Acta 95 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 95

No. 95.- Nonagésima quinta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las catorce horas del día veintitrés de junio mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Arias, Acosta Jiménez, Baudrit González, Baudrit Solera, Brenes Gutiérrez, Brenes Mata, Dobles, Esquivel, Facio, Fournier, Gamboa, Gómez, González Flores, González Herrán, González Luján, Guido, Herrero, Jiménez Núñez, Leiva, Madrigal, Monge Álvarez, Monge Ramírez, Montealegre, Montiel, Oreamuno, Pinto, Ruiz, Solórzano, Trejos, Valverde, Vargas Castro, Vargas Vargas, Volio Jiménez, Volio Sancho, Zeledón y los suplentes Castaing, Rojas Espinoza, Chacón Jinesta, Castro Sibaja, Elizondo, Venegas y Jiménez Quesada.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se continuó en la discusión de la revisión planteada por los señores del Social Demócrata, para que la Asamblea Legislativa se renueve cada dos años, por mitades.
El Diputado ACOSTA JIMENEZ, que había quedado en el uso de la palabra en la sesión anterior, se refirió nuevamente a la revisión planteada. Criticó la tesis que llamó del “cansancio político”, de los que están por la supresión de las elecciones de medio período, así como los resultados de la encuesta realizada por el Partido Unión Nacional. Añadió que los resultados de una simple encuesta, llevada a cabo después de la mutilación de la institución y entre elementos afectos al Unión Nacional, no podían servir de base para argumentar a favor de la tesis contraria. Es bien sabido que estas encuestas no representan verdaderamente el sentido del pueblo, pues a menudo se equivocan, como le ocurrió recientemente a la Institución Gallup, de los Estados Unidos la que, a pesar de su organización y eficiencia, erró lamentablemente en cuanto al resultado de las elecciones presidenciales últimas en aquel país. No se puede afirmar que la supresión de las elecciones de medio período cuenta con el apoyo de la opinión pública, por cuanto un grupo de personas consultadas se pronunció de acuerdo con la medida de la Asamblea. La opinión pública no se traduce en unas cuantas personas a las que se consulta sobre determinado asunto. Estimó la encuesta como una medida equivocada y carente de idoneidad política. En cuanto al otro argumento, afirman los que están por la supresión de las elecciones, que el pueblo está cansado de la política, pero se comete el gravísimo mal de sacrificar una institución democrática, para satisfacer un deseo transitorio del pueblo de Costa Rica, cual es que la política se restrinja un poco. Aclaró que era cierto que el pueblo costarricense estaba cansado de la política, después del régimen de los ocho años que padeció, pero ese malestar es transitorio y en ninguna forma permanente. Una vez que vuelva la normalidad y la confianza de nuestro pueblo en el sufragio, ese cansancio habrá desaparecido. Agregó que la actual Constituyente no estaba dedicada a la tarea de crear instituciones para el presente, sino para muchos años, ya que se estaban echando las bases de un régimen democrático. Además, se confunde lamentablemente el ejercicio de la política sana, en su verdadero sentido, con la politiquería. Un pueblo que esté cansado de la política bien entendida es un pueblo apto para la tiranía, es un pueblo que merece un gobierno de fuerza. Pero no se puede decir que el pueblo de Costa Rica es de esos. Al contrario. Ha dado muestras de su apego a la libertad y a la democracia. Lo que sucede es que el pueblo costarricense está cansado, no de la política, sino de la politiquería, que se desarrolló tan ampliamente durante los dos regímenes anteriores. El Diputado VOLIO SANCHO usó de la palabra para justificar su cambio de criterio en este asunto, ya que en la oportunidad anterior se había manifestado de acuerdo con la supresión de las elecciones de medio período. Indicó que desde entonces mucha agua había pasado debajo del puente. El pensamiento nacional, por sus distintos medios de expresión, se había manifestado en forma amplia al respecto, evidenciándose que ambas tesis cuenta con el respaldo de valiosos sectores de la opinión pública. Pero hay un argumento que ha influido poderosamente en mi ánimo para rectificar mi juicio: se nos ha enrostrado a los diputados del Partido Unión Nacional injustamente, desde luego, que al suprimir las elecciones bienales, estamos tratando de negar un legítimo derecho a las minorías y nos empeñamos en que a mitad del período del señor Ulate, la Oposición no pueda manifestarse libremente en los comicios. No obstante que esta imputación es infundada, no quiero que se diga para mi partido -continuó diciendo- que estamos propiciando una tesis antidemocrática. Si mantenemos las elecciones de medio período, estaremos demostrando que el gobierno futuro no tiene por qué temerle a la Oposición que pueda surgir en ese entonces. Para no dejar la más leve sombra de duda, debemos pues, mantener la institución de las elecciones bienales. Añadió que por otra parte amigos suyos de la provincia de Cartago, antiguos electores, la habían recordado el hecho de que él había llegado por vez primera a la Cámara en unas elecciones de medio período, llevadas a cabo durante el régimen de Picado. A pesar de los atropellos y de los fraudes electorales, la Oposición logró obtener entonces un número determinado de diputados, que llegamos al Congreso a defender la causa del pueblo costarricense, empeñado en una lucha a muerte contra el calderocomunismo. Este argumento también ha influido en su ánimo para cambiar de parecer, pues si en un régimen inescrupuloso, de absoluta falta de respeto a la voluntad popular, la Oposición pudo alcanzar varios asientos, en el futuro, una vez que funcionen debidamente las instituciones electorales recién creadas, las elecciones reflejarán efectivamente el sentir de los costarricenses.
El Representante ESQUIVEL expresó que el compañero Acosta Jiménez incurría en un error cuando le negaba virtualidad a la encuesta realizada por el Unión Nacional, por el simple hecho de haberse efectuado después que la Asamblea suprimiera la institución. La realidad es que si la medida de la Asamblea no hubiera sido vista con buenos ojos por el pueblo de Costa Rica, se habría pronunciado en sentido contrario a como lo hizo, máxime que no hubo coacción de ninguna clase. El resultado de la encuesta -dijo luego- vino a decir cuál es el pensamiento de nuestro pueblo respecto a la supresión de las elecciones de medio período. Si por democracia se entiende el respeto a la opinión de las mayorías, tenemos que decir que la medida de la Asamblea es profundamente democrática. Terminó afirmando que la supresión de las elecciones de medio período no sólo es un anhelo del pueblo de Costa Rica, que está cansado de tanta política y de tanta demagogia, sino que se trata de una medida sana, democrática y necesaria.
El Diputado HERRERO expuso las razones por las cuales está con la tesis de la supresión de las elecciones bienales, que nunca han representado verdaderamente el sentir del pueblo costarricense, debido al gran abstencionismo y a la intervención del gobierno para ganarlas. Fue el abstencionismo durantes estas elecciones lo que llevó al establecimiento del voto obligatorio, así como multas a las personas que no votaban. Por otra parte, este hecho nos dice que las elecciones de medio período, lejos de favorecer a las minorías -como se ha afirmado por parte de los que sostienen la tesis contraria- las perjudican, ya que, debido al menor número de diputados a elegir, el cociente, en lugar de bajar, aumenta. En elecciones cada cuatro años, en cambio, el cociente se reduce en un cincuenta por ciento. Indicó que si en Costa Rica siempre hubiera Presidentes como don Ricardo Jiménez o el Doctor López de Colombia, se podría tener la seguridad que el gobierno no influiría en el desarrollo de los comicios. Pero la realidad es muy distinta. Siempre los gobernantes han influido para alterar los resultados de las elecciones de medio período, con el propósito de llevar gente adicta al Congreso.
El Diputado MONTEALEGRE manifestó que, de efectuarse las elecciones cada cuatro años, los candidatos a Presidente tendrán el cuidado de integrar las papeletas de diputados con los mejores hombres de sus respectivos partidos, con el objeto de alcanzar el mayor número de votos. Esto será una garantía para el pueblo. Insistió en sus apreciaciones anteriores de que las elecciones de medio período siempre se habían prestado para la intervención del Poder Público. Si eso ocurrió en el pasado, en el futuro lo temo aún más, en vista de la nacionalización bancaria decretada por la actual Junta de Gobierno. Mediante esta medida, el poder del Gobierno será enorme, ya que tiene en sus manos todo el crédito público, lo que le permitirá influir en forma más significativa para variar el resultado de las elecciones, pues nadie se atreverá a enfrentarse al gobierno.
El Diputado BAUDRIT SOLERA expresó que ambos sistemas -la renovación total o parcial de la Asamblea Legislativa- tienen sus ventajas e inconvenientes. Aclaró que anteriormente se había pronunciado de acuerdo con la tesis de la supresión de las elecciones de medio período, pero que había llegado a la conclusión, después de meditar ampliamente sobre el punto, que la medida de la Asamblea perjudicaba a los grupos minoritarios, por la sencilla razón que durante la campaña presidencial la atención del pueblo se fija casi exclusivamente en los candidatos a Presidente, quienes pondrán todo su esfuerzo para el triunfo de los diputados de su partido. De tal modo, que el candidato triunfante obtendrá el mayor número de diputaciones, en perjuicio de los partidos minoritarios que acaso no puedan en ocasiones ni participar en los comicios, dada la pasión que priva en las elecciones presidenciales. Esas y otras razones que juzga innecesario comentar, lo llevan a dar su voto a la moción en examen.
El Representante LEIVA declaró que el argumento de los que sostienen la supresión de las elecciones de medio período, apoyándose en que siempre han sido fraudulentas, ganadas en la gran mayoría de los casos por el gobierno, carecía de validez, ya que la Asamblea, al crear el Tribunal Supremo de Elecciones, al que le ha dado casi el carácter de un cuarto poder, ha dado un gran paso hacia la pureza de los comicios, a fin de que las elecciones resulten verdaderamente el sentir del pueblo. El Poder Público ya no tendrá en el futuro ninguna participación en el proceso electoral, por lo que tenemos la obligación de pensar que las próximas elecciones se realizarán bajo un clima de respeto y libertad. Por qué entonces -preguntó- vamos a coartarle al pueblo, las posibilidades de decirle al gobernante: usted está actuando bien o está actuando mal. Precisamente en las elecciones de medio período el pueblo tiene la oportunidad de pronunciarse en cuanto a la política del gobierno.
El Diputado ZELEDON manifestó que se mantenía firme en su criterio favorable a la supresión de las elecciones de medio período. Indicó que las campañas de medio período no fueron sino un semillero de ambiciones y una escuela de demagogia, que sólo perjuicios le han traído al país. Agregó que a veces se hacía indispensable limitar el derecho del sufragio, para salvaguardarlo, así como se limita el uso de la bandera nacional, a fin de que su culto se mantenga indeclinable en el corazón de cada uno de los costarricenses. Las elecciones de medio período las ha organizado siempre el gobernante para llevar gente incondicional a las Cámaras, con el propósito de contar con una mayoría dócil y disciplinada. Observó que no recordaba ninguna campaña de medio período en la que se hubieran enarbolado programas ideológicos, fines altruistas de gobierno, sino que tan solo habían significado la reacción natural del pueblo contra la violencia y la arbitrariedad del régimen, lo que es muy distinto a oponerse ideológicamente, doctrinariamente, a determinadas medidas del gobierno. No existe razón alguna -concluyó- para volver a esos métodos del pasado.
El Diputado CHACON JINESTA indicó que sólo tres países de América tienen la institución de la renovación total de las Cámaras: Paraguay, Nicaragua y República Dominicana, que precisamente no son gobiernos democráticos. Si se suprimen en Costa Rica las elecciones de medio período nos estaremos equiparando a estos tres países. Agregó que la institución no era mala, como se había afirmado. Al contrario, se trata de una práctica democrática. Por otra parte, tampoco es cierto que no hayan dado ningún resultado en Costa Rica. Han permitido la llegada a los Congresos de personas independientes y responsables, como en el caso de las elecciones del año mil novecientos cuarenta y dos, en las que, a pesar de ejercer el poder Calderón Guardia, la oposición, que ya empezaba a perfilarse, obtuvo varios asientos. Con el mismo criterio con que se trata de suprimirlas, por cuanto no han sido libres, mañana se podrán suprimir las elecciones presidenciales, por cuanto en épocas pasadas se prestaron a abusos y atropellos por parte del Poder Ejecutivo. Por ese camino, lo mejor es instaurar en Costa Rica una monarquía hereditaria, a efecto de que no vuelvan a efectuarse elecciones. Añadió que no era cierto que el pueblo de Costa Rica estuviera cansado de la política, pues por esta palabra -en su verdadero sentido- se entiende el interés del pueblo por los negocios públicos, por la marcha general del gobierno. El pueblo que se canse de la política auténtica merece un dictador. Y eso no se puede decir del pueblo de Costa Rica, que siente interés por la política. La renovación parcial de la Asamblea le brinda al pueblo la oportunidad de incidir en la marcha del gobierno, la ocasión para pronunciarse respecto a la política gubernamental.
El Representante MONGE ALVAREZ, razonó su voto favorable a la revisión planteada. Empezó diciendo que la supresión de las elecciones de medio período significaba la mutilación de una institución fundamental de la democracia. Es cierto que el pueblo de Costa Rica desea la supresión de las mismas -dijo-, por una serie de razones explicables, pero corresponde a los dirigentes políticos interpretar fielmente el sentir del pueblo, dándose cuenta de esos estados de ánimo transitorios que no son saludables para la democracia. El pueblo está cansado de la politiquería, mas no de la política. Lo que se debe hacer, no es suprimir la institución, sino rectificar lo que ha sido nuestra política tradicional, elevarla a un nivel de mayor altura. Después de los fraudes electorales de los años de mil novecientos cuarenta y dos y mil novecientos cuarenta y cuatro, el pueblo de Costa Rica perdió la fe en el sufragio. Se hizo el propósito firme de no participar más en la política, siguiendo una línea de franco abstencionismo en materia electoral. Dichosamente don Otilio Ulate se dió cuenta de la gravedad de esa situación e infundió en nuestro pueblo nuevamente la fe, el espíritu de lucha, renovándole su confianza en las instituciones democráticas. Y el pueblo fue a las elecciones de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho dispuesto a triunfar y a que su voto fuese respetado. Este es uno de los grandes méritos del señor Ulate. Si el pueblo hubiera permanecido al margen de la política, posiblemente la situación de Costa Rica sería hoy muy distinta.
El Representante GAMBOA declaró que estaba con la revisión planteada, por cuanto vivimos un régimen presidencialista, que en la doctrina y en la práctica, es de prepotencia del Ejecutivo. La única forma que tiene el pueblo en un régimen de esta categoría de imponer un correctivo a la política equivocada del gobierno, es mediante las elecciones de medio período, cuando el pueblo se pronuncia en pro o en contra de la política del gobernante, aprobándola o improbándola. Para demostrar la importancia de las elecciones bienales, citó el caso de los comicios de mil novecientos cuarenta y dos, que permitieron la llegada al Congreso de dos magníficos elementos: Eladio Trejos y Fernando Lara. Fue en la campaña electoral de ese año, cuando surgió el Partido Demócrata, que luego jefeara el caudillo don León Cortés, partido que libró la más dura batalla contra el régimen de Calderón Guardia. Añadió que de no pasar la revisión, estimaba que se le habría dado a la democracia una puñalada, lo mismo que a los partidos minoritarios, ya que el pueblo de Costa Rica -calculista ciento por ciento- votará en las elecciones presidenciales por las listas del partido que más posibilidades tiene de triunfar. Concluyó afirmando que la Asamblea acababa de crear un verdadero Poder Electoral. Se ha rodeado al Tribunal Supremo de Elecciones de toda clase de garantías, a efecto de que cumpla a cabalidad su misión. De ahí que se debe tener la seguridad de que en el futuro las elecciones se desarrollarán en un ambiente de libertad y respeto, viniendo a ser la verdadera representación de la voluntad popular. Además, existe el deseo en la Asamblea de limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo, que eran múltiples en la Carta del setenta y uno. Por estas razones, ya no podrá alegarse -para defender la tesis contraria- que las elecciones de medio período siempre fueron fraudulentas.
El Diputado MONGE RAMIREZ, declaró que votaría la revisión, si le garantizaban que en el futuro el Poder Ejecutivo no iba a influir en el desarrollo del proceso electoral. Agregó que esto no ocurriría nunca en Costa Rica, pues el gobierno tiene muchísimas posibilidades para intervenir en la política, en una forma velada o abierta. Dijo luego que no era cierto que las elecciones de medio período garantizaban a las minorías, ya que siempre fueron ganadas por el partido oficial. El tablero de estas elecciones lo ha dirigido el Poder Ejecutivo, que tiene muchos medios para hacerlo.
El Representante VARGAS FERNANDEZ, usó de la palabra para defender la tesis de la supresión de las elecciones de medio período. Observó primeramente que no se había dado ningún argumento nuevo en favor de la tesis contraria, sino que se había hecho una repetición de los mismos. Además se había confundido lamentablemente lo que es la actividad electorera con la actividad propiamente política. Aclaró que estaba con la supresión de las primeras, pero no de las segundas. Las elecciones de medio período vienen a mantener la efervescencia electorera en el país, con los perjuicios consiguientes. Deben, entonces suprimirse. Con esta medida, la democracia costarricense está lo suficientemente garantizada, ya que habrá elecciones cada cuatro años, con actividades políticas cada tres años. Las elecciones de medio período -dijo luego- permiten que el pueblo no descanse, mantienen al país en perenne agitación politiquera, ya que terminadas las elecciones presidenciales, vienen las de diputados. Agregó que estaba con la supresión de las elecciones bienales, por cuanto el Poder Público siempre ha intervenido en las mismas, alterando la voluntad popular. La historia de Costa Rica lo demuestra con claridad. Siempre los gobernantes han participado en el proceso electoral, algunas veces con habilidad, otras torpemente, como Calderón y Picado. Además, si se mantienen, le estaremos dando al Ejecutivo otra oportunidad para intervenir en la integración de la Asamblea Legislativa. Es cierto que la legislación electoral, así como las instituciones creadas por la Asamblea van a frenar en el futuro la intervención descarada de los gobernantes, como lo hicieron Picado y Calderón Guardia, pero es sabido que el gobierno tiene muchísimos medios para participar en el proceso electoral a favor del partido de sus simpatías. No debe olvidarse que el partido oficial -que siempre existirá en nuestro país- estará funcionando constantemente en todo el territorio de la República, apoyado por una serie de funcionarios como Jefes Políticos, Agentes de Policía, Gobernadores, etc. Luego demostró que las elecciones cada cuatro años, lejos de perjudicar a las minorías -como se ha venido sosteniendo por parte de algunos señores Diputados- las favorece, ya que a mayor número de Diputados a elegir, el cociente baja. Además, el pueblo en las elecciones presidenciales no sabe a ciencia cierta cuál va a ser el candidato triunfante, lo que no ocurre en las elecciones de medio período. Nuestro pueblo, que es calculista, votará por el partido oficial que es el que más promesas le hace. Añadió que carecía de base el argumento de los que sostienen la tesis contraria, cual es que la Oposición, suprimidas las elecciones bienales, no tendrá oportunidad de manifestarse. Esto no es cierto, por cuanto la Oposición cuenta con muchos medios para manifestarse como lo ha hecho en Costa Rica. Existen la prensa, la radio, las organizaciones obreras, estudiantiles, las manifestaciones públicas, etc. Se refirió a la campaña librada por la Oposición, que se apoyó en todos los órganos de la opinión pública, para hacer patente al régimen su descontento, sin necesidad de tener una mayoría en el Congreso. Para combatir un gobierno inescrupuloso existen muchos medios, además del parlamentario. Por otra parte los gobernantes siempre tendrán oposición en las Cámaras, porque nunca eligen la totalidad de los Diputados que las integran. Luego citó varias Constituciones de América que han adoptado el sistema de la renovación total, para refutar la afirmación del señor Chacón Jinesta. Indicó que, además de los países citados por éste, Venezuela y Panamá, han adoptado el mismo sistema. Sin embargo, este no es argumento de peso, por cuanto países de reconocida tendencia totalitaria -como la Argentina de Perón y el Perú- tienen el sistema de la renovación parcial. Observó que la medida de la Asamblea al suprimir las elecciones de medio período cuenta con el respaldo de la gran mayoría del pueblo costarricense, por cuanto no se ha hecho sentir, en ninguna forma, el descontento popular por esa medida. A la Cámara no ha llegado la protesta, -en forma de documentos escritos o telegramas- que tampoco se ha hecho sentir en la prensa. Tampoco se han escrito artículos censurando la medida de la Asamblea, excepción hecha de tres artículos publicados por los señores Eladio Trejos, Fernando Lara y Otón Acosta. También la reciente encuesta realizada por el Partido Unión Nacional ha demostrado que el país está de acuerdo con la supresión de las elecciones de medio período, porque está cansado de la politiquería. Terminó diciendo que el restablecimiento de las elecciones bienales vendría a anular prácticamente una de las medidas más saludables y beneficiosas promulgadas por la Asamblea; la no reelección de los Diputados. (El discurso completo del Diputado Vargas Fernández se publica al pie del acta.)
El Diputado ACOSTA JIMENEZ de nuevo intervino en el debate para volver sobre varios de sus puntos de vista anteriores. Dijo que se había mutilado la institución democrática de la consulta popular a medio período, con el propósito de mantener alejado al Poder Público del proceso Electoral. Con ese mismo criterio, mañana se podrá pedir la supresión del Código Penal por cuanto, a pesar de las penas que se establecen contra los delincuentes, éstos siempre existen y existirán. Añadió que para combatir un mal debían adoptarse actitudes positivas y no negativas, como lo ha hecho la misma Asamblea al rodear al Poder Electoral de toda clase de garantías y derechos. Insistió en que la supresión de las elecciones de medio período representaba un atentado contra la Democracia, ya que se le cancelaba al pueblo la posibilidad de manifestarse cada dos años.
Agotado el debate en torno a la moción de los señores del Social Demócrata, la Mesa procedió a la votación, habiéndose aprobado antes una moción de orden del Diputado Esquivel, para que la votación fuese nominal. Dijeron SI los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Vargas Castro, Chacón Jinesta, Rojas Espinoza, Gamboa, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Jiménez Quesada, Volio Jiménez, Arias, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Acosta Jiménez, Solórzano, Gómez, Volio Sancho, Leiva y Ortiz. Dijeron NO los siguientes señores Diputados: Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Zeledón, Esquivel, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Castro, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Venegas, Ruiz, Elizondo, Vargas Fernández y Rodríguez. Totales: veintidós votos afirmativos y veintitrés negativos. En consecuencia, se desechó la revisión planteada.
Artículo 3º.- Sobre el artículo ochenta y cuatro se presentaron mociones de los Diputados de la fracción Social Demócrata y Volio Sancho, para que del mencionado artículo se suprima el inciso cuarto, que exige, para ser Diputado, pertenecer al estado seglar.
El Diputado FOURNIER expresó que en Costa Rica había vivido siempre una paz religiosa verdadera, sin problemas y que no existía razón alguna para que esa paz tradicional se venga ahora a alterar mediante una disposición contraproducente. Lo más conveniente para el país es que se mantenga esa buena armonía entre la Iglesia y el Estado, garantizada por la Constitución del setenta y uno. Una lucha de carácter religioso sería inconveniente para el país en los actuales momentos. Lo más adecuado es mantener, en materia religiosa, el statu-quo de la Constitución de mil ochocientos setenta y uno.
El Diputado ZELEDON indicó que al asunto en debate se le había querido dar otro sesgo, presentándolo como causante de una lucha religiosa, cuando la verdad es que ésta ha obedecido a otras razones. La misma Carta del setenta y uno establecía la obligación de pertenecer al estado seglar para poder ser electo Presidente o Ministro. Esta disposición sin embargo, no ha provocado la más simple protesta de las personas y de las autoridades eclesiásticas que hoy han alzado su voz contra la disposición de la Asamblea, que prohíbe a sacerdotes ser electos Diputados. Aclaró que esta medida no significaba ataque alguno contra la Iglesia o contra sus representantes, ya que el término “seglar” es muy amplio y cobija, no sólo a los miembros de la Iglesia Católica, sino a los Ministros de todos los cultos. Agregó que la campaña contra la paz religiosa no la desató la Asamblea con esa disposición, sino que ha venido como consecuencia natural del ataque que el quince de enero, cuando se inauguró la Constituyente, endilgara contra el gobierno un destacado miembro de la Iglesia, teniendo por ello, en cierta forma la solidaridad del jefe de la misma, alegando que los sacerdotes pertenecían a un fuero distinto y que sólo obedecían órdenes de Roma. Indicó que el ideal sería el de llegar a la separación de la Iglesia y del Estado, en beneficio de ambos poderes. Esta situación la comprendió el Presidente don José Rodríguez, cuando declaró que el Estado no tenía religión alguna. La separación entre la Iglesia y el Estado pondría en el verdadero plano de justicia las relaciones entre ambas potestades. Terminó diciendo que votaría con mucho gusto la revisión, si en lugar del inciso actual, se dijera lo siguiente: “No pertenecer a asociación o partido alguno de carácter político, filosófico o religioso que obligue a sus miembros, directa o indirectamente, bajo juramento, a obedecer órdenes emanadas de potestades extrañas al Gobierno de la República, en oposición a las leyes de la misma”. El Diputado MONTEALEGRE, manifestó que había votado la moción del señor Monge Ramírez en la oportunidad que se discutió por amor a su religión, ya que nada puede perjudicar más a los sacerdotes que inmiscuirse en los asuntos políticos. Ningún bien mayor se puede hacer a la Religión, que apartarla, lo más posible, de los ajetreos de la política, que en Costa Rica no es muy limpia. Agregó que el señor Nuncio Apostólico acaba de declarar que el Patronato ha sido disuelto en Costa Rica, lo que significa que en el futuro el Estado no tendrá ninguna injerencia en el nombramiento de los Obispos, medida que celebro, porque viene a robustecer la Religión, apartándola de la órbita estatal. Apuntó luego que en sus viajes efectuados, había podido observar que en los países en que más se respeta la religión y a los sacerdotes, es en aquellos donde la Iglesia no se inmiscuye en la política. En cambio, en los países donde los sacerdotes participan más activamente en la política, la religión es muy poco respetada. Por esas razones -terminó- mantendré mi voto afirmativo a la prohibición para que los sacerdotes no puedan ser electos Diputados.
El Representante VOLIO SANCHO, observó que en su oportunidad había previsto que esa prohibición, por su carácter odioso y antidemocrático, iba a provocar una lucha religiosa en el país. Desgraciadamente eso ha ocurrido en Costa Rica, por cuanto las autoridades eclesiásticas, los señores sacerdotes y la gran mayoría de la opinión pública, se han pronunciado en contra de la medida adoptada por la Asamblea, por considerarla ofensiva para la majestad de la Iglesia y para la dignidad de sus representantes, así como contraria a los sentimientos religiosos del pueblo costarricense, que en su gran mayoría es católico ferviente. Añadió que la medida era injusta, por cuanto no existían razones para privar al sacerdote del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadano. Es injusto prohibir a un sacerdote ejercer un cargo de representación popular, por el solo hecho de serlo, cuando reúne todos los requisitos que la Constitución y las leyes exigen para desempeñar esos cargos. No hay razón alguna para cercenarle al sacerdote -por razón de su investidura- sus derechos de elegir y ser electo. La medida ha provocado una lucha religiosa inconveniente en todos sentidos. Añadió que no existía ningún peligro para que los sacerdotes formaran parte de una Asamblea Legislativa, integrada por cuarenta y cinco diputados. En cambio, la prohibición se justifica en el caso del Presidente o de los Ministros, pues es bien sabido que desde estas elevadas posiciones se ejerce una poderosa influencia en la vida política y administrativa del país y los que las ejercen, les imprimen el sello de su propia personalidad. Terminó diciendo que, de mantenerse la prohibición, se propiciaría un clima constante de agitación religiosa en el país y de descontento popular. Los representantes -que lo somos todos del pueblo de Costa Rica- estamos en la obligación de ser fieles al mandato de nuestros electores, desechando una medida que agravia los sentimientos religiosos de los costarricenses y que además de injusta y antidemocrática es inconveniente. (El discurso completo del Diputado Volio Sancho se publica al pie del acta.)
El Diputado GAMBOA RODRIGUEZ presentó moción de orden para que la votación fuese nominal, la que se aprobó.
El Representante ROJAS ESPINOZA razonó, su voto negativo a la revisión planteada en los términos siguientes: Las siguientes razones me han convencido de que la restricción a que se refiere la moción en debate, es perfectamente lógica y no es atentatoria contra los principios democráticos. Es cierto que la condición de ciudadanía le concede la capacidad cívica, pero no es menos cierto que no basta ser ciudadano para ostentar la representación popular: es necesario además la independencia de criterio y ausencia de vínculos de subordinación u obediencia. Por este motivo los tratadistas se muestran conformes en relación con las restricciones que diferentes legislaciones establecen para que los eclesiásticos y, en general, los ministros de los diferentes cultos, puedan ser diputados. Las Constituciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Panamá, y El Salvador -once en total-, establecen dicha restricción y, más propiamente dicho, esa incompatibilidad. La regla ciento treinta y nueve, párrafo cuarto, del Código de Derecho Canónico establece: “No soliciten (los clérigos o sacerdotes) el cargo de senadores o de oradores parlamentarios, llamados comúnmente diputados, ni lo acepten sin licencia de la Santa Sede, en aquellas regiones donde hubiere prohibición pontificia; ni intenten esto mismo en las demás regiones sin licencia, tanto de su ordinario como del ordinario del lugar en que se ha de hacer la elección”. De esto se concluye que los sacerdotes deben obtener licencia de su superior para poder figurar como candidatos a diputados. Esto, desde luego, no ocurre con ningún otro ciudadano costarricense. Por otra parte, los propios voceros de la Iglesia me han convencido de lo conveniente que resulta para la misma Iglesia el que los señores Sacerdotes se mantengan alejados de la política. Así se pronuncia el Excmo. Mons. Alfonso María Buteler, Obispo de Mendoza y Neuquén, quien en circular dirigida al clero de su Diócesis, expresa: “El Sacerdote que desciende a la política entrega su divina dignidad a la profanación de la calle” y “que es muy justa y según razón la prohibición eclesiástica que en esta materia rige, y que todos los señores Sacerdotes han de tomar muy a pecho”. “Si actuamos en política, habrá siempre una apreciable porción de hijos nuestros que se mantendrán prevenidos contra el padre. Y la otra porción a buen seguro que desaprobará en secreto la actitud de su pastor”. Y termina diciendo: “Ningún Sacerdote tiene derecho a hacer sufrir a la Iglesia su Madre con imprudencias; todos debemos en cambio, contribuir a la eficaz influencia de su espíritu, con una conducta que se mantenga en el plano sublime de la divina misión paternal que se nos ha confiado”. Movido por estas razones -no por actitud hostil contra los señores Sacerdotes, con algunos de los cuales cultivo relaciones amistosas-, es que le voy a negar el voto a la revisión planteada.
El Diputado PINTO observó que, a su juicio, el problema había venido como consecuencia lógica de la colocación de la prohibición en el artículo ochenta y cuatro. Esa prohibición -dijo- debe formar parte, no de este artículo, sino del ochenta y cinco, que se refiere a las personas que no podrán ser electas diputados, enumerándose una gran cantidad de individuos incapacitados para poder ser diputados, por razón de sus cargos o por ejercer autoridad.
El Diputado VOLIO SANCHO, pidió a la Mesa que aplazara la votación del asunto en debate para la sesión de mañana, ya que varios señores diputados se encontraban ausentes, a efecto de que la votación realmente representara el sentir de la mayoría de la Cámara. La Mesa le aclaró que se había presentado moción de orden del señor Castaing para que se declarara la sesión permanente, hasta tanto no se votara el punto en debate. Puesta a votación la moción anterior, fue desechada.
Los Representantes DOBLES SEGREDA y MONGE RAMIREZ, indicaron que no podrían estar presentes en la sesión de mañana viernes, por razones de carácter personal, pero que deseaban aclarar ante la Cámara que se mantenían firmes en su decisión anterior acerca del requisito de pertenecer al estado seglar, para poder ser electo diputado.
Por avanzada la hora, el señor Presidente suspendió la sesión a las diecinueve y media horas de la noche.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Vargas Fernández:
Señores Diputados: Confieso que si la parte que ha venido defendiendo con calor hace ya bastante tiempo, las bondades de las elecciones cada dos años, hubiera aportado un argumento nuevo y de peso, habría estado esta tarde por variar mi voto anterior, cuando se ventiló el mismo punto, hace varias semanas. Lamentablemente, el debate que lleva dos tardes, ha tenido la singularidad, de consistir en una repetición de suyo fastidiosa, de las pocas como débiles razones que en otrora se invocaron en defensa de las elecciones bienales.
Comienzo entonces, por pedir disculpas al verme forzado a incurrir en la falla que yo mismo anoto, y tener que repetir puntos de vista en esta exposición de hoy, que dí cuando fue oportuno. Se ha menospreciado la razón, a mi juicio digna de tomarse en cuenta, ofrecida por quienes abogamos por la celebración de elecciones cada cuatro años, de que es urgente llevar un poco de tranquilidad a la ciudadanía en materia electoral. Con habilidad se ha confundido estar tarde lo que significa en un régimen democrático las actividades políticas, con las agitaciones electoreras. Estoy por la eliminación definitiva de las segundas. Defiendo con calor las primeras. Con la institución de las elecciones bienales se fomentan perturbaciones politiqueras; los movimientos cívicos, esenciales en toda democracia, quedan a salvo efectuando los comicios cada cuatro años. Llamando al pueblo con este último ritmo a las urnas, quedan ampliamente abiertas lo que hoy se ha llamado “válvulas respiratorias de civismo costarricense”. Reto a cualquier a que me demuestre que un régimen democrático deja de serlo, por el simple hecho de que en él se dejen de celebrar elecciones cada dos años y se verifiquen cada cuatro años. Soy de los que piensan que cualquier organización democrática queda plenamente garantizada con la celebración de sus torneos cívicos con la periodicidad que señalo. Las elecciones cada dos años impiden que la ciudadanía repose de inquietudes electoreras. Termina la campaña presidencial y casi inmediatamente se inician los movimientos para las de medio período, preliminar de la siguiente campaña de sucesión presidencial. Lo que con esto se logra, no es otra cosa que alimentar inconvenientes efervescencias electorales.
Si nuestros períodos de renovación de los Supremos Poderes fueran amplios, como es el caso de México y otros países latinoamericanos, se podría considerar en dejar abiertas, lo que entonces sí se podría llamar con acierto “válvulas respiratorias del civismo nacional”. El caso de Costa Rica es bien diferente. No hay otro país en América, que tenga lapsos más cortos para que el pueblo esté en condiciones de hacer variar la integración de los Supremos Poderes. Hay en el Continente indiscutibles democracias, cuyo período de renovación de Poderes es más amplio que el nuestro. De cinco y seis años no obstante lo cual, sus Asambleas Legislativas se renuevan en su totalidad. No son los países cuyos regímenes están bien caracterizados como despóticos, que citó el señor Chacón Jinesta, los únicos que tienen la renovación completa de sus Cámaras. Luego lo probaré Una triste realidad es la de que el Poder Público siempre ha intervenido en los procesos electorales de medio período. Si así han sido las cosas antes, cuando en el gobierno había hombres que reputamos respetuosos, es de pensar que igual sucederá en el futuro. Es algo humano, el deseo de un gobernante de no ver fracasar sus planes, sus ideas, sus proyectos. En la Casa Presidencial siempre habrá hombres y como tal, estarán expuestos a las tentaciones, que el mismo ejercicio del Poder les brinda para favorecer sus tendencias de gobierno. Seguirá interviniendo el Presidente de la República, no en la forma torpe, burda, en que lo hicieron el Doctor Calderón y el Licenciado Picado, pero sí con la habilidad suavidad con que se hizo en otros tiempos. Pero en una como en otra forma, la intervención existe.
Atribuyo en buena parte, a los procesos electorales bienales, la corrupción de nuestro sistema democrático. No hay duda que en ellos los personeros del gobierno, tienen un marcado interés: es la suerte del régimen la que se pone en juego. Difícil es aceptar que un gobernante se avenga a que esa suerte puede serle adversa, teniendo a su fácil alcance, numerosos recursos para transformarla en favorable. Si suprimimos esas elecciones, en las cuales es parte tan singularmente interesada el gobierno, e imponemos el principio de que el gobernante saliente no podrá volver al poder sino después de ocho años, es indiscutible que estamos obligando al Presidente de la República, por falta de interés directo en los procesos electorales, que tiene que supervigilar, a dar elecciones muy limpias. Es de suponer que hay más probabilidad, infinitamente más, que un Gobernante verifique elecciones de esas características si en ellas no tiene ningún interés, que si las hacemos, en circunstancias tales en que obligadamente tiene que jugarse un interés primordial suyo. Sufre más la independencia de la Asamblea Legislativa manteniendo las elecciones cada dos años. Se le permite al Presidente de la República la escogencia, con discreción, quizás, de los candidatos a diputados de su partido. Le otorgamos una nueva posibilidad de intervención en la integración de la representación popular, ya que la primera la tuvo cuando era simple jefe o candidato de un partido. En nuestro país el que es diputado por una deferencia del candidato a Presidente o del Presidente de la República, siente que debe corresponderle y lo hace identificándose con las tendencias del Gobernante a costa de la saludable independencia que debería haber entre uno y otro de los dos Supremos Pode- res. Eso es lamentable pero es una realidad. Dije que ojalá las cosas fueran diferentes, pero la aspiración de que así no deban ser es algo insuficiente para que dejen de serlo. Se estarán quizás empezando a diluir las llamadas “lealtades políticas” al Gobernante, cuando llega un buen número de diputados, en virtud de las elecciones de medio período, a reforzar esas dañinas “lealtades” y hacer prevalecer en la Cámara las gratitudes de los diputados llamados “oficialistas” hacia el Presidente de la República.
Ayer el estimado compañero Facio Brenes en su esfuerzo para hallar argumentos a favor del mantenimiento de las elecciones bienales, me ofrecía justamente razones para reforzar el punto de vista que vengo sosteniendo. Nos hizo importantes referencias del régimen parlamentario y del régimen presidencialista. Pero de todo aquello que él conceptúa como conclusiones en pro de su tesis, encuentro que favorece la que él trata de combatir. En naciones o pueblos que viven el régimen parlamentario, la consulta con ritmo más o menos frecuente es saludable y necesaria por cuanto un cambio en la opinión nacional determina una variación en la integración del Parlamento y, consecuentemente, una transformación del Gobierno. Es decir, que un mal gobierno puede ser obligado a acortar su duración. ¿Sucede lo mismo en un régimen presidencialista? Seguro que no. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, el gobernante sigue adelante hasta cumplir con el período de cuatro años que le marca la Constitución. No logrará, una oposición en la Cámara Legislativa, abreviar la permanencia del gobernante en el Poder. ¿Cuál es la virtud que tienen entonces las llamadas elecciones de diputados? Se me va a decir que mediante ellas se pude lograr que un bloque de Diputados oposicionistas frene al Poder Ejecutivo.
Analicemos el punto. Hago la concesión a quienes tal tesis invocan, de que el Poder Público otorgue una libertad electoral “químicamente” pura. Supongamos a la vez, que el Gobierno pierde las elecciones. ¿Qué sucede? Ya indiqué que el régimen sigue adelante hasta cumplir los cuatro años. Lo que indudablemente ocurrirá será un verdadero pugilato entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que nadie me discutirá que a quien daña más intensamente es al país. No hay duda que a partir de ese momento, en que una mayoría oposicionista domine la Cámara Legislativa, y estando relativamente próxima la campaña presidencial, lo que se jugará en el seno de la Asamblea Legislativa serán pasiones eminentemente políticas. El criterio que guiará a esa mayoría adversa al gobierno, será el de obstruccionar la marcha del Poder Ejecutivo. No serán los superiores intereses de la República los que orientarán los debates de la Cámara, sino las posibilidades electorales de determinado sector político.
Aún en la eventualidad de que el Poder Ejecutivo se cruzara de brazos frente a las elecciones de medio período y fuera derrotado, el valor, en la práctica de ese triunfo será relativo. No hay que olvidar, que ante cualquier esfuerzo de esa mayoría que tendiera a “amarrar las manos” al Poder Ejecutivo, podría ser anulado en virtud de la facultad constitucional del veto que le asiste. Vetando todos los proyectos de ley, podría el Presidente de la República anular en gran parte los efectos de una derrota de su política en la campaña de medio período. No se me refute con que esa posibilidad no la tendría el Poder Ejecutivo en el caso de que sus adversarios políticos tuvieran los dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, ya que sería más que ilusorio admitir que la derrota fuera tan contundente como para que el gobierno casi no obtuviera curules a medio período.
Señalo con lo expuesto que el valor de las elecciones bienales, no es el que le han atribuido un grupo de señores Representantes. En la hipótesis de una amplísima libertad electoral, el panorama del país no variaría mayor cosa, a no ser en sentido negativo, si al gobierno se le derrotara en los comicios. Pero lo real, lo verdadero, lo que la práctica ha demostrado, es otra cosa; que el gobierno nunca ha perdido esas elecciones.
Se ha dicho que el Tribunal Nacional Electoral y el Código Electoral impedirán que el Poder Ejecutivo siga interviniendo en los comicios. Es natural, que la nueva organización electoral evitará que el Presidente de la República intervenga en los procesos electorales en la forma torpe y grotesca, como lo hicieron Picado y Calderón. Pero eso no será suficiente; el Poder Ejecutivo tiene mil formas para intervenir en las elecciones; tiene a su alcance numerosos recursos para influir. Aunque el camino de conquistarse a los pueblos ofreciéndoles puentes y caminos, está trillado, no obstante y desgraciadamente, hace mella en el espíritu de las gentes. Con el Código Electoral no se pueden contener actividades de tal índole. El partido gobernante está permanente y constantemente organizado y funciona en toda la República por medio de los personeros de la Administración Pública, especialmente autoridades, y actuando en forma subrepticia e inteligente, influye efectivamente en los resultados finales de los comicios. Los partidos de oposición quedan, en las elecciones de medio período en manifiesta inferioridad de condiciones y vienen por lo general a imprimirle sello de legitimidad a lo que no lo tiene, rigurosamente hablando.
Se ha alegado que las elecciones cada cuatro años, dañan a las minorías, y que un partido organizado en escala provincial, no podrá ir a las elecciones presidenciales, si no presenta un candidato a la presidencia. Lo segundo no es razón para defender las elecciones bienales sino para propugnar una reforma al Código Electoral. Sin embargo, ya está garantizada en ese Código la posibilidad de partidos provinciales.
Se ha pretendido aquí, con habilidad, tocar la delicadeza de los representantes que pertenecemos al partido Unión Nacional, al decirse que estamos garantizándole al señor Ulate un Congreso de amigos, sin oposición. La inquietud al respecto debe desvanecerse con sólo pensar que dentro de unos cinco meses se harán en el país elecciones; ya la prensa ha informado de las actividades del Partido Republicano Nacional, y de seguro que pronto empezará a organizarse para las elecciones próximas. Don Otilio Ulate tendrá, entonces en la Cámara, oposición; el argumento por lo tanto, no tiene consistencia.
Paso a demostrar, que las elecciones cada cuatro años favorecen a las minorías y que contrariamente, las de medio período, las perjudican. Pongo como ejemplo, el caso de Heredia. Hay doce mil ciudadanos inscritos. En las elecciones cada cuatro años, se elegirían, supongamos, seis Diputados; el cociente será de dos mil y el subcociente de mil. Así las cosas, si hay en mi provincia un partido minoritario, con mil votantes, sacará en las elecciones cada cuatro años un Diputado. Veamos ahora si las hay cada dos años. Habrá que dividir la representación en dos; cada dos años se elegirán dos Diputados. El cociente será de cuatro mil, y el subcociente de dos mil. El partido minoritario a que antes me referí y que sólo mil votos tiene, no podría obtener puesto en el Congreso.
Se aduce que el partido con candidato a la presidencia está en situación privilegiada ya que, dado el temperamento arribista del pueblo, éste se sentirá atraído por los partidos con candidatos presidenciales, con evidente perjuicio de los partidos sólo provinciales. Aparte de que tal fenómeno vendría a ser parte de lo llamado “voluntad popular”, cabe pensar que si en circunstancias en que aun no se sabe quién va a ser el Presidente de la República se dice que el pueblo se sentirá atraído por la simple posibilidad de que el candidato de uno u otro partido vaya a triunfar, con perjuicio de los partidos que no tienen candidato presidencial, ¿cómo se sentiría de atraído ese pueblo a medio período cuando sepa que el candidato a diputado es el escogido, no ya por el candidato a la presidencia, sino por el propio Presidente de la República? Sabemos bien que ha habido y seguirá habiendo las llamadas candidaturas “oficiales” de diputados. Esa circunstancia, inadmisible y lamentable en un sistema democrático, pero al fin una realidad, será factor poderoso de triunfo para determinados políticos cuando de elecciones de medio período se trate.
Para defender la tesis de las elecciones bienales, se ha incurrido en el error, producto de la ofuscación del momento, de menospreciar otros recursos de que se sirve la ciudadanía para significar su desaprobación hacia un gobierno. Se ha menospreciado la fuerza que tienen la prensa, las organizaciones cívicas (obreras, estudiantiles, femeninas, etc.); la radio, etc., para superestimar el recurso parlamentario. No dudo de la importancia de éste. Pero no lo acepto como único. Oportuno es traer a la memoria de los señores Representantes lo que tales recursos significaron para el régimen de los ocho años. La diputación entonces de Oposición batalló infatigablemente en todo momento. Sin embargo, muchos de los empeños, para no decir que todos, si hubieran estado solos en la vida nacional, se habrían perdido. Tengo frescos los episodios del gran movimiento ciudadano que terminó con aquel atropello a las instituciones democráticas, que se llamó “la reforma electoral”. Encomiable la labor de la diputación oposicionista, pero habría sido estéril si la radio Titania no hubiera vibrado incesantemente como lo hizo; si “Diario de Costa Rica” no hubiera hecho la intensa campaña que entonces realizó; si los desfiles de la ciudadanía no se hubieran producido y si la voz de los estudiantes no se hubiera hecho oír y si las mujeres no hubieran adoptado la organización brillante que a ese propósito tomó y que hoy lleva como nombre la fecha en que aquella malhadada reforma quedó definitivamente sepultada: Mujeres del Quince de Mayo. Injusto es entonces atribuir a un solo sector la fuerza para contrarrestar los efectos de un mal gobierno.
El principio del fin del régimen caldero-comunista, es indudable, lo representa la huelga de brazos caídos. Muy poco hacíamos en la Cámara quienes formábamos la fracción Oposicionista, en aquellos tiempos en que había una mayoría dócil, que votaba sin escrúpulo lo que ordenara su cabecilla. Se sintió la necesidad de actuar en la calle y la ciudadanía dispuso y mantuvo esa hermosa, como nunca vista, señal de protesta. La huelga de brazos caídos se habría producido aún en el caso de que la Oposición no hubiera tenido voceros en el Congreso Constitucional. Recuérdese también la llamada campaña de “bolsillos cerrados” dispuesta por todos los contribuyentes, que significó un serio golpe para el régimen calderocomunista.
Es indudable que cuando la ciudadanía siente la necesidad de hacer sentir su protesta frente a un gobierno desenfrenado e inescrupuloso, no sólo puede hacerlo con los voceros parlamentarios. Existen mil formas diferentes para lograrlo.
Recuérdese cuando el Presidente Cortés propuso a la Cámara el arreglo de límites con la República de Panamá. Era probable que el arreglo prosperara en el Congreso; había el número de diputados suficiente; sin embargo, fue la opinión pública, a través de desfiles, de la radio, de la prensa, etc., que logró detener lo que consideraba inconveniente para el país.
Es curioso observar que en esta oportunidad, algunos señores Diputados, superestimen la significación de los voceros parlamentarios y subestimen todos los otros recursos que la ciudadanía tiene para hacerse sentir y oír del Poder Público.
Digo que es curiosa esa actitud hoy, por cuanto hace algunos años, varios de ellos, que hoy son miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, abogaron ardorosamente porque los diputados oposicionistas electos a la mitad del régimen de don Teodoro Picado, no vinieran a la Cámara. Si tan significativa consideran hoy la acción parlamentaria de oposición al gobierno, no me explico por qué motivos en aquella ocasión, cuando más urgía quizás la presencia de esos diputados, se mantuvo la tesis de la inasistencia. No debieron considerar que fuera tan decisiva esa presencia; no hay duda que confiaron en otros expedientes a que acudir, como acudió, la ciudadanía para preparar el derrumbe del régimen oprobioso de los ocho años. En esta tarde, en cambio, muchos de quienes participaron en la oportunidad citada de esa creencia, nos sostienen que es de vital importancia para la vida democrática del país las elecciones bienales, ya que los Diputados que se elijan, vendrían a significar la única posibilidad digna de tomarse en cuenta, para luchar contra un régimen político que fuera camino del extravío. Se combate la tesis de las elecciones cada cuatro años con el recurso de que, en tal forma, los gobernantes del futuro no tendrán oposición en la Cámara Legislativa. El argumento no puede ser más frágil. Las oposiciones parlamentarias a un gobierno no sólo pueden ser producto de las elecciones bienales. Fácilmente se puede observar que ella es segura en las elecciones de cada cuatro años.
Al triunfar un candidato presidencial, no va a llenar la Asamblea Legislativa con diputados exclusivamente de su partido. Lógico es pensar que el candidato o partido derrotado en las elecciones presidenciales, obtendrá puestos en la Cámara; si a eso sumamos las curules que alcancen los partidos inscritos en escala provincial, llegaremos a la conclusión de que todo régimen, con elecciones cada cuatro años, forzosamente tendrá la necesaria oposición en el cuerpo Legislativo.
Con un criterio habilidoso se han citado aquí las Constituciones americanas en que la renovación parlamentaria se produce totalmente, haciéndolo coincidir con países de gobiernos despóticos. No sólo, señores Diputados, donde hay una dictadura establecida, hay la renovación total. La cita es desafortunada. Hay regímenes de reconocido corte democrático que también tiene la renovación total cada cinco o seis años. Tales los casos de Guatemala, Venezuela, Panamá, cuyas Constituciones son modernas. En cambio hay pueblos que sufren una indiscutida dictadura y sin embargo, sus Constituciones tienen la renovación parlamentaria cada dos años: Argentina, el Perú, para citar sólo dos.
Ninguna relación guarda la renovación parlamentaria cada dos o cada cuatro años, con las características de un régimen democrático. Puede haberlo, haciéndose esa renovación cada cuatro años y también cada dos años. Así lo he demostrado esta tarde al citar Constituciones de países reconocidamente democráticos cuyas Cámaras se renuevan totalmente cada cinco o seis años. Tan no es de esencia el punto, que ya demostré cómo en regímenes indiscutiblemente antidemocráticos, la renovación se hace cada dos años.
El compañero Chacón Jinesta ha dicho que como en este debate se ha invocado, como una de las razones para la supresión de las elecciones bienales, la efervescencia en que vive el país, habría también que suprimir las elecciones presidenciales para evitar tales agitaciones. Ridícula es la conclusión del estimado compañero. Para él, es la misma cosa poner a dieta un enfermo que dejarlo sin comer. Lo que hemos expresado es que ya resulta excesiva la agitación electoral en que ha vivido Costa Rica y que es necesario ir poniéndole medida al problema. Hemos abogado, permítaseme la expresión, por poner a dieta el país para tratar de lograr su curación de ese mal que padece y que se llama “politiquería”. El asunto es bien diferente, con esa base, es decir que también se deberían suprimir las elecciones presidenciales.
El estimado Representante señor Acosta Jiménez entró a analizar la encuesta recién celebrada por el Partido Unión Nacional que buscaba apreciar si la supresión de las elecciones bienales, tenía la aprobación e improbación de ciudadanos apartados de los ajetreos políticos y que en cada lugar del país significan más o menos los elementos representativos de los pueblos. Don Otón manifestó que la tal encuesta no le merecía confianza; le resta significación. Agregó que esta supresión no constituía una tesis prohijada por el partido Unión Nacional. Que está en capacidad plena de hacer esa aseveración. No entro a analizar ese aspecto de la exposición del señor Acosta Jiménez. Pero si las cosas afirma él que son así, no me explico por qué motivos sostiene a punto y seguido que los interpelados sí la tomaron como una tesis de partido y que bajo la influencia de la circunstancia, de suyo decisiva, según él afirmó, de que es un partido que va pronto a asumir el gobierno, no quisieron, esos interpelados responder en una forma que pudiera ponerlos en mal pie con los directores del Partido Unión Nacional. La contradicción del estimado compañero es flagrante. Afirma que no es tesis de Partido pero dice que fue tomada como tal. A más de contradicción, existe audacia en el señor Acosta Jiménez al levantarse a afirmar que los interpelados la tomaron como tesis de Partido y que respondieron con un criterio oportunista. Agrega don Otón que los resultados de la citada encuesta no podían ser otros, ya que los interpelados fueron puestos frente a los hechos consumados cuando la institución, dice él, ya estaba mutilada. El argumento no puede ser más inconsistente. Piense don Otón y vean los señores Diputados que la eliminación de las elecciones bienales no está del todo resuelta por cuanto justamente estamos aún debatiendo el punto, de tal suerte que del resultado del debate de esta tarde depende si ellas se mantienen o se suprimen. Está el señor Acosta Jiménez haciendo un esfuerzo grande por hacer triunfar su tesis. Si el problema estuviera ya liquidado, no tendría objeto el largo debate en que estamos envueltos. Sin embargo, creo que si las cosas fueran como explica don Otón, quizás constituya un argumento más a favor de nuestra tesis y, en consecuencia, uno más contra la suya. Digo esto porque todas aquellas veces que se ha tratado de hacer desaparecer una institución o de imponer un punto de vista contrario al sentir general, el pueblo se ha erguido y, o ha evitado que el atropello se perpetrarse, o si consumado, con más energía, se ha levantado para obligar a hacer marcha atrás al Poder Público. De ello hay numerosos ejemplos. Cuando el Licenciado Cortés Castro, caso ya citado, quiso efectuar el arreglo limítrofe con la República de Panamá, el pueblo que no quería tal arreglo, hizo retroceder al gobierno. Cuando el Congreso anterior pretendió dar un golpe de muerte al Tribunal Supremo Electoral, limitándole su presupuesto, la ciudadanía se lanzó a la calle en defensa de esa institución. Cuando treinta y tres Diputados firmaron la reforma electoral, todo Costa Rica vibró de indignación y los gobernantes irresponsables de entonces, retrocedieron en sus pretensiones de apuñalar la democracia nacional. Recientemente lo hemos visto, al aprobarse la condición de pertenecer al estado seglar, como condición para ser Diputado. La Asamblea ha recibido mensajes pidiendo el restablecimiento de la situación constitucional anterior en cuanto a ese particular.
Cosa bien diferente ha sucedido con la supresión de las elecciones bienales. No ha llegado al seno de la Asamblea un mensaje de desaprobación. La prensa del país no ha presentado un solo editorial condenando la medida. Los periódicos no han llevado a la ciudadanía la voz de costarricenses distinguidos que estén contra la iniciativa. Han aparecido artículos de muy apreciables costarricenses, pero han sido tan escasos que voy a dar los nombres de ellos; don Eladio Trejos, don Fernando Lara, don Otto Cortés; además de uno de don Otón Acosta, y otro de don Carlos Monge, cuyos criterios ya eran de sobre conocidos por haberlos expuesto en el seno de esta Cámara. Es de presumir que si la institución de las elecciones bienales estuviera tan arraigada en el alma nacional y que si su eliminación representara un atentado a las libertades públicas y una amenaza mortal al sistema democrático costarricense, como aquí se ha dicho hasta la saciedad, el pueblo costarricense se habría levantado, pletórico de entusiasmo cívico, como lo hiciera en las otras oportunidades citadas anteriormente.
Hay que convencerse entonces, que la medida adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente ha tenido la aprobación tácita del pueblo costarricense.
Objeta don Otón la calidad de las personas consultadas, diciendo que por la circunstancia de ser todas miembros del Partido Unión Nacional, se han adherido a lo resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente en la cual predomina el número de representantes de dicho partido. No es rigurosamente exacta la afirmación del estimado compañero. Si él indagara sobre el particular, hallaría que hay bastantes de ellas que pertenecieron y pertenecen a otros sectores políticos de los que formaron la pasada Oposición. De toda suerte, aún en el evento de que las afirmaciones de don Otón fueran en su totalidad exactas, cabe advertir que esas personas fueron los ciudadanos valientes y honrados que en cada pueblo de Costa Rica sirvieron a la causa nobilísima de la liberación nacional, enfrentándose valientemente a las fuerzas gobiernistas; es de presumir, en consecuencia, que los juicios que ellos emitan tienen que ser producto de una reflexión desinteresada y honrada. Si en la pasada lucha supieron colocarse en los dominios de la decencia y del desinterés, también lo harán hoy en que las circunstancias han variado totalmente. Cualquier opinión que emitan, no será el resultado de una impropia consecuencia política, ni un afán de congraciarse con determinados elementos del partido Unión Nacional.
Se nos ha refutado el argumento, para favorecer la tesis de la supresión por nosotros sustentada, que el cansancio que hoy se nota en el pueblo por los ajetreos político-electorales, es circunstancial, es pasajero, y se debe a la proximidad de los últimos comicios celebrados. Pienso que esa resistencia popular hacia las elecciones cada dos años es cosa vieja. Se ha notado en la poca importancia que los pueblos dan a las llamadas elecciones de Diputados. Se hace difícil hallar quien quiera servir los obligatorios cargos que la legislación electoral pone sobre los hombros de la ciudadanía. Notorio ha sido el desinterés por esos comicios; prueba de ello es que una de las razones de más peso que se adujeron para hacer obligatorio el voto, fue el escaso número de ciudadanos que concurría a las urnas electorales a mitad del período. Véanse las diferencias sensibles que hay en la cantidad de votos emitidos en las elecciones presidenciales y en las de medio período. Ese estudio comparativo demostrará que son por miles los electores que se alejan cuando las elecciones de sólo Diputados se trata.
Señores Diputados: quiero terminar recordando que hace poco tiempo pasó una medida, casi por unanimidad, y acompañada de un general asentimiento ciudadano: la no reelección de los Diputados. Sostengo que si restablecemos las elecciones bienales, lo único que estamos haciendo es quitarle efecto a esa medida y, hasta cierto punto, burlando lo que parece haber sido un sentimiento muy extendido en el pueblo. Nada habremos logrado sobre el particular, si permitimos, que un Diputado pueda volver al Congreso dos años después de salido. Prácticamente lo que hay es una reelección. Es en esas elecciones de medio período cuando se cotizan las clientelillas politiqueras. Por la apatía de las gentes, se permite que se logre elegir Diputado con un número muy bajo de votos.
Si antes estaba con la supresión de las elecciones cada dos años, hoy me siento más firme en mi punto de vista por cuanto seguro estoy que la gran mayoría del pueblo costarricense mira con simpatía la medida tomada.
DISCURSO del Diputado Licenciado don Fernando Volio Sancho.
Señores Diputados: Al discutirse en esta Asamblea el precepto constitutivo cuya revisión he solicitado, dije que esa disposición, por carácter excepcional, era odiosa y antidemocrática, y que de aprobarse, iba a suscitar una lucha religiosa en el país, como secuela inevitable. No andaban muy lejos mis previsiones, pues desde el punto y hora en que la Cámara tuvo a bien prohibir que los sacerdotes católicos formasen parte de las Asambleas Legislativas del futuro, se agitaron los ánimos y se hizo sentir el vehemente repudio a dicha medida, de parte de la gran mayoría de la opinión pública, por considerarse, y con sobrada razón, que ella rebaja la majestad de la Iglesia Católica, ofende la dignidad de sus Ministros y contraría el sentir general del pueblo costarricense.
La prohibición en referencia es, además, arbitraria e injusta, al crear una clase de ciudadanos -los Sacerdotes-, con capacidad limitada para el ejercicio del sufragio, como si su noble investidura debiese privar de los atributos cívicos fundamentales a los Ministros de la Iglesia. La adopción de esa medida pareciera obedecer, según se desprende de lo que ha expuesto el señor Representante Zeledón Brenes, a una mal disimulada hostilidad contra los altos dignatarios eclesiásticos, a quienes se cobra, sin duda alguna, pasados errores de trascendencia meramente política, que nunca pudieron ser motivo justificado de ataque contra la causa misma de la cual son ellos personeros.
De acuerdo con elementales principios democráticos, tienen derecho a ocupar cargos representativos, de elección popular, todos los costarricenses que, además de serlo, reúnan los requisitos que la Constitución y las leyes han de exigir en consideración únicamente a la capacidad moral, intelectual y cívica de quien aspire a ejercer representación tan honrosa, de tal manera que el Sacerdote costarricense que posea esos requisitos, debe estar en igualdad de condiciones a cualquier otro costarricense para ser electo Diputado. Creo, señores Diputados, que nadie podría demostrar lo contrario con razones de suficiente peso.
Se ha dicho aquí que no hay sindéresis en la argumentación de quienes sí encontramos justificado que se exija pertenecer al estado seglar para el desempeño de la Presidencia de la República o de un Ministerio de Gobierno, y en cambio no admitimos que se impida a los Sacerdotes el acceso a la Asamblea Legislativa. Los que tal piensan, incurren en notorio error, ya que las personas que sirvan aquellas elevadas posiciones sí podrían ejercer, en forma singular o individual, una poderosa influencia en la vida política y administrativa del país; el Presidente o los Ministros les imprimen a sus cargos el sello de su propia personalidad. Muy distinto es el caso del Diputado, que en la Cámara es sólo uno entre cuarenta y cinco representantes, de tal manera que su opinión o su voto resultan impotentes -al menos así suele suceder en la generalidad de los casos-, para determinar las decisiones de la Asamblea, cuerpo colegiado y deliberante.
Privar a los Sacerdotes de la plenitud de los atributos del sufragio, sería inferirles el gravísimo y gratuito ultraje de equipararlos a individuos subnormales -como los imbéciles, locos y delincuentes-, quienes por motivos que nadie osaría poner en duda, sí deben estar impedidos para el ejercicio del sufragio. Tanto más absurda e irritante es la prohibición de que hablo, cuanto que ella perjudica únicamente a los Sacerdotes católicos, excluyendo, con manifiesta parcialidad, a los Ministros de otros cultos, por ejemplo, al rabino judío o al pastor protestante, que sí podrían ser electos Diputados, razón de más que explica ampliamente el malestar profundo que ha causado en la opinión católica del país el precepto que deseamos se elimine de nuestra Carta Fundamental. Los personeros del pueblo costarricense, tradicional y fervorosamente católico, no podemos mostrarnos insensibles a las demandas de nuestros representados, que piden y exigen se restituya a los señores Sacerdotes los derechos que les han sido arrebatados.
En muy contadas Constituciones de América se han creado impedimentos para el ejercicio de funciones públicas por parte de aquellos que, siendo ciudadanos, son a la vez Ministros de algún culto, y en las Constituciones en que sí existen, los impedimentos son de carácter general y no particular, como es el que aquí quiere dejarse establecido.
La presencia de Sacerdotes católicos en nuestra Cámara Legislativa nunca ha significado el peligro que algunos suponen, juzgando las cosas con pasión y parcialidad. Por el contrario, los hechos nos demuestran que los Sacerdotes han sido elementos útiles, por su cultura y dotes morales e intelectuales, en el seno de la representación popular. Sobre este punto, el distinguido Diputado señor Jiménez Quesada -con todo y ser, según su propia y franca manifestación, el único ateo auténtico entre los señores Constituyentes-, nos recordó las actuaciones patrióticas y brillantes que tuvieron en la política nacional Sacerdotes costarricenses de preclara memoria.
Yo creo, señores Diputados, que estamos obligados a hacer la rectificación que nos pide el pueblo costarricense, pues de lo contrario incumpliríamos el mandato que ese mismo pueblo nos diera para actuar conforme a sus aspiraciones y no en contra de ellas. La moción de revisión ha de contar, por consiguiente, con el apoyo de la mayoría de la Asamblea, pues sólo así ese grupo podría actuar en ejercicio legítimo de la altísima representación que le ha sido confiada.
Por mi parte, señores Diputados, al proponer y apoyar la revisión, me siento satisfecho de haber cumplido, en la medida de mis capacidades, los deberes que me imponen mi investidura de Constituyente y mis convicciones religiosas.