Actas Asamblea Nacional Constituyente
ACTA No. 144
No. 144.- Centésima cuadragésima cuarta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas del día cinco de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia de don Edmundo Montealegre. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios: Vargas Castro, Arroyo, Montiel, Jiménez Núñez, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Arias Bonilla, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Facio, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Guido, Madrigal, Dobles Segreda, Castaing, González Luján, Trejos, Pinto, Herrero, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Desanti; y los suplentes: Castro Sibaja, Rojas Espinoza, Lobo, Carrillo, Chacón, Elizondo, Morúa y Rojas Vargas.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Lectura de la correspondencia:
a) Varios telegramas en relación con el capítulo de la Educación.
b) Comunicación de la Unión de Mujeres Americanas, con sede en New York, Estados Unidos, en relación con el voto femenino acordado por la Asamblea.
c) Comunicación de la Asociación Defensa Nacional de Principios Cristianos, que dice así: San José, 5 de setiembre de 1949.
Honorable Asamblea
Nacional Constituyente
Ciudad.
Por el significado del asunto, y para los efectos de petición constitucional, la asociación católica “Defensa Nacional de Principios Cristianos”, tiene el honor de informar a Ud. que esta organización católica ha recibido informes confidenciales de que en el seno de la Honorable Asamblea Nacional Constituyente, se está llevando a cabo un movimiento proselitista entre los señores Diputados, que tiene por objeto pasar sin ruido, un artículo que habría de formularse en el sentido de que “la educación nacional es laica o neutra”, en palabras explícitas o en términos equivalentes o de fácil tergiversación en aquel sentido. Sería inconcebible que tal sucediera, y esta Asociación expresa, respetuosa y atentamente, la confianza que tiene en la rectitud y comprensión de sus miembros que los hará asumir una actitud negativa contra el intento de que se nos ha hablado. Quebrantar el espíritu cristiano, o debilitarlo, o privarlo del derecho que le asiste de educar a las nuevas generaciones dentro de sus normas que las pongan al abrigo de doctrinas divisionarias y agitadoras y de impulsos amorales y desenfrenados, es abrir un abismo trágico en la nacionalidad costarricense, y es abrir el camino a la descristianización, camino propicio a las peligrosas tendencias del materialismo comunista que mantiene al mundo en zozobra y en el peligro más grave que registra la Historia.
Además, de pasar o de plantearse el intento de la educación aconfesional o neutral y laica, nos obligaría la Asamblea Nacional Constituyente a abrir una campaña nacional constante de desobediencia civil, y nos veríamos precisados muy a nuestro pesar a organizar un hondo movimiento popular hacia la restauración de la enseñanza cristiana, aunque ese movimiento tuviera que prolongarse indefinidamente. Porque, esta Asociación no dejaría de prestar todo su impulso hasta tanto no alcanzara la restauración positiva. No estamos en condiciones de decir a esa Honorable Asamblea Constituyente, si el informe a nosotros suministrado es o no cierto. Pero no obstante ello, debe comprenderse perfectamente que no podemos permanecer ociosos ni descuidados ante tan grave posibilidad.
Rogamos muy atentamente, contestarnos diciéndonos en sentido preciso y claro, dentro del término más breve, si es cierto tal movimiento, y si de existir, lo apoyarían sus miembros.
Le rogamos acoger esta nuestra carta con la simpatía y con la decisión que los hombres superiores y de arraigada claridad de ideas y de intenciones saben brindar a todo cuanto es básico para la unidad y para la preservación y elevación de la Patria costarricense. Una vez más “Defensa Nacional de Principios Cristianos” le reitera su voto de confianza y la personal simpatía de sus servidores, muy atentos en Cristo, Con todo respeto, por “Defensa Nacional de Principios Cristianos”, Mario León B., Secretario.
El Diputado ZELEDON se refirió a la comunicación anterior, leída por la Secretaría. Expresó que la mencionada comunicación contenía graves amenazas, llegándose a afirmar que, caso de que prospere una tesis determinada en el seno de la Asamblea, esa Asociación iniciará en todo el país un movimiento de desobediencia civil. Añadió que no se justificaban tales amenazas, máxime que la Asamblea en repetidas ocasiones ha dado muestras de su tolerancia, al aprobar, por ejemplo, el artículo sesenta y seis de la Carta del setenta y uno, que establece que la Religión Católica es la del Estado, artículo que se aprobó sin ninguna discusión, y con el cual no estuvo de acuerdo. En esa oportunidad, abogó porque se dijera que la Religión Católica era la de la Nación, pero no la del Estado. En esa ocasión y en otras más hemos transigido, soslayando todo debate que viniera a encender una lucha religiosa, inconveniente para el país en los actuales momentos. Pero ahora la situación es distinta. Lanzan amenazas audaces, sin que ninguna de las mociones presentadas sobre la Educación se refiera a la enseñanza laica o religiosa. No es posible contestar una comunicación redactada en términos ofensivos. Una actitud contraria, sería indigna de los hombres libres de esta Asamblea. Finalmente el señor Zeledón presentó moción para que la comunicación leída de la Asociación Defensa Nacional de Principios Cristianos, dirigida a la Asamblea en general y a los Diputados que la componen en particular, no sea contestada en razón de las muy graves amenazas que contiene.
El señor TREJOS indicó que no se explicaba la alarma de los miembros de la mencionada Asociación Católica, por cuanto todas las mociones presentadas sobre el capítulo de la Educación han sido publicadas en “La Gaceta”. Piensa que la contestación más adecuada a la nota leída, es remitirlos al Diario Oficial, donde se han publicado las mociones sobre la Educación.
El Diputado VOLIO SANCHO manifestó que en su curul tenía copia de la carta circular dirigida a cada uno de los señores Diputados por la Asociación Defensa Nacional de Principios Cristianos, cuyo texto original acaba de leer la Secretaría. A la verdad -dijo-, después de leer atentamente la mencionada comunicación, no encuentro que se justifique en forma alguna la protesta del compañero Zeledón, ya que la Asociación antes citada se ha concretado a exponer sus temores, de que efectivamente se está gestando en la Asamblea un movimiento de tendencias anti-católicas. Al expresar esa aprensión, muy justificada en una entidad dedicada fundamentalmente a la defensa de los principios católicos, no se nos está infligiendo ningún agravio a los Diputados en particular, ni a la Asamblea en general. Tampoco hay amenazas contra nadie. En consecuencia, piensa que no se justifica la moción del señor Zeledón. Lo más indicado sería dejar al Directorio que conteste la nota, de acuerdo con su leal saber y entender, en la forma de estilo.
El Diputado ZELEDON aclaró que la nota leída no contenía amenazas contra los Representantes en particular, o contra la Asamblea en general. Contiene amenazas graves para el país. Se amenaza con lanzar a la Nación a una nueva revolución para la reconquista de derechos que nadie ha pensado, en el seno de esta Asamblea, en menoscabar o pisotear. Luego dio lectura a los párrafo de la carta que se refieren a esa amenaza, de la cual ha hablado y en la que ha fundamentado su moción.
El Representante ACOSTA JIMENEZ expresó que se solidarizaba en un todo con las palabras anteriores del Licenciado Volio Sancho. No creo que resulte beneficioso para el país en estos momentos -dijo-, abrir un debate religioso, que no sabemos a dónde nos puede llevar. En el caso concreto en discusión, opina que la Asamblea debe acusar recibo de la comunicación, como lo ha hecho en todas las ocasiones, de acuerdo con el Reglamento. Agregó que tampoco encontraba en la nota de la Asociación Defensa Nacional de Principios Cristianos ninguna amenaza o agravio para nadie. Cuando hablan de ir a un movimiento de desobediencia civil, caso de que prospere en el seno de la Asamblea una tesis determinada, contraria a los principios católicos, simplemente acuden a un arma lícita en manos del pueblo, que ya la Oposición Nacional practicó en épocas anteriores. La Huelga de Brazos Caídos en contra del régimen oprobioso de Picado, no fue sino un gran movimiento de desobediencia civil. Por otra parte, la mencionada Asociación tiene todo el derecho de defender los principios católicos. Esa fue la razón de su creación. Si históricamente -terminó diciendo el señor Acosta-, hemos vivido en paz con la Iglesia, si no hemos tenido conflictos religiosos, estamos en la obligación de evitar todas las oportunidades de crear el clima propicio para una lucha de carácter religioso, de fatales consecuencias para el país. Por esos motivos, no votará la moción del señor Zeledón.
El Diputado MADRIGAL presentó moción de orden para que la votación de la ponencia del Diputado Zeledón fuese nominal. Caso de no prosperar su moción desea dejar constancia de su voto negativo.
Sometida a votación la moción de orden del señor Madrigal, fue desechada.
El Licenciado FACIO pronunció un extenso discurso que íntegro, aparece en el acta publicada en “La Gaceta”. Dijo: Yo no voy a votar la moción del compañero Representante Zeledón Brenes por la razón expuesta por el compañero Acosta Jiménez, es decir, porque deseo que la Asamblea Constituyente dé una muestra, una nueva muestra, del espíritu de tolerancia auténticamente costarricense, con que hasta ahora ha venido tratando el problema religioso y los demás problemas conexos con él; pero no porque considere que la comunicación dirigida por la Asociación Defensa de Principios Cristianos esté concebida y redactada en los términos en que lo amerita la máxima representación nacional constituida por esta Asamblea, ni porque deje de ver las frases y giros inconvenientes, ya señalados por el Diputado Zeledón, que dicha comunicación contiene. A más de la frase en que se amenaza con una huelga civil si esta Asamblea aprueba, tal o cual principio, se contienen allí en la siguiente frase: “esta organización católica ha recibido informes confidenciales de que en el seno de la Honorable Asamblea Constituyente se está llevando a cabo un movimiento proselitista entre los señores Diputados, el cual tiene por objeto” -y lo destacan con letras mayúsculas-, “pasar sin ruido un artículo que habría de ser concebido en el sentido de que la educación nacional es laica o neutra”, y más adelante esta otra: “No estamos en condiciones de decir a Ud., señor Diputado si el informe a nosotros suministrado es o no cierto”. Quiere decir que con base en un rumor, en una especie no confirmada, esta Asociación se dirige a la Asamblea para hacerle el cargo de que en su seno se está incubando un movimiento clandestino, subrepticio, para hacer aprobar tal o cual norma, “sin ruido”, es decir, sorprendiendo al país, procurando evitar su pronunciamiento. Yo afirmo que esto va contra la dignidad de la Asamblea, donde todos los asuntos se debaten con altura, con claridad, publicándose -como acaba de recordarlo el Representante señor Trejos-, todas las mociones en el Diario Oficial, previamente a su discusión. Pero afirmo, además, que esto es profundamente injusto, porque si algún cuerpo no merece esa clase de suspicacias, ese tipo de imputaciones, es la Asamblea Constituyente, que ha venido dando ininterrumpidamente ejemplo de la forma comprensiva y amplia, y por comprensiva y amplia, costarricense, en que sabe tratar el problema religioso y los que tienen atinencia con él. Dejó la Asamblea la norma de la Constitución de 1871, según la cual la Religión del Estado es la Católica, pese a que todos sabemos que doctrinariamente, jurídicamente, esa afirmación es inadecuada; la dejó, pese a eso, por el deseo de no agitar la lucha, comprendiendo que la paz religiosa del país bien vale el transigir en aceptar una norma inapropiada en el texto constitucional. La moción según la cual la Religión Católica es la de la Nación, norma mucho más adecuada a mi juicio, porque la Nación no es un concepto jurídico, sino sociológico; es el conjunto de aspiraciones, intereses y esperanzas de un conglomerado social, y nadie podría negar, dentro de esa definición, que nuestra nacionalidad es profundamente católica; esa moción, digo, fue retirada sin que la entrara a discutir siquiera. Los compañeros Trejos y Esquivel Fernández accedieron a la insinuación hecha por el señor Arzobispo de San José para que retiraran la moción, inspirada en la Constitución de mil ochocientos setenta y uno, según la cual al Estado correspondía darle el pase a las bulas y rescriptos pontificios; ya la Comisión Redactora del Proyecto de mil novecientos cuarenta y nueve había eliminado ese principio. También fue retirada la moción que contemplaba el patronato, o sea el derecho, ejercido regularmente por nuestros Gobiernos, de presentarle a la Santa Sede ternas para la escogencia de Arzobispos y Obispos. Todo con el mismo ánimo de evitar suspicacias, de no levantar tempestades, de evitarle a nuestra adolorida comunidad un nuevo motivo de discordia y de congoja. Digo entonces: si ésta ha sido la actitud de la Asamblea, franca, comprensiva, inteligente, ¿no podría esa actitud ser compartida por los diversos grupos interesados en el asunto? ¿No sería justo que se reconociera por ellos la tolerancia habida, y que todos, no sólo la Asamblea, pusiéramos de nuestra parte para no crear suspicacias, ofender con imputaciones sin fundamento y avivar diferencias que no tienen la menor relevancia en la vida normal de Costa Rica? Porque esa es la verdad: Costa Rica no tiene problema religioso, gracias a Dios y al temperamento conciliatorio y comprensivo de la mayoría de su pueblo. Entre nuestros amigos y parientes, casi no sabe, ninguno de nosotros, cuál es liberal, cuál es católico. Entre paréntesis, yo creo que todos los costarricenses somos católicos y liberales a la vez, y que es ese el secreto y la explicación de nuestra paz religiosa y de las relaciones ininterrumpidamente cordiales entre el Estado y la Iglesia. Pero si una u otra parte toma, en mala hora, la iniciativa y trata de plantear el problema, entonces, y eso lo confirma toda nuestra historia nacional y lo confirman los acontecimientos recientes cuando el doctor Calderón Guardia y don Teodoro Picado se propusieron hacer demagogia religiosa en el año 43, entonces -repito- , cada costarricense corre a la trinchera liberal o a la trinchera católica, y un problema que ayer no existía, lo vemos hoy convertido en una insondable diferencia entre amigos y parientes. ¿Qué costarricense puede desear eso? Yo creo que ninguno, y yo me preocuparé en la medida de mis fuerzas porque no se plantee en esta Asamblea un debate religioso, porque yo no quiero cargar, ni quiero que la Asamblea cargue, con la responsabilidad de encender esa hoguera. Respeto al statu-quo constitucional, esa ha de ser nuestra divisa; ella se ha cumplido hasta la hora, y en lo que no se ha cumplido, se ha incumplido en perjuicio del Estado, cuya posición indudablemente se ha deteriorado con respecto a la que mantenía en la carta del setenta y uno. Pero repito: si ese deterioro ha servido para apaciguar los ánimos, para evitar la lucha, en buena hora se haya producido. Es un precio bien pagado. De tal manera que lo que es del lado de la Iglesia o de sus asociaciones, sólo reconocimiento y confianza puede haber para esta Asamblea, y por eso duelen y molestan comunicaciones injustas y suspicaces como la que ahora discutimos. Statu-quo constitucional en materia religiosa; esa ha de ser nuestra divisa. Y yo creo que esa es la opinión de todos los señores Diputados. No hay moción alguna enderezada a establecer la educación laica. No creó que nadie la propusiera aquí, ni creo que nadie la votara; como tampoco creo que nadie presentaría ni votaría moción para incorporar la enseñanza religiosa en la carta constitucional, como entiendo que lo desea la misma Asociación de Defensa de Principios Cristianos o, si no me equivoco, el señor Arzobispo de la Diócesis. Con mi voto no pasará ni la enseñanza laica ni la enseñanza religiosa. Porque no quiero cargar con la tremenda responsabilidad de romper el statu-quo introduciendo normas propias más bien de las leyes de educación o de los programas de enseñanza, normas que han de discutirse con criterio pedagógico y no con criterios partidaristas y apriorísticos. Terminó reiterando que no votará la moción y que no creo que deba dejar de contestarse esa comunicación: y que quisiera, si ella en definitiva se contesta, se recordara brevemente a la Asociación de Defensa de Principios Cristianos, cuál ha sido la actitud de la Asamblea en materia religiosa y cuál debería ser la de los grupos interesados en la misma, para que pudiéramos todos, al término de esta jornada de reorganización constitucional, expresar con la conciencia tranquila y con el corazón satisfecho, que hemos contribuido a cimentar los valores de la nacionalidad y que no hemos cometido el pecado imperdonable de crearle nuevos problemas al país.
El Representante ARROYO manifestó que su voto sería favorable a la moción del señor Zeledón, ya que piensa que para prudencia, por parte de la Asamblea, basta. Hemos asumido una posición que casi podría llamarse de cobardía -dijo-, frente a las constantes amenazas de la Iglesia, que ya son francamente insoportables. Se ha estado explotando en una forma demagógica por los señores sacerdotes el acuerdo de la Asamblea que los privaba del derecho de ser electos Diputados, prohibición que ya existía en el Código Electoral, redactado en la época de Picado y que no provocó la menor protesta por parte de la Iglesia. Ahora, por un simple chisme, se viene con una serie de amenazas irrespetuosas, lanzando sobre la Asamblea cargos injustificados, lesivos a su dignidad. Añadió que había votado la moción de orden del compañero Madrigal para que la votación fuese nominal, para que luego no se volviera a decir lo que se dijo, en una forma insolente, por parte de los señores sacerdotes, cuando se desechó una moción de orden para que la votación fuese nominal con respecto a la moción del compañero Monge Ramírez, que prohibía a los curas ser electos Diputados. Finalmente, piensa que no es posible seguir manteniendo esa actitud de silencio frente al irrespeto de la Iglesia, que se inició desde el primer día que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente con el discurso pronunciado en la Catedral por uno de los más conspicuos miembros de la Iglesia.
El Diputado VARGAS FERNANDEZ indicó que el debate resultaba innecesario y hasta inusitado, ya que tampoco se estaba discutiendo el capítulo de la Educación sino el del Poder Judicial. Como se ha venido haciendo, es a la Secretaría a quien corresponde acusar recibo de la correspondencia recibida.
El señor ZELEDON expresó que en una ocasión extraordinaria como la presente, es deber de la Mesa acudir a la Cámara para recabar su opinión. Aclaró luego que su intención, al presentar la moción en debate, no ha obedecido al hecho de provocar una discusión de carácter religioso, aun cuando la Iglesia se ha empeñado desde el principio en abrir un debate religioso para alcanzar fines políticos bien claros.
El señor MONTEALEGRE rogó a sus compañeros suspender la discusión para evitar conflictos.
Allá que cada Representante conteste la nota que se le ha enviado, en la forma que lo estime más conveniente. Sugirió al proponente retirar su moción.
De nuevo intervino en el debate el Representante VOLIO SANCHO para insistir en sus puntos de vista. Estos conceptos aparecen íntegros en el Acta publicada en “La Gaceta”. En vista de la actitud del señor Zeledón -dijo-, encaminada a encender un debate inoportuno en materia religiosa, me veo obligado a insistir en mis puntos de vista. He oído las razones expuestas por don Rodrigo Facio cuyo criterio siempre me ha merecido el mayor respeto. Sin embargo, no puedo aceptarlo por ser a mi juicio erróneo. Repito que en la comunicación enviada a la Asamblea por Asociación Defensa Nacional de Principios Cristianos no existe ningún concepto lesivo, amenazante o injurioso. Se le está dando a la comunicación una importancia y un sentido que realmente no tiene. Por otra parte, dicha Asociación creada para la defensa de los principios católicos del pueblo costarricense, es de carácter particular, no tiene conexiones de ninguna clase con las autoridades eclesiásticas, pues actúa con absoluta independencia. Creo que si viéramos este asunto con buena voluntad, sin suspicacias de ninguna clase, sin pasión ni hostilidad para nadie, perfectamente podría contestarse la comunicación indicada en la forma usual. Ya llegará la ocasión, si fuere el caso, de abrir un debate de carácter religioso. Yo no quisiera tener la responsabilidad histórica de abrir un debate de esa naturaleza, pero advierto que, como católico sincero, como Representante del pueblo costarricense, también católico en su casi totalidad, haré la defensa más vehemente de tales principios. Ojalá que ese debate no llegue a abrirse por los perjuicios y secuelas que traería consigo. Pero -repito- si la cosa ocurriera, mi posición sería aquella a que me obligan mis arraigadas convicciones católicas.
El Diputado HERRERO pidió que constara en el acta su voto negativo a la moción del señor Zeledón, la que, puesta a votación fue desechada.
Artículo 3º.- Se continuó en la discusión del Título referente al Poder Judicial.
El Representante ARROYO presentó moción para que el Transitorio relacionado con el artículo sobre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se lea del modo siguiente:
“La Corte Suprema de Justicia que sea electa por la próxima Asamblea Legislativa dentro del primer mes de sus sesiones ordinarias, durará en sus funciones hasta el 1º de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco y se instalará dentro de los tres días posteriores al nombramiento. Al vencer este primer período se aplicarán las disposiciones del presenta artículo”.
El mocionante explicó brevemente los alcances del Transitorio anterior, que persigue fundamentalmente, que la elección de Magistrados no coincida con la elección presidencial.
Los Diputados FACIO, ESQUIVEL y VOLIO JIMENEZ le indicaron algunas sugerencias al proponente. El primero observó que faltaba la norma en el Transitorio de que, mientras no se elija la próxima Corte, la actual continuará en funciones. El segundo le sugirió que alargara el período del primero de mayo al quince de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, fecha de instalación de la Corte que se elija en esa ocasión, para que no coincida con la instalación de la Asamblea Legislativa. El tercero observó que, de acuerdo con el artículo ciento treinta de la Carta del setenta y uno, se establece que la elección de los Magistrados la hará la Asamblea Legislativa dentro de sus tres primeras sesiones ordinarias.
El señor ARROYO aceptó acoger las observaciones anteriores.
El Representante GUIDO manifestó que estaba más de acuerdo con la redacción original del Transitorio, que elevaba el plazo para la elección de Magistrados durante los primeros treinta días de sesiones ordinarias, lo que permitiría a los Diputados que vienen de lugares lejanos familiarizarse con el medio, así como orientarse en un asunto de tanta trascendencia como es la integración de la Corte. Prácticamente esos Diputados no tendrán oportunidad de recabar los informes necesarios en tres días, ya que no se mantiene el plazo de treinta días, el menos que se eleve a quince días, pero no dejarlo en tres, por las razones apuntadas.
El señor ARROYO declaró que los Diputados estarían electos el dos de octubre. En consecuencia, dispondrán del tiempo suficiente para recabar los informes necesarios, a efecto de que procedan a hacer una buena integración de la Corte.
El Representante GUIDO insistió en su propósito. Si se trata -dijo- de que los Diputados vengan a la Asamblea a votar por una lista pre-fabricada de candidatos, como ocurría anteriormente, nada tengo que objetar. Pero como sé que esos no son los propósitos del señor Ulate ni de los Diputados que resulten electos el dos de octubre, estimo conveniente alargar ese plazo de tres a diez o a quince días, para que los Representantes de lugares lejanos, cuenten con el tiempo indispensable para indagar cuáles son los candidatos a Magistrados más capaces y responsables.
El Licenciado ESQUIVEL indicó que en vista de que el señor Guido ha expresado sus temores de que en tres días los Diputados no estarán debidamente preparados para hacer una buena elección de la Corte y como los que figuran en las papeletas del Unión Nacional deben evitar toda suspicacia, le pide al señor Arroyo modificar su Transitorio en la forma indicada por el Diputado Guido, lo que aquél aceptó.
La Mesa procedió a la votación del Transitorio modificado en los términos siguientes:
“La Corte Suprema de Justicia que elegirá la próxima Asamblea Legislativa en una de las diez primeras sesiones ordinarias, durará en sus funciones hasta el quince de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco y se instalará dentro de los ocho días posteriores al nombramiento.
Hasta tanto no se instale la Corte así electa, continuará en funciones la actual Corte Suprema de Justicia, a la cual no se le aplicarán las disposiciones del artículo... de esta Constitución”.
Fue aprobado el Transitorio anterior. En consecuencia, el artículo... se leerá del modo siguiente:
“Artículo... Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se elegirán por ocho años y se considerarán reelectos por dos períodos iguales, si en votación no menor de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, no se acuerda lo contrario.
Cuando por cualquier causa, hubiere de llenarse una vacante, la Asamblea deberá hacer la elección para el período completo.
Transitorio: La Corte Suprema de Justicia que elegirá la próxima Asamblea Legislativa en una de las diez primeras sesiones ordinarias, durará en funciones hasta el quince de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco y se instalará dentro de los ocho días posteriores al nombramiento.
Hasta tanto no se instale la Corte así electa continuará en funciones la actual Corte Suprema de Justicia a la cual no se la aplicarán las disposiciones del artículo... de esta Constitución”. [158]
Por lo avanzado de la hora, el señor Presidente suspendió la sesión a las seis y treinta de la noche.- Edmundo Montealegre, Segundo Vicepresidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.