Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 120

Nº 120.- Centésima vigésima acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del día veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Marcial Rodríguez. Presentes los señores Diputados, Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Montiel, Jiménez Núñez, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Arias, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Guido, Madrigal, Solórzano, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, y los suplentes: Rojas Espinoza, Chacón, Jiménez Quesada, Lobo y Morúa.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- Se continuó en la discusión de la consulta planteada a la Asamblea Nacional Constituyente por el Tribunal Supremo de Elecciones. En relación con este asunto, en la sesión anterior el Representante Arroyo había dejado planteada la siguiente moción:

“Para que se manifieste al Tribunal Nacional Electoral que, a tenor del artículo 78, inciso 3) de la Constitución promulgada, corresponde a dicho Tribunal interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral”.

El Representante ZELEDON se refirió al punto en debate en los términos que se publican en “La Gaceta”. Como en el curso de este debate se ha dicho en términos altisonantes que quienes adversamos la extraña tesis de que se puede abrogar una disposición constitucional, firme de toda firmeza, agregándole un transitorio interpretativo y casuístico, procedemos por móviles inconfesables, reclamo para mí el derecho para rechazar tan injustificable cargo, de recordar que mi actitud respecto a la Junta que nos gobierna ha sido de conciliación y de simpatía desde mis primeras intervenciones en esta Asamblea.

No puedo tener razones inconfesables para oponerme a esta nueva pretensión de la Junta Gubernativa, quien ha declarado públicamente que la obra titánica de la resistencia armada, no más peligrosa que la de la lucha cívica que le dio posibilidad, es una obra de temerarios por no decir de locos y que esa condición psíquica que los impulsó hacia la montaña no la improvisaron para aglutinarse en torno de un hombre que alzó bizarramente la bandera de la revolución. No, esa posición espiritual del arrojo y del desprecio a la vida, inherentes en ellos, exacerbada, desde luego, por las actividades de la lucha, persiste en sus temperamentos de lo cual tenemos ya sobradas pruebas, lo cual nos obliga a tener respecto a ellos la mayor benevolencia, pero al propio tiempo la más estricta prudencia para defendernos de sus frenéticos impulsos. No puede abrogar móviles inconfesables quien como yo viene a este recinto casi a rastras a cumplir un deber cívico y ha declarado su apoyo sincero a las principales medidas gubernativas que tan injustas censuras han traído sobre la actuación de la Junta Gubernativa. Me refiero a la nacionalización de la Banca y al 10% sobre el capital, medidas que estimo indispensables, no como innovaciones definitivas y permanentes, sino como trabajos preliminares de descuaje del bosque y la maraña milenarias, sobre los cuales pueda efectuarse el nuevo sembradío. Del mismo modo, pecan de absolutamente injustos los reproches que se dirigen a esta Asamblea de beligerancia contra la Junta de Gobierno, después de haberse esta Asamblea allanado a veces con excesiva cortesía a las concesiones que le han sido solicitadas, no obstante los fuertes ataques de que es objeto de parte de la mayoría de los integrantes de la Junta, cuando la Asamblea en resolución equivocada pero sincera, que yo no he compartido, se negó a aceptar como base de discusión el proyecto de Constitución Política presentado por aquella Junta. De mí sé decir que jamás se me ha hablado de maniobra alguna que diera carácter personalista a las resoluciones que ha tomado la Asamblea no obstante que en determinados casos quizás se justificaba una intervención defensiva de los Representantes de la Soberanía Nacional. Sin eufemismos de ninguna especie, he de enumerar en esta oportunidad los casos en que el país ha podido ver una resolución de la Junta Gubernativa de conservar el poder conquistado, pasando sobre el único verdadero objetivo de la revolución: la libertad de sufragio.

1º.- Declaraciones abiertas de gran parte de los ex-combatientes a su regreso a la capital en las cuales desconocían el derecho del señor Ulate a ocupar la Presidencia de la República, declaraciones que simultánea e imprudentemente repetía en Washington el Secretario de nuestra Embajada.

2º.- El llamado Cardonazo, fenómeno que ha quedado en el misterio bajo el manto de un extraña amnistía otorgada prematuramente antes de fenecido el proceso respectivo que hubiera dado al país el conocimiento exacto de cómo se incubó el fenómeno cuyo anuncio fue el pronunciamiento público y cuáles todas las personas que en él intervinieron.

Nótese, ya que el santo y seña dentro de los cuarteles sublevados era ¡Viva Ulate! y que luego se abstuvo de éste, por una de esas complacencias inexplicables que a muchos hacen pensar en la existencia de una tremenda amenaza, que tomara iniciativa para solicitar insólita amnistía. 3º.- La proposición para romper el artículo constitucional recién promulgado por medio de un transitorio que permita al actual Jefe de la Nación y a varios de sus Ministros intervenir como candidatos en las próximas elecciones, dejando en el Gobierno parte principal de sus actuales componentes. Pero la benevolencia que yo he propugnado desde el principio, que nos ha llevado a secundar muchas de las inexplicables complacencias del señor Ulate no debe ni puede arrastrar a la Asamblea Constituyente a consentir en que sea violada, al nacer no más la nueva Constitución de la República. Sin entrar en disquisiciones legalistas que suelen llevar a lamentables confusiones, yo me atengo al sentido moral de las disposiciones constitucionales que se trata de destruir. Ya es sabido, y aquí lo hemos evidenciado, que la moral y la ley no siempre van del brazo.

¿Para qué se dispuso que no puedan ser postulados a Vicepresidentes y Diputados quienes hayan ejercido funciones gubernativas hasta los seis meses anteriores a la fecha de la postulación? El sentido común responde: para evitar que esos candidatos puedan ejercer las influencias de sus cargos en beneficio de sus candidaturas. Más claro, el agua. ¿Por qué entonces se va a permitir que al comenzar no más a regir la Constitución que tan sabias medidas consagra para evitar que volvamos a los tiempos de la ignominiosa política que en hora dichosa derribaron los esfuerzos de Figueres, de Ulate y del pueblo entero de Costa Rica que los secundó, vuelvan a entronizarse en el país?

Permitir eso ahora, no sería proceder como esos católicos de pega que se entregan a todo género de excesos la víspera de irse a confesar. El artículo constitucional que nos pone a salvo de volver al despeñadero de la dictadura es tan claro que no requiere interpretación ni aclaración siquiera. Llego hasta pensar que la conducta del Tribunal Electoral es irrespetuosa para esta Asamblea: ¿No estará bromeando?

No, señores Diputados, nuestra resolución es clara y debemos mantenerla venga lo que venga. No nos detengamos ante la perspectiva de un mal mayor para el país. Qué mal más grande podría sobrevenirnos, que el de una incapacidad de la Asamblea electa por el pueblo para formular su nueva Constitución, para garantizarle a ese pueblo ansioso del derecho fundamental de la libre elección de sus mandatarios.

Y saquemos nosotros con nuestras propias manos la brasa que otros no se atreven a tocar, o devolvamos al pueblo las credenciales con que nos honró y volvamos a nuestros hogares con las almas llenas de amargura pero con la conciencia limpia de sombras de ignominia y de servidumbre.

El Diputado González Herrán expresó que el asunto en debate era de tanta importancia que se encontraba en la obligación de verter su opinión al respecto. El punto, en su concepto, lo ha establecido muy bien don Fernando Baudrit al decir que la Asamblea ha perdido la facultad para interpretar el texto constitucional en materia electoral, para traspasársela al Tribunal Supremo de Elecciones. De acuerdo con el artículo 78, inciso 3), le corresponde al Tribunal, en forma obligatoria y exclusiva, la interpretación indicada. Añadió que el artículo 108 tal y como quedó redactado no merece la menor duda. Además, en virtud del Decreto de la Asamblea que envió al Tribunal los capítulos aprobados de la nueva Constitución, se estableció que los mismos estaban definitivamente aprobados en cuanto al fondo. Eso quiere decir que la Cámara no puede ya introducir ningún cambio que afecte el fondo de esas disposiciones. En vista de las facultades amplísimas otorgadas al Tribunal, éste no ha tenido razón para interpelar a la Asamblea sobre el punto que le compete exclusivamente. Indicó luego que estaba de acuerdo con la moción del Diputado Arroyo. Sin embargo, para que luego no se diga que él evade sus responsabilidades, pasó a expresar su punto de vista en relación con la interpretación planteada. La ley debe cumplirse -dijo- y nosotros debemos ser los primeros en cumplirla y hacerla cumplir. ¿Pueden ser los miembros de la Junta Candidatos a Vicepresidentes y Diputados? ¿Es eso democrático y admisible? Por un lado, los miembros de la Junta no tienen por qué presentarse a elecciones mientras una parte de ellos se mantenga en el poder. Costa Rica ha avanzado suficientemente en las prácticas democráticas para aceptar que quien ejerce el mando puede ser promovido a una elección subsiguiente. La lucha no es de ahora en ese sentido. Se ha entablado en nuestro país desde hace muchos años. La misma Constitución de 1871 prohibía la reelección sucesiva del Presidente de la República. Sin embargo, el Expresidente Yglesias Castro en 1897 se propuso introducir una reforma constitucional para dejar abierta la posibilidad a su reelección, derogando el principio saludable y democrático de la vieja Constitución. Dichosamente el principio volvió a incorporarse a nuestro texto constitucional en 1903, cuando durante la Administración de don Ascensión Esquivel se presentó la reforma constitucional. Del mensaje que dirigió don Ascensión Esquivel al Congreso el 1º de mayo, el Representante González Herrán leyó los conceptos siguientes: “Objeto principal de varias reformas que vuestro proyecto trae es el de garantizar de modo eficaz una de las aspiraciones más ardientes sentidas por la Nación, la de la alternabilidad en el poder, principio fundamental del Gobierno democrático, transitoriamente borrado de nuestra Constitución por la reforma decretada en 1897. A más de la reelección, en ella prohíbe con justo celo en procurar la verdadera renovación del Poder Ejecutivo, que la transmisión del mando se haga a manos de parientes o del Designado en inmediato ejercicio de la Presidencia. No sólo no aduzco objeción alguna contra esas reformas sino que las acojo y las presento con verdadero interés”. Agregó que después de esa actitud de don Ascensión han pasado muchos años. Es de esperar que las prácticas de nuestro Derecho Público se hayan enriquecido con experiencias tan saludables como la del año 1903. Volvamos los ojos al pasado, pero a las experiencias que enaltecen nuestra historia. Debemos dar ejemplo y no violar los principios electorales por los cuales se peleó en la revolución pasada. No es posible quebrar desde ahora la Constitución. Terminó el orador leyendo una carta del Dr. Carlos Durán que se publica en “La Gaceta”, documento que hoy más que nunca tiene plena evidencia:

San José, 5 de mayo de 1890.

Señores Secretarios del Congreso Constitucional:

He recibido la atenta nota de esa Secretaría en que Uds. se sirven comunicarme el nombramiento que el Congreso ha hecho en mí, para Segundo Designado en el próximo período Constitucional.

Ruego a Uds., hagan presente a ese Alto Cuerpo mi profunda gratitud por el grande honor que se me ha hecho con dicho nombramiento, que para mí significa una apreciación favorable por parte del Congreso, de mi conducta durante el corto tiempo que me ha correspondido dirigir los destinos del país, pues a juzgarse mis actos de otro modo, no se me hubiera tenido en cuenta al hacer la designación.

Pero también suplico a Uds. hagan presente al Congreso, que no me es posible aceptar el honroso puesto de Designado, porque quiero ser el primero en respetar el principio democrático que prescribe la alternabilidad en el Poder, principio que juzgo no sería observado, si por algún motivo yo viniera al ejercicio del Poder Ejecutivo como Designado, durante el próximo período, una vez que lo he ocupado en el presente.

Deseo además retirarme por completo a la vida privada, que se amolda más a mi modo de ser particular, y alejar todo lo que pudiera en ocasiones normales impedirme llevar esta satisfacción sin que por esto deje de estar dispuesto a prestar mis servicios a la Patria cuando ésta se encuentre amenazada por algún peligro en cualquier puesto que ella me señale.

De Ustedes muy atento y Seguro Servidor,

CARLOS DURAN

Luego usó la palabra el Diputado HERRERO. Empezó diciendo que cuando discutió la Cámara el artículo 108 se había negado a votar la moción redactada por los señores Esquivel y Facio, ya que mantenía el criterio de que no debía volver al Poder el que lo ha ejercido; sino hasta después de ocho años. Como la moción no impedía tal cosa, se abstuvo de votarla. Posteriormente el señor Montealegre presentó una nueva fórmula, en la que se suprimió el concepto “como titular” de la anterior. Esa fórmula fue la que acogió definitivamente la Cámara. El cambio de redacción implicaba que el actual Presidente de la Junta, no podría volver al Poder, sino después de ocho años, de acuerdo con el canon constitucional. Esa fórmula -dijo- la voté, como siempre he votado todas las mociones presentadas por don Edmundo Montealegre, por considerarlo hombre digno de relevantes virtudes y fervor patriótico. En esta forma el orador se refirió a la cita que de su nombre hizo el Diputado Facio al comentar éste la sesión del 30 de mayo. Agregó que el artículo 108 tal como quedó aprobado, contiene además otra prohibición, contenida en la Constitución del 71, respecto a los que hubieren desempeñado un Ministerio de Gobierno, a lo que se exige su renuncia seis meses antes de las elecciones para las cuales ha sido postulado. Luego pasó a leer y comentar pormenorizadamente la comunicación dirigida a la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Elecciones. Si el Tribunal ha planteado una consulta a la Asamblea, estima que ésta no debe rehuir sus responsabilidades. Tiene la obligación moral de pronunciarse al respecto. Por su parte, piensa que es imposible dar paso a una candidatura de los miembros de la Junta para las próximas elecciones de octubre, lo que va en contra la letra del artículo 108 de la nueva Constitución, así como contra la propia Constitución de 1871. Agregó que no le preocupaba que el señor Figueres pudiera ser candidato en las elecciones de 1953. Si él y otra persona de su grupo obtiene el triunfo en los comicios, significará -como ya lo dijo en la sesión del 30 de mayo- que un partido minoritario, reducido, ha logrado convertirse en el partido mayoritario del pueblo de Costa Rica. En nada se perjudica el país con una candidatura del señor Figueres en 1953. Sin embargo, el deseo del señor Figueres para aspirar a la Vicepresidencia en las elecciones de 1949, no puede ser admisible, no sólo por ir contra la propia Constitución promulgada, sino por cuanto no sabemos la influencia que podrá ejercer durante la próxima administración de don Otilio Ulate. Es cierto que legalmente a un Vicepresidente no le compete ninguna atribución. Pero no debemos olvidar que el señor Figueres ha declarado que aspira a la Vicepresidencia para defender la obra de la Junta de Gobierno. Más claro no lo canta un gallo. Su deseo, manifestó, es el intervenir en el próximo gobierno, lo que no sabemos a dónde nos llevará. Terminó diciendo que estaba de acuerdo en que los miembros de la Junta pudieran ser candidatos a Diputados a las elecciones de octubre, pero de ninguna manera la candidatura a la Vicepresidencia del señor Presidente de la Junta de Gobierno. El discurso completo del Representante Herrero se publica en “La Gaceta”. El Diputado GOMEZ ROJAS habló en los términos que se publica en “La Gaceta”. Dentro del orden lógico de disciplina de la Cámara es obligado pronunciarse sobre los extremos sometidos a discusión: sea, si la interpretación del texto constitucional se confía privativamente al Tribunal Supremo de Elecciones o la hace la Asamblea por derecho propio. Antes de entrar en materia pido disculpas a la Cámara por referirme en una forma muy somera y escueta a actos de mi vida pública. Aún cuando ello me repugna, pienso que los que servimos funciones representativas, en un medio lleno de suspicacias como el nuestro, debemos desnudarnos ante el público para que éste examine todos nuestros actos. No soy un político ni lo he sido nunca, sobre todo en el sentido vulgar de la palabra que supone triquiñuelas y engañifas. He participado en los debates políticos desde que tuve uso de razón, por imperativo de mi condición de ciudadano. De las funciones públicas que he servido la más destacada fue la de Ministro durante el último Gobierno de aquel ilustre repúblico que fue León Cortés. La gloria que cubre su administración, un débil destello lo he capitalizado como la herencia más apreciada para mis hijos. Vine a la Constituyente por un azar del destino y un buen día fui sorprendido por la inclusión de mi nombre en una lista de candidatos para la próxima Asamblea Legislativa. Ese fue un gran honor y si no lo decliné de inmediato, obedeció al hecho de que lo estimé como la expresión de un buen deseo, que efectivamente murió al nacer. Pero declaro en una forma enfática que nada ni nadie me inclinará a aceptar una nominación para la que me encuentro descartado por mil razones. Mi vida discurre entre la Universidad donde sirvo una función docente y las labores de mi bufete. Cada día se renueva mi alma y se refresca mi espíritu al dictar la lección mañanera a mis discípulos. Ese milagro se produce al estar en contacto con la juventud. Luego en mi bufete completo los medios honestos para llevar a mi hogar el menester diario. Será ésta una satisfacción muy modesta, pero ella colma todas mis aspiraciones. Descartado todo interés personal paso a referirme a la moción en debate. Estimo que como lo expresa el Supremo Tribunal Electoral, es a esta Asamblea Constituyente mientras esté reunida, a la que privativamente corresponde interpretar el sentido de las disposiciones constitucionales ya emitidas por ser la fuente pura de donde ellas emanaron; pero de ello no hago cuestión porque pienso que con igual acierto, con más serenidad y con jurisdicción propia, puede, el Tribunal Electoral dar tal interpretación. Abordando la cuestión de fondo, afirmo que estuvo en la mente de la gran mayoría de los Constituyentes en la sesión del 30 de mayo de este año, poner a cubierto a los miembros de la Junta Fundadora de la Segunda República, de las prohibiciones que para ser electos por el pueblo los pudieran comprender. Posteriormente, fue una sorpresa en la que no estuvo nunca el pensamiento de la Cámara, se eliminó un concepto, que vino a dar a la disposición constitucional un carácter prohibitivo que comprendía a los miembros de la Junta. Yo me atengo a lo que fue el pensamiento de la Asamblea en el primer momento, y lo que fue mi propio pensamiento. Pienso también que tales disposiciones prohibitivas en todos sus alcances no pueden comprender a los miembros de la Junta, porque ello implicaría dar efecto retroactivo a disposiciones que exigen la vigencia de términos que habría que contar desde atrás. Pregunto ahora ¿qué objetivo persiguen tales prohibiciones? Ellas tienden a impedir que el Poder Ejecutivo ejerza su influencia malsana sobre la voluntad de los ciudadanos para torcerla en el sentido de sus conveniencias, a impedir también que el resultado de las elecciones se mistifique. Afirmo que si hubiera un funcionario infiel que quisiera cometer un acto de perfidia para influir en el proceso electoral, a buen seguro que lo haría en beneficio del sol que se levanta y no del sol que se pone. A estas horas el señor Ulate tiene garantizada plenamente la libre elección de los candidatos de su partido, inclusive por el cálculo interesado de muchos de los funcionarios que en el proceso electoral han de intervenir. Pero hay otro factor que tomar en cuenta: el de las personas que con carácter decisivo pudieran influir por parte de la Junta en la función electoral. Sigo creyendo en los hombres por más que cada día confronto la mezquindad humana, el desborde de las pasiones, la ingratitud en función; todo ese cuadro pavoroso que con expresión inspirada describió Rubén Darío en los Motivos del Lobo. Por más que Hobbes decía: “que el hombre es un lobo para el hombre” yo sigo creyendo en ellos. Dos hombres están en contacto inmediato en el proceso electoral; uno de ellos es Fernando Valverde el mismo que allá en San Isidro se jugó la vida por la libertad de los costarricenses, y no creo que él arranque de su sien esa corona de laurel, para lanzarla al fango convirtiéndose en un vil mistificador de elecciones. La Biblia que es el libro de la sabiduría por excelencia dice: “por sus frutos los conoceréis”, y el buen fruto de sus actuaciones lo ha dado Fernando Valverde presidiendo las elecciones más libres que la historia política de Costa Rica recuerda. Hay otro hombre que garantiza la seguridad de los costarricenses y el goce y disfrute de sus derechos ciudadanos: es Aquiles Bonilla, Ministro de Seguridad, con Aquiles Bonilla en ese Ministerio puede dormir tranquila la ciudadanía. El pertenece a esa vieja escuela de hombres de bien para quienes el cumplimiento es un rito. En mi concepto don Aquiles tiene méritos bastantes para la Presidencia de la República por su vida honesta, por su recto criterio y por la energía de su carácter. Si ello es así, cómo se podría negar por medio de un transitorio a los miembros de la Junta y concretamente a don José Figueres el derecho de ir a la llanura a defender su política de gobierno ante el pueblo, pidiéndole con tales ejecutorias una nominación. -No es esta acaso, la democracia en función-. No endoso los actos de la Junta de Gobierno. Su labor hacendaria es fundamental, no se puede enjuiciar sino, con el tiempo; reservemos a éste y a la historia su fallo definitivo. Pero lo que sí es cierto, es que Costa Rica tiene una deuda impagada con ese hombre singular. En horas de desconcierto y cuando todo se consideraba perdido, fue él quien jugándose a una sola carta su fortuna, su porvenir, su vida y la de los suyos, lanzó el grito de rebeldía en las montañas del Sur compactando y disciplinando la protesta ambiente. Fue el héroe que encauzó muchos heroísmos individuales y que completó la labor de nuestro insigne caudillo civil, restaurando las libertades públicas. Pero cumplió luego otro empeño no menos grande y para el que se necesitaba grandes arrestos: saneó de pícaros la Administración Pública e impuso la honestidad en las funciones de gobierno. Es quizá por ello que los odios más encendidos de los hombres de los ocho años, se dirigen contra él. Los que añorábamos las prácticas austeras en las funciones públicas mantenidas con sencillez por los gobernantes que habían antecedido a León Cortés y que éste convirtió en regla inexorable de su administración, veíamos con gesto acongojado cómo el virus disolvente del peculado lo invadía todo. Si don José Figueres cumplió a cabalidad esos dos grandes empeños; si atrajo para sí odios que inevitablemente habría que respetar don Otilio Ulate al realizar la misma labor de saneamiento público, creo que el país y nuestro partido le debe algo más que una simple gratitud. Se teme que las influencias de don Pepe pudieran torcer la línea de conducta como gobernante de don Otilio Ulate. Sé de sobra que si esa influencia tratara de ejercitarse, lo sería siempre en bien de la República, pero tengo formado concepto de don Otilio como estadista, que estoy seguro que ninguna influencia que no fuera pura, lograría torcer sus planes de mandatario. Por hombre recto y de firmes determinaciones, por ciudadano honesto y estadista de clara visión lo hemos elegido nuestro Jefe y el pueblo de Costa Rica lo ha ungido con el óleo del sufragio para Presidente, seguros todos de que él sabrá hacer honor a esa confianza. Resumiendo mi pensamiento: no le niego a José Figueres a quien tanto debe la patria, el derecho de ir a defender a la plaza pública su labor de gobernante y pedir un juicio acerca de ella. Hacerlo sería como negarle la defensa de los más preciados dones de su personalidad y su propia fama, que para un hombre de honor vale más que su vida.

El Diputado LEIVA manifestó que mantenía la tesis del señor Baudrit Solera, esto es, que la Asamblea carece de competencia para resolver la interpelación interpuesta. Es una atribución exclusiva y obligatoria del Tribunal Electoral interpretar el texto constitucional y las leyes en materia electoral. Ya el Tribunal ha hecho uso de sus atribuciones, al convocar al pueblo de Costa Rica a elecciones generales que se efectuarán el dos de octubre. Añadió que cuando Costa Rica ingresó al orden constitucional, al Tribunal se le presentaron las mismas dificultades. Lo mejor es que desde ahora asuma sus propias facultades legales. Luego pasó a exponer su punto de vista en relación con la consulta planteada. Considera que la Constitución como norma jurídica regula la vida institucional de los países, estipula la forma, en los republicanos, cómo han de elegir los gobernantes, y miembros de los Poderes. El funcionario que no haya sido elegido de acuerdo con esa Constitución no puede ampararse a la misma. En ninguna forma, la Constitución puede referirse a los funcionarios de un gobierno de facto. Desde un punto de vista jurídico -añadió- le daría mi voto a la consulta del Tribunal en el sentido de que la Constitución no puede aplicarse a los actuales miembros de la Junta, por formar parte de un gobierno de facto, al margen de toda situación constitucional. Sin embargo, desde un punto de vista de moral política, de nuestra filosofía constitucional, de nuestras tradiciones democráticas que han propiciado la alternabilidad en el poder, no apruebo que quienes estén en el poder lancen sus candidaturas.

El Dr. Pinto se refirió al asunto en debate en discurso que se adiciona al pie del acta publicada en “La Gaceta”.

Señores Constituyentes: No era mi intención terciar en este debate respecto a la interpretación de los artículos 85 y 108 de la nueva Constitución Política, y me había concretado a externar mi modesta opinión a varios compañeros de esta Asamblea, pero tratándose en realidad de un asunto de tanta importancia, creo como el profesor Dobles Segreda que debe quedar constancia de la manera de pensar de cada cual en el seno de esta Asamblea Constituyente. Nunca ha sido ni será mi intención la de cerrarle el paso a nadie por medio de medidas ad-hoc, creo por el contrario que al proceder de esa manera en materia de política, se le hace un servicio a quien no se le quiere hacer. Mi opinión al respecto es que la Asamblea no debe hacer transitorios de ninguna clase a esta parte de la nueva Constitución ya aprobada y en vigencia, sino que, por el contrario, debemos empeñarnos en que no se altere en ninguna forma. Otra cosa es dar una interpretación de los dos artículos que nos pide el Tribunal Electoral y creo que aunque no estamos obligados a ello por haberle dado al Tribunal Electoral el derecho y la obligación de su interpretación, podríamos interpretarlos a su solicitud por ser nosotros quienes redactamos dichos artículos. Los mencionados artículos son bien claros y terminantes cerrando el paso a presidentes y ministros para situaciones futuras en mi concepto no fue la intención de la Asamblea referirse a la actual Junta de Gobierno. Los que adversamos la labor y actuaciones de la Junta de Gobierno debemos estar muy contentos de que el señor Figueres y su grupo de Ministros vayan a los comicios electorales para que se den perfecta cuenta de que el pueblo de Costa Rica no está de acuerdo con ellos y su obra de Gobierno y que si a don José Figueres se le recibe entusiastamente cuando ha visitado los pueblos, no es sólo por su glorioso pasado cuando fue Jefe del Ejército de Liberación Nacional, sino que ven también en él la figura del actual Presidente. Otra cosa será cuando llegue a pedir votos para sus ambiciones presidenciales. Si la Asamblea Constituyente no actuara en este sentido, crearía mártires de dicha Asamblea como ya lo dejó ver el señor Figueres en su discurso de anoche en que comenta actos de su vida pública y enumera algunos diciendo que aunque son poco elegantes son patrióticos. Respecto a estos actos debo decir que a la ejecución del primero de ellos, que fue la no entrega del Poder a don Otilio Ulate, cuando entró triunfante a San José siendo su jefe de acción y habiendo el país entero luchado porque se respetara la voluntad popular, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para que no lo cometiera, en los demás no he tenido ni querido tener la más mínima intervención. En su discurso olvida su última actuación poco elegante, tal vez, patriótica, como ha sido la de que ejerciendo la presidencia, por sí y ante sí; no por medio de 70 delegados provinciales de una Asamblea Nacional anuncia al país que lanza su candidatura a la Vicepresidencia de la República, y previene que la defenderá. Ahora acompañado de tres de sus ministros se dedica abiertamente a la campaña política dejando en el poder al resto de lo que ellos han dado en llamar siempre unidad que no podría romperse y hasta dijeron en una oportunidad que el señor Martén seguía siendo Ministro aunque no asistiera. En resumen creo que la Asamblea Nacional Constituyente debe interpretar los dos artículos en referencia con el sentido de abrirle ampliamente el camino al señor Figueres para sus pretensiones de Vicepresidente ahora y de Presidente luego, en esa forma nadie nos podrá tachar de parciales y le damos la oportunidad al pueblo de Costa Rica de que se pronuncie en pro o en contra de estas pretensiones.

El Representante VOLIO SANCHO en discurso que se reconstruye íntegro al pie del acta, se refirió a algunos conceptos de los discursos pronunciados en la sesión anterior, por los señores Dobles Segreda y Acosta Jiménez, así como a otros temas relacionados con el debate.

El Representante MONGE ALVAREZ indicó que había deseado no participar en el debate, pero se ve obligado a intervenir en un asunto de tanta trascendencia y no concentrarse simplemente a dar el voto. El Tribunal ha enviado una consulta a la Asamblea para que sea evacuada. Pero como a propósito de todo se ha vuelto costumbre inveterada de la Cámara atacar a don José Figueres y a la obra de la Junta de Gobierno, va a decir las razones por las cuales se siente Figuerista y Ulatista. Interviene en el debate para defender la sinceridad con que don José Figueres se ha dedicado a su labor de gobernante. Si algunos señores Representantes piensan que don José Figueres es impopular, que su obra de gobierno no cuenta con el respaldo de las grandes mayorías del país, no atina a comprender la razón por la cual se le trata de cerrar el paso mediante una triquiñuela de la más baja especie, mediante una interpretación casuística del texto constitucional, parece que existe el deseo de impedir al señor Figueres ir a unas elecciones populares, porque se teme su gran popularidad, sin embargo, de nada valen triquiñuelas y trabas constitucionales frente a los supremos ideales que ha sustentado don José Figueres. Aun cuando se le cierre el paso a una elección, no se le podrá cerrar el paso al corazón de todos los costarricenses, en cuyos pechos han prendido los nobles ideales por los que tanto ha sufrido y padecido don José Figueres. Agregó que era ulatista porque siempre había admirado al señor Ulate, no de ahora, sino desde hace muchos años. No puede dejar de sentir respeto y admiración para un hombre como don Otilio Ulate, hijo de noble trabajadora, que a base de rectitud y firmeza ha logrado ser llevado por el pueblo de Costa Rica a la suprema magistratura. Es figuerista por cuanto se ha sentido identificado con los principios que ha venido sustentando el señor Presidente de la Junta. Finalmente es ulatista-figuerista porque en el alma del pueblo de Costa Rica ambos dirigentes forman un mismo ideal, una unidad indisoluble.

El Representante ESQUIVEL se expresó en los términos que se publican en “La Gaceta”. El celo que como defensor de oficio de la Junta de Gobierno inflama al Diputado Volio Sancho, lo lleva hasta el extremo de atribuirme expresiones que no he pronunciado yo. Los señores Diputados que me escuchan saben que en mi única intervención en este debate -la del día de ayer- me concreté a expresar que me adhería al criterio sustentado por el Licenciado Baudrit Solera, de que la resolución del punto correspondía por entero al Tribunal Supremo de Elecciones. Y expliqué también que como co-redactor con el Licenciado Facio Brenes de la moción que en definitiva aprobó esta Cámara, y que forma el inciso 1) del artículo 108 de la Constitución ya promulgada, había tenido en mente prohibir la llegada a la Presidencia o a la Vicepresidencia a los que hubieran ejercido el primero de esos cargos como titulares. Mi criterio ha sido siempre -por íntima convicción democrática- que debe permitirse al señor Figueres y a su gente tomar parte en las elecciones próximas; con ello se conseguiría, entre otras cosas, que el pueblo costarricense presenciara cómo un gobierno que llegó rodeado de aplausos populares y alentado por el cálido afecto de un bien merecido agradecimiento, había ido perdiendo vertiginosamente sus prestigios, al extremo de que al cabo de quince meses de labor administrativa y política podía decirse que no constituía factor electoral apreciable. Creo que es conveniente recordar a los señores Diputados -para poner de relieve lo injusto del ataque de que me ha hecho objeto el señor Volio Sancho- el proceso parlamentario en virtud del cual se llegó a aprobar el actual inciso 1) del artículo 108 de la Constitución, ya en vigencia. En unión de los Diputados don Juan Trejos y don Ramón Arroyo, aquí presentes, mocioné para que el artículo correspondiente a las prohibiciones relativas al ejercicio de la Presidencia y de la Vicepresidencia dijera así: “No podrá ser Presidente ni Vicepresidentes... El que hubiere ejercido la Presidencia como titular en cualquier tiempo... etc.”. Existía también una moción de la fracción Social Demócrata, más o menos en los mismos términos. El debate se alargaba sin que se llegara a nada concreto, y entonces los mocionantes de ambos partidos convinimos en presentar una sola redacción, que se nos encargó al Licenciado Facio Brenes y a mí, y la cual, en definitiva, fue la que aprobó esta Cámara. Esa redacción establecía la prohibición de ejercer la Presidencia o la Vicepresidencia para el que hubiere desempeñado la primera como titular. Al día siguiente, y mediante una moción de revisión planteada por don Edmundo Montealegre, se suprimieron los términos “como titular”, y el inciso quedó así: “El que hubiere servido la Presidencia en cualquier lapso... etc.”. Por más que fuera yo partidario de darle amplia libertad a Figueres y a su grupo para participar en las próximas elecciones, tengo que manifestar ahora que la supresión del vocablo “titular” por parte de esta Asamblea pone de manifiesto, en forma rotunda, la intención de los señores Constituyentes de abarcar dentro de la prohibición respectiva no solamente a los que ejercieren la Presidencia como titulares, sino también a los que la desempeñaren por cualquier motivo o razón. Recurramos al Diccionario de la Lengua -que no conoce de pasiones políticas, que es siempre imparcial- y allí sabremos que “titular” es el que ejerce oficio o profesión con cometido especial y propio, a distinción del que ejerce análogas funciones sin tal título. Dije antes, y lo repito, que siento muy de veras que la supresión de la palabra “titular” prive a Figueres y a su gente de la posibilidad de lanzarse ahora a una lucha electoral. Aquí se dijo ayer que nosotros le teníamos miedo a Figueres, y que por eso tratábamos de cerrarle el paso con argucias de mala ley. A mí ese cargo no me alcanza, porque ya queda ampliamente explicado que hice todo cuanto estuvo en mis manos para que no se le cerrara la puerta de acceso a una candidatura. Pensé y sigo pensando que es más conveniente que el problema se dilucide de una vez, para que el pueblo de Costa Rica se dé cuenta de que la popularidad de Figueres, después de quince meses de gobierno pletórico de desaciertos y de errores, no pasa de ser un simple mito. (Las barras interrumpen al orador con manifestaciones groseras. El señor Presidente se ve en la obligación de exigirles cordura y un comportamiento más decente. Les indica que su actitud es la misma que la de las barras caldero-comunistas del 1º de marzo.) Debo agradecer muy vivamente al señor Volio Sancho la brillante oportunidad que me brinda para explicar mi picadismo que esgrime sobre mi cabeza como un argumento contundente, definitivo, aplastante, con el ánimo de pulverizarme. Debo confesar que me complace mucho que en todo el curso de mi vida privada, profesional y política -que por dicha va a terminar pronto- sólo hayan encontrado mis enemigos, como argumento en contra mía, como cargo atroz, el haber sido fugazmente picadista. Si todos los partidarios de Picado hubieran sido tan entusiastas como yo, a buen seguro que se habría tenido que ir del poder a las dos semanas. Me separé de él apenas comenzaron sus violaciones a los derechos democráticos del pueblo costarricense, y jamás aprobé los atropellos electorales que cometieron. Quizá mi picadismo -con el cual quiere anonadarme el señor Volio Sancho- tiene su explicación en el hecho de no haber sido yo nunca cortesista, por razones personales que no me creo obligado a expresar aquí; efectivamente desde la primera campaña del Licenciado Cortés milité en las filas del partido beechista, y fui un ardiente propagandista del Licenciado don Octavio Beeche, a quien considero como una de las más altas mentalidades costarricenses; antes, en 1929, fui en el Departamento Legal de la United Fruit Company, compañero de oficina de Picado; y habría sido necesario que hubiera estado yo dotado de facultades de zahorí que confieso no tener -para que pudiera haber adivinado en aquel hombre todos los abismos de corrupción y de maldad de que hizo gala después. Mi único servicio a la Administración Picado fue la redacción de la nueva Ley de Marcas, que realicé en unión de los distinguidos Licenciados don Víctor Vargas Alfaro y don Emilio Acosta Carranza, más por razones de especialización en esa rama del derecho que por simpatía del gobernante, y por cuyo trabajo no recibimos ni mis compañeros ni yo absolutamente ninguna remuneración. A mí me avergonzaría el que se dijera aquí que yo usufructué en alguna forma el gobierno de Picado, o que percibí emolumento, sueldo o suma alguna de ese régimen. Pero como ello no es así, queda lanzado el reto a los detractores oficiosos para que prueben cosa contraria a la que dejó dicho. Y pido perdón a los señores Diputados por haberme visto obligado, contra mi costumbre y mi criterio, a ocuparme de asuntos personales desde esta curul. Pero el ataque injusto e inesperado del Diputado Volio Sancho, me ha puesto en la situación de explicar ciertos aspectos de mi actuación política, que no podía dejar pasar desapercibidos y sin la debida refutación. Y para terminar, señores Diputados, quiero reiterar mi criterio, ya expuesto desde este pupitre, de que la consulta sometida a la Asamblea corresponde en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, conforme al incisa 3) del artículo 78 de la Constitución ya aprobada.

El Representante VARGAS FERNANDEZ usó de la palabra para referirse concretamente a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, preguntas que a su juicio no tenía razón alguna el Tribunal de dirigir a la Asamblea, ya que en realidad no se trata de una interpretación del texto constitucional, sino de la aplicación de cánones constitucionales bien claros. Una de las preguntas formuladas por el Director del Registro Electoral -que no formula el Tribunal- es si la parte de la Constitución promulgada rige desde su publicación. No la formula porque sabe que en la parte que se refiere al legislador está promulgada. Si así no fuera, ¿con qué base hubiera convocado el Tribunal a elecciones generales el dos de octubre? ¿Con qué fundamento procedió el Tribunal para dictar esa convocatoria? Con base en el texto constitucional que se le envió. Añadió que le causaba sorpresa la interpelación del Tribunal en relación con el artículo 85. Si ha aceptado que la Constitución está vigente al proceder a convocar a elecciones con base en la misma, ¿a qué viene esa pregunta? La interpreta como una debilidad por parte del supremo organismo electoral. El Tribunal está en la obligación, no sólo de interpretar el mencionado artículo 85, sino de aplicarlo. Pregunta, además, si está vigente el artículo 108. ¿Por qué no pregunta si está o no vigente el artículo que fija en 45 el número de Diputados que han de integrar la próxima Asamblea Legislativa? ¿Por qué no pregunta si está vigente el artículo que fija en dos el número de Vicepresidentes a elegir? Si dudas tuvo en un artículo, debió haberlas tenido para los otros. El Decreto Nº 9 de la Asamblea, y mediante el cual se le enviaron al Tribunal los capítulos aprobados, dice muy claramente que éstos definitivamente aprobados en cuanto al fondo. Además, el mismo Decreto que otorgó la prórroga del período de gobierno a la Junta, dice que al efecto de que el 8 de noviembre se instale la Asamblea Legislativa, se tendrá como promulgado el título del Poder Legislativo, para que con base en él, pueda el Tribunal Electoral convocar a elecciones. Luego se refirió a la tercera pregunta del Tribunal, esto es, si la nueva Constitución se puede aplicar a los funcionarios de un régimen de facto. A esa pregunta dijo: yo tengo que responder afirmativamente. No se estableció la excepción correspondiente mediante un Transitorio, como se procede en estos casos. Los transitorios vienen a contemplar situaciones pasajeras. Si no se hizo así, quiere decir que la Asamblea estaba involucrando al régimen de facto. El problema lo ha entendido muy bien el señor Fournier, por cuanto se ha apresurado a presentar una moción para que se consigne un Transitorio que faculte a los actuales miembros de la Junta para ser postulados como candidatos a Diputados y a Vicepresidentes. Agregó que el artículo 223 del Proyecto del 49, que estudió debidamente la Junta, posiblemente causó a sus miembros gran desasosiego, por cuanto les cerraba el camino a unas próximas elecciones. Por esta razón, corrigieron el mencionado artículo, al que le agregaron el término “constitucional”. Si los señores de la Junta hubieran tenido la certeza de que, por ser funcionarios de un gobierno de facto, las prohibiciones estipuladas en el artículo 223 no los afectaban, ¿por que, entonces, se apresuraron a introducir un cambio de redacción en el mismo? Ellos sabían que constitucionalmente estaban inhibidos para ser electos. Luego se refirió a las declaraciones del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia don Gerardo Guzmán, cuyo nombre aparecía como posible candidato a Diputado en la lista que el Partido Social Demócrata sometió a conocimiento del señor Ulate. Don Gerardo no aceptó su postulación, por estar inhibido constitucionalmente para ser electo Diputado. No se refería, es claro, a la Constitución del 71, sino a la nueva. Añadió luego que la actitud del señor Facio, al afirmar que una Constitución no se puede promulgar a pedazos -como él mismo lo dijo- le extrañaba por cuanto fue precisamente el señor Facio el autor de esa teoría de que una Constitución puede entrar en vigencia a pedazos. Junto con el Dr. Oreamuno, cuando se discutía la prórroga, presentó una moción que el Diputado Vargas Fernández pasó a leer para que el título de la Nueva Constitución referente al Poder Legislativo entrara en vigencia, a fin de que el Tribunal Electoral pudiera convocar a elecciones. La moción del Licenciado Facio fue presentada el veintiuno de marzo, cuando no había un problema electoral inmediato, cuando los intereses políticos no estaban en juego. En ese entonces, el señor Facio aceptó y propició la tesis de la promulgación a pedazos de una Constitución. Ahora, que se debaten fuertes intereses políticos, el señor Facio expresa que una Carta Política de ningún modo puede ser promulgada en esa forma. Indicó después que si la prohibición del artículo 108 no le calzaba al señor Figueres como Presidente, sí le calzaba como Ministro, ya que ha desempeñado en diversas ocasiones la Cartera de Hacienda. Tampoco se puede afirmar que la Constitución les está cerrando el paso a los señores Ministros de la Junta. El mismo Código Electoral vigente se lo impide, si es que no renuncian seis meses antes de las elecciones. El asunto de los Ministros, constitucional y legalmente, está definido: no pueden ser Diputados. Desde el doce de julio, fecha en que la nueva Constitución ha estado en vigencia, el señor Figueres y sus compañeros de Junta, han continuado en sus funciones. De ahí que no se puede afirmar tampoco que se le está dando el texto constitucional efecto retroactivo exclusivamente para perjudicarlos. No estamos interpretando la Constitución ad-hoc para cerrarle el paso al señor Figueres. Todas estas prohibiciones que establece el texto constitucional -preguntó el orador- ¿son un capricho del legislador? Obedece a superiores razones. Se quiere evitar que el poder público tenga injerencia en los procesos electorales; que sea juez y no parte. Con esto se le garantiza al pueblo su libertad a elegir. Se le garantiza, además, que los recursos del gobierno, no serán puestos para defender determinados intereses políticos. Un gobierno, ya sea de facto o de jure, tiene mil medios para coaccionar e influir en el desarrollo del proceso electoral, sin hacerlo por los medios violentos que emplearan Calderón y Picado. Se influye en el resultado de un torneo electoral en mil formas. Por mi provincia de Heredia los Ministros la han recorrido ofreciendo a los pueblos la construcción de escuelas, cañerías, caminos, etc., este es un medio eficaz de los gobiernos para incidir en los resultados de un proceso electoral. Es inaceptable que un jefe de gobierno, por la circunstancia de serlo de un régimen de facto está inhibido para ejercer ciertas prácticas. Es inadmisible -al menos por eso se peleó en Costa Rica- que un Jefe de Gobierno mantenga abierto un Club político. Después de tanta sangre que se derramó en Costa Rica para que en lo sucesivo el poder público no metiera las manos en los procesos electorales, pretenden ahora los señores de la Junta lanzarse de lleno a una campaña electoral, renunciando unos al poder y manteniéndose otros en él. La Oposición fundamentó su razón de lucha en el hecho de que la alternabilidad en el poder es esencial para la vida de toda Democracia. Se luchó contra aquellos que deseaban perpetuarse en el gobierno. Aclaró, sin embargo, que su manera de pensar no significaba que su actitud obedecía al propósito de cerrar las puertas del sufragio a determinados ciudadanos. Al contrario piensa que las puertas del sufragio deben abrirse con amplitud a todos los costarricenses, para que luchen, pero desde la llanura, sin que esa circunstancia de estar en el poder los favorezca. Terminó diciendo que en el caso concreto de la moción del señor Arroyo, le daría su voto para que el Tribunal resolviera el punto. Si fuese la Asamblea, se podría luego malinterpretar su pronunciamiento a la influencia de las pasiones políticas que se debaten en el seno de la misma. Sin embargo, no quiere dejar pasar la oportunidad sin dejar consignada su más enérgica protesta por la actitud del señor Figueres y de sus Ministros. El Discurso completo del Diputado Vargas Fernández, se reproduce en el acta publicada en “La Gaceta”.

El Diputado CHACON JINESTA presentó moción para que se declare permanente la sesión, a fin de que la Asamblea resuelva esta misma noche el punto en debate, máxime que el país está pendiente de la resolución de la Cámara, que no puede posponerse por más tiempo.

Puesta a votación la moción de orden anterior, fue aprobada.

El Diputado ARROYO expuso que quienes han venido criticando al Partido Unión Nacional de estar integrados por politiqueros, son precisamente los que han sumido al país en la incertidumbre en que se encuentra, en virtud de las candidaturas del señor Figueres y sus compañeros de Junta. Luego se refirió a varios pasajes del discurso del Licenciado Volio Sancho. Indicó que la traición al movimiento revolucionario empezó en Santa María de Dota, cuando ya se hablaba de la integración de una Junta Revolucionaria, dejando a un lado a don Otilio Ulate. Tal ideal fue tomando cuerpo, hasta el extremo de que, cuando las fuerzas revolucionarias entraron en la ciudad de Cartago, se desconoció hasta el propio nombre del señor Ulate. Agregó que como él no era político, no entendía de política, estaba contra toda clase de componentes que tiendan a perturbar un gobierno que no se sabe si es o no popular. Tampoco entiende ni propicia triquiñuelas como se ha venido afirmando por parte de algunos señores Diputados. Si desde un principio estuvo de acuerdo en que el señor Figueres podría lanzar su candidatura presidencial en las elecciones de 1953, nunca creyó que lo hiciera para estas elecciones que habían de verificarse en octubre. El pueblo de Costa Rica peleó para acabar con el continuismo en el poder. Ahora se pretende echar por la borda todos esos principios morales que conformaran la revolución. Agregó que no estaba con la tesis de cerrarle el paso a nadie. Si el pueblo lo quiere, hay que darle toda clase de oportunidades al señor Figueres. Sin embargo, desde un punto de vista de principios morales, de ética política, sigue creyendo que el señor Figueres y sus compañeros están inhibidos para tirarse a la calle en una lucha política, dejando en el poder a varios de sus compañeros. En buena hora que todos renuncien y desde la llanura hagan su propia campaña política. Pasó a referirse luego ampliamente a las razones que lo han movido siempre para no estar con la compactación nacional, que ahora invocan muchos señores Representantes. Terminó su discurso el señor Arroyo pidiendo a la Asamblea enviar el asunto a conocimiento del Tribunal, para que luego no se empañe el pronunciamiento con suspicacias políticas. El discurso del Licenciado Arroyo se reconstruye al pie del acta publicada en “La Gaceta”.

El Diputado FOURNIER manifestó que estaba con la moción en debate del señor Arroyo, en virtud del artículo 78, que le da amplias atribuciones al Tribunal de Elecciones para interpretar el texto constitucional en materia electoral. Observó después que quienes propician la tesis de que los miembros de la Junta están imposibilitados para lanzar sus candidaturas en las elecciones de octubre de 1940 y en 1953, apoyándose en la supresión del término “titular” del artículo 108, no tenían razón alguna, ya que la supresión se hizo por razones de forma. La exclusión no se efectuó intencionalmente. Si así no hubiera sido, sostengo -dijo- que el inciso 1) del artículo 108 sigue refiriéndose a los que hubieren ejercido la Presidencia como titulares, aunque este concepto último haya desaparecido. Al respecto nunca he tenido dudas. Debido a las dudas de algunos señores Diputados, ha pensado que se hace necesario un Transitorio como el que ha propuesto. Si se afirma que la parte de la Constitución enviada al Tribunal de Elecciones está ya promulgada -lo que no es así- tendrían que estar ya laborando todos aquellos organismos y funcionarios que la misma establece, como la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Jefe del Poder Ejecutivo, etc. Como tal cosa no ocurre, nos viene a demostrar muy claramente que el texto constitucional no está promulgado. Al mismo le caben aun revisiones de forma. El motivo por el cual la Asamblea envió al Tribunal Electoral los capítulos aprobados, fue el de facilitar las próximas elecciones. Al mismo tiempo, esto nos viene a demostrar que estamos frente a una situación anormal, ajena al orden constitucional. Esta situación anormal explica por qué los miembros de la Junta pueden aspirar a ser candidatos a Diputados y a Vicepresidente en los comicios de octubre. El orden constitucional no puede tener vigencia plena con anterioridad a la promulgación completa de la Constitución, que precisamente viene a echar las bases sobre las cuales ha de apoyarse el orden constitucional nuevo. Además, no es posible darle a las disposiciones constitucionales o legales efecto retroactivo. Si esto es así, ¿por qué se le quiere impedir al señor Figueres el derecho a buscar una libre elección?

El Representante ACOSTA JIMENEZ presentó moción de orden para que la votación del asunto en debate fuese nominal, la que se aprobó.

El Diputado SOLORZANO expresó: “El debate sobre este tema está agotado. Breves han de ser mis palabras. Hace un momento el señor Presidente, al dirigirse a las barras en demanda de un poco más de cordura, comparó esta memorable sesión con la celebrada el 1º de marzo de 1948, en la que se anuló la elección legítima de don Otilio Ulate. El señor Presidente de la Asamblea tiene razón. La sesión de esta tarde se parece a la del 1º de marzo del año pasado. Pero también se parece a la del 15 de mayo de 1943 cuando, mediante una reforma electoral casuística propiciada por Calderón Guardia, se le trató de cerrar el paso a León Cortés. Ahora se pretende cerrarle el paso a José Figueres, mediante una interpretación casuística del texto constitucional. Esta tarde se han lanzado muchos agravios y ofensas a don José Figueres. Incluso se ha llegado hasta afirmar que, caso de ser electo Vicepresidente no faltará un fanático que atentara contra la vida del señor Ulate para facilitar la ascensión al poder del señor Figueres. Pero se olvidan los señores Representantes que don José Figueres lucha frente a frente, cara a cara. Es incapaz de una felonía como la que algunos le atribuyen. No importa que se trate de dar un golpe a la candidatura del señor Figueres. Lo que me duele es que ese golpe no lo den con valentía, y no acudiendo a triquiñuelas políticas de la más baja especie. Se pretende atajar a don Pepe Figueres aquí en el seno de la Asamblea y no en las urnas electorales. Sólo les digo que cuando la Patria nuevamente esté en peligro, posiblemente acudirán a don José Figueres para que los defienda como ayer de la amenaza, devolviéndole al país sus libertades”.

El Diputado FACIO BRENES indicó que el problema estrictamente jurídico [planteado] por el Tribunal ha sido abandonado para lanzar los mismos agravios en contra de la persona y de la obra del señor Presidente Figueres. Añadió que estaba dispuesto a no intervenir más en el debate, que ha descendido a un plano de ataques personales. Sin embargo las palabras del señor Fernández lo obligan a ello. Insistió en que no se puede afirmar en ninguna forma que la parte de la Constitución remitida al Tribunal de Elecciones esté debidamente promulgada y surta desde ya, sus efectos. Es cierto que en el Decreto de la prórroga del período de la Junta de Gobierno se dijo que el título del Poder Legislativo, a efecto de que el Tribunal pudiera convocar a elecciones en el mes de octubre, sería el primero en discutirse y tenerse como promulgado. Sin embargo, el Decreto que envió al Tribunal los capítulos aprobados, no dice en ninguna parte que estos capítulos han sido debidamente promulgados. Y no se habla de ello, por la sencilla razón de que no se siguió estrictamente el reglamento en cuanto a los mismos. Aún queda pendiente la revisión en cuanto a la forma y el procedimiento formal de votación. Insiste en que estos capítulos remitidos a pedazos de una Constitución, son disposiciones encaminadas a facilitar al Tribunal la convocatoria y organización de las próximas elecciones. Estos capítulos no están en vigencia. Entrarán en vigencia, junto con los restantes, el 8 de noviembre, al iniciarse el período constitucional del señor Ulate. Si se acepta que eso capítulos están en vigencia -añadió- deben cumplirse por igual todas y cada una de sus normas. Y como en uno de los capítulos aprobados se prohíbe expresamente la reelección de los Diputados, la Asamblea, si es que desea proceder con absoluta imparcialidad y justicia debe declarar que sus actuales integrantes no podrán tampoco ser electos Diputados a la próxima Asamblea Legislativa. Si al señor Figueres y a sus Ministros se les veda el derecho a participar en las próximas elecciones, no existe razón alguna para que a los señores constituyentes se les permita hacerlo, si un precepto constitucional prohíbe expresamente la reelección de los Diputados.

El señor Montealegre interrumpe al orador para aclararle que cuando se presentó la moción tendiente a prohibir a los actuales constituyentes ser electos en las elecciones próximas, él la había votado. Si el señor Facio presenta una moción al respecto, con mucho gusto le dará su voto.

El orador continuó en el ejercicio de la palabra manifestando que también él había votado en esa ocasión la moción presentada por el señor Gamboa, pero el hecho fundamental es que esa moción se desechó por la Cámara. De ahí que piensa que la Asamblea carece de autoridad moral para impedir las candidaturas de los miembros de la Junta, si expresamente declaró que sus integrantes pueden ser electos. Si la Asamblea ha dejado abierto el campo para que sus actuales miembros puedan candidatizarse, también debe hacerlo para los señores que integran la Junta. En cuanto a mí se refiere -continuó el señor Facio- haré bueno ese propósito: no figuraré en ninguna papeleta de Diputados para las elecciones de octubre. Advirtió que si aceptaba que este asunto fuere remitido al Tribunal de Elecciones no lo hace por cuanto estime que la Asamblea carece de atribuciones para resolverlo ni tampoco porque considere que el artículo 78, que le otorga facultades amplias al mencionado organismo, esté en vigencia, sino porque desea ir desde ahora dándole al Tribunal la majestad que necesita para cumplir tan delicada misión a cabalidad. Si la Asamblea procede así, es por cuanto hace renuncia expresa a un derecho que le pertenece.

El señor Montealegre de nuevo interrumpió al orador, para decirle, que se habían mal interpretado los propósitos de varios señores Representantes No es que se pretenda cerrarle el paso al Partido Compactación Nacional, el cual puede perfectamente participar en las elecciones e inscribir sus listas de candidatos. El pueblo sabrá si vota por este partido o no. Lo que no quieren, es que se pisoteen los principios de alternabilidad en el poder. Precisamente se está haciendo una Constitución sana para impedir que los Vicepresidentes se sucedan unos a otros. El señor Facio Brenes continuó de nuevo en su exposición. Aclaró que su deseo era el de que la Asamblea no le cerrara el paso a ningún ciudadano, así sea éste el más humilde, o sea el propio libertador de Costa Rica. Que la historia -inflexible siempre en sus juicios- no diga mañana que la Asamblea Constituyente del año 1949 le cerró el paso a un movimiento político a o b, que no entra a calificar, si es adecuado o inadecuado. El problema lo ha contemplado desde el punto de vista [libre] de toda pasión o interés político.

El Representante VALVERDE indicó que se había propuesto permanecer al margen de la discusión por la circunstancia de tener un hermano en el seno de la Junta, pero que se habían lanzado tantos ataques y agravios contra el señor Figueres y sus compañeros de gobierno, que no podía en ninguna forma no intervenir en el debate. Además, indicó que tras una tesis legal, se están amparando maniobras e intereses inconfesables, movidos por insanas pasiones. (El señor Montealegre lo interrumpió para que dijera los nombres de esos Diputados que así proceden. El Diputado Valverde le contesta que la interpelación le viene de perlas. Me refería precisamente a usted, le contestó.) Luego pasó a enumerar varias actuaciones del señor Montealegre, tendientes a impedir la candidatura del señor Figueres. Este último manifestó categóricamente que no estaba propiciando maniobras o posiciones falsas contra nadie. Lo que no desea es que nadie se salte la Constitución. Eso no es falsía sino proceder como hombres honrados. A estas alturas del debate, las barras vuelven a interrumpir. De nuevo el señor Presidente se ve en la necesidad de levantar su voz, para exigir a las mismas decencia y cordura. El intercambio de opiniones continúa entre ambos señores Representantes.

Luego usó de la palabra el Diputado CHACON JINESTA, para concretarse a la moción en debate del Licenciado Arroyo. Dijo que su criterio al respecto es que la Asamblea debe resolver el punto planteado por el Tribunal Supremo de Elecciones, ya que la interpretación auténtica de cualquier ley la da el cuerpo que la emitió. En el caso concreto de la consulta del Tribunal, es la Asamblea la única que puede dar una interpretación auténtica de los capítulos aprobados de la nueva Constitución. Añadió que estos capítulos, aprobados definitivamente en cuando al fondo, deben contemplarse desde dos puntos de vista: el técnico y el moral. Desde un punto de vista estrictamente doctrinado, jurídico, estima que la Constitución no puede estar en vigencia. De ahí que sus disposiciones no pueden cobijar a los actuales miembros de la Junta. Esos capítulos no están aún promulgados, pues queda aún pendiente el trámite de la revisión en cuanto a la forma. Pero si están en vigencia una serie de principios que deben respetarse, aun cuando la Constitución no surta efectos. Desde el punto de vista legal cualquiera puede ser postulado candidato a Diputado en las elecciones de octubre. Sin embargo, desde el punto de vista moral, de ética política, cualquier costarricense que se precie de honorable y recto, no podrá atropellar esos principios. Se trata, fundamentalmente, de una cuestión de principios. Para ciudadanos de la altura y moral de don Gerardo Guzmán y don Fernando Baudrit, la Constitución está en vigencia, razón por la cual renunciaron a sus postulaciones a Diputados, ya que los cargos que ocupan los inhiben para ello. Para mí -concluyó el señor Chacón- el señor Figueres y sus Ministros legalmente pueden postularse como candidatos, pero moralmente están inhibidos para hacerlo.

El Diputado GUZMAN dijo: “Mi pobre entender y mi particular sentido común me dicen que: 1) Los capítulos aprobados de la Constitución no cobijan la situación de la Junta de Gobierno. La Constitución exige actos constitucionales, que son generados por ella misma. Los gobiernos de facto no están cobijados por [normas] constitucionales. Los capítulos de la Constitución actual aprobados no pueden negarle derechos electorales a nadie, pues aún no ha entrado en vigor, al menos en lo que a mí concierne, pues cuando los voté fue en la inteligencia de que estuvieran listos a entrar en vigor el ocho de noviembre. 2) Si la votación dispone que sea la Asamblea la que se pronuncie, entonces emitiré opinión al respecto basado en las anteriores razones”. Agotado el debate en torno a la moción del señor Arroyo, el señor Presidente procedió a su votación nominal. Dijeron SI los siguientes señores Diputados: Rojas Espinoza, Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Montiel, Jiménez Núñez, Zeledón, Volio Jiménez, Baudrit González, Jiménez Quesada, Arias, Lobo, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Morúa, Guido en la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones le hará justicia a Pepe Figueres y a la Junta de Gobierno; Madrigal, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Leiva, Ruiz, Desanti, Vargas Fernández, Rodríguez Conejo y Ortiz. Dijeron NO los siguientes señores Diputados: Chacón, Gamboa, por cuanto considera que la Asamblea debe asumir la responsabilidad en la resolución de un asunto de tanta trascendencia para la vida del país; Solórzano, Gómez, Guzmán, Herrero, quien razonó su voto en los términos siguientes:

“Considero que tanto el Tribunal Supremo de Elecciones como la Asamblea Nacional Constituyente pueden resolver el asunto planteado. Sin embargo, a estas alturas del debate debe hacerlo la Asamblea”; Volio Sancho, quien razonó su voto negativo así: “Mi voto será negativo, pero deseo que conste en el acta de modo muy claro que mi actitud no significa en modo alguno falta de confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones, que es acreedor a ella sin reservas. Considero que este asunto debe ser resuelto por la Asamblea, con vista de textos claros y precisos, cuyas prohibiciones carecen de efecto retroactivo en cuanto a un régimen de facto y sólo podrán cobrar vigencia dentro de cuatro años, en cuanto a elecciones de Diputados y dentro de ocho años, en lo que se refiere a elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Por otra parte, si votara favorablemente la moción del señor Arroyo, estaría rehuyendo responsabilidades que siempre he asumido y asumiré en cualquier circunstancia”.

Totales: 36 votos afirmativos y 7 negativos, Diputados ausentes durante la votación: 2. En consecuencia, por 36 votos contra 7, se aprobó la moción del Diputado Arroyo.

El señor Presidente suspendió la sesión a las nueve y quince de la noche.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.-

DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Ramón Arroyo.

Señores Diputados: Desgraciadamente, quienes nos atribuyen a nosotros, los del Partido Unión Nacional, el cargo de politiqueros, son los mismos que están empeñados en mantener al país dentro de una continua politiquería. El Diputado Volio Sancho, en su larguísima y aplaudida exposición, consideró necesario tocar dos puntos, a los cuales me había referido en la sesión de ayer.

Uno de ellos es, el que la Junta de Gobierno traicionó la revolución libertadora, y el otro, el de la compactación.

Yo no hubiera querido después del discurso del señor Vargas Fernández, haber hecho uso de la palabra, porque será difícil o del todo imposible, alcanzar la altura de su pensamiento, o la certeza del juicio con que él la escaló.

Pero existe empeño aquí en no darle la interpretación cierta, a lo que es una realidad, y me veo obligado por la tanto a decirle al señor Volio, que por mucho que se quiera oscurecer esa realidad, y por muchas pasiones que estén de por medio, sólo hay una verdad evidente, y es que sí hubo traición al movimiento de Liberación, y ésta empezó en Santa María de Dota. Recuerdo perfectamente que el señor Ulate, manifestó en cierta ocasión que no había ido a pelear, porque desde que las tropas revolucionarias llegaron a ese lugar, ya se hablaba de una próxima Junta de Gobierno, traicionando así, los principios sagrados de la revolución. Aquí está la palabra de don Edmundo Montealegre, hombre que merece el respeto y la admiración de todo el pueblo costarricense y que no obstante el respeto a sus canas, no ha sido obstáculo para que, los que se dedican a herir honras ajenas, le lancen improperios y cargos injustos: pero esto, señores, no quita que su palabra sea una verdad indiscutible. Ya el pueblo, se ha convencido de esto, especialmente cuando el partido, llamado Compactación Nacional, lanza a la calle su propaganda en los momentos más críticos para el país, respaldando la actuación política de la Junta de Gobierno. Ya se ha dado cuenta también, de que en esa propaganda ponen el retrato de don Otilio Ulate junto con el del señor Figueres, para atraer a la ciudadanía, pero ya el pueblo no se deja engañar fácilmente, y si ese engaño no hubiera existido, no tendrían necesidad de decirle al pueblo que es la compactación lo que andan buscando, porque éste íntegro, lo habría apoyado, pero aquí está también la palabra de don Hernán Vargas Castro a quien le manifestaron en Cartago que don Otilio Ulate ni pinchaba ni cortaba. Más de una vez nos han manifestado aquí el Dr. Pinto y don Edmundo Montealegre, cómo se pronunció el Padre Núñez respecto del señor Ulate; todos estos antecedentes son los que le impiden a la actual Junta, que cuente con el apoyo popular, pues estos hechos políticos son muy difíciles de ocultar, y una vez que se lanzan al viento, son difíciles de borrar de la memoria de todos los costarricenses.

Yo no soy político; sin embargo, he hablado siempre y hablaré para luchar contra un régimen que sólo entiende de componendas políticas, y de traiciones contra un pueblo que fue a luchar decidido a borrar para siempre esa clase de regímenes, pero desgraciadamente parece que quiere establecerse de nuevo y, a todo esto recurre la actual Junta de Gobierno, porque no sabe a estas horas, si ese pueblo lo apoya o no. Aquí no se ha tratado ni por un momento de cerrarle el paso al señor Figueres y a sus compañeros, y esto lo prueba la moción que presentamos don Juan Trejos, don Ricardo Esquivel y yo, y cuando esto hicimos, el Secretario de la Junta de Gobierno, amigo personal mío, me dijo, que si no estaba a salvo la situación del señor Figueres, yo le dije que a mi criterio sí, pero como todavía quedara con dudas, le prometí traer un transitorio a la consideración de la Asamblea, cuya suerte ya todos conocen. Júzguese ahora si soy capaz de hacer triquiñuelas políticas o no. Yo traté de presentar a la Asamblea ese transitorio, porque nunca creí que el señor Figueres se lanzara a una candidatura, atropellando los principios de la revolución libertadora; porque el principal objetivo de nuestra lucha, fue la de que no volviera otra vez un Picado a alentar candidaturas de Calderón desde su Presidencia; pero como eso existe todavía, y como abiertamente se pretendió desconocer la limpia lección de don Otilio Ulate, es que puedo decir que la revolución fue traicionada en su verdadero sentido. Es cierto que por otros muchos motivos se fue a la revolución, pero todos, tanto el señor Figueres, como el pueblo de Costa Rica tienen que estar conscientes de que ese movimiento se inició para ratificar las elecciones del señor Ulate, burladas por un grupo de hombres inescrupulosos, en el Congreso de marzo de 1948. Alguien dijo ayer aquí que se trataba de cerrarle las puertas al señor Figueres, y que se le temía a su gran popularidad; pero, yo no creo señores Diputados, que una Asamblea Nacional Constituyente le tenga miedo a la popularidad de nadie, y menos aún a una candidatura. Es simplemente que se están pisoteando los principios de moral política, por parte de algunos señores gobernantes; y al mismo tiempo por algunos señores Representantes que lo apoyan.

Si Figueres quiere lanzar su candidatura, está bien, que lo haga, pero que lo haga desde abajo, sin andamios de ninguna especie que le faciliten el paso en los comicios. Y si el pueblo considera que la obra de la actual Junta es buena, lo apoyará en todo sentido; porque lo que yo he combatido siempre en todo momento, y lo seguiré haciendo, es que se pase por encima a principios ya consagrados en nuestra Constitución Política.

¿Miedo al señor Figueres? Yo diría más bien, que todo ese empeño de él, de conquistarse una Vicepresidencia al lado del señor Ulate en la futura administración, es miedo de que en ella, la labor del futuro gobierno haga ver lo malo de la Administración de la Junta. No otra cosa demuestran la violación de principios de moral política. Nadie le teme a esa candidatura, y si una persona hay, no creo que sea precisamente un Representante de la Asamblea Nacional Constituyente.

Todas estas pruebas de traición a la gesta libertadora que empezaron en abril de 1948, son las que nos llevaron a mí, y a algunos otros a enfrentarnos a la Junta; no intereses de carácter económico -como se quiere dar a entender aquí con la misma cantinela de un Manuel Mora-. Muchos somos los excombatientes que nos separamos de la Junta desde el primer momento, y en aquel entonces no se había dictado el 10%, ni la nacionalización de la Banca; fueron razones muy poderosas las que nos llevaron a esto, y no esos argumentos, que sin ningún fundamento se invocan aquí, por algunos señores Representantes.

Veamos el caso ahora, de la Compactación Nacional, que con tanto empeño defiende el señor Volio Sancho. Pero yo le pregunto al señor Volio; ¿levantó él acaso su voz para hablar de una compactación, cuando en la integración de la Junta de Gobierno, se desconoció al Partido Unión Nacional? ¿Se mencionó siquiera una compactación, cuando los partidarios del Social Demócrata se lanzaron encima de los puestos públicos? ¿Por qué no pensó entonces el señor Volio en ella, para favorecer a los que al igual que ellos, habían luchado con empeño en la gesta libertadora? ¿Por qué el señor Volio no alzó su voz con el mismo aire que hoy, para llevar a cabo una compactación, cuando a don Otilio Ulate se le desconoció una iniciativa de unidad? Ah! Es que en aquel momento, el Partido Unión Nacional era un partido de politiqueros; por eso no expuso ni por la prensa ni por la radio, esa iniciativa que él hoy llama compactación. Y francamente, señores, yo no me explico cómo, después de un año y medio de haber transcurrido todo aquello, nos viene el señor Volio hoy, con su voz majestuosa a decirnos que es necesario una compactación, si no creyó lo mismo, cuando ésta afectaba los intereses del país. Cuando se empezaba a murmurar de una posible traición al señor Ulate, fue mi voz la primera que se levantó en señal de protesta y no la voz del señor Volio, para decirle a don José Figueres que respetara la voluntad popular, que si vidas muy valiosas y queridas se habían perdido en aquella lucha, no debería ser en vano. Muchos esgrimen aquí el falso argumento de que algunos miembros del Partido Unión Nacional somos desleales a don Otilio Ulate, porque pensamos con un criterio de independencia; pero creo yo que nadie puede juzgar de mi lealtad al señor Ulate, ya que en los momentos más críticos, cuando se traicionaba la voluntad de un pueblo que lo había elegido libremente, la primera voz que se levantó en señal de protesta, fue la mía. Su Compactación Nacional no es la tal unión, sino exclusión del ulatismo auténtico. No figuran en la papeleta un Fernando Vargas Fernández, un Otón Acosta, un Edmundo Montealegre, porque ninguno de ellos le ha demostrado su simpatía a la Junta de Gobierno y no puede llamarse compactación, a una papeleta eminentemente juntista.

Sin embargo, se ha dicho ya, que las listas de las convenciones son prefabricadas; y se ha dicho, por quienes ayer no más abogaban por esas convenciones.

Yo estoy actualmente opuesto a la compactación, porque me he dado cuenta de la gran diferencia que hay entre la línea de conducta de unos y de otros en la política. Y porque, para vencer al adversario, no es necesario hacer una compactación; el número de Diputados es de 45, si treinta son del Unión Nacional, y 8 o 10 del Social Demócrata, habrá en la Cámara la misma oposición que si hubiesen estado juntos en las papeletas.

Yo sigo creyendo, señores Diputados, que las pasiones son malas, por eso me había permitido formular una moción para que fuera el Tribunal Supremo de Elecciones, quien decidiera este asunto, ya que los asuntos de moral política no admiten discusión alguna, y, precisamente estos son los principios que le impiden al señor Figueres y a sus Ministros hacer su campaña política. Sin embargo, dije ayer y lo repito hoy, que si los señores de la Junta están ansiosos de hacer política, que la hagan, pero todos, sin tener una mano que les ayude en esa campaña a elaborarse esa política y que puedan apreciar así, sin intermediarios de ninguna especie, cuál es el veredicto del pueblo costarricense.

No es que se quiera dudar aquí de la honorabilidad de la Junta en materia electoral. El pueblo detesta y repugna, y luchó tenazmente contra las candidaturas oficiales. Yo siempre he luchado contra las componendas políticas, y el día que el Partido Unión Nacional, las tenga, de él también me separaría. Yo tengo este puesto, porque me trajo aquí la opinión pública, pero no sólo una Cámara es lugar para atacar a los que pretenden implantar un régimen semejante al anterior, porque ahí están la prensa y la radio y mil medios más que tiene todo ciudadano para hacer sentir su protesta.

Yo creo, que si queremos dar una nota de altura, debemos enviar cuanto antes, este asunto al Supremo Tribunal, para que allá sin pasiones políticas, como las que surgieron esta tarde aquí, se resuelva la crisis política actual y evitemos así, las posibles suspicacias de partido que puedan achacarnos más adelante.

DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Rodrigo Facio.

Pido excusas a la Asamblea por volver a hacer uso de la palabra en este debate, pero algunas referencias a mi anterior intervención hechas por el Diputado Vargas Fernández, me obligan a hacerlo. Desde un principio me había propuesto no intervenir más que una sola vez en este debate, porque preveía, y así ha sido, que la Asamblea se desviaría del problema estrictamente jurídico cuya resolución se le ha planteado por el Tribunal Supremo de Elecciones, para adentrarse una vez más en el campo político, y en efecto hemos oído aquí no por segunda ni por tercera ni vigésima veces, sino por centésima, las usuales inventivas y agravios contra el Presidente Figueres, las ya consagradas críticas contra su obra, y no creería que fuera conveniente y necesario atizar el debate político, ni insistir en razonamientos jurídicos en una atmósfera cargada de pasiones; pero como lo he dicho, las referencias del señor Vargas Fernández a mis anteriores palabras me obligan a esta nueva intervención.

Ayer mismo cuando planteé el problema de si una sociedad puede estar simultáneamente regida por una situación de facto y por una Constitución, advertí que yo mismo me confesaba culpable de haber incurrido en esta Asamblea, en el pecado de propiciar sobre esta materia, puntos de vista no ortodoxos, ni cobijados por la doctrina. En efecto cuando por motivo de la discusión de la prórroga del período de la Junta de Gobierno se planteó la necesidad de darle una solución práctica al asunto, yo estuve de acuerdo en buscarla, por mucho que ella se alejase de lo que la doctrina recomienda; y bien sabido y recordado me tenía en que había sido en definitiva sobre la base de la moción que presentamos aquí el señor Oreamuno Flores y yo, sobre la que se concedió la prórroga del período de la Junta de Gobierno; sabía también que en esa resolución, tal como acaba de leer el señor Vargas, había dicho que la Asamblea discutiría en primer lugar el capítulo relativo al Poder Legislativo, y sobre la base de esa aprobación el Tribunal Supremo de Elecciones haría la convocatoria para el Congreso Constitucional que había de elegirse el 8 de noviembre y que se había agregado, también, que para ese efecto se tendría por promulgado como texto constitucional lo aprobado por la Asamblea. Como réplica al señor Vargas, que el recuerdo de esa resolución trató de ponerme en entredicho, ya se adelantó el compañero Fournier a decir que si hubiéramos de atenernos a ella debería notarse que tan sólo se refiere al Poder Legislativo y a las prohibiciones para el ejercicio de la Presidencia y la Vicepresidencia, que es lo que ahora se discute aquí ante una presunta candidatura vicepresidencial del señor Figueres, se encuentran en el capítulo sobre Poder Ejecutivo. Pero además de ello, y pese a que en la resolución sobre la prórroga se habló de “tener por promulgado” ese capítulo, es la verdad que ni siquiera ese capítulo ha sido promulgado, porque la promulgación exige, de acuerdo con el Reglamento de esta Cámara, una serie de formalidades que no se cumplieron con los capítulos que le fueron enviados al Tribunal, y porque además, ella implica que el texto es ya definirivo, y esa circunstancia no se desprende de la resolución tomada al efectuar el envío de los capítulos en cuestión. Veámoslo por partes: El Reglamento de la Asamblea Constituyente habla en su artículo 30 de que “la votación definitiva se hará nominalmente y cada Diputado al expresar su voto, deberá ponerse en pie”. Yo pregunto: ¿al aprobar los capítulos enviados se realizó esta votación nominal y esa formalidad de ponerse en pie? No, señores. ¿Y por qué no? Pues sencillamente porque la votación que precedió al envío, no fue la “votación definitiva” de que habla el artículo 30, pues en esa oportunidad se advirtió que quedaba abierta la puerta para introducir modificaciones de forma más adelante. ¿Cuando? me pregunto yo. Pues cuando venga la votación auténticamente definitiva, aquella que habrá de preceder a la verdadera promulgación de la Constitución. Es la conclusión, por lo demás, que se desprende del Decreto Nº 10 de 7 de julio del corriente año y que textualmente dice: “Enviar al Tribunal Supremo de Elecciones el texto revisado de los capítulos correspondientes al sufragio, etc..., y ordenar a ese cuerpo que proceda inmediatamente a lo de su cargo (artículos 75 y siguientes), de conformidad con lo resuelto por la Asamblea Nacional Constituyente en relación con los artículos precitados, los cuales quedan definitivamente aprobados en cuanto al fondo”. Oigase bien: los artículos y capítulos transmitidos al Tribunal quedan definitivamente aprobados en cuanto al fondo, y no en cuanto a la forma o sea que se les podrá introducir modificaciones más adelante. ¿Mediante qué procedimientos? Mediante el recurso de revisión en cuanto a la forma que el Reglamento establece como cosa previa a la promulgación de la Constitución ¿O se le ocurrirá a alguien que esas modificaciones de forma requerirán el trámite de una reforma constitucional? Así sería caso de estar efectivamente promulgados esos capítulos, pero a nadie se le ocurriría dar semejante interpretación: todos sabemos bien que, al terminar nuestras labores, cuando se trate de la “votación definitiva” y de la promulgación de la nueva Constitución, podremos introducirle a los capítulos enviados al Tribunal, así como a los que no le fueron enviados, a los ya aprobados, como a los que en el futuro se aprueben, modificaciones de forma por la simple vía de revisión, ya que se trata de una Constitución en elaboración y no de una Constitución promulgada. En resumen, queda en pie lo dicho ayer por mí: no ha habido tal promulgación parcial de la Constitución; mal podría haberla habido. Los documentos leídos demuestran lo contrario.

El envío de los capítulos en referencia se hizo sólo para llenar la necesidad práctica de que el Tribunal pudiera garantizar que, al entrar en vigencia la Constitución como un todo, el 8 de noviembre de 1949, las instituciones estuvieren organizadas de acuerdo con su dictado, ninguna relevancia jurídica puede tener el mencionado envío.

Pero yo me digo: supongamos lo que no es cierto: que esos capítulos se encuentran ya promulgados, que sean texto constitucional en vigencia. Pues entonces, señores Diputados, todos sus principios son obligatorios desde ya, y deben ser tomados en cuenta para las próximas elecciones. Y como entre esos artículos hay uno, el número 83, que dice que los Diputados no podemos ser elegibles para las elecciones del dos de octubre, porque eso significaría una reelección prohibida por el supuesto texto constitucional en vigencia. Señores Diputados, si queremos ser consecuentes con nuestras propias opiniones y si creemos que esos capítulos enviados están en vigencia, pues digamos que lo están en vigencia para todos y no sólo para algunos. Si no queremos dar la impresión sospechosa y cuestionable de que estamos tratando de cerrarles los caminos legales a otros, en tanto nos los estamos abriendo para nosotros mismos, pues resolvamos que los actuales Diputados no podemos ser elegidos para la siguiente Asamblea Legislativa. Pero la verdad es que, como decía ayer, esta Asamblea ya acordó que los actuales Diputados sí podían ser electos para el Congreso de mañana. Cuando la moción para impedir esa reelección, que reelección es lisa y llanamente, fue presentada en esta Cámara, yo la voté gustosamente, porque el país está requiriendo gestos de desprendimiento en sus hombres y de consecuencia con sus opiniones; sin embargo, la mayoría desechó tal prohibición y dejó dicho que dijera lo que dijera el nuevo texto constitucional, los actuales Diputados sí podíamos ser reelectos. Si esta es una realidad, ¿con qué autoridad moral me pregunto yo, puede pretenderse por quienes votaron negativamente aquella moción, que la prohibición de elegibilidad se aplique a los miembros de la Junta de Gobierno? Señores, si vamos a ser consecuentes con nuestras propias opiniones, coherentes con nuestras propias actitudes, pues dejemos dicho que los capítulos aprobados afectan a todos los costarricenses o no afectan a ninguno de ellos, a los miembros de la Junta de Gobierno tanto como a los miembros de esta Asamblea, o a ninguna de estos grupos de personas. Ese es mi pensamiento y creo que esa debiera ser la resolución de la Asamblea en caso de que ella llegara a resolver el fondo del asunto, o del Tribunal de Elecciones si en definitiva se delega en él la función interpretativa. Yo voté la moción para que nosotros no pudiéramos ser reelectos, y no quise hacer entonces alusión alguna a que mi voto representaba una convicción íntima de mi espíritu para que no se pensase que estaba haciendo poses. Los hechos por venir confirmarán mi actitud, pues yo no figuraré en ninguna de las papeletas de Diputados en las elecciones del dos de octubre. Ya lo voté, pero constaté que la Asamblea por mayoría, la rechazó. Y por eso ahora, para hacer que la Asamblea guarde consecuencia consigo misma, para que no peque de estrecha y casuística, estoy convencido de que debe dejar abierto el campo a los miembros de la Junta, ya que son las mismas razones que podrían motivar la aplicabilidad adelantada de la nueva Constitución a ellos y a nosotros. Señores Diputados, lo que yo pretendo es consecuencia, lógica, buena fe. Lo que yo rechazo es casuismo, maniobra, sorpresa. O les abrimos el campo a todos, o se los cerramos a todos. Si lo dejamos abierto, pero abierto para todos, ya será cuestión de cada uno de resolver lo que haya de hacer; será cuestión de cada uno de nosotros, Diputados Constituyentes, considerar en conciencia si admitimos una reelección en nuestro favor o no, de los integrantes de la Junta de Gobierno, al decidir si van a las elecciones o no, pese a los cargos que han venido ocupando. Eso ya es cuestión individual de cada uno, y en eso no creo que podamos resolver los unos por los otros.

Quiero terminar diciendo, como lo dije ayer, que yo me inclino porque este asunto sea remitido al Tribunal Supremo de Elecciones para que sea él quien lo resuelva, pero advierto, para que no se me vaya a tratar de ponerme mañana en entredicho que si estoy de acuerdo en que este asunto pase al Tribunal de Elecciones, no es porque considere que la Asamblea no puede hacerlo, dije ayer que podía hacerlo y dar una interpretación auténtica sobre cualquier norma de la Constitución, ni tampoco porque considere que la legislación constitucional electoral se encuentre ya en vigencia y promulgada, sino porque creo que, desde ahora, debe irse prestigiando y fortaleciendo al Tribunal en sus atribuciones y que, por eso, se hace bien en delegar en él en este caso nuestras facultades interpretativas porque, repito, ninguno de los que figuran en los capítulos enviados al Tribunal se encuentra en vigencia ni han sido promulgados, sino que iniciarán su vida jurídica como normas obligatorias, junto con los demás capítulos de la Constitución Política, el 8 de noviembre de 1949.

He tenido la preocupación y el cuidado de no descender en este debate al campo político, de mantenerme rigurosamente dentro del campo doctrinario, jurídico. Lo que quisiera, y lo que me preocupa, es que no se vaya a decir mañana, y justamente que la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica movida por un espíritu de mezquindad política impidió a un ciudadano cualquiera, ya sea él el más humilde, ya sea el propio libertador de Costa Rica, la posibilidad de aspirar a los cargos públicos que ofrece la Nueva Constitución Política porque no quiero que quede prendido en el ambiente de hoy y en las crónicas de mañana de nuestra historia política que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue casuística, personalizante, estrecha y que trató de detener a tal o cual movimiento político. Si estos movimientos son convenientes o inconvenientes ya eso es harina de otro costal, y no he venido a discutirlo, porque no es esa mi función aquí; tal y como lo plantea el Tribunal y de acuerdo con lo que creo ser la función de Constituyente; concretamente el problema jurídico, legal, doctrinario, como ayer lo hice trayendo citas de antecedentes de esta Asamblea. A propósito deseo hacer notar que la propia cita histórica, tan interesante, que se sirvió hacernos hoy aquí el Licenciado González Herrán, confirma la tesis sostenida por mí, y no representa una excepción dentro de los antecedentes históricos en la materia. Yo quisiera que la Asamblea Nacional Constituyente se acogiera a esa tradición nacional y no hiciera pronunciamientos casuísticos; la única manera de que una resolución de esta Asamblea le cerrara el paso al Presidente de la Junta de Gobierno y a sus Ministros y no fuera casuística, sería ampliando esa resolución prohibitoria a los Diputados actuales de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir acogiéndolos a todos, sin distingos odiosos ni excepciones sospechosas, a la tesis de que los capítulos aprobados por la Asamblea están rigiendo ya y, por tanto, cubren las diferentes situaciones de hecho hoy existentes en la República. Anuncio que pienso presentar, para después de que se vote el asunto en debate planteado por el Tribunal, una moción en el sentido de que las prohibiciones, si ellas han de aplicarse en estas elecciones, han de aplicarse a todos por igual.

DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Herrero Herrero.

Señores Diputados: Difícil va a ser para mí, si no del todo imposible, el expresar mi pensamiento en esta ocasión trascendental. Muchas cosas quisiera decir en esta oportunidad, pero me limitaré a los puntos más salientes de la discusión, pues sé que casi todos los señores Representantes desean intervenir en el asunto, y que éste debe quedar resuelto en la sesión de hoy. Cuando se discutió en esta Asamblea, a fines del mes de mayo, el capítulo referente a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, ciertamente manifesté que no votaría la moción suscrita por los señores Diputados Facio Brenes y Esquivel Fernández; y dije también en aquella oportunidad, que no la votaba porque tenía el criterio de que no debía volver al poder la persona que lo hubiera ejercido o servido, sino después de ocho años de haberlo dejado. Realmente la discusión en aquella ocasión se tomó varias sesiones, y en ellas la moción fue modificada por otra del señor Diputado Montealegre Echeverría.

La modificación consistió en suprimir la palabra “titular” y en cambiar la palabra “ejercer” por la palabra “servir”. De modo que la moción original que era en el fondo: “El que ejerza la Presidencia de la República como titular, no podrá volver a ella sino después de ocho años de haberlo dejado”, quedó en esta otra forma, “el que sirva la Presidencia de la República, no podrá volver a ella sino después de ocho años de haberla dejado”. Creo yo que a ningún señor Diputado escapa el cambio de redacción que se dio a la moción; y que si en aquella oportunidad, alguno manifestó su conformidad para que el señor Figueres Presidente actual de la Junta de Gobierno, se le permitiera volver al poder, después de cuatro años de haberlo dejado; ninguno de los Diputados aquí presentes, podrá afirmar con la redacción final que se le dio a ese artículo, que esa posibilidad exista, o que quepa interpretación en este sentido.

Debemos recordar, que en aquella ocasión la discusión giró sobre los cuatro u ocho años que tenía que estar el gobernante fuera del Poder, para volver a él. Esta prohibición se llevó a ocho años, precisamente con el deseo de cambiar lo que existió en la Constitución de 1871, y de evitar el hecho de los que ejerciendo el poder, contribuyen a que un amigo sea el sucesor, para que éste a su vez, después de cuatro años, lo restituya en el poder. Este fue el verdadero espíritu de esa moción y la única razón de ser de la misma y si bien es cierto que algunos Diputados se manifestaron en el sentido de que el actual Presidente de la Junta de Gobierno no se le podía aplicar la prohibición de los ocho años, y que a juicio de ellos podría volver a los cuatro años, también es cierto que en ningún momento, se expresó aquí en forma directa ni indirecta, que la Junta de Gobierno o los gobernantes de facto pudieran seguir en el poder en forma continua ya que esta prohibición estaba contenida en la Carta del 71. De manera, que es imposible deducir, como parecen insinuarlo algunos señores Diputados, que por cuanto en aquella oportunidad no se habló de esa continuidad, pueda interpretarse ahora de semejante manera lo resuelto por esta Asamblea.

Paso a referirme, a la cita que hiciera el Lic. Facio Brenes, en la sesión de ayer de las intervenciones que distinguidos compañeros tuvieron en la sesión del 30 de mayo último y en especial de la mía. Sucede en algunas ocasiones en esta Cámara, que algún señor Diputado manifiesta que no va a votar una moción, pero modificada ésta, le da su voto sin hacerlo constar en el acta. Y ese fue mi caso en las sesiones del 30 y 31 de mayo. Primero manifesté que no votaría la moción presentada por los Licenciados Esquivel Fernández y Facio Brenes; pero presentada la revisión al día siguiente y planteada la modificación por don Edmundo Montealegre, modificación que como ya lo he dicho vino a variar completamente la de Esquivel y Facio, le dí gustoso mi voto sin manifestarlo expresamente.

Y en apoyo de esta afirmación, quiero recordar a la Cámara, que siempre he favorecido con mi voto las mociones del Diputado Montealegre Echeverría, porque las creo venidas de un hombre experimentado, muy honesto y gran patriota.

Hecha esta aclaración, quiero referirme a otro impedimento que encuentro para que los miembros de la Junta de Gobierno puedan postular sus nombres como candidatos a las Vicepresidencias y diputaciones. Impedimento éste que no solo se encuentra en el recientemente aprobado y promulgado por esta Asamblea, sino que también existía en la Carta del 71 y que prohibía al Presidente de la República y a sus Secretarios de Estado, lanzarse a la arena política e inscribir sus candidaturas, si no habían renunciado seis meses antes del día de las elecciones sus puestos en el Gobierno. Por esta razón y por encontrarnos a menos de tres meses del día fijado para las elecciones, creo que esta prohibición comprende a todos los miembros de la Junta de Gobierno.

Otro punto al que quiero referirme, es el traído malamente en estos días, en referencia con la comparación que se hace entre la reelección de los Diputados y la que se pretende de algunos miembros de la Junta de Gobierno. La reelección de los Diputados existía en la Constitución de 1871 y ya esta Asamblea Constituyente la abolió, dejando como única excepción, el permiso a los actuales constituyentes para que pudiesen ser Diputados en la próxima Asamblea Legislativa; en cambio, la reelección de los gobernantes nunca ha existido en ninguna Constitución de Costa Rica. Esto se explica porque los últimos ejercen funciones ejecutivas, desde las cuales pueden ganar adeptos, ofreciendo obras a los pueblos y presionando a los subalternos; no así, desde el puesto de Diputado, pues no se tienen subalternos, ni medios directos para ofrecer nada. Pero menos aún, del puesto de Diputado de esta Asamblea Constituyente, que se ocupa de un asunto más o menos técnico, que fue elegida en papeleta nacional y no local, que no ha tenido para su estudio y aprobación el presupuesto general de la República.

Por eso me parece inusitada esta opinión, ya que los actuales Diputados Constituyentes, una vez salidos del salón de sesiones, no tienen ninguna influencia sobre los pueblos o el gobierno, para ofrecer o pedir.

Pienso también, que esta Asamblea debiera pronunciarse sobre el mensaje enviado ayer por el Tribunal Nacional Electoral y me voy a permitir leerlo para fijar mi posición en referencia con él. (Da lectura al mensaje enviado por el Tribunal Nacional Electoral.)

Observen los señores Diputados, que ese alto Tribunal considera absurdo el dejar de enviar el texto constitucional en referencia, para su interpretación, a esta Asamblea, ya que todavía se encuentra reunida ella y que ha sido la fuente de origen del mismo. Además, vean la urgencia con que han enviado el mensaje, que nos piden se le dé preferencia en el orden del día y que quede resuelto en esta misma fecha, la de ayer. Por eso considero, que el asunto debe quedar resuelto hoy mismo, que a mi juicio, las razones en que se basa el Tribunal no pueden ser más convincentes, y creo que si ese Supremo Tribunal, integrado por tan distinguidos Jueces o Magistrados, se ha permitido enviarlo a la Asamblea, no debe ésta rehuir responsabilidades, devolviéndolo de nuevo al Tribunal.

En cuanto al fondo del asunto, pienso que es perfectamente imposible de acuerdo con el texto definitivamente aprobado, admitir la candidatura de los actuales miembros de la Junta que ejercen el poder, tanto para Vicepresidente, como para Diputados, y lo pienso así, porque la letra del artículo es muy clara en todos sus aspectos.

Pienso también que nos estamos situando en un terreno de concesiones muy parecido al que vivió el país en 1947 y especialmente al que vivió el Congreso de ese año, al cual tuve el honor de pertenecer como Diputado por el partido de la Oposición, y no sabemos hasta dónde vamos a llegar por ese camino.

Pero la realidad, señores Representantes, es que hay malos síntomas y que el horizonte de la patria está nublado, porque hemos vivido en constantes concesiones con la Junta de Gobierno, desde que ésta asumió el poder.

Desde el primer momento, a raíz de la victoria, yo fui uno de los que creyó en la necesidad de que viniera una Junta Militar a regir los destinos del país, durante un período corto, de unos seis meses o menos para que limpiara y allanara el camino al señor Ulate, ya que éste por los medios constitucionales encontraría muchas dificultades; pero desde el primer momento me extrañó que entre casi todos los excombatientes se hacía el movimiento para que el señor Figueres y los que pelearon en las montañas, se quedaran en el poder mucho más tiempo del debido e indispensable para normalizar las cosas y sin Congreso.

También me extrañó que en la integración de la Junta de Gobierno sólo se le diera representación a uno de los tres partidos de la Oposición, que venían luchando con todo empeño en esa larga gesta y cruzada que tuvo dos partes, la civil y la bélica. Y para llegar al final a que se llegó, fue preciso atacar la parte legal, pasando por todo el proceso eleccionario, moviendo y avivando el decaído espíritu de los pueblos para que éstos concurriesen, primero a depositar su voto y después, a defenderlo como efectivamente lo hicieron. Porque señores, es necesario que aquí se diga una vez más, que la revolución fue obra de todos los costarricenses, y no de uno de los partidos de la Oposición, el Social Demócrata, como se pretende hacer aparecer. Muchos fueron los ciudadanos que presentaron su contingente valiosísimo en la parte civil de esta cruzada y algunos hasta perdieron la vida en ella, y el propio Presidente Electo vio en inminente peligro la suya en varias ocasiones, primero cuando trataba personalmente de levantar la decaída moral de los pueblos y luego al comienzo de la revolución. Y cuando se hizo la integración de la Junta de Gobierno, no quisieron permitirle al Partido Unión Nacional, para garantía del país, que tuviese en el gabinete de la Junta por lo menos dos Ministros, para escuchar así, el parecer y el consejo de dos personas experimentadas y de criterio sensato. Luego comenzó a actuar la Junta de Gobierno y no me voy a referir a sus actuaciones pues aquí todos las conocemos, basta con hacer resaltar la actitud magnánima del señor Ulate, de no intervenir en absoluto en los actos de dicha Junta; actitud quebrantada únicamente a solicitud de la Junta, en la pasada emergencia de diciembre, cuando ésta necesitó el apoyo moral y material porque la exaltación y la desconfianza eran muy grandes. Y así, podría seguir señalando las repetidas muestras de desinterés y de patriotismo del señor Ulate, de sus grandes esfuerzos y sacrificios porque la paz no se altere, y de este continuo ceder para que la República se desenvuelva hasta recobrar su completa normalidad; pero todo tiene su límite, y yo creo que al de las concesiones con la Junta de Gobierno ya hemos llegado. Por eso señores, no sé hasta dónde debemos apoyar la determinación del señor Ulate y del Comité Ejecutivo del Partido Unión Nacional contenida en la nota que hoy nos ha enviado.

Ya en ocasión anterior manifesté, como lo ha repetido aquí el señor Facio al leer las intervenciones de las sesiones del 30 y 31 de mayo, que no me preocupa el hecho de que el señor Figueres proclame su candidatura presidencial para tratar de suceder a don Otilio Ulate en la Presidencia; pues para mí sería lo mismo que el señor Figueres llegara a la Presidencia después de Ulate, o que llegara cualquiera de sus Ministros, colaboradores o amigos. Pienso que el gobierno que hiciera cualquiera de ellos, sería idéntico al que hiciera el propio Figueres, ya que todos pertenecen a un partido doctrinario bien organizado y disciplinado, cuyo plan de gobierno sería el mismo, cualquiera que fuera el partidario que ejerciera el poder. Pero sigo creyendo que la presente Constitución de 1949, que no le cierra el paso al partido del señor Figueres, pero sí, se lo cierra, y por ocho años, a la persona del señor Figueres.

Sin embargo, sería el primero en ceder una vez más, si esto fuera a poner punto final a estas concesiones, y en admitir en conciencia, ya que no soy hombre de leyes, que los actuales miembros de la Junta de Gobierno y el Presidente de ella, señor Figueres, figurasen en una lista de Diputados encabezada por el propio señor Figueres, para que defiendan en la Asamblea Legislativa su obra de gobierno, de los posibles ataques que se le hagan. En esto advierto que estaría de acuerdo, pero que no iría más allá en lo que se refiere a concesiones, porque desgraciadamente, tengo una experiencia corta, pero muy triste, de lo que éstas significan en política.

Si esta fuera la petición de la Junta de Gobierno, estoy seguro que encontraría el apoyo de esta Asamblea, ya que nada tendría que temer el país, de que los integrantes de la Junta vinieran aquí en el próximo período a defender su obra administrativa, a pesar de que para eso tendrían otros medios, tales como la prensa y la radio; sin embargo, podríamos acceder a ello, ya que es en las Asambleas Legislativas, donde comienza el análisis y juzgamiento de la obra de un Gobierno.

Pero la realidad, señores Representantes, es que a más de diputaciones se está pidiendo la Vicepresidencia de la República, como si ésta sirviera de algo para defender la obra de un Gobierno, pues es sabido de todos, que los Designados de antes o los Vicepresidentes de ahora nada tienen que hacer en la Casa Presidencial, que su posición es casi exclusivamente honorífica y que sólo en ocasiones excepcionales pueden llegar a actuar. Pero hay más, señores Diputados, el propio Presidente de la Junta de Gobierno, ha manifestado en la prensa uno de estos días, que quiere ser Vicepresidente para poder defender su obra de gobierno, y ¿qué quiere decir con esto? ¡Más claro no canta un gallo! Quiere decir que el Vicepresidente va a pasarse metido en la Casa Presidencial, teniendo injerencia directa en los asuntos del próximo gobierno, presionando constantemente en un sentido o en otro, y obstaculizando la difícil labor del Presidente. Y si las cosas se llevaran al extremo, y algún fanático pusiera fin a los días del Presidente Electo, siendo el señor Figueres el Vicepresidente, ¿qué ocurriría? pues, ocurriría que el señor Figueres asumiría el mando, y quién sabe si lo renunciaría un año antes de las elecciones, para volver a lanzar su candidatura y continuar cuatro años más en el poder. Porque si la obra del actual Gobierno, no puede ser defendida durante los cuatro años, y el programa del partido Liberación Nacional, ahora Compactación Nacional, no se ha podido llevar a la práctica en su totalidad; con el mismo argumento que se pide ahora la Vicepresidencia de la República, puede pedirse mañana cuatro años más para defender esa obra de Gobierno y ese programa colosal.

Por eso jamás votaré el transitorio que se nos propone, porque creo que equivaldría a abrir la puerta por la cual el actual régimen se perpetuaría en el Poder.

DISCURSO pronunciado por el señor Diputado Fernando Volio Sancho.

Señores Diputados: He estado escuchando, después de mi intervención del día de ayer, las razones de los compañeros que adversan la tesis que propugno en cuanto al caso que motiva este debate, con el deseo y propósito de refutarlas en oportunidad posterior, del modo más amplio posible. Esa oportunidad ha llegado. Ciertamente, no habré de referirme a las palabras de un señor Representante que ha venido aquí a sentar cátedra de airado encono contra la Junta de Gobierno, quizás porque ciertas medidas de esa Junta han lesionado sus muy particulares intereses -que distan mucho de ser los intereses de la Nación- ni tampoco perderé el tiempo en ocuparme de quien ha osado atribuirme actitudes políticas que no he tenido ni tendré jamás. Yo podría decirle a mi gratuito ofensor, señor Esquivel Fernández, que las actitudes que me achaca sí son las que él acostumbraba cuando mantenía estrecha amistad con Teodoro Picado, insensible al dolor de todo un pueblo que luchaba heroicamente por su liberación. No habré de referirme a nada de eso.

Mi refutación se concretará a argumentos dignos de tomarse en cuenta, aducidos por quienes sí han abordado el tema con altura y con lealtad. Yo rindo homenaje a la auténtica prestancia intelectual de un don Otón Acosta, y un Luis Dobles Segreda, y me es honroso y placentero a la vez contender con ellos.

Paso a desvirtuar lo dicho por el señor Dobles Segreda. En verdad sorprende, señores Diputados, la mutación de criterio que, de la noche a la mañana y sin fundamento alguno, observamos en una personalidad tan relevante como la de don Luis, al enjuiciar el caso de don José Figueres. Tengo aquí, sobre mi escritorio, palabras dichas por el señor Dobles Segreda con ocasión del debate sobre la prórroga del período de la Junta de Gobierno, y esas palabras de ayer son diametralmente distintas a las de hoy. En aquella ocasión manifestaba el distinguido compañero lo siguiente: (El orador lee algunos párrafos del discurso del Diputado Dobles Segreda, que se ha referido.)

Tan hermosos conceptos no pueden compararse con los que hace apenas pocas horas pronunciara el señor Dobles Segreda. Estos últimos son la negación más rotunda de aquéllos. Los tiempos cambian y también las opiniones de los hombres. Con palabras que no puedo dudar que fueron sinceras, el señor Dobles nos decía, en fecha reciente, que no debíamos regatearle al señor Figueres sus méritos y sus glorias, porque había hecho obra grande y provechosa al servicio de la República, y ahora nos aconseja que cometamos una mezquindad contra quien, ayer no más, consideraba él muy digno del reconocimiento de la Patria.

Oí ayer al destacado Representante Otón Acosta Jiménez pronunciarse en tono vehemente sobre el problema que discutimos, y así como me causó profunda extrañeza el cambio de criterio, a muy corto plazo, del señor Dobles Segreda, también hubo de sorprenderme que el señor Acosta Jiménez pusiera en tela de duda la fortaleza moral de don Otilio Ulate. Yo, señores Diputados, me precio de ser justo. Por rendirle tributo a la justicia he salido a defender a don José Figueres y con ese mismo justiciero espíritu debo defender al señor Ulate y continuar defendiéndolo en tanto este ciudadano merezca, al igual que ahora, el respeto y la consideración de los costarricenses. Yo no puedo admitir que se diga, como lo ha dicho con ligereza mi muy apreciable amigo el señor Acosta, que solamente las veladas amenazas de los militares pudieron hacer que don Otilio Ulate recomendase a la Asamblea la prórroga del período de mando de la Junta. Los ruidos de sables o de espuelas nunca han amedrentado al señor Ulate, y lo digo porque conozco la reciedumbre del carácter de este preclaro varón. Además, desde que triunfó el movimiento revolucionario, no se oyen afortunadamente, ruidos de esa clase en Costa Rica. Los hombres que están en el Poder son civiles, no militares.

Si bien llegaron a él abriéndose el camino por la fuerza de las armas, tras mil vicisitudes y peligros, lo hicieron únicamente para reintegrar el país a la vida constitucional y darle el primer impulso a una nueva política, social, económica y administrativa. Amparados a esas armas con las cuales ganaron la victoria, pudieron haberse quedado en el poder. ¿Dónde está, pues, el amenazante espíritu militarista que, al decir del señor Acosta, coaccionó a don Otilio Ulate para firmar el Pacto de mayo de 1948? Si don José Figueres, al suscribir ese convenio, no hubiera estado animado de las más sanas intenciones, nunca lo habría suscrito. La reconocida altivez de don Otilio Ulate no habría permitido que se le amenazara, velada o abiertamente, para obtener su conformidad con el establecimiento de un gobierno provisional. Dudar de esto equivaldría a desconocer las virtudes que adornan al señor Ulate. De otro lado, la actitud de éste en relación con la Junta de Gobierno, a partir del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y especialmente en el transcurso de las diversas crisis políticas por que ha atravesado el país desde entonces, nos dejan, a quienes las analicemos serenamente, la convicción de que el señor Ulate nunca les ha negado su confianza al señor Figueres y a sus compañeros en el Gobierno.

Esa confianza, plena y robusta, trasciende del Mensaje, enviado por don Otilio Ulate a la Asamblea Constituyente, recomendando la prórroga del período gubernativo de la Junta que preside el señor Figueres. En esa oportunidad, el Presidente Electo dijo entre otras cosas: (el orador da lectura a varios conceptos del Mensaje del señor Ulate.)

Este Mensaje es uno de los más importantes documentos políticos de nuestra historia, y abunda en nobles pensamientos y patrióticas intenciones. Declara ahí el señor Ulate, que la Repú- blica les debe imperecedera gratitud a los hombres que hicieron posible la Revolución, y que ellos son sus amigos. Don Otilio Ulate siempre se ha empeñado en mantener, respecto de la Junta, una política de compresión y cordialidad, que es la misma que hemos seguido algunos a quienes hoy, por este motivo solamente, se nos tilda de desleales al Partido Unión Nacional, fingiendo ignorar que, por el contrario, nuestra conducta ha sido de la más sincera lealtad a las convicciones del Jefe del Partido, inspiradas en elevados propósitos de bien público. En aquellas días de abril último, cuando la Junta de Gobierno quiso designar el mando en el señor Ulate, compelido a tomar una resolución de esa trascendencia por la ruin campaña obstruccionista que desarrollaban ciertos elementos del Partido Unión Nacional a espaldas de su Jefe, el señor Ulate se negó reiteradamente a aceptar el depósito del Poder, entre otras razones muy personales, porque no quería, con su aceptación, justificar la campaña de sus propios amigos contra la Junta y porque tampoco deseaba abrir el abismo de la discordia entre los grupos vencedores, sino por el contrario, afianzar su unión. En ese mismo sentido, el país me ha visto a mí laborando con sincero esfuerzo, aunque desgraciadamente sin buen éxito. El país sabe cuánto ha sido mi empeño por impedir que se divida la que fue Oposición Nacional, pues si en las difíciles circunstancias de la hora de ahora los antiguos aliados nos separamos e inclusive nos ponemos a pelear entre nosotros mismos, los resultados de todo esto serían fatales para nuestra causa y para la causa de la República. No han faltado quienes me censuren por mi actitud, de la cual no me arrepiento, tales censuras son hijas de las pasiones y de la incomprensión, y no me detienen ni habrán de detener en mis propósitos de seguir laborando por la solidaridad de quienes nos enfrentamos a los Calderones y Picados. Ulate ha sido el mejor paladín de esa política de unificación y concordia, y por serlo, también se le reprocha injustamente, no obstante que, en ese particular como en todas sus demás actuaciones, cuenta con el respaldo mayoritario del país. Es doloroso pero inevitable admitir que hay un sector del Partido Unión Nacional que sabotea, por decirlo así, la obra generosa del señor Ulate. Yo pude comprobar esto cuando recientemente me dirigí al Comité del Partido solicitándole explicación de las razones en virtud de las cuales elementos del sector que antes mencioné han estado impidiendo adrede la compactación de las antiguas fuerzas oposicionistas para el efecto de las próximas elecciones. Al mismo tiempo, le pedí al Comité que sometiera a discusión esa política separatista. Mis palabras cayeron en el vacío, a pesar de que por los mismos días don Otilio Ulate había manifestado que era preciso llevar adelante la unificación, lo que me hizo pensar que hay dentro del Partido tendencias divergentes que se dirigen a apartar al Jefe del camino recto por donde él ha venido transitando.

Yo, señores Diputados, no acierto a comprender la conducta de ciertos directores políticos que se dicen identificados con el señor Ulate, y que sin embargo, lo contrarían en su modo de pensar y de sentir. La voluntad de don Otilio Ulate es manifiesta. El ha dicho en todos los tonos que quiere la unificación y quiere gobernar con los que cooperaron al derrocamiento del régimen pasado. Ulate llegó a aceptar varias fórmulas que perseguían ese objeto, las cuales, después de salir de sus manos, fueron escamoteadas por algunos como por arte de magia. Por un lado, vemos a Ulate sinceramente empeñado en abrirle a don José Figueres los caminos democráticos para que se someta su obra gubernativa al referendo popular, y por otro lado encontramos a determinados miembros del Comité de nuestro Partido Unión Nacional vedándole al señor Figueres esos caminos. Respetuoso como he sido del criterio de un hombre de la altura intelectual y moral del señor Ulate, he tratado siempre de seguir las inspiraciones suyas en la política costarricense, y de ahí que al igual que él desee remover los obstáculos -que a mi juicio no existen- para que el señor Figueres pueda aspirar, por la vía del sufragio, a la Vicepresidencia de la República.

Se dice que Figueres traicionó los ideales de la Revolución, porque no hizo inmediata entrega del Poder a Ulate. Con ese espíritu de justicia que vivirá en mí permanentemente, vengo a defender a nuestro Libertador, porque el cargo no es cierto. El propio señor Ulate ha desmentido el cargo en múltiples ocasiones. Es imposible que con el criterio de hoy podamos juzgar acertadamente los hechos del pasado. ¿Cuál era la situación que reinaba en Costa Rica al terminar el movimiento revolucionario? Todos lo sabemos. El país se encontraba en completa anarquía, con sus servicios administrativos desorganizados y sus fuentes de riqueza agotadas. Las bandas de malhechores asolaban el territorio, la ley ni imperaba. Era indispensable reconstruir nuestra vida, en sus diferentes aspectos: político, económico y de todo otro orden. Era preciso acometer una severa y saludable tarea de sanción contra los delincuentes del régimen calderoniano, proseguir la obra regeneradora, aún inconclusa, para que no se malograran los sacrificios de una lucha cruenta y larga. Era preciso, en fin, mantener las armas en la mano. Todo esto, sin contar otras circunstancias de suyo graves a que en anteriores ocasiones me he referido, hacía imperioso el establecimiento de un gobierno de facto durante un término prudencial, necesidad que comprendió con claridad don Otilio Ulate al convenir con don José Figueres el Pacto de mayo de 1948, por el cual la Junta de Gobierno habría de permanecer en el Poder durante un término máximo de dos años.

Figueres sólo habría traicionado el movimiento reivindicador, si se hubiera aliado con los enemigos de la República, pero los hechos nos prueban que, por el contrario, se ha enfrentado a ellos decididamente.

No quiero, señores Diputados, abusar por más tiempo de la bondadosa atención de quienes me escuchan. He peleado por la justicia y seguiré peleando por ella. He batallado por mantener la armonía y la unidad de los grupos oposicionistas con Ulate y Figueres -sus más esclarecidos conductores- a la cabeza, y no me habrán de faltar ánimos para llevar hasta el final mis empeños.

A ambos líderes les debemos el bien precioso de la libertad recobrada. Si grande fue Ulate en el movimiento cívico de 1947, al cual le dio vigor y esencia con su encendido verbo, sus concepciones de estadista y sus arrestos de caudillo, no menos grande fue Figueres el empuñar las armas en condiciones peligrosamente adversas y al darnos su magnífico ejemplo de tenacidad y coraje. Estos dos grandes hombres deben permanecer unidos, sin que haya de valer la insidia que algunos ponen para separarlos en momentos como los actuales, cuando la Patria tanto necesita de los esfuerzos conjugados de Ulate y Figueres.

Señores Diputados: al oír anoche las frases de José Figueres, pronunciadas por la radio y llenas de profunda desilusión, recordaba la amargura que, por causa de la ingratitud de los hombres, padeció en sus últimos años otro Libertador americano: Simón Bolívar.

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ANEXO AL ACTA Nº 120

Julio 30 de 1949.

Señores Miembros del Tribunal Supremo de Elecciones Lic. Carlos Orozco Castro, Lic. Gonzalo Echeverría F., Lic. Juan Rafael Calzada C. Ciudad.

Estimados señores:

Nos es grato trasmitirle la resolución que esta Asamblea Nacional Constituyente declaró firme en la sesión de ayer, en respuesta al oficio Nº 1412 de 27 de julio del presente año, de ese Honorable Tribunal, y que literalmente dice así:

“Para que se manifieste al Tribunal Nacional Electoral que, al tenor del artículo 78, inciso 3) de la parte de Constitución promulgada, corresponde a dicho Tribunal interpretar en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones constitucionales y legales a la materia electoral”.

De los señores Miembros del Tribunal Nacional Electoral, atentos servidores, Fernando Vargas Fernández, Gonzalo Ortiz Martín, Primer Secretario. Segundo Secretario.