguna manera puede afirmarse que es el único. No sólo está el comunismo frente a la Democracia, sino que se le vienen a cerrar las puertas a otros partidos para que expresen sus propias ideas. A la formación de partidos dentro de una democracia debe dársele toda amplitud y garantías. Lo que se debe hacer es controlar la propaganda subversiva de los partidos que atenten contra los principios democráticos, en la forma más adecuada. Terminó diciendo que el fantasma del comunismo estaba llevando a la Asamblea a un desvió peligroso de los principios democráticos, dándole a la nueva Constitución un sesgo antidemocrático.
Por avanzada la hora el señor Presidente terminó la sesión a las 6.45 de la noche, habiendo quedado en el uso de la palabra el Diputado Acosta Jiménez.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Licenciado Fernando Volio Sancho.
Señores Diputados: Con la sinceridad que procura una arraigada convicción, pienso que el sistema que hemos forjado para la institución del sufragio y la estructura misma de la nueva Carta, quedarían falseados por su base si no estableciéramos en el texto constitucional disposiciones encaminadas a impedir que Partidos de tendencias antidemocráticas destruyan, precisamente lo que con tanto afán estamos construyendo.
Creo asimismo, señores Diputados, que los Partidos no pueden sustraerse a la acción reguladora y vigilante de la ley, por ser de gran trascendencia la misión que ellos cumplen. “La vida del Estado democrático se cimenta sobre el sistema de Partidos”, -dice Harold Laski en su obra “El Estado Moderno”.- Los Partidos según, anota ese autor, no sólo facilitan las bases para que la ciudadanía se pronuncie respecto de los negocios públicos, sino que también les toca ejercer la función moderadora que a veces es necesaria para reprimir excesos en el seno de las Asambleas Legislativas. Para mí, los Partidos son o deben ser los genuinos voceros de la opinión nacional y los medios indispensables para que el electorado haga sentir en las urnas y fuera de ellas sus determinaciones soberanas.
Nuestro autorizado constitucionalista, don Elías Leiva Quirós, expresa que los Partidos políticos son “los órganos de la opinión pública que influyen más directamente en la organización del Estado”. La importancia que tienen, en realidad, es de suyo evidente: su función orientadora hace de ellos los verdaderos guías del pensamiento de la Nación y les permite, en un momento dado, convertir en realizaciones concretas los anhelos populares.
Ahora bien, si todo esto y mucho más significan los Partidos, es claro, es razonable que su acción haya de desenvolverse dentro del marco de la ley, en todo cuanto pudiera socavar la firmeza del orden social y la integridad de las instituciones republicanas del país. A ello tiende justamente la moción que estamos discutiendo. A preservar en suma, los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica.
El Proyecto de Constitución de mil novecientos cuarenta y nueve, contiene una disposición dirigida al mismo propósito, para realizar el cual proscribe de nuestras contiendas electorales a los Partidos que “por sus programas, medios de acción, vinculaciones o antecedentes se opongan al régimen de gobierno representativo democrático de la República, o que atenten contra la soberanía nacional”, (Art. 121). Como se ve, esa regla es quizá muy amplia, peligrosamente amplia y por lo mismo podría prestarse a abusos en perjuicio de determinadas agrupaciones políticas cuya actuación sí sea conveniente o saludable para nuestra vida institucional, so pretexto de que tales agrupaciones se oponen al régimen de gobierno o a la soberanía del país. De ahí que yo procurase rodear de mayores garantías a los Partidos, de modo que solamente se prohíban la organización y el funcionamiento de los que tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática nacional, o que atenten contra la soberanía de nuestra Patria. ¿Cuáles son esos fundamentos? Entre ellos tenemos la forma republicana de gobierno, la elección popular de mandatarios responsables, el imperio de la voluntad de las mayorías, expresada en los comicios, el régimen de las libertades humanas, la independencia política de que ha de gozar la República para regir sus destinos sin interferencia de poderes extraños, las instituciones de la familia y de la propiedad privada -condicionada esta última al supremo interés social- y, en general, todas aquellas características de una organización que ampare la personalidad y dignidad del hombre y le permita a éste realizar los fines de su existencia, en el orden moral y material.
¿Y cuáles son los Partidos que en forma abierta, clara e indudable están en pugna con esos fundamentos del régimen democrático? Son, como lo sabemos muy bien, los partidos extremistas, totalitarios, de izquierda o de derecha. En este momento de la historia de la humanidad, nos hallamos empeñados en una lucha decisiva, entre la democracia y el totalitarismo, lucha que tuvo sus comienzos desde el punto y hora en que Alemania e Italia arrastradas por ambiciones insensatas, se lanzaron a la conquista mundial para imponerles a las demás naciones las ideologías fascista y nazista, con el señuelo de que los hombres y los pueblos sojuzgados iban a disfrutar de una felicidad inasequible bajo cualquier otro orden social o político. Vino después la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a los países del Eje totalitario con las democracias de Europa y América. Choque brutal, sangriento, de encontradas ideologías y tendencias. Sacrificios ilímites, sostenidos solamente por el coraje y la decisión de los pueblos libres que no querían caer bajo la opresión ominosa del totalitarismo. Gloriosos campeones de esa gesta fueron Roosevelt y Churchill, ciudadanos del mundo.
Churchill, sobre todo, ganó la admiración de los siglos como paladín de la libertad, por su genio dinámico, por su idealismo tenaz y constructivo.
Estos grandes conductores de la humanidad no sólo pusieron por obra esfuerzos inauditos para sostener la guerra y llevarla a término victoriosamente sino que a la vez, con visión de estadistas geniales, se empeñaron desde entonces en exterminar de raíz las doctrinas del fascismo italiano y del nazismo alemán, a fin de librar a las generaciones futuras, de las terribles pruebas a que se veía sometida la infortunada generación actual, en todo el haz de la tierra, por culpa de las naciones totalitarias y conquistadoras.
Desde entonces, el mundo tuvo la certeza del peligro que representaban, para nuestra civilización, aquellas funestas ideologías y, ganada la Guerra, comenzó a ponerse en guardia contra otro peligro tan grave como ese o quizás mayor: el del comunismo soviético. Rusia -lo dijo un gran observador sagaz- fue durante la Guerra el enemigo emboscador de las democracias, de tal manera que, al terminar la tremenda conflagración, tuvimos al fin la evidencia de ese hecho y la evidencia también de la necesidad de defendernos de la infiltración de las disolventes doctrinas marxistas, acometida febrilmente por Rusia a fin de llevar a cabo la empresa dominadora en que fracasaran los países del Eje. Y para defendernos de esa infiltración ideológica, pareció indispensable desde un principio defendernos de algo que con razón podía considerarse como el caballo de Troya de las democracias: el Partido político de estructura u orientación comunista o extremista.
La acción internacional en ese sentido se aceleró en América desde mil novecientos cuarenta y cinco, y aquí en Costa Rica tuvo sus primeras manifestaciones a mediados del año mil novecientos cuarenta y seis, al votarse entusiastamente, en la gran Convención Nacional del Partido Demócrata efectuada el cinco de junio de ese año, la ponencia contra el comunismo, presentada por el gran periodista don Sergio Carballo. Dice así, en lo conducente, esa ponencia de trascendental significación para la política que tres años más tarde puso por obra, al asumir el Poder, en lo que se refiere al comunismo, la Oposición Nacional, uno de cuyos altos exponentes era aquel Partido:
“I.- El Partido Demócrata declara su inquebrantable fe en la Democracia y su decisión firme, absoluta e irrevocable, de luchar, con todas las fuerzas de que dispone, en todos los tiempos y en todos los frentes, por el ejercicio efectivo de las libertades humanas.
IV.- El Partido Demócrata es fundamentalmente nacional y repudia toda vinculación o supeditación a organizaciones extranjeras, considerando anti-patriótica la convivencia con organismos o Partidos Internacionales.
V.- No por ser un Partido netamente nacional, sin vinculaciones internacionales deja de sentir la preocupación por la suerte de los regímenes democráticos y por los países que no gozan de libertad sino que están sojuzgados por sistemas totalitarios. Y aunque la proyección de su repudio no pueda llegar a influir en la definitiva consagración mundial de la Democracia, todo el aliento de su voluntad está al lado de los pueblos oprimidos y hace los votos más fervientes por la liberación de todos los hombres.
VI.- Estando muy dividida la política mundial en dos tendencias antagónicas: democracia y totalitarismo, la democracia representada por las potencias occidentales y el totalitarismo en la Unión Soviética y sus zonas de influencia, el Partido Demócrata se pone resueltamente del lado de los países que luchan por el mantenimiento de la libertad. Concretamente declara su repudio más absoluto al régimen soviético y a sus procedimientos encaminados a propagarlo, aún en América, como si éste no fuere el continente de la libertad.
VII.- En la lucha contra la propagación de ideas contrarias a la Democracia, en el empeño por impedir que la humanidad y en especial el continente americano sean arrastrados a satélites soviéticos, Costa Rica ha de ofrecer a las potencias occidentales, o sea a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña, el concurso de la fuerza moral del pueblo costarricense, y si es necesario, la sangre misma de este pueblo que no desea vivir sino en un régimen de libertad.
VIII.- Consecuentemente con esta resolución, el Partido Demócrata declara que combatirá en todos sus reductos al comunismo costarricense, cualquiera que sea el nombre que adopte, pues además de considerarlo autor y cómplice de graves males nacionales, lo tiene por una avanzada de la política soviética de invasión, y por la vanguardia del ejército comunista, evidente quinta-columna de las fuerzas del mal, que tratan de implantar en el mundo el régimen totalitario, negación absoluta de las libertades humanas”.
Con mi voz y mi voto apoyé resueltamente esa proposición condenatoria del comunismo internacional y doméstico, cuyos fundamentos han venido a confirmar ampliamente hechos que todos conocemos, ocurridos aquí y en el resto del mundo.
La Oposición Nacional no cejó en su patriótico afán de batir al comunismo, no obstante las adversas condiciones de entonces, también por motivos de todos conocidos. En mil novecientos cuarenta y siete, el Congreso Constitucional recibió invitación nada menos que del Representante Parnell Thomas, Presidente del Comité de Actividades Anti-americanas del Congreso de los Estados Unidos, para acreditar Delegados a la Conferencia que ese año iba a celebrarse en algún punto de América, posiblemente en Panamá, para tomar una decisión contra las actividades del comunismo internacional en el Hemisferio Occidental. El Presidente de nuestra Cámara Legislativa nos pidió a todos los Diputados que expusiéramos nuestros pareceres al respecto. Llegada que fue la invitación a mis manos, hube de manifestarle al Licenciado Fonseca Chamier, con la franqueza que acostumbro, que desde luego el Congreso de Costa Rica debía hacerse representar en la anunciada Conferencia, pero que los únicos Diputados autorizados moralmente para llevar esa representación, éramos los integrantes del bloque oposicionista, ya que también éramos los únicos que en forma resuelta habíamos combatido y estábamos enfrentados aún al comunismo en el país. Dicha actitud me valió, es claro, las más acres censuras de los compañeros caldero-comunistas del Congreso y de otros sectores de la opinión nacional, de evidente filiación comunista, pero al propio tiempo fue alentador para mí recibir, del seno de aquel Congreso y de otros sectores, efusivas felicitaciones, entre las cuales guardo una muy apreciada: la del distinguido intelectual y compañero de ahora, Licenciado don Rodrigo Facio.
Infortunadamente, no tomó cuerpo esta vez la iniciativa de Parnell Thomas, pero en Costa Rica seguimos los demócratas bajo la preocupación de hacer algo por cerrarle el paso al avance de la ideología y sistemas comunistas. Consecuentemente con ese propósito, cuya realización se perfilaba como una necesidad nacional, los Diputados oposicionistas nos dirigimos por escrito, con fecha veintisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y siete, a quien ejercía la Presidencia de la República, pidiéndole al señor Picado que enviase al Congreso -reunido a la sazón en sesiones extraordinarias- un proyecto de ley por nosotros redactado, declarando contrarios a los intereses y principios básicos constitucionales de la República las actividades del Partido comunista Vanguardia Popular, con las severas consecuencias que allí establecíamos para el caso de violarse las disposiciones de la ley que llegara a dictarse, inclusive la de erigir en delito de traición a la Patria la propaganda y otros actos comunistas. El memorial lo suscribíamos veintiún Diputados, entre ellos varios que hoy integran esta Asamblea, los señores Rodríguez, Conejo, Herrero, Vargas Fernández, y Valverde Vega. Huelga decir que don Teodoro Picado se negó a prohijar nuestro proyecto, frustrándose así la posibilidad de haber luchado en la Cámara por una hermosa tesis democrática y cara a cara con los Representantes comunistas, que eran cinco o seis, y con sus aliados los calderonistas, que constituían por sí solos una mayoría considerable.
Vino el año mil novecientos cuarenta y ocho, en que tuvo lugar la Novena Conferencia Panamericana en Bogotá. En esa oportunidad, se quiso darle efectividad a una de los conclusiones del Acta de Chapultepec, encaminada a la preservación de los principios democráticos, y al efecto, después de una amplia deliberación, se dictó la Declaración sobre la Defensa de la Democracia en América, cuyo texto es el siguiente: “Las Repúblicas Americanas representadas en la Novena Conferencia, considerando que la presente situación mundial exige urgentes medidas para salvaguardar la paz y defender el respeto mutuo de los Estados prohibiendo las tácticas de hegemonía totalitaria incompatibles con la tradición de los países americanos, e impedir que los agentes al servicio del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo, pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de los pueblos de este hemisferio, declaran: que por su naturaleza antidemocrática y por sus tendencias intervencionistas, la acción política del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo, es incompatible con el precepto de libertad americana, que reposa sobre los postulados indiscutibles de los derechos y la dignidad del hombre, persona y soberanía de la Nación como del Estado. Reiterar la fe que los pueblos del nuevo Mundo han puesto en el ideal y la realidad de la Democracia, bajo cuya protección debemos lograr la justicia social; ofrecer a todos la creciente oportunidad de gozar de los beneficios espirituales y materiales que constituyen la garantía de la civilización y la herencia de la humanidad. Condenar en nombre del derecho de las naciones la injerencia de un país extranjero en la vida de las Repúblicas del continente americano, resolviendo:
1º.- Reafirmar la decisión de mantener y promover una efectiva política social y económica destinada a elevar el nivel de vida de sus pueblos, y el convencimiento de que sólo bajo el sistema fundado sobre las garantías de las libertades esenciales y los derechos de la persona humana, es posible alcanzar esa meta.
2º.- Condenar los métodos de cualquier sistema que tienda a reprimir los derechos y libertades políticas y civiles, y en particular la acción del comunismo internacional o de cualquier otro totalitarismo.
3º.- Tomar dentro de los respectivos territorios y de acuerdo con sus preceptos constitucionales, las medidas necesarias para impedir y eliminar las actividades dirigidas, ayudadas o instigadas por los gobiernos, las organizaciones o los individuos extranjeros que tienda a subvertir sus instituciones mediante la violencia, promover desorden en su vida política interna o entorpecer mediante la presión, propaganda subversiva o en cualquiera otra forma, el ejercicio del libre y soberano derecho de sus pueblos a gobernarse de acuerdo con sus aspiraciones democráticas; y
4º.- Efectuar un completo intercambio de informaciones acerca de las precitadas actividades que puedan realizarse en sus respectivas jurisdicciones”.
La declaración que he leído, es como habréis de notarlo, terminante y clara, aunque quizás adolezca de la omisión de medidas específicas para eliminar en el continente americano la ideología comunista. No obstante, por las opiniones de algunos Delegados que asistieron a la Conferencia de Bogotá, es innegable que el propósito al condenar el comunismo y toda clase de totalitarismo, fue el de proscribir de América esos sistemas y doctrinas, por las vías que cada país considerase más adecuadas a ese fin. El Delegado de Colombia, Arango Vélez, dijo al respecto: “América cuenta ahora con la letra de una declaración categórica que confiere valor continental a su voluntad de ser democrática indefinidamente, sin embargo, esa letra preciosa podría convertirse en letra muerta o pergamino de academia, si no se le da espíritu, con lo cual se entiende decir que no solamente conviene proveerla de aquella doctrina y aquellos elementos de interpretación de que aún carece, sino de llevarla, en especial al corazón mismo de los pueblos americanos, con todo el calor de las preocupaciones que encierra y con todo su valor histórico”... Y agregó el distinguido estadista: “Mi propósito es invitar a los americanos más calificados para que no se conformen con leer desganadamente la admonición, el consejo y la orden de la Novena Conferencia, sobre defensa de la democracia en el Continente, sino que la recojan y hagan suya, y le den la fuerza de su convencimiento y de sus razones, la hagan vital, la desplieguen como una bandera, y la propaguen hasta encender el fuego en los labios, movilizar el entusiasmo de los creyentes y reconquistar, si fuere posible, a los cada semana menos numerosos desertores de la idea nobilísima”.
Es significativo observar, señores Diputados, que mientras los Delegados americanos deliberaban en Bogotá sobre la posición de los pueblos ante el peligro rojo y totalitario en general, los quinta-columnistas soviéticos le dieron a América y al mundo un espectáculo en extremo repugnante y bochornoso, al lanzarse las turbas, azuzadas por aquellos, a la obra de matanza, pillaje y destrucción más terribles y mejor organizada de que se tiene memoria. La furia satánica de las muchedumbres, en cosa de pocas horas, segó la vida de casi dos mil personas y ocasionó pérdidas materiales por varios centenares de millones.
Fue un verdadero “puscht “comunista, al estilo de lo llevado a cabo por los rojos al imponer por el terror su dominación en Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y otros países de la Europa Occidental. Se vió en la preparación y desarrollo de tan salvaje atentado, el genio del mal de que sólo son capaces los cabecillas del comunismo internacional. Como dato curioso, pudo observarse que los saqueos de las turbas, planeados metódicamente, comenzaron por los negocios de ferretería y similares, para proveerse la canalla de armas contundentes con las cuales poder romper las puertas y ventanas de los establecimientos de otras clases, los de comestibles primeramente, luego los que expedían artículos de uso diario, las joyerías y tiendas de lujo y por último, aquellos en donde había licor, del cual se saciaron los forajidos, en asquerosa orgía, cuando hubieron terminado su obra de destrucción. Con razón pudo decirse que lo ocurrido en Bogotá era propiamente el Pearl Harbor sudamericano, la abortada tentativa de Rusia para plantar en tierras de América -tierras de libertades- una amenazadora punta de lanza moscovita.
Comentando tan deplorables actos de desenfreno, expresa el conocido periodista y ex-Vicepresidente del Perú, don Rafael Larco Herrera en su obra “Por la Ruta de la Confederación Americana “: “Bogotá ha visto arder sus iglesias y edificios públicos, los centros industriales y los almacenes de provisiones, los hoteles y las imprentas, pero ha logrado salvar incólumes sus reservas morales y sus propósitos de sincero americanismo... El comunismo, peste político-social de esta nueva hora histórica, no ha podido anotarse una victoria más porque el alma de los americanos, el espíritu de los que han heredado las cualidades de los creadores de la libertad y de la democracia en las tierras maravillosas del nuevo Mundo, se mantiene erguido y resuelto a la defensa de la integridad territorial. El nuevo Pearl Harbor urdido por la mente diabólica del comunismo intrigante, con la cooperación de una masa ignorante de sus verdaderos anhelos e intereses, pasa a ser en adelante y para el objeto de la defensa de América, una severa lección que deben aprender nuestros países... ante el peligro que de nuevo gravita sobre el mundo...”.
Los grandes diarios sudamericanos, “La Nación” de Buenos Aires, “El Comercio” de Lima y otros más, se pronunciaron entonces sobre los alcances de la infiltración comunista en América, y acerca de la necesidad de que todos los países representados en la Conferencia de Bogotá, se determinen a seguir adelante en su lucha contra el comunismo, a fin de lograr la supervivencia de las instituciones democráticas en este continente y en el mundo. Señores Diputados: Costa Rica debe sumarse fervorosamente a la obra americana de preservación democrática, especialmente por su posición geográfica en el centro del nuevo Mundo, a donde habrá de converger lo más crudo de la guerra en el caso, no improbable, de un conflicto armado entre Oriente y Occidente.
Adivino que mi proposición va a combatirse con el socorrido argumento de que restringe la libertad de asociación y otras libertades. Muy inquietante es la disyuntiva, pero nos abocaríamos al suicidio, a nuestra propia destrucción, si por la fuerza de las circunstancias no limitáramos la libertad de atentar contra la propia libertad. El señor Nathaniel Davis, quien hasta hace poco sirvió la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, decía lo siguiente en su Conferencia sobre el significado de la libertad, reproducida por nuestra prensa diaria: “La libertad absoluta de cada individuo es imposible y probablemente indeseable. Hay un punto donde la libertad mía tiene que ser limitada por la libertad de otro, ya que ese otro tiene los mimos derechos que yo, y los derechos de ambos merecen protección. El problema del hombre público consiste en encontrar, en el campo de la libertad política, social y económica, ese punto donde se oponen los derechos de los individuos. Una libertad irrestricta no sería libertad verdadera sino el caos”... El conferencista, después de explicar cómo las fuerzas de la naturaleza, si no son controladas, son susceptibles de causar inmensos daños, y cómo esas fuerzas, sujetas por las leyes de la física, se convierten en agentes del bienestar humano, agregaba: “Lo mismo sucede en el campo de las leyes morales. Los grandes principios de la libertad individual, de la voluntad libre y de la soberanía nacional e internacional, construida de acuerdo con los reconocidos principios morales, se convierten en una fuerza impulsadora del bienestar y del progreso humano”.
Aún bajo el régimen anticuado y rezagado en la marcha evolutiva de las ideas, que en esta como en otras materias consagraba la Constitución de mil ochocientos setenta y uno -cuyos autores no tuvieron ni siquiera lejana sospecha de los problemas sociales y políticos que agitan hoy al mundo- bien pudo haberse dictado una disposición prohibitiva de la naturaleza de la que propone establecer la moción mía en debate, por la sencilla razón de que no es lógico que los constituyentes del setenta y uno quisieran dejar en la Carta que elaboraron, el germen de la propia ruina de la misma y de toda la estructura fundamental del país. Con mayor razón puede esta Asamblea, captando las preocupaciones de la hora de ahora, adoptar una medida como aquélla que responde a una elemental previsión urgida por amargas experiencias recientes y por la incertidumbre del futuro, preñado de negros vaticinios.
Para mí, que he rendido siempre tan devoto culto a la libertad, es doloroso pero ineludible recomendar que se cercene una de las libertades de mayor precio para los costarricenses: la libertad de asociación política, pero estamos ante un gravísimo dilema: o la democracia o el totalitarismo, o la vida o la muerte, o la libertad irrestricta o la tiranía evidente; o fortalecemos nuestro sistema institucional, o dejamos que se derrumbe estrepitosamente, al embate de oscuras fuerzas negativas que pugnan por precipitarnos en el abismo comunista, en donde todo es dolor, abyección y miseria.