Acta 130 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 130

No. 130.- Centésima trigésima acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del día dieciséis de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Marcial Rodríguez. Presentes los señores Diputados: Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Montiel, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, González Flores, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz y los suplentes: Castro, Rojas Espinoza, Lobo, Chacón, Morúa, Rojas Vargas y Elizondo.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- El Diputado ARIAS BONILLA, miembro de la Comisión Dictaminadora sobre el Contrato Petrolero con la Honolulu Oil Corporation, en breve intervención, informó a la Cámara acerca del trabajo efectuado por la mencionada Comisión. Advirtió que iniciaron el trabajo estudiando la propia contratación, en una forma detallada, y luego con los personeros del Gobierno y con los de la Compañía. Con los señores Ing. Gutiérrez Braun y el geólogo Segura Paguagua sostuvieron dos entrevistas. También han tenido varias conversaciones con los representantes de la Compañía, señores Lic. Fabio Fournier y Esquivel Guier, con estas dos personas cambiaron impresiones a ver si era posible introducirle a la contratación algunas modificaciones, para que pudieran recomendarla a la Cámara. Los mencionados representantes de la Compañía se han dirigido a la misma proponiendo las modificaciones señaladas. En el caso de que la compañía las acepte, posiblemente envíe un representante. La respuesta de la Compañía aún no ha llegado. Todavía hay que esperar algunos días más, terminó el señor Arias.
Artículo3º.- Se dio lectura a la correspondencia:
a) Cablegrama del Congreso Nacional de Quito, Ecuador, por medio del cual agradecen el envío de condolencia con ocasión del terremoto que asoló a ese país.
b) Carta de la Asociación de Mujeres “Carmen Lyra” en relación con los artículos aprobados que se refieren a los hijos habidos fuera del matrimonio.
c) Carta de la señorita Emma Gamboa, actualmente en Columbus, Ohio, en relación con materias educacionales. (*)
(*) Ver Anexo a esta acta. Artículo 4º.- Se continuó en la discusión de la moción del señor Montealegre que dice así:
“Las instituciones de crédito que se establezcan al amparo de la Constitución y de las leyes no podrán ser nacionalizadas”.
El señor GONZALEZ FLORES se refirió a algunos conceptos externados en la última sesión por el Diputado Chacón Jinesta. Expresó que de nada sirven las Garantías Sociales si no tienen contenido económico, que se logra mediante la estabilidad monetaria. De nada valen las prestaciones legales, el aumento de los salarios, si la moneda cada día baja más. Precisamente el nuevo capítulo de las Garantías Económicas que ha propuesto tiene como objeto fortalecer esas garantías sociales: Indicó luego que el señor Facio, en su libro “La moneda y la banca central en Costa Rica”, sostiene las mismas tesis que él ha venido sosteniendo. En cuanto a la nacionalización bancaria, piensa que es fundamental dar toda clase de facilidades a las instituciones privadas de crédito para que se establezcan en el futuro. Agregó que la situación económica y fiscal del país es pavorosa. La experiencia que nos ha dejado la Junta en 14 meses de gobierno es bastante desconsoladora. Los problemas económicos derivados de esa situación merecen un poco más de estudio y atención. Cuando en 1943 dio el campanazo por cuanto la deuda pública se había aumentado en 63 millones de colones, el pueblo de Costa Rica se alarmó. Ahora, en 14 meses de gobierno de la Junta la deuda se ha aumentado en 72 millones de colones. Es decir, la Junta le ha ganado el campeonato a Calderón Guardia. La inflación es cada días más funesta. Por todas estas razones, he creído conveniente someter a la consideración de la Asamblea el capítulo sobre las garantías económicas.
El Representante MONTEALEGRE se refirió a la importancia de otorgar a la banca privada toda clase de facilidades, para que se pueda de nuevo establecer en Costa Rica. Si en la Constitución se dice que esa banca no podrá ser nacionalizada, es indiscutible que la confianza se habrá recuperado en gran parte. Se trata de un principio saludable y general que debe incorporarse a nuestra Carta Política. Añadió que no hubiera combatido la nacionalización de la banca si hubiese dado buenos resultados en otros países, pero es sabido que en ningún país de Europa o América se ha nacionalizado la banca particular. Tampoco se le quiere quitar al Estado el derecho de trabajar en la banca. Para ello tiene perfecto derecho, máxime después de la creación del Banco Nacional. La nacionalización bancaria pone en manos del Gobierno una arma poderosísima. Un gobierno inescrupuloso podrá fácilmente liquidar a sus enemigos políticos. Aclaró, sin embargo, que tenía confianza en los gobernantes del futuro, pero no debe pasarse por alto que una equivocación es fácil. Calderón Guardia llegó al poder en hombros de una gran popularidad. El pueblo se equivocó de parte a parte. Perfectamente puede presentarse una equivocación de esta naturaleza en el futuro. De ahí que se está en la obligación de poner trabas constitucionales. Declaró también enfáticamente que al proceder de esta manera no estaba defendiendo sus intereses, que no los tiene en este asunto. Procede tan sólo movido por los superiores intereses de la Nación.
El Licenciado FACIO manifestó que expresamente no había querido referirse en detalle a cada una de las mociones presentadas por el señor González Flores. Piensa que sobre estas materias tan complejas no es este el momento adecuado de abrir un amplio debate sobre las mismas. Por eso se ha referido escuetamente a las tres mociones debatidas, la primera de las cuales votó favorablemente y las otras dos negativamente. Ha sostenido que la Constitución no debe incorporar principios rígidos, absolutos, que podrán traer como consecuencia constantes reformas constitucionales, o bien que se violen los mismos, para adaptar esos principios a las necesidades del país. Esa ha sido su actitud respecto al grupo de mociones del señor González Flores. Sin embargo, se ve obligado a referirse a algunas observaciones que se han hecho respecto a su posición. Con muchos de esos principios -dijo- estoy de acuerdo. Pero ello no lo mueve a aceptar que se les haga objeto de una disposición constitucional. Aunque crea en la bondad de esos principios, en la conveniencia de los mismos, sus responsabilidad como constituyente, que está cooperando en la redacción de la Carta Fundamental que ha de regir los destinos del país por muchos años, lo inhibe para introducir en la Constitución normas tan estrictas y rígidas, más propias de una ley ordinaria, aunque doctrinariamente sean hoy por hoy valederas. No es argumento para incluir en la Constitución prohibiciones por el hecho de que en Costa Rica se haya abusado de las actuaciones correspondientes en el pasado. No por cuanto se ha abusado de nuestros sistemas de gobierno, podemos afirmar que las instituciones democráticas son perniciosas y deben, en consecuencia, eliminarse. Lo mismo cabría decir de esas normas financieras de las que se ha abusado en Costa Rica. Si se estuviera redactando una ley de banca central, posiblemente estaría de acuerdo con la mayoría de esos principios que se desean incorporar a la Constitución. Pero de ninguna manera puede aceptar que se eleven a la categoría de preceptos constitucionales, rígidos y absolutos. Añadió luego que en distintas ocasiones ha sostenido la necesidad de dar contenido económico a las Garantías Sociales. Sin embargo, no opina que mediante la simple aprobación del texto escueto de ciertos principios se va a obrar el milagro. Esos principios, aunque doctrinariamente son admitidos, en situaciones de emergencia -como la que está viviendo el país- pueden resultar embarazosos. Corresponderá a la próxima Asamblea Legislativa y a los hombres del gobierno, mediante soluciones adecuadas, hacer frente al grave problema que confronta el país. En cuanto a la moción en debate, repitió lo que en la sesión anterior expuso. La moción es innecesaria, por cuanto ya se aprobó el principio general de la inviolabilidad de la propiedad, principio que ampara a todas las formas de propiedad, inclusive a las instituciones privadas de crédito. Eso en cuento a la forma. En lo que se refiere al fondo, piensa que no es la Asamblea Constituyente la indicada para resolver qué es lo que más le conviene al país en esta materia. El debate sobre la nacionalización bancaria, sus alcances, sus beneficios, la conveniencia o inconveniencia de la misma, será materia de discusión de la próxima Asamblea Legislativa, la que tendrá que enfrentarse ante el hecho consumado en una forma constructiva, alejada lo más posible de las pasiones políticas. No se puede en una forma festinada y atolondrada resolver tan difícil problema planteado por la nacionalización bancaria. Si la próxima Asamblea Legislativa se enfrenta con un espíritu constructivo a este problema, puede llegar a establecer en Costa Rica un sistema bancario que sea orgullo para el país y ejemplo para las otras naciones de América. En cuanto al socorrido argumento de que la nacionalización de la banca ha traído como consecuencia la desconfianza en el capital, recuerda al respecto el debate que surgió en cuanto don Tomás Soley Güell -por cierto uno de nuestros grandes liberales en materia económica- propuso el proyecto de monopolio y nacionalización de los seguros en Costa Rica. En esa oportunidad también se combatió la medida con los mismos argumentos expuestos en contra de la nacionalización bancaria. Se dijo que tal medida traería como consecuencia la desconfianza ya que nadie pensaría en asegurarse con una institución estatal. Dichosamente esos argumentos no prosperaron, y los resultados han sido totalmente distintos a los pronosticados por el grupo que se oponía a las medidas. Puestos los seguros en manos de una institución autónoma, seria y respetable, han dado los resultados magníficos que todos conocemos. Lo mismo puede decirse acerca de la nacionalización bancaria. Si el sistema bancario se pone en manos de una institución autónoma, responsable, integrada por personas capacitadas y honestas, al margen completamente de los vaivenes de la política, al cabo de algunos años el sistema bancario nacional será tan fuerte y respetable, como lo es hoy el Banco de Seguros. (El discurso completo del Licenciado Facio se reproduce al pie del acta.)
El Diputado GONZALEZ FLORES de nuevo intervino en el debate. Indicó que cuando un principio que se considera bueno y que por ciertos intereses no puede ser llevado a la ley, debe consignarse en la Constitución, para mayor seguridad, ya que es sabido que una ley se puede derogar o modificar fácilmente. Agregó que lo que ha querido evitar son las expoliaciones. Al respecto citó una frase de un Diputado uruguayo, quien en una ocasión dijo que existían dos maneras para sacarle el dinero a la gente: con la amenaza de un puñal en una encrucijada, o mediante medidas drásticas.
El Diputado ARIAS BONILLA se refirió a las distintas mociones presentadas por el señor González Flores, así como a la del Representante Montealegre. Empezó diciendo que no podía negarle su simpatía al proyecto de don Luis Felipe, por el bien que el mismo persigue. Ese proyecto merece toda su felicitación, no obstante que no lo ha acuerpado en el planeamiento de sus mociones, de las que toma su parte sustantiva. Añadió que participaba de algunas de las ideas del señor Facio en el sentido de que no se deben incorporar en nuestra Constitución principios rígidos, que pueden ser violados. Esos principios deberían merecer un amplio estudio por parte de la Cámara. Pero eso no excluye que se incorporen en la Constitución principios saludables, que servirán para marcar un derrotero a los futuros legisladores. Por eso le ha extrañado que la Asamblea haya rechazado esos principios, como el que se refiere a la estabilidad monetaria. Todos los países tratan de sostener el valor de la moneda. Las grandes naciones se han preocupado por el problema fundamental de la estabilidad de la moneda. Al respecto, leyó algunos párrafos de las recomendaciones de los financistas del National City Bank of New York para resolver el problema planteado por la desvalorización de la moneda en algunos países europeos. Si nosotros hubiéramos incorporado en la Constitución el buen deseo de que se adoptara la moneda que más le conviene al país, después de estudios cuidadosos, nada se hubiera perdido. En la segunda moción -continuó el señor Arias- presentada por el Diputado González Flores, existe un principio saludable que desgraciadamente no se acogió: el de proscribir la moneda papel. Indicó que la moneda papel en estos momentos en el mundo sólo existe en algunas provincias de China. En cuanto a la moción del señor Montealegre, observó que se dirige a impedir que instituciones bancarias que se establezcan en el futuro puedan ser nacionalizadas. Tal medida, a no dudarlo ayudará a que vuelva la confianza al país. Luego el orador pasó a referirse brevemente al desarrollo bancario en Costa Rica desde fines del siglo pasado. Poco a poco a los bancos se les fue recortando sus atribuciones, hasta llegar a la creación del Banco Internacional en la Administración de don Alfredo González Flores. Por ese camino -agregó- se hubieran alcanzado los mejores propósitos, sin necesidad de acudir a la violencia. La drástica medida de la nacionalización bancaria provocó naturalmente la desconfianza y el pánico en el capital. Esa desconfianza se hizo patente bien pronto con los retiros de los depósitos bancarios, congelados hoy en las cajas fuertes, sin ningún provecho para el país. Esa desconfianza, además, se reflejó no sólo dentro del país, sino fuera de él. De ahí que es imprescindible tratar de devolverle al país su confianza, por los medios a nuestro alcance. La confianza renacerá cuando los capitalistas sepan que las instituciones bancarias serán respetadas. Así reintegrarán sus dineros a los bancos. Si esa confianza no vuelve -terminó diciendo el señor Arias- el próximo gobierno, por más bien intencionado que esté, no podrá llevar a cabo sus propósitos. Es indispensable darle garantías al país. Por todas esas razones, votará la moción planteada aclarando, sin embargo, que no lo hace como una protesta o un reproche a lo pasado.
El Diputado GAMBOA expresó que no votaría la moción en debate, por considerarla inocua, como lo había afirmado en la sesión anterior. Con esa moción -dijo- no se logrará otorgarle confianza al capital. Existe un principio aprobado en virtud del cual es posible expropiar por utilidad pública. El día de mañana surge, por ejemplo, un banco particular. El Estado, alegando motivos de utilidad pública, podrá expropiarlo, disolviendo la sociedad anónima. Habrá entonces, desaparecido la institución bancaria, sin necesidad de ser nacionalizada. La única manera efectiva es estableciendo en la Constitución que la banca particular no podrá ser nacionalizada o expropiada. Agregó que la banca particular es necesaria. En manos del Estado vendrá a ser un arma muy poderosa, que ayudará a liquidar a sus enemigos políticos. Estima, en consecuencia, que haya que hacer toda clase de facilidades para que la banca privada vuelva a trabajar en Costa Rica.
El Diputado ZELEDON razonó su voto negativo así: No votaré la moción planteada, porque a mi juicio viene a quitar la oportunidad al Estado de que, en una situación difícil, pueda obligar a los dueños del poder económico, que son los que han gobernado el país, a colaborar en beneficio de todos los costarricenses. De ahí que estoy de acuerdo con la nacionalización de la banca particular. Si el gobierno actual hubiera acudido a los bancos particulares en demanda de auxilio y colaboración, seguramente que le habrían contestado lo que le contestaron a don Alfredo González Flores. Era necesario darles en la cabeza. Sin esa actitud no hubiera sido posible que los dueños del dinero colaborasen en bien del país, ayudando a sacar al país de la ruina en que lo dejaron dos los regímenes anteriores.
Agotado el debate en torno a la moción del señor Montealegre, sometida a votación, fue desechada.
Se discutió luego la siguiente moción del señor GONZALEZ FLORES:
“Los títulos de crédito emitidos por el Estado no están sujetos a cambio en el plazo, porcentaje de amortización y en el tipo de interés de los consignados en dichos títulos”.
El proponente explicó que el objeto de su moción era el de levantar el crédito del Estado. En la forma como se han venido manejando los títulos del Estado, la gente está perdiendo la confianza en ellos. La situación que habrá de confrontar el próximo gobierno requiere mucha confianza. Al menos, es necesario mantener esa confianza en los títulos del Estado.
El señor TREJOS propuso al mocionante aceptar la fórmula siguiente: “Los títulos de crédito emitidos por el Estado u otra persona o entidad, no están sujetos a cambios en cuanto a plazo, tipo de interés o plan de amortización”.
El Diputado GONZALEZ FLORES accedió a retirar su moción para darle paso a la anterior.
El Licenciado ESQUIVEL declaró, que, aun cuando no es un experto en materia económica, el buen sentido le dice que no podemos comprometer la gestión financiera del próximo gobierno, atándole las manos en materia tan importante. Lo ideal es que el Estado cumpla como el mejor pagador y no se viese forzado a bajar el tipo de interés o de amortización de sus valores. Pero no siempre lo ideal está de acuerdo con la realidad. Y la realidad es que la situación económica y fiscal del país es muy seria. Principios rígidos como el propuesto, por más bien intencionados que estén, vendrá a entorpecer la labor del próximo gobierno. Nuestra obligación es -concluyó el señor Esquivel- poner en manos del señor Ulate los instrumentos adecuados para que puede resolver el grave problema económico que sufre el país.
El Diputado GONZALEZ FLORES aclaró que, precisamente lo que se desea es facilitar al señor Ulate el uso del crédito público, al cual tendrá necesariamente que acudir para solventar la situación económica actual.
El señor TREJOS indicó que no era una traba la moción propuesta. No obstaculiza en ninguna forma la gestión del señor Ulate. Antes bien, fortalece el crédito público, ya que devolverá la confianza en los valores del Estado.
El Diputado GAMBOA expresó que no sentía el menor escrúpulo para votar la moción planteada, que está inspirada en una sabia política financiera. De aprobarse, estima que se habrá dado un paso trascendental en la dura tarea de recuperar el crédito del Estado. Las dificultades que confrontará el Sr. Ulate -concluyó- no nos pueden a llevar a la quiebra de principios de derecho universalmente admitidos.
Sometida a votación la moción del señor Trejos, fue desechada.
El Representante GONZALEZ FLORES presentó moción para que un nuevo artículo se lea así:
“A nadie se puede obligar a recibir en especie o en títulos de crédito el pago de una obligación pecuniaria”.
El proponente explicó que la garantía que propone es como la anterior que se desechó.
Puesta a votación, fue desechada.
Por lo avanzado de la hora, el señor Presidente suspendió la sesión a las seis y treinta de la noche.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
DISCURSO del señor Diputado Facio Brenes.
Señores Diputados: Conforme la habrán podido Uds. apreciar, ha sido mi norma en este debate no entrar a los detalles ni referirme a las numerosas facetas que presentan todas y cada una de las mociones presentadas por el profesor González Flores; porque considero baldío el tiempo que se dedique en esta Asamblea a debatir cuestiones que, por su complejidad y detallismo, son necesariamente ajenas al texto constitucional.
Expuse en relación con las tres mociones que hasta ahora se han presentado, mi opinión muy escueta, favorable a la primera, y desfavorable a la segunda y la tercera, basando la afirmativa y las dos negativas en el mismo principio general, a saber, que la Constitución Política no es, a mi muy modesto juicio, texto que deba contener principios demasiado concretos, rigurosos o rígidos, en materias tan cambiantes, tan sujetas a constante revisión, ya por la doctrina o por la experiencia del país, como lo son las materias económicas. Me basé para ello en lo dicho en la sesión pasada: en el peligro de que vaya a tener que violarse la Constitución si las condiciones y problemas del país requieren en un momento determinado prescindir de esos principios, o en el de tener que admitir la asfixia del país por el respeto a esos mismos principios.
Una tercera alternativa, también inconveniente, sería la de tener que ir a constantes reformas de la Constitución para ir adaptando ésta a la economía del país y a las doctrinas que sobre la materia vayan produciéndose. Esa ha sido mi opinión y esas sus bases, y las mismas seguirán siéndolo frente a las mociones similares, ya sean del señor González Flores, o bien del señor Trejos, sobre esta materia. Creí que con esa actitud podría contribuir a simplificar el debate, y que sin entrar al análisis detallado de las materias propuestas podríamos ir acogiendo de ellas aquello que tuviera el carácter de principios generales que puedan servir de orientación al legislador y al gobernante de mañana, y desechando aquello que pudiera entorpecer la gestión gubernativa del futuro debido a su rigor y a su dogmatismo. Pero como esa mi posición se ha mal interpretado, me veo en la necesidad de referirme a algunas observaciones que sobre la misma se han hecho y digo, para que quede bien claro, lo siguiente: con muchos, con la mayoría de los principios involucrados, en las mociones del señor González Flores estoy en total desacuerdo [acuerdo], pero la circunstancia de que esté en desacuerdo [acuerdo] con ellos no me mueve a considerar que los mismos deban ser elevados a rango de preceptos constitucionales. En esas materias monetarias y fiscales mantengo ideas bastante concretas, y hasta rigurosas si se quiere, pero aunque yo personalmente crea en la bondad de esos principios, en la conveniencia de esas normas, no puedo como Constituyente, es decir, como Representante del pueblo que está cooperando en la confección de una nueva ley fundamental que no es, así lo esperamos todos, para unos pocos años sino quizá para ciento, no puedo, repito, inclinarme por hacerlos texto constitucional. No creo francamente que cumpliría bien con el mandato que se me dio introduciendo esos principios rígidos, inflexibles, reglamentarios, en un texto político que pretende ser por lo menos centenario.
Contienen las mociones del señor González Flores la prohibición de efectuar emisiones con fines fiscales, emisiones dirigidas a solventar una dificultad de la Administración o a enjugar un déficit suyo. Ese principio está en vigencia en Costa Rica desde que, con el consejo del experto chileno Max se dio la legislación bancaria de 1936. Y con ese principio no hay quien no pueda estar de acuerdo. Más aún, yo creo que, por lo menos directamente, ese principio nunca se volverá a vulnerar en Costa Rica, como no se vulneró siquiera en los ocho años de dictadura encubierta y de inescrupuloso y desordenado manejo de la Hacienda Pública. Yo suscribo ese principio con toda convicción y si estuviéramos discutiendo una Ley del Banco Central hubiera apoyado la moción con todas mis fuerzas. Pero veo tan cambiante el panorama económico del mundo, tan sujeta a constantes rectificaciones la doctrina en materia monetaria, que me resisto a consagrar como texto constitucional aún este principio. Otros puntos de la moción prohíben las operaciones en mercado abierto y las operaciones con vales de tesorería, al prohibirse al Banco Central operar con el fisco o con base en documentos de la deuda pública. Yo estoy de acuerdo con que esas operaciones no deben hacerse en forma directa entre el Banco Central y el fisco, porque no se me escapa que ellas podrían ser aprovechadas para financiar un déficit fiscal y para burlar, por allí la prohibición básica de efectuar emisiones con fines fiscales. Más aún, sobre la realización de esas operaciones en forma indirecta, me refiero a las llamadas operaciones en mercado abierto, tengo también mis dudas, y así lo he expresado en mi modesta obra sobre cuestiones bancarias nacionales, que por cierto ha tenido el privilegio de ser objeto de constantes y inmerecidas citas por parte del señor González Flores. Siempre he temido que pueda abusarse de esas operaciones para financiar en forma indirecta el déficit fiscal. Sin embargo, aunque yo lo crea así no puedo dejar de ver que ellas implican un recurso de banca central hoy universalmente aceptado, e incorporado a nuestra legislación en virtud de las reformas a la constitución del Departamento emisor del año de 1945; ni puedo tampoco dejar de comprender que, bien manejadas, prudentemente administradas pueden ser de gran interés para el control monetario y para la estabilización de los valores del Estado. Por eso, y aunque mi primer impulso es negativo, no me atrevo tampoco a admitir que se las proscriba por medio del texto constitucional, cerrando así toda posibilidad para su empleo y para procurar el rodearlas de las garantías necesarias. No voy a abrumar a los compañeros de la Asamblea, ya que han sido tan pacientes conmigo, con la cita de la mayor parte de las legislaciones bancarias de América Latina, que tengo aquí, pero sí debo asegurarles que todas ellas admiten las operaciones en mercado abierto. He aquí otra fuente de duda para admitir la moción debatida. También en todas ellas, en casi todas, figura el sistema de letras del tesoro, o vales de tesorería, que son documentos de crédito público a no más de un año de plazo, llamados a subsanar los faltantes temporales o estacionales del presupuesto de ingresos. Estos no llegan al Tesoro en la misma proporción, sino que se acumulan en ciertos períodos del año, y disminuyen en otros. Como los gastos públicos, en cambio, sí tienen una mayor regularidad, resulta que a veces, aunque considerado todo el año, los ingresos son suficientes para cubrir los egresos, no lo son en un momento determinado, y para resolver el problema se echa mano a las letras del tesoro, las cuales se colocan en el público o en los bancos, y se pagan luego, cuando entra el grueso de los ingresos nacionales. El sistema es teóricamente inobjetable, y si se le maneja bien, a la par que ayuda en mucho al Fisco, no implica daño económico o monetario alguno. El hecho de que ese sistema figura en casi todas las legislaciones bancarias o fiscales del extranjero es una llamada de atención, es una luz roja que me advierte del peligro de llevar prohibiciones demasiado rígidas a la Constitución. La circunstancia de que aquí, o fuera de aquí, se haya abusado a veces de esos instrumentos, no puede ser argumento definitivo en favor de la proscripción constitucional de los mismos. Porque las leyes, los recursos financieros, pueden ser tan malos como buenos, según como se los maneje, según quien los maneje, según para qué se los maneje. Instituciones que en el régimen de los ocho años fueron arbitrio para el pillaje y el desorden, puestas en manos dignas y patriotas, pueden ser no sólo utilísimas, sino imprescindibles para la buena marcha del país.
Señores Diputados: cuando en la última sesión de esta Asamblea, yo dije, contestando a una pregunta del señor González Flores que, de pasar estas mociones, al señor Ulate no le quedaría otro recurso que cruzarse de brazos y declarar la quiebra del país, no pretendí con ello presentar un argumento efectista. Ahora bien, si el argumento tuvo efecto, lo tuvo porque él estaba bien fundado. Deseamos dejar al próximo gobierno las manos libres para que, dentro de la honestidad administrativa, de la técnica y de las conveniencias nacionales, pueda echar mano a los diversos recursos que la Ciencia Hacendaria brinda para enderezar las finanzas públicas y reconstruir el Tesoro Nacional. Si con esos recursos, quizás poco ortodoxos, logra conseguirse ese objetivo, yo creo que ningún costarricense se quejará, porque lo primero es vivir y lo segundo filosofar. Pero si por querer mantener al nuevo gobierno y a los que le sigan, dentro de una ortodoxia que riñe con las realidades de la vida práctica, los colocamos en incapacidad de solventar los problemas que acosan al país, entonces sí daremos lugar a quejas y críticas contra nosotros, que habremos actuado muy bien como académicos u hombres de laboratorio, pero muy mal como hombres prácticos o de acción.
Por lo demás, con las normas sobre ordenamiento financiero, equilibrio del presupuesto y contralor de la Hacienda Pública que en el futuro se discutirán en esta Asamblea, sí se logrará poner las bases, sin necesidad de someter a los gobiernos a situaciones difíciles, para que no vuelvan a ocurrir las cosas que el señor González Flores, con muy buen espíritu patriótico, está deseando con sus mociones proscribir para siempre de Costa Rica. Quería dejar bien dicho todo lo anterior para que quedara en claro el origen de mi actitud negativa a la aprobación de estas mociones, ya rechazadas en el día de ayer. Que en cuanto a la que ahora se discute, ya tengo dicho y repetido que no la votaré porque la considero casuística, innecesaria y disonante dentro de la Constitución. Si hay una norma general que consagra el principio de la propiedad privada, no veo a qué establecer formas de privilegio especial para esta o la otra forma de propiedad. La propiedad particular, está ya garantizada en el nuevo texto constitucional, y en forma tal, gracias al agregado que se le hizo tomado por cierto del calumniado proyecto de mil novecientos cuarenta y nueve, que la tan traída y llevada desconfianza desaparecerá necesariamente, si es que existe, al promulgarse la Constitución formalmente. Esa es mi razón de forma. La de fondo es la de que, estando ya a pocas semanas de la inauguración de la Asamblea Legislativa, debemos dejarle a ella el estudio de la nacionalización bancaria, para que con calma, con tiempo y con elementos suficientes de juicio, decida lo mejor para el país en relación con ella. Si ésta fuese la Asamblea Legislativa, y no una Constituyente urgida por el tiempo para dotar al país de su nueva Carta Política, sería el momento y la oportunidad de iniciar un extenso debate sobre la nacionalización, debate que todavía no se ha hecho en el país, porque ni la Junta de Gobierno se preocupó, al dar el paso, por clarificar suficientemente sus implicaciones y sus objetivos, ni los enemigos de la nacionalización han presentado alegatos propiamente dichos ni en la prensa ni en ninguna parte, limitándose a recordar pretendidas similitudes del paso con los dados en Rusia y demás cosas por el estilo.
Aquí, en la Constituyente, cuando se ha tocado el problema político, se ha argumentado, pero muy en general, en pro y en contra de la nacionalización, pero sin ir al fondo del asunto. Se ha dicho por unos que con la nacionalización del crédito será más justamente distribuido, y por los otros que la nacionalización crea el peligro de un Ejecutivo hipertrofiado en materia económica. No creo que basten esas razones para dar el fallo definitivo sobre la nacionalización. En la próxima Asamblea Legislativa deberá discutirse el punto con más calma y mayor profundidad, trayendo a colación, entre otras cosas, la experiencia extranjera y las tendencias mundiales en materia bancaria. Por cierto, acaba de explicar el Licenciado Volio Jiménez en qué consistió la reforma bancaria realizada en la República Argentina en 1945, y lo hizo muy bien, no faltándole más que decir que de acuerdo con esa reforma los depósitos del público fueron realmente nacionalizados, al ser obligatoriamente traspasados a cuenta del Banco Central, y al quedar dicho que los Bancos particulares sólo podrían trabajar en el futuro con sus propios capitales y que, en el caso de que quisiesen trabajar con recursos fuera de los suyos propios, estaban obligados a recurrir al redescuento en el Banco Central, es decir, al empleo del crédito del Banco Central. El redescuento, así, perdió en la Argentina su carácter de recurso de emergencia para velar por la liquidez bancaria, para convertirse en el medio normal, corriente, rutinario, de hacerse de fondos excedentes con qué trabajar. Pero es claro que al restarles la libertad para operar con los depósitos del público, al obligarlos a recurrir al Banco Central para la ampliación de sus operaciones, de hecho quedó el Banco Central en capacidad de dirigir la concesión nacional del crédito, sometiendo los redescuentos a las limitaciones, condiciones y objetivos que creyese necesario. Sin haberse operado, pues, expropiación de los Bancos, sin haberse declarado la nacionalización de la Banca particular, en la Argentina se ha llegado a un sistema en el cual el Director supremo del crédito y, más aún, el dispensador supremo del crédito es el Banco Central, quedando constituidos los Bancos privados en simples agentes de aquél, obligados a seguir su política y sus indicaciones so pena de quedarse sin medios para operar. Estas experiencias, la inglesa, la francesa, la australiana, y tantas otras, son las que la Asamblea Legislativa deberá estudiar para ver si el paso revolucionario dado por la Junta obedece a una tendencia universal de contralor creciente del crédito y la Banca, que es lo que yo creo, o si es un disparate copiado de la Rusia comunista. Todo eso y muchas cosas más deberá determinar la próxima Asamblea y en esos debates que serán de alta trascendencia yo participaré, desde luego, desde afuera, poniendo mi pequeño grano de arena de cooperación ciudadana en un asunto que creo de máxima importancia para los intereses del país. Porque considero que si la Asamblea le pone sitio al problema con ánimo constructivo, despojada de resentimientos personales, sin cálculos de bloqueo político, puede llegar a estructurar un sistema bancario que será orgullo y palanca de progreso para nuestra pequeña nacionalidad, y vivo ejemplo de organización positiva para los demás países. Porque, es claro, sin esa cooperación, sin ese espíritu, la nacionalización no irá a ninguna parte. Con la nacionalización tendrá que suceder lo mismo que sucedió con la revolución libertadora del año pasado: si hay apoyo, si hay comprensión de parte del país, se convertirá en un éxito. Si ese apoyo y esa comprensión faltan, todo puede frustrarse.
Si el señor Figueres me hubiera consultado si, para derrocar al régimen conculcador de nuestras libertades públicas, régimen armado de elementos bélicos y desarmado de escrúpulos, se levantaba con veinte muchachos inermes en las montañas del Sur, yo probablemente le hubiera dicho que no, que eso era una locura. Pero el señor Figueres se levantó, y como el país lo apoyó como un solo hombre, lo que pudo haber sido un suicidio o una locura, se convirtió en la liberación de Costa Rica.
Si el señor Figueres me hubiera consultado sobre la nacionalización bancaria, yo probablemente le hubiera dicho que no, que eso era un acto muy violento.
Pero el señor Figueres hizo la nacionalización, y hoy, si el país comprende las posibilidades del paso, y si la Asamblea Legislativa, pensando sólo en el bien nacional, despojándose de resquemores y resentimientos personales o políticos, trata de organizar bien la banca sobre la base de la nacionalización, lo que pudo haber sido otra locura, se convertirá en una formidable institución económica al servicio del pueblo.
Dichosamente, señores Diputados, dichosamente el señor Figueres no me consultó a mi sobre su levantamiento en armas, sobre la nacionalización bancaria, y hoy tenemos una Patria libre y dignificada, y las bases para construir un sistema bancario nacional que puede ser determinante en el futuro económico del país.
Quiero adelantarme brevemente, ya que se han traído aquí argumentos en contra de la nacionalización, a ese gran debate que abrirá la próxima Asamblea Legislativa, recordando que los miembros de la Misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que estuvieron en el país el año pasado al ser consultados sobre el paso, contestaron que en un país pequeño debe tenderse a la concentración de recursos financieros para hacer más eficiente su acción, y que si se logra proscribir la política, el uso de esos recursos por parte de una institución pública, puede ser mucho más efectivo que su uso por círculos capitalistas privados. Esta opinión, en boca de miembros de una institución tan conservadora y, si se quiere, tan ortodoxa, como el Banco Internacional, es de gran importancia en el debate por venir. Quiero recordar también que cuando se discutió en mil novecientos veinticuatro la nacionalización o el monopolio de seguros, críticas parecidas a las que hoy se le hacen a la nacionalización bancaria, fueron hechas por los personeros de las compañías privadas de seguros afectados por el paso; y que esas críticas, conforme lo profetizaron los defensores del monopolio, han sido completamente desvirtuadas por el tiempo. Por ejemplo, aquello de que no habría nadie que se atreviera a contratar una póliza de vida con una banca estatal, por temor a que sus primas se hicieran humo en manos del Estado ha sido contestado veinticinco años después por la existencia en el Banco Nacional de Seguros, de pólizas de vida por un valor de cuarenta y cuatro millones de colones, y de pólizas de toda naturaleza por un valor total de quinientos veintiséis millones de colones. Igualmente los argumentos del señor Soley Güell, campeón de aquella transformación patriótica, sobre el nuevo Banco, puesto en manos independientes, apolíticas y capaces, se llenaría de prestigio y de utilidades, ha sido confirmado por el tiempo. Pues igual cosa podemos decir hoy del sistema bancario nacionalizado: dentro de veinticinco años él estará lleno de prestigio y produciendo muchas utilidades, a más de llenar con justicia y espíritu social uno de los más básico servicios del mundo moderno. En cuanto a confianza, no tendremos que esperar tanto pues ya estamos viendo, por medio de las estadísticas bancarias, que los depósitos del público, a partir del mes de setiembre de mil novecientos cuarenta y ocho han venido subiendo ininterrumpidamente superando las cifras existentes antes de la nacionalización, con la cual se demuestra que los factores de incertidumbre y desconfianza originados por el paso revolucionario en el primer momento, han cedido completamente, y que la banca nacionalizada cuenta hoy en día con el apoyo y la confianza del país, estando en consecuencia, dada la primordial condición para construir sobre su base el nuevo sistema bancario nacional.
Traigo todos estos argumentos a colación, no obstante mi convencimiento de que no es ésta la oportunidad ni el sitio para tratar del asunto, para hacer ver a los distinguidos compañeros que el problema de la nacionalización es complejo, arduo, delicado, y que mal podría resolvérseles por medio de un texto constitucional como ahora se pretende.
ANEXO AL ACTA Nº 130
Columbus, Ohio, 12 de agosto de 1949.
Sres Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
San José, Costa Rica.
Con todo respeto.
Al mediodía de ayer, 11 de junio, recibí la noticia escueta de que se había presentado a esa Asamblea una moción de reforma a la Constitución conteniendo el siguiente artículo: “La preparación de maestros idóneos para le enseñanza pública es función exclusiva del Estado bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, que la organizará según las necesidades docentes del país”. No teniendo dato alguno más en ese momento, y con el temor de que una carta llegara demasiado tarde, resolví enviar un cable al señor Presidente Doctor Marcial Rodríguez, rogándole presentar a la consideración de esa Honorable Asamblea, la observación del daño que haríase a la educación nacional negando a la Universidad la posibilidad de preparar maestros. Pude hablar en seguida con el Licenciado don Fernando Baudrit, Rector de la Universidad de Costa Rica y miembro de esa Asamblea, y me enteré entonces de que tenía tiempo para hacer llegar mi opinión ante vosotros. Como Decana de la Facultad de Pedagogía, como Presidenta de la Asociación Nacional de Educadores, y como simple maestra consagrada por entero al estudio y al servicio de la educación, tengo el deber de hacer presente mi voz cuando peligra el presente y el futuro desarrollo de la formación profesional del Magisterio costarricense. Se me ha informado que un miembro de la Asamblea Constituyente, dijo a una comisión de jóvenes universitarios que su opinión era que había que volver a la Escuela Normal de antes. Respeto profundamente a la persona que diera esa opinión pero creo que es necesario informarse en el progreso realizado en nuestro país en este respecto y en estudios y experiencias realizados en países más avanzados que el nuestro.
En los Estados Unidos, y me refiero a esta nación porque tengo los datos a la mano, la Escuela Normal de nivel de escuela secundaria, prácticamente ha pasado a la historia.
Durante las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del siglo XX, las escuelas normales fueron creciendo en años de estudio y transformándose paulatinamente en Teacher's Colleges independientes o como parte de las Universidades. La gran mayoría de las Universidades de este país ha incluido ya la preparación de profesores de primaria y secundaria entre sus funciones. Las 212 instituciones que existen actualmente como entidades independientes de la Universidad tienen los mismos requisitos mínimos de 4 años de estudios sobre el requisito del diploma de escuela secundaria.
La tendencia actual de las instituciones separadas es la de integrarse en el sistema universitario por las muchas ventajas que se obtiene con la articulación de las escuelas o colegios universitarios. La curva de crecimiento en las instituciones formadoras de maestros en los Estados Unidos, si bien aquí se ha llegado más lejos que en cualquier otro país, tiene las mismas características de dirección de desarrollo que en otras naciones avanzadas. En un curso en que estudiamos esta materia en este verano, hemos podido inferir la probabilidad de que el ímpetu de crecimiento de las instituciones que preparan maestros va a seguir en movimiento de ascenso, pasando los sistemas de maestros “cadetes”, a escuelas normales y éstas a instituciones profesionales universitarias. Este progreso en la preparación de los maestros no es un lujo ni un ensayo -es la respuesta a la exigencia vital de naciones que alcanzan conciencia suficiente para considerar que en el avance de la cultura reside la consolidación material y espiritual de la democracia. Para los que valoramos la significación de una educación bien dirigida y la hemos visto en acción en otras partes, el interés por sostener lo bueno que tenemos y mejorarlo dentro de lo posible, es profundamente serio.
El Dr. Mantovani, educador argentino distinguido en todo el continente, nos expresó en una visita a Costa Rica que consideraba una valiosa conquista que deberíamos sostener, el haber levantado la preparación de los maestros a nivel universitario. Este ascenso lo realizó el gobierno de don León Cortés en 1936 al establecer la exigencia del bachillerato para entrar a la Escuela de Pedagogía. La inclusión que se hizo de la Escuela en la Universidad de Costa Rica al ser ésta organizada como tal en el año 1940, no fue más que la consolidación de la reforma suscrita por el eximio ex-Presidente Cortés. Fue un gran paso el que don León hizo al dar a la formación de los maestros y no creo que la Honorable Asamblea Constituyente, años más tarde que deben significar más visión hacia adelante, empuje hacia atrás a una institución que ha demostrado merecer el impulso que se le diera.
No conozco las razones aducidas por los proponentes a la moción citada para quitar a la Escuela de Pedagogía el justo rango cultural alcanzado. ¿Qué argumentos pueden sostener una moción que reduce las posibilidades de la educación universitaria e impide a los estudiantes-maestros seguir sus estudios en una institución superior independiente, salvada de los peligros del interés circunstancial político? ¿Podría decirse que tal cosa sería más barata para el Estado? ¿O que pasando a depender del Ministerio de Educación vamos a dar maestros más eficientes o un mayor número de maestros? No creo que se acuda a regateos económicos para la Universidad, porque estoy segura de que la honorable Asamblea Constituyente no impondrá estrecheces a las fuerzas culturales, que, en su función de mejoramiento humano, son las que preparan mejor a lo largo de la historia, para una mayor eficiencia de producción y rendimiento económicos. Gastar en educación es capitalizar socialmente para el futuro.
El segundo posible argumento de que la Escuela de Pedagogía cumpliría mejor su cometido dependiendo del Ministerio de Educación no me mueve a discusión ahora, porque tendría que aludir a la influencia política en esas altas funciones. Creo que la Escuela cumple mejor su tarea permanente bajo la garantía de independencia de la Universidad y no quiere decir que ella descuida su responsabilidad de responder a las necesidades de nuestra educación pública. Bien clara tiene su función como institución nacional que prepara servidores del Estado. Si en la Asamblea se afirma que la Escuela de Pedagogía no prepara un número suficiente de maestros para el país y que hay necesidad de crear otras instituciones para la preparación magisterial, tenemos que aceptar que la afirmación es cierta. El hecho de pasar a depender del Ministerio no haría el milagro de ampliar la capacidad numérica. Es digno de hacer notar aquí, a este respecto, que el promedio anual de graduados de la Escuela de Pedagogía en sus pocos años de existencia como escuela universitaria, supera en mucho los promedios de graduados de años anteriores.
El problema de más y mejores maestros es vital para el país. La única provincia que puede considerarse en buen status respecto al número de maestros graduados es la de Heredia. Si no estoy mal informada, todos los maestros de aquella provincia son graduados. Es necesario pensar en la futura y paulatina resolución de ese problema para todas las provincias. En Guanacaste ya existe una Escuela Normal. Habrá necesidad de crear otras escuelas normales regionales cuando se cuente con personales preparados y condiciones económicas para tal efecto. Las improvisaciones son contraproducentes en educación. Esas escuelas, después de algunas décadas crecerán como creció hasta ser transformada en institución universitaria, la Escuela Normal de Costa Rica. Tales instituciones harán, en vez de innecesaria, cada vez más necesaria a la Escuela de Pedagogía. Esta debe mantenerse y crecer a su vez. La Facultad de aquella Escuela y el Consejo Universitario ya han discutido la necesidad de ampliar los servicios de la Escuela de Pedagogía para ramificar más los estudios, intensificar la preparación profesional y dar la oportunidad a los maestros de prepararse en líneas especiales. La necesidad de preparar educadores para puestos directivos y administrativos es apremiante. La falta de expertos en dirección educacional es patente en nuestro país. Ha prevalecido generalmente la idea de que las opiniones personales en materia educacional adquieren autoridad por la simple razón del nombre de la posición que se ocupa o por haber sido profesor en alguna rama de instrucción. La Universidad debe tener facilidades para ir cumpliendo con eficiencia estas funciones.
Reclamar estos derechos para la Universidad no significa de ninguna manera menospreciar las funciones del Poder Ejecutivo o, específicamente, del Ministerio de Educación. El proyecto de Capítulo sobre la Cultura que defiende el Sr. Rector de la Universidad prevé el acuerdo y la cooperación que deben existir entre ambas entidades. Este acuerdo es indispensable. La Universidad no es absoluta ni se puede considerar autocrática en materias educacionales. El establecimiento de un Consejo de Educación en la forma prevista en el proyecto a que he hecho referencia, es la fórmula indicada para crear la necesaria colaboración entre la Universidad, el Ministerio y las organizaciones educacionales de probada eficiencia.
Confiada en que se oirán con benevolencia estas observaciones de una servidora de la Educación de nuestra patria os saluda con distinguida consideración,
f.) Emma Gamboa.