Acta 154 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 154

No. 154.- Centésima quincuagésima cuarta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del día veintiuno de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la presidencia de don Edmundo Montealegre. Presentes los señores Diputados Ortiz Martín y Montiel Gutiérrez, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Monge Ramírez, Jiménez Núñez, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Brenes Mata, González Flores, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti y los suplentes: Castro Venegas, Lee Cruz, Morúa, Rojas Espinoza, Rojas Vargas y Chacón Jinesta.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículos 2º.- Se dio lectura a la correspondencia:
a) Carta de la Unión Musical Costarricense por medio de la cual proponen a la Asamblea que se desligue el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Costa Rica (*)
(*) Ver anexo a esta acta. b) Dos memoriales firmados por un grupo de mujeres costarricenses, en relación con el capítulo de la Educación y la Cultura.
Artículo 3º.- El Diputado ROJAS ESPINOZA, junto con un grupo de Representantes, presentó moción para que se alterare el orden del día a efecto de conocer de la siguiente proposición: Honorable Asamblea Nacional Constituyente: Ayer tarde, como consecuencia de la interpretación que se dio a un procedimiento de la Mesa, quedó flotando, en el ánimo de los tres muy distinguidos compañeros que la integran, un resentimiento por la forma en que se resolvió la situación. Como nosotros estuvimos en contra del parecer sustentado por la Mesa, no por deliberada oposición, sino porque así nos lo dictaba la conciencia en un libre ejercicio de criterio, venimos a declarar, del modo más sincero, que jamás pasó por nuestra mente la idea de causarles ningún agravio. Y a efecto de redimirnos hasta de las más leve sospecha de que nuestra actitud pudiese implicar censura, apelamos a la gentileza de nuestros demás compañeros de labores para que, alterándose el orden del día en cuyo sentido formulamos respetuosa moción, demos un voto de confianza y de aprecio personal al Doctor Rodríguez Conejo y a los Licenciado Vargas Fernández y Ortiz Martín, por la manera eficiente y bien inspirada con que se han distinguido en el desempeño de sus delicadas funciones.- San José, 21 de setiembre de 1949.- Rodolfo Castaing.- José J. Jiménez Núñez.- Numa Ruiz Solórzano.- Alejandro González Luján.- Vicente Desanti.- Juan Trejos.- Jorge Rojas Espinoza.- Juan José Herrero H.- Edmundo Montealegre.- Enrique Montiel.
Se aprobó la alteración del orden del día.
El Licenciado ESQUIVEL manifestó que en la sesión anterior había defendido y apoyado la tesis de la Mesa, por estimarla ajustada al Reglamento y a la práctica parlamentaria seguida en esta Asamblea. Por eso lo llena de satisfacción la hidalga actitud de los compañeros que no estuvieron y que ahora proponen un voto de confianza a los integrantes de la Mesa, Doctor Rodríguez y Licenciados Vargas Fernández y Ortiz Martín, quienes se han distinguido siempre, no sólo por el acierto de sus decisiones, sino también por el espíritu de serenidad e imparcialidad con que han procedido en toda ocasión
Puesta a votación la moción para otorgar un voto de confianza y aprecio personal a los señores miembros de la Mesa, fué aprobada por unanimidad.
El Diputado Ortiz aclaró que su precensia en la Mesa obedecía al hecho den que no faltara un miembro de la misma, a efecto de que no se interrumpieran las labores constitucionales. Expresó luego, a nombre propio y de sus compañeros de Directorio, las más rendidas gracias por esta muestra de afecto y renovada confianza otorgada por los señores Representantes a los integrantes de la Mesa. Artículo 4º.- Se continuó en la discusión del capítulo de la Educación y la Cultura.
El Representante BAUDRIT SOLERA continuó en su exposición iniciada en la sesión del miércoles 14 de los corrientes, respecto del nuevo capítulo de la Educación y la Cultura, que habrá de discutir la Cámara. Empezó recordando que en esa ocasión, en una forma general, se había referido al problema de nuestra educación. Los miembros de la Comisión Redactora del Proyecto del 49 creyeron indispensable incorporar a la nueva Constitución una serie de normas sobre educación y otras tendientes a garantizar la autonomía universitaria. El mencionado Proyecto, al ir para su estudio a la Junta de Gobierno, sufrió algunas variaciones sobre esta materia de la cultura. Posteriormente nosotros también le introdujimos algunas pequeñas modificaciones. Pretendimos en el seno de la Comisión Redactora -continuó diciendo- alejar lo más posible del Ministerio de Educación la influencia perniciosa de la politiquería, dejando algunos principios básicos que en el futuro pudieran orientar nuestra educación por senderos nuevos. Precisamente el fracaso de nuestros sistemas educacionales se ha debido a esa falta de orientación técnica y a la introducción de la politiquería en el Ministerio de Educación. No podíamos nosotros desentendernos de estos dos graves problemas. De ahí que la moción que hemos presentado a la Mesa, en un afán de imprimir a nuestra educación una orientación adecuada, así como evitar la intromisión de la politiquería, considera la necesidad de establecer un Consejo Técnico de Educación, al margen completamente de los vaivenes de la política, integrado por personas capacitadas en estas materias. Este Consejo Técnico se integrará conforme a la ley. Sin embargo, pensamos que el mismo se tendrá que integrar bajo la presidencia del Ministro del ramo con representantes de la Universidad y de los otros organismos educacionales existentes en el país. Sus integrantes serán funcionarios a quienes se les garantice cierta estabilidad, ya que estarán amparados por la Ley de Servicio Civil, que esta Asamblea ha incorporado ya al texto constitucional. Con la integración de un Consejo de Educación, ya no privará, en forma exclusiva, la decisión del Ministro del ramo, como ha venido ocurriendo. Todo Ministro de Educación encontrará un cuerpo colegiado que le habrá imprimido a nuestra educación ciertos rumbos y orientaciones.
Así se evitan, además, esa serie de ensayos en materia educacional, que coinciden con la llegada de los nuevos funcionarios. Luego pasó a referirse, aportando una serie de datos estadísticos, al lamentable fracaso de nuestra educación en sus ciclos respectivos. En el país -dijo- existen 926 escuelas, de las cuales 646 se clasifican entre las llamadas de tercer grado, esto es, que tan sólo proporcionan educación del primer al tercer grado. La mayoría de estas escuelas de tercer grado se encuentran en las zonas rurales. De tal modo que el muchacho campesino abandona la escuela sabiendo apenas leer y escribir con grandes dificultades, para reintegrarse a las labores del campo, donde olvida con facilidad sus escasos conocimientos adquiridos. Las escuelas de segundo orden son en número de 116 y solamente 164 de primer orden, esto es, que imparten el ciclo completo hasta el sexto grado inclusive. De los datos anteriores se desprende la triste realidad de que más de las dos terceras partes se reducen a impartir enseñanzas hasta el tercer grado. Es indudable que la institución técnica y científica que se integre de acuerdo con el plan que proponemos, tendrá en el futuro que estudiar muy a fondo estos graves problemas, tratando de remediarlos, hasta donde ello sea posible, mediante una política definida en materia educacional. Pasó luego a referirse a otro grave problema: la deserción escolar. De los 39.746 niños que se matricularon en 1943 en todo el país en primer grado, pasan al segundo tan sólo 24.681; al tercer grado 15.428; al cuarto grado 10.704; al quinto grado 6.453 y al sexto grado únicamente llegan 4.747 niños, esto es, la novena parte del total que se matriculó al iniciarse al ciclo primario de enseñanza. ¿Demuestran esos datos estadísticos alguna eficiencia en nuestros sistemas educacionales? De ninguna manera. Al contrario, El Consejo de Educación tendrá también que abocarse al estudio y solución de este problema de pavorosas consecuencias. Un fenómeno parecido se opera en la enseñanza secundaria. De los 2.388 muchachos que se matricularon en 1945, 1.507 pasaron al segundo año; 1.154 al tercero; 750 al cuarto y apenas 643 al quinto año. Finalmente, si esos 643 llegaran a la Universidad, llegaría tan sólo el reducidísimo porcentaje de 0.59% del total de estudiantes que ingresaron al primer curso de la educación primaria. La situación no puede ser más crítica. Problemas de esta magnitud tendrá que contemplarlos forzosamente el organismo técnico adecuado, para buscarles una solución. Las cifras anotadas nos demuestran, en una forma clara y contundente, el fracaso de nuestra educación, que se ha debido, en buena parte -como ya lo he dicho- a la intromisión de la politiquería en el Ministerio de Educación. Seguidamente el orador leyó algunos párrafos de un estudio del Vicedecano de la Facultad de Pedagogía, que demuestra cómo se metió la politiquería en la Escuela Normal en ocasiones pasadas. Al pasar esa Escuela a nuestra Universidad y convertirse en Facultad de Pedagogía, la intromisión de la política acabó para siempre, con los resultados beneficiosos alcanzados.
Luego pasó a referirse a la necesidad de implantar la autonomía universitaria, la cual se entiende desde tres puntos de vista: administrativo, económico y docente. De tal manera, que se habla de autonomía administrativa, autonomía económica y autonomía docente. En el primer caso, se entiende por autonomía administrativa el derecho que asiste a la Universidad para organizarse libremente, darse el gobierno propio que estime adecuado. En las mociones que hemos presentado, se establece esa autonomía. Además, se establece otro concepto básico para lograr ese propósito, el cual es, que todo proyecto de ley relacionado con la Universidad, deberá ser consultado al Consejo Universitario y para poder apartarse de su opinión, se requerirán los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea legislativa. Una regla similar aprobó la Cámara con relación a los proyectos de ley relativos a la organización del Poder Judicial y con los referentes al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué esta disposición? Lo que pretendemos es que la política ande lo más alejada posible de la Universidad, para que no vuelvan a ocurrir los hechos vergonzosos del pasado, cuando una mayoría parlamentaria, adicta al régimen, pretendió pasar una reforma universitaria para imponer en la Escuela de Derecho a una determinada persona. En cuanto a la autonomía económica, la Carta del 71 habla de dotar a nuestra Universidad de las rentas necesarias para su sostenimiento. Sin embargo, ha sido necesario acudir al sistema de subsidios par parte del Estado. El procedimiento es peligroso. En el futuro, cualquier gobernante, por un motivo u otro, empeñado en que desaparezca la Universidad, podrá reducir el auxilio económico del Estado o bien suspenderlo del todo. De ahí el empeño que han sostenido para fijar en la Constitución la obligación del Estado de otorgar a la Universidad un subsidio anual no menor del 10% del total de gastos del Ministerio de Educación. De consignarse en la nueva Carta Política una norma en ese sentido, la autonomía universitaria, en lo económico, se habrá alcanzado. Por otra parte, lo que pretendemos no es una novedad. La Constitución de Cuba incorpora una norma parecida, aunque eleva el monto del subsidio, ya que establece que el mismo no podrá ser menor del 2¼% de la totalidad del presupuesto general de gastos de la República. La Constitución de Venezuela establece también una regla parecida. Aclaró que no perseguían restarle a la Educación una suma determinada. El propósito es que el presupuesto general del Ministerio de Educación se adicione con un renglón que represente una suma no menor del 10% del mencionado presupuesto, para darlo a la Universidad. En consecuencia, no están estrujando a nadie, ni restándole medios económicos a la educación primaria o secundaria del país. Esa suma se ha fijado pensando que aumentará conforme aumente el presupuesto de la República. De tal modo que se ha calculado que el subsidio siempre irá en aumento, conforme aumentan, por su parte, las necesidades de la Universidad. Ahora bien, se pregunta que de dónde saldrá ese dinero. El Estado tiene múltiples medios de lograrlo. La capacidad tributaria del costarricense no está agotada. ¿Cómo es posible que en un país que se precie de culto no pueda darle a su Universidad una suma de dos millones de colones al año, suponiendo que el presupuesto general de Educación sea de 20 millones? Está bien que a la Universidad le sean creadas nuevas rentas. Sin embargo, mientras no se alcance ese ideal, es urgente otorgarle a nuestra máxima institución de cultura una estabilidad económica que le permita cumplir con sus múltiples obligaciones.
Pasó luego el orador a referirse al tercer aspecto de la autonomía: el docente. En este sentido -dijo- no hay necesidad de insistir mucho. La libertad de cátedra no es otra que la libertad de expresión, de pensamiento, que tantos sacrificios ha costado adquirir. Nadie puede negar la libertad de cátedra, a menos que se viva en un país como la Rusia Soviética y la Italia Fascista.
Citó luego el Congreso de Universidades Latinoamericanas que se está celebrado actualmente en Guatemala. Una de las resoluciones del mencionado Congreso fue precisamente la de recomendar a los gobiernos la de incorporar en sus respectivos textos constitucionales, las disposiciones que vengan a garantizar la autonomía económica, administrativa y docente de nuestras Universidades. Al respecto, leyó un cablegrama que le fuera enviado por el señor Rector de la Universidad de San Carlos, Doctor Martínez Durán, nombrado Presidente del Congreso de Universidades latinoamericanas. La oportunidad que se nos presenta a nosotros reunidos en una Constituyente, para llevar a la realidad esa resolución del Congreso reunido en Guatemala, es única y no debemos dejarla pasar por alto.
Finalmente, el orador cerró su discurso leyendo algunos conceptos del ilustre ex-Presidente Doctor Castro Madriz, uno de los costarricenses a quien más le debe la Patria en ese ramo de la educación pública. El discurso completo del Licenciado Baudrit Solera se publica íntegro en “La Gaceta”.(*)
(*) El discurso del Diputado Baudrit no figura en “La Gaceta”. El que aparece a continuación es el del Diputado Dobles Segreda.- N. de la C.
El Representante DOBLES SEGREDA dio lectura a una exposición detallada sobre el capítulo de la Educación y la Cultura, que se publica en “La Gaceta”
Señores Constituyentes:
Vamos a entrar al capítulo de la Educación y la Cultura, asunto que a todos nos preocupa y de tanta gravedad que es preciso andar en él con pies de plomo y despojados de todo interés personal, de grupos o de instituciones.
Este negocio fue brillantemente, y casi con total acierto, tratado en el Proyecto de Constitución de 1949 que nos fue sometido por la Junta de Gobierno.
Pero hay algunos puntos sustantivos en que estoy en desacuerdo con los extremos de ese proyecto.
La discusión sobre esta materia es sencilla, pero podría embrollarse y ser ocasión de extenso e innecesario debate en esta Cámara. Extenso porque todas las mociones concuerdan en tratar el Título Constitucional todo entero, en su conjunto, y así resulta que no se trata de mociones parciales y adjetivas sino de la totalidad concatenada del problema educacional. Innecesarios digo por que las discusiones académicas sobre la materia no están provocadas y hay apenas unos pocos puntos diferenciales entre los diversos aspectos científicos del proceso. Trato de ordenar el debate, no con pretensiones pedagógicas de maestro de escuela, sino con el fin de evitar la pérdida de tiempo en discusiones innecesarias.
La base de discusión que tenemos como punto de partida, es la Constitución de 1871, que si tan clara y precisa la hemos encontrado otras veces, nos parece ahora tan oscura y comprimi- da que no satisface el juego de las ideas modernas sobre esta materia.
El capítulo de tanta magnitud lo resume en dos únicos artículos, el 67 y el 68.
Se limita el 67 a declarar que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria y costeada por el Estado. Que su dirección corresponde al Poder Ejecutivo y que se crearán todos los servicios educacionales indispensables y se dotará de rentas a la Universidad.
El 68 apenas se contrae a declarar que los costarricenses y extranjeros pueden dar o recibir la instrucción que a bien tengan.
Eso es todo y eso no es suficiente para el momento que vivimos.
Es preciso abandonar, pues, la base tan estrecha de la Constitución de 1871 y partir del proyecto de 1949 en que se inspiran todos los mocionantes.
No hay que olvidar que ese proyecto fue redactado por universitarios y juristas cuyo talento y preparación son una garantía de acierto. Ese proyecto está notablemente inspirado en cuanto a este Título y, con pequeñas enmiendas, podría votarse completo.
Para plasmar el nuevo estatuto se han planteado cuatro mociones.
Una redactada por el Rector de la Universidad y sus colaboradores, que es copia casi textual del Proyecto de 1949, de que fue corredactor el Licenciado Baudrit. Aparece publicada en “La Gaceta” del 10 de agosto. En la misma “Gaceta” se publica otra moción firmada por el Profesor don Luis Felipe González Flores y por mí.
Una tercera proposición hacen el Licenciado don Ricardo Esquivel Fernández y un grupo de compañeros, que aparece en “La Gaceta” del 12 de agosto, y una cuarta suscribe el Diputado don Fernando Volio Sancho, que aparece publicada en “La Gaceta” del 17 de setiembre.
Esas cuatro son las ponencias para establecer el proceso y plantear el título Constitucional que nos ocupa.
Sin embargo, tal como estaban las cosas no cabía discusión en esta Asamblea Constituyente, porque, adelantándose a cualquier conjugación de ideas, los universitarios obtuvieron sobre su moción la firma de 27 Constituyentes.
No parece buen sistema ese adelanto de las firmas, en tan crecido número, porque pareciera que se niega toda importancia al debate y que, cualquiera otra sugestión que no sea la expresada por los universitarios queda sobrando.
No me duelo de ello porque están contempladas en esa moción muchas y muy legítimas aspiraciones de la cultura nacional, pero sí afirmo que es tomar la casa por sorpresa y que no valía la pena de oponer batalla en tales circunstancias.
Aunque puedan convencer los argumentos que se traigan al debate, de nada valdría ese convencimiento cuando 27 Constituyentes han de previo vertido su opinión y dado su voto, en principio.
Sería dar coces contra el aguijón.
Fue en tan crítico momento cuando intervino el señor Presidente Electo don Otilio Ulate Blanco, anunciando que haría un discurso por radio para refutar algunos aspectos de esa moción.
Esa intervención imprevista nos sorprendió a todos, pero, como en el aviso que la anunciaba se dio a conocer el objeto de ella, los universitarios se abocaron con el señor Ulate, cambiaron ideas y acordaron que no se hiciera el discurso y que una comisión de universitarios presentase una nueva moción en términos conciliadores entre lo que pretenden ellos y lo que piensa el señor Presidente Electo.
Eso aconsejaba la prudencia y eso se hizo.
Todos conocemos el proceso posterior. Cuando iba a iniciarse el debate en esta Cámara, el señor Baudrit propuso un compás de espera mientras se contemplaba el nuevo aspecto del problema.
Los otros mocionantes del grupo del señor Esquivel Fernández y el señor González Flores y yo, aceptamos la tregua y quedamos en espera de la nueva fórmula.
La moción del señor Volio Sancho había sido posterior a esta situación de consulta.
Debo decir ahora, que a pesar de la buena voluntad de quienes han participado en esta tregua, quedó fracasado el arreglo del problema, que sigue en el mismo pie en que estaba desde el principio.
Porque el señor Ulate, si bien no interviene en las resoluciones de esta Asamblea Constituyente, cuyas decisiones respeta, sigue pensando como pensó desde el primer momento.
Desde su posición contempla dos puntos de vista: uno fiscal y otro técnico.
Son éstos:
Primero: Que no parece conveniente hacer dentro de una Constitución Política aparte de dineros para la Universidad, sin saber si le son indispensables, o a cuánto suman. Que, sobre corresponder eso a la Ley General de Presupuesto, resulta un tratamiento preferencial poco democrático.
Segundo: Que, por muchas razones de carácter técnico, no conviene dar a la Universidad el monopolio del personal docente para los servicios del Estado. Que es preferible que tal preparación sea repartida entre la Universidad y el Estado, para que éste pueda asumir las responsabilidades que le corresponden.
Estoy autorizado para declarar que esos son los principales puntos de vista del señor Ulate y que no ha cedido en ellos ni un instante.
Para no perdernos en este laberinto de mociones que atacan todas el capítulo en general y que, por eso mismo, tienen los más diversos aspectos, habría que buscar un hilo de Ariadna.
Yo quiero proponer un sistema de trabajo que planteo como una sugestión a la Mesa, por si le parece bien consultarlo a la Cámara.
Consiste en que se voten, en globo, y sin entrar en detalles, las cuatro mociones presentadas, por el orden de precedencia que les corresponda y que, la que obtuviese ventaja numérica en la votación sirva de base, simplemente para la discusión, para que le sean introducidas las reformas o enmiendas que se estimen necesarias, o se le hagan las amputaciones convenientes.
Sólo de esa manera podríamos andar por el buen camino, sin perdernos en pesadas y laboriosas controversias de carácter más académico que constitucional.
Dejo hecha la propuesta.
EL CONSEJO DE EDUCACION:
En la primera exposición del Diputado Baudrit Solera, hecha para hacer tiempo y agotar los términos, según él mismo lo declaró en la sesión del miércoles, se entretuvo en demostrar que la enseñanza nacional anda al garete porque no existe un Consejo de Educación que la oriente en forma más estable.
No sé si tal Consejo existe o no, si está en el papel o en la realidad, pero en cuanto al punto esencial estamos enteramente de acuerdo y no cabe discusión sobre un problema en que todas las mociones presentadas coinciden.
Los Universitarios, en su moción, dicen el artículo 73: “La dirección general de la enseñanza oficial y de la autorizada oficialmente, estará a cargo de un Consejo Superior, que se integrará en la forma que señale la ley”.
El Proyecto de 1949 dice en su artículo 89: “La dirección suprema de la enseñanza oficial, o autorizada oficialmente estará a cargo de un Consejo Superior de Educación, integrado por el Ministro de Educación, por los Jefes de Departamentos Técnicos, por los Decanos de las Facultades Universitarias, encargadas de preparar el Personal Docente y por un representante del Magisterio organizado. Las funciones del Consejo Superior de Educación estarán determinadas por la ley”.
Es sensiblemente lo mismo, en esencia y en palabra, con la sola diferencia de que en el Proyecto se indica la forma de integrar ese Consejo y en la moción Baudrit no se hace señalamiento.
La moción del señor Esquivel y compañeros dice lo propio casi con iguales palabras.
La moción que suscribimos don Luis Felipe González y yo dice lo mismo en otros términos, pero siempre sosteniendo el principio: “La dirección suprema de la enseñanza oficial o autorizada, estará a cargo de un Consejo Superior cuya constitución, organización y funciones serán fijadas por la ley”.
La moción del señor Volio Sancho obliga también a un Consejo Superior de Educación.
Estamos pues, enteramente de acuerdo y no hay motivo que justifique una discusión.
Pero como el señor Baudrit Solera dijo en su intervención que cada Ministro había hecho de la enseñanza lo que le dictaba su capricho personal. Como alguna vez tuve yo sobre mis hombros esa responsabilidad y como las palabras del señor Baudrit Solera parecían dirigidas a mí por ser aquel día yo el único ex-Ministro de Educación presente en el debate, me obliga ahora a declarar que, si me parece bien esa medida ahora, y la propugno desde abajo, arriba la auspicié y la acaté antes que hacer mangas y capirotes de la materia educacional.
Fuí Ministro de don Cleto González Víquez y el primer Decreto Ejecutivo sobre educación, sugerido y redactado por mí, fue precisamente para crear ese Consejo Educacional que ha sido siempre una aspiración de mi actividad docente.
En la Memoria que elevé al Congreso el año 1928 dije:
“Las responsabilidades que apareja este complejo negocio de la educación son tantas y tan pesadas, que a ratos se siente temor de no estar en el verdadero buen camino, y hay duda para mover los pasos en él. Por más fe que se tenga en la obra de la educación y por más devoto celo que en ellas se ponga, el espíritu siente flaqueza y busca apoyo en los que más saben. Tal fue el origen del decreto Nº 1, de la presente administración, que organiza un Consejo de Educación Primaria. Se contempla en él la conveniencia de hacer una revisión general de todo lo legislado en punto a educación primaria y se declara que, para intentarla, es preciso oír el parecer de un grupo de personas técnicamente preparadas que reúnan diversas tendencias pedagógicas y sigan, o aspiren a seguir distintas corrientes ideológicas, con el objeto de no proceder con un criterio unilateral”.
Se pierde después en razones para la organización y modus operandi del dicho Consejo.
Y ese decreto fue emitido en el mismo mes de mayo en que tomó posesión aquel Gobierno.
Así, pues, lo primero que hice fue atarme las manos y descansar en la pericia y cordura de un grupo de hombres preparados en los ramos educacionales.
Cumplí con mis convicciones.
Ese Consejo dio algunos tumbos, fue puesto de un lado en otras ocasiones y acabó por derrumbarse. Entonces pensé que convenía estabilizarlo dentro de una reforma Constitucional, y en mi calidad de Diputado, la propuse en la legislatura de 1932. Ese proyecto es mío y tuve el gusto de que para presentarlo me acompañaron con su firma muchos hombres de gran talla, como el Doctor Ricardo Moreno Cañas y el Doctor Carlos Manuel Echandi, víctimas de la gran tragedia que tanto lloró el país, el Licenciado don Carlos María Jiménez, candidato a la Presidencia, el Licenciado don Jorge Ortiz Escalante, ex-Secretario de Educación, don Francisco de Paula Gutiérrez, ex-Embajador en Washington, Licenciado don Ernesto Martín, Licenciado don Luis Demetrio Tinoco Castro, ex-Ministro de Educación y muchos otros que no recuerdo ahora. “La Gaceta” de 30 de julio de 1932 trae ese proyecto, del que debo extraer unas pocas líneas para que se entiendan las razones que lo inspiraron y la firmeza de mis convicciones con esa aspiración:
“La censura más fuerte y seguramente la más justa, que se ha hecho, desde antiguo a nuestra Educación Pública ha sido la de su vacilación en inseguridad, por causa de estar encomendada a las constantes mudanzas de las Secretarías de Estado. De poco han valido la preparación y la consagración de distinguidos funcionarios que a tal posición llegaron, animados de los mejores empeños, que su obra fue inmediatamente controvertida o echada a rodar por quien llegó después al mismo cargo.
Ha faltado método y consistencia en el esfuerzo y continuidad en la labor.
Costa Rica se precia de haber prestado a la noble empresa de la cultura una profunda devoción, pero todos clamamos por una orientación firmemente encauzada que la libre para siempre de las acechanzas de la politiquería y de las menudas complacencias de la Administración Pública.
Desde antes del proyecto de aquel generoso propulsor de nuestra cultura que se llamó Claudio González Rucavado, el Poder Docente, y, después de él, las gentes que aquí miran estas cuestiones con preocupación e inquietud, han creído encontrar en un cuerpo técnico, que se encargue de resolver los asuntos educacionales, la clave del complejo problema de la escuela costarricense.
Ese Consejo de Educación, integrado por representantes y representativos de todas las actividades docentes del país, inamovibles por todo su período, que han de actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, presidido por el Secretario del ramo, que será su Presidente nato, estará capacitado para fijar las normas que ha de seguir nuestra enseñanza, con mayor altura, con mayor ponderación y en ritmo de estabilidad que garantiza cumplidamente los altos fines que de él esperamos.
Como pensamos que tal reforma debe ser honda, para que sea seria y duradera, hemos creído necesario rebasar la simple ley, de fácil emisión, pero de fácil derogatoria también, y venimos a proponeros una Reforma Constitucional que cristaliza, aunque sólo sea en líneas generales, la aspiración del país y de esta Cámara”.
De modo que esta larga exposición del Diputado Baudrit Solera, si bien está noblemente inspirada en una justa aspiración, sentida siempre, no tiene por qué entrar en el debate, porque está aceptada de previo por todos.
LA CUESTION ECONOMICA:
Permítaseme ahora afirmar que las cuatro mociones presentadas a la consideración de la Constituyente son casi gemelas y se divorcian en muy poco en cuanto a su contenido general.
Todas revelan un estudio maduro del problema y un nobilísimo deseo de acertar en beneficio de la cultura.
Sus divergencias objetivas son fáciles de arreglar sin pérdidas ni ganancias de uno u otro sector. Las diferencias sustantivas son solamente tres: dos económicas y una técnica.
Me concretaré por el momento, a la mayor de esas dos diferencias fiscales.
El proyecto de 1949 dispone en su artículo 91: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor del diez por ciento del presupuesto anual de gastos del Ministerio de Educación, que se le girará en cuotas mensuales”.
Los universitarios acogen el mismo criterio en su artículo 75, en el cual hacen copia textual del Proyecto con la mínima variante de decir: “El Ministerio encargado de la Educación” en vez de decir a secas: “El Ministerio de Educación”. Este es el punto álgido de toda discusión. Esta es la Madre del Cordero.
El señor Esquivel Fernández y sus compañeros, no conceden ese DIEZ POR CIENTO y dejan al Congreso Nacional la facultad de dictar el presupuesto de la Universidad. El señor González Flores y yo nos pronunciamos por el mismo criterio. También piensa así el Diputado Volio Sancho, Esquivel Fernández y compañeros, dicen el artículo 70: “La Universidad de Costa Rica es una Institución de enseñanza superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su propio gobierno, y como contribución del Estado para su sostenimiento, la Asamblea Legislativa fijará anualmente una suma apropiada”.
El señor González Flores y yo decimos: “La Universidad de Costa Rica es una Institución de cultura superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones. Tendrá capacidad jurídica para contratar y comparecer ante los tribunales. Dispondrá de un patrimonio propio que la Asamblea Legislativa fijará anualmente en el Presupuesto General de Gastos Públicos correspondiente, como contribución del Estado para su sostenimiento. La Universidad de Costa Rica tendrá carácter autónomo y es la Institución autorizada para otorgar, revocar y revalidar títulos profesionales de orden universitario y de enseñanza especializada”.
El señor Volio Sancho propone: “El Estado proporcionará a la Universidad el patrimonio y las rentas que fueren necesarias para los fines de su instituto”.
Conviene hacer notar que de las cuatro mociones que se discuten, solamente una pide el diez por ciento del Presupuesto de Educación para la Universidad. Las otras tres dejan al Congreso la facultad de dotarla como sea debido, y convenga a la capacidad del Erario.
Se plantea este debate, pues, es un punto inminentemente fiscal y no hay en él nada técnico a qué referirse.
Los profesores de la Facultad de Pedagogía lo comprenden así y, no sintiendo vulnerados sus intereses espirituales o docentes, dicen en su memorial elevado a esta Cámara: “Este crecimiento de la Universidad que origina mayores necesidades, sólo puede mantenerse si la Institución está económicamente garantizada en su existencia. Conocedores de las condiciones en que actualmente se desenvuelve la Universidad de Costa Rica y de la necesidad de asegurarle recursos económicos para que alcance el desenvolvimiento a que está llamada en un país que hace notorias sus preocupaciones por la cultura, venimos a identificarnos con los conceptos planteados en el artículo 75 del Proyecto a que hacemos referencia y a solicitar respetuosamente a ese Alto Cuerpo Legislativo, consagre en la Constitución, para honra de Costa Rica, el artículo del proyecto presentado por el Lic. Baudrit y compañeros”.
Los miembros del Consejo de la Universidad opinan lo mismo en su memorial último. Ellos dicen: “Un proyecto que ha sido presentado a la consideración de esa Honorable Asamblea, estipula que el Poder Legislativo fijará anualmente la suma que el Estado otorga a la Universidad. Esto a nuestro juicio sería un grave error. En primer lugar la labor creciente y sistemática de la Universidad no debe quedar supeditada a las posibilidades de una erogación periódica e incierta; en segundo lugar este procedimiento permitiría que la política y que determinados intereses no culturales intervengan en la Universidad”.
Insisto en que no se trata de ningún conflicto técnico sino de un problema fiscal. Líbreme Dios de ir yo contra una institución prócer que me merece el más profundo respecto. Yo sé que necesita fondos para crecer y afirmo que ningún Ministro sería capaz de regateárselos dentro de las capacidades económicas en que el país se mueva. Y si tal Ministro tacaño hubiera, el Congreso, que son cuarenta y cinco voluntades, le enmendará la plana en beneficio de la cultura nacional. Pero, por principio, por justicia, no me parece bien que se deje en el texto constitucional una preferencia como esa. La Universidad la merece, pero otras muchas instituciones, también meritorias, vendrían, con igual derecho, a apartar sus fondos, y por el camino de las preferencias iríamos al desbarajuste del Presupuesto. No me opongo, ni me opondré nunca, por razones de cultura, a que se le den fondos abundantes, pero que los señale el Congreso, que queden dentro del Presupuesto, que sea el Ministro de Hacienda quien los arbitre. Sé que esos fondos estarán siempre administrados por manos cuya honorabilidad nadie discute, sé que serían invertidos con economía y buen criterio, pero es preferible que así como a la última junta de educación se le exige rendir cuentas y hacer presupuesto ante la Secretaría de Hacienda, así lo haga el más alto de los institutos educacionales.
Que hay una sola medida y un solo rasero para todos. Se le podrá dar el diez por ciento, o el doce, o el catorce; nadie se opone a eso, pero sólo el Ministro de Hacienda podría decirlo, que sea ese departamento quien diga cuánto puede gastar la Universidad. Pero no nos parece bien que se ponga ese principio inflexible en nuestra Constitución. En una democracia todas las instituciones deben tener privilegios iguales.
Pero, si realmente se pretende cuidar los intereses de la cultura, habría que buscar un medio más amplio. La educación y la cultura son de arquitectura piramidal: necesitan apoyarse en anchas bases para elevar sus vértices.
La primera sirve al mayor número y sirve hasta en los más apartados rincones del país. El 88% del alumnado es primario. Cualquiera que haya visitado nuestras escuelas primarias de los campos se habrá dado cuenta de la pobreza y estrechez de sus edificios, de su falta casi total de mobiliario adecuado, de su absoluta carencia de material escolar. De la desnutrición de sus alumnos, de los harapos que visten muchos de ellos, y, sin embargo, yo no pediría para ellos una preferencia. Que las estrecheces las sufran todos por igual y la holgura la disfruten todos.
DATOS IMPORTANTES:
Voy a agregar unos datos simplemente para ilustrar este debate.
De las 926 escuelas que integran el sistema primario, solamente 164 llegan a tener sexto grado.
Hay 762 escuelas que no alcanzan a rematar su obra en el sexto grado, 762 escuelas que están fuera de la Constitución, porque ella ordena que la Enseñanza Primaria sea obligatoria y deja sin remate y truncada esa escolaridad en los campos. Es gratuita, dice la Constitución, pero lo promete no más, porque no puede darla.
Queremos extender nuestra cultura popular, que es la que forma la democracia, y hay 97.000 niños que se quedan semi-analfabetos, no por culpa o negligencia de ellos, sino por falta de recursos del Estado que les promete una enseñanza primaria gratuita y obligatoria y no puede sostener su promesa.
Hacemos cumpulsión escolar para que asistan los muchachos a la escuela y ambulan ellos fuera de las casas de enseñanza sin poder entrar por falta de espacio y de maestros.
Esos 97.000 niños que se quedan sin sexto, ni quinto, y a veces ni cuarto grado, constituyen el 88% de la escolaridad del país.
La Universidad presta eminentes servicios que no desconocemos, como máximo factor de cultura, pero la ejerce en la élite y atiende apenas el medio por ciento de la escolaridad.
Véase este sólo dato que es desconsolador en la tragedia de nuestra escuela elemental; hay 1.339 maestros que trabajan con horario alterno, es decir, con un grupo en la mañana y otro por la tarde. Los alumnos que ellos educan apenas trabajan a medio tiempo, es decir, medio año por uno. Eso sucede por falta de material, de locales y de maestros.
Otro dato igualmente trágico es este: en Obras Públicas hay solicitudes pendientes por 35.000 pupitres escolares. Esos bancos, que son bipersonales, darían acomodo a 70.000 niños que están hoy mal sentados.
Parece imposible salir de esa triste condición, porque esos pupitres cuestan a 75 colones cada uno y su total construcción haría la suma de 2.626,000.00 (colones).
Pues bien, con el aumento que va a darse a la Universidad, en tres años quedaría de sobra satisfecha esa urgente demanda.
El presupuesto actual de Educación sube a ¢19.835,152.00. Para decirlo en números redondos, es de 20 millones anuales.
El 10% implica dos millones. Es decir, casi el doble de lo que percibe actualmente.
La Universidad recibe, a más de su tajada en el Presupuesto, que sube del medio millón, un gravamen sobre refrescos, que le produjo el año pasado, ¢67,109.00. Tiene el impuesto de aviación, 50 céntimos por cada pasaje en el interior y dos colones por cada uno de los del exterior, que le dio ¢75,118.00. Percibe el impuesto del timbre universitario sobre sucesiones que arrojó la suma de ¢189,643.00. Recibe el impuesto sobre cancelación de hipotecas que produjo ¢10,837.00. Alquila su viejo edificio de los Archivos Nacionales en ¢42,000.00 anuales. Cobró derechos de examen en el año pasado ¢46,277.00, por derechos de título ¢45,557.00 y por derechos de matrícula la suma de ¢174,047.00. Cobró por diversas rentas menores ¢29,041.00 y recibió una dotación del Estado de ¢431,184.00. Todo lo cual hace un total que sobrepasa el millón (¢1.067,412.00.)
RENTAS:
Las escuelas primarias sólo tienen dos rentas: Licores y Destace. La primera produce alrededor de ¢300,000.00 y la segunda unos ¢100,000.00 al año. Estas rentas surten a todas las Juntas de Educación del país.
El almacén escolar, por sí solo, para suplir útiles a los alumnos pobres, necesita y consume ¢500,000.00 por año; apenas hace un obsequio al 60% de los muchachos. Don Ricardo Jiménez me decía que debe darse ese servicio a todos, porque el Estado obliga a recibir esa enseñanza a ricos y pobres.
En sólo ese Almacén se gasta y sobrepasa la renta de las Juntas y nada queda para material escolar: mapas, cuadros murales, aparatos de física, etc.
Pero todavía ocurre algo más grave y es que el Estado percibe esas rentas, las hecha en su caja común y apunta la cuenta a su debe. Actualmente el Erario le debe a las Juntas de Educación más de un millón de colones.
A la Universidad le corren mejores vientos, porque percibe directamente sus rentas. ¿Le son suficientes o no? ¿Necesita más dinero para su crecimiento? Yo no sé. Es necesario que lo diga a la Asamblea Legislativa el próximo Ministro de Hacienda, pero no ese recurso preferencial de hacer un aparte en el Presupuesto, que resulta rígido y difícil de mover si fuese necesario y que parece inelegante en el texto de una Constitución.
La Universidad ha recibido este año una dotación de ¢400,000.00 y tiene asignada, para el cobro, otra partida de ¢800,000.00. Que buena pro le hagan, porque lo que gasta la Universidad bien gastado ha de estar, pero que sea el Ministro de Hacienda quien lo diga.
El Ministro de Educación acaba de publicar en estos días una calurosa defensa de la Universidad. Me parece que está sobrando su entusiasmo porque nadie ataca la Universidad.
Sin embargo en ese artículo, sin quererlo el señor Gámez, justifica nuestra tesis y la hace indispensable.
Veamos algunos de sus guarismos:
GASTOS: En 1941 gastó la Universidad ¢239,942.00.
En 1949 ha gastado ¢1.690,000.00 y conste que faltan algunos meses donde pueden ocurrir eventuales.
Sus gastos han crecido en ¢1.340,057.00.
Los alumnos apenas se han duplicado y la ración se ha quintuplicado.
En 1941 atendió 719 alumnos.
En 1949 tiene 1,106.
Para preparar cada alumno gastaba en 1941 alrededor de ¢486.00.
Para prepararlo ahora gasta ¢1,052.00 por alumno.
Deseo que se contemple esta sola relación: el año pasado gastó la Universidad ¢1.169,000.00.
Es decir, que, sin terminar el curso, del año pasado a éste sus gastos han aumentado en más de medio millón.
Sin embargo nadie le está negando fondos a la Universidad. Que se le den los que necesite y pueden serle otorgados, pero que los señale el órgano correspondiente, que fija y regula los gastos de todas las dependencias oficiales.
Nos parece injusto e irritante darle esa preferencia que se pide, y no en una ley ordinaria, que puede ser enmendada, sino en el Estatuto Constitucional que se presume perdurable.
Si es hora de padecer, que padezcamos todos, pero no tratemos de vestir de tafetanes a la niña mimada de la casa, para dejar al desnudo a su hermana menor, igualmente en penuria.
Como Constituyente, y como maestro de escuela, me opongo a esas preferencias.
Este no es un conflicto ideológico entre sabios e ignorantes, entre hombres de avanzada, como se llaman, y cavernícolas, como nos llaman. Es simple contacto con la realidad y un sincero apego a la justicia.
Los mal pensados dirán que la Universidad debe trabajar mal cuando supone que le negarían fondos los gobiernos que han de venir y quiere asegurase, con tiempo, en forma tal que ande bien o, ande mal, nadie la puede tocar.
Yo no podría admitir esa duda. Pero si anda bien, como estoy seguro, ningún Ministro podría regatearle fondos, porque iría contra la voluntad de los costarricenses que quieren y protegen su Universidad. El Congreso de Diputados le enmendaría la plana al Ministro ignorante.
Otros dirían que esa insistencia en separar sus fondos es ofensiva para el señor Ulate porque es presumir que tiene tan poca cultura que, apenas llegado al Poder lo primero contra que arremetería ha de ser la Universidad y por eso tratan de llevarlo prensado y amarrado, al poste de los postulados constitucionales, como si fuera contra su gusto y voluntad.
Tampoco admito ese supuesto, porque lo conozco mucho, porque no ha dado motivo para suponer tal cosa y porque los universitarios no podrían inferirle esa ofensa.
Todo juicio a este respecto queda proscrito cuando el propio señor Baudrit Solera que es Rector muy ilustre de la Universidad, declara en varias publicaciones que siempre ha encontrado en el señor Ulate la mejor acogida y las mejores intenciones para resolver este problema.
Lo que sí admito yo es que en un Gobierno del señor Ulate no podrán girarse sumas globales, señaladas a pulso, sin gastos justificados y probados. Por autónoma que sea la Universidad deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto gasta y en qué lo gasta. Deberá pedir lo que necesita gastar, científicamente, y con los papeles de prueba.
Precisamente, el desorden administrativo de que nos quejamos, depende de esas sumas globales, calculadas al capricho, que deberán ser proscritas de los presupuestos de la nación.
Yo repito que a la Universidad le será dado lo que necesite para su desarrollo.
Así me lo ha dicho con toda la visión y claridad de su talento el señor Ulate.
Lo que yo no quiero, ni él tampoco, según me lo ha manifestado, es que hagamos ese adefesio dentro de una Constitución Política, que no tiene nada que ver con una distribución que sólo corresponde a la Ley de Presupuesto.
LA DIVERGENCIA TECNICA:
Entre los otros puntos de divergencia que separan las mociones presentadas al debate hay uno esencialmente técnico. Es el de la preparación de los maestros para servicio de las escuelas públicas.
El Proyecto Universitario estatuye, en su artículo 77: “El Estado tendrá derecho de preparar a los profesionales de la docencia, en aquellas disciplinas en que no lo haga la Universidad de Costa Rica y en tanto ésta no organice esos servicios”.
Así, pues, asume la Universidad, por sí y ante sí, de modo absoluto, la facultad de preparar las tropas docentes, con entera exclusión del Ministerio y del Gobierno de la República. Apenas si le concede, como una licencia temporal el permiso de ayudarle, mientras no pueda ella organizar la totalidad del trabajo.
La moción del señor Esquivel y compañeros no prevé ni dispone nada al respecto, es decir, no lo confía al estatuto constitucional y lo deja al libre juego de las leyes sobre educación.
La moción del señor Volio Sancho es confusa en este aspecto porque confió a la Universidad el privilegio único de otorgar, reconocer y revalidar títulos docentes, de orden universitario, pero no explica quién hará la preparación de los maestros.
El Proyecto del señor González flores y mío dice: “La preparación de maestros idóneos para la enseñanza pública es función exclusiva del Estado, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, que la organizará según las necesarias docentes del país”.
Las razones para disponerlo así son claras y no admiten discusión. Si al Ministerio de Educación se le exige que sea directa y totalmente responsable de la eficiencia o fracaso de la enseñanza pública, es indispensable permitirle que intervenga en la formación de los maestros.
Es natural que el departamento que ha de cuidar y vigilar la marcha de las escuelas, debe saber qué clase de maestros y profesores necesita, cuál debe ser su inspiración pedagógica, cuál su soporte filosófico, cuáles las normas de su disciplina y los derroteros de su metodología. Debe procurar que todo ello sea más o menos uniforme, dentro de lo posible, para crear un tipo normal, y montar sobre bases ciertas, la arquitectura de la escuela costarricense.
Así lo hacen los Estados Unidos, dentro de la limitación correspondiente a cada Estado. Yo fui profesor en la “Louisiana State Normal College” (Escuela Normal del Estado de Lousiana) y ví preparar los maestros de escuela de todo el Estado, no sobre las normas de la “L.S.U.” (Universidad del Estado de Louisiana), sino directamente sobre la dirección del Bureau de Educación del Estado, que es su Consejo de Educación. Es decir, no con la independencia universitaria, sino dentro de las restricciones del Gobierno Estatal.
Es claro que nadie podría comandar la tropa docente dentro de la anarquía que la falta de sistema concatenado habría de producirle. La orientación y desarrollo de la enseñanza pública no puede ser descoyuntada y marchar a la deriva empujada por corrientes volubles, sino que ha de tener vertebración adecuada y lineamiento general definido.
Nótese que para el ensayo individualista, y divergente, que no es el maestro Normal, quedan abiertas, de par en par, las puertas de las instituciones particulares que siguen sus tendencias religiosas o filosóficas.
La laboriosa exposición hecha por las autoridades de Educación a esta Asamblea dice: “Consideramos que el Estado debe ser el organizador y sostenedor del sistema educacional, para equilibrar el libre juego de las instituciones que se disputan la supremacía de sus particulares intereses partidaristas”.
Las escuelas particulares, que han de competir con las oficiales, saben exactamente hacia dónde mueven sus pasos y cómo preparan sus maestros. Pero al Ministerio que orienta la enseñanza oficial, se le pide que se responsabilice de las tendencias y orientaciones de la escuela pública, pero que saque las manos de la preparación de los maestros, porque eso lo hará, exclusivamente, una institución autónoma en la que no es dable intervenir. Es sencillamente absurdo.
Dicen los expositores del Ministerio: “El Estado, como expresión jurídica de la Nación, desempeña funciones reorganizadoras, coordinadas y condensadoras de las energías dispersas y contribuye a formar la conciencia y la unidad nacional”.
El artículo 81 del Proyecto de 1949 declara: “La Educación es función esencial del Estado, el cual está en la obligación de organizar sus sistema educacional.
Pero ¿cómo ordenarle que organice el sistema, si lo dejamos fuera de la formación científica de los que han de fungir como organizadores?
Por otra parte: esa absorción de funciones que pretende la Universidad crea dos problemas serios al entrar en contacto con la realidad: uno es material, el otro es técnico. El primero se refiere a la cantidad y el segundo a la calidad de los maestros.
Dice la exposición ministerial que del total de 3.405 maestro ordinarios solamente 1,421 son diplomados y 1,984 no tiene título profesional.
Suponiendo que la Facultad de Pedagogía graduase 100 maestros por año, lo que significa un récord, sería necesario esperar 20 años para que pudiera remplazar los 1,984 intitulados docentes. Pero eso es simplemente teórico, dando por entendido que las cosas han de permanecer en su lugar actual, que no creciera la población escolar, que la pensión, la muerte o el mejor acomodo, no alejara números de la tropa, que no hubiesen mejorado las condiciones de los 40,000 niños que se quedan sin escuela, no por su culpa, sino por falta material de maestros o de edificios. Tomando en cuenta esos factores, calcula el Ministerio que serían necesarios 30 años para suplir la deficiencia de maestros.
El mismo problema se presentaría en menor escala, con la preparación de profesores de Educación Intermedia. El cálculo estadístico señala 15 años para esa preparación. Por eso se pregunta ese bien documentado estudio: ¿Podrá la Universidad resolver por sí sola este problema que lleva en sí muchos otros de tanta envergadura y complejidad, por ejemplo, el de la administración y control, el de la orientación permanente del magisterio, el de las calificaciones, el de la eficiencia de la enseñanza?” “¿Contará la Universidad con los fondos necesarios para reclamar la formación del magisterio y crear, en consecuencia, varios institutos normales no en San José, sino en las provincias para no esquilmar más la ya aniquilada economía familiar y para no desarraigar de su medio a los futuros educadores? “
Todo ello nos hace pensar que hay que pronunciarse por un sistema como el que plantea nuestra moción, que no le cierra las puertas a la colaboración universitaria, pero tampoco le niega la facultad al Ministerio. Pero, si no se desea llegar a eso, podría adoptarse el sistema mixto que propuso el Proyecto de 1949 en su artículo 87: “El Estado se reserva el derecho de preparar los profesionales docentes por medio de sus institutos y de la Universidad de Costa Rica. Nosotros aceptamos de buen gusto ese artículo del Proyecto del 49. O también aceptamos hacerle un agregado al artículo de nuestro proyecto para que dijera: “La preparación de maestros idóneos para la enseñanza pública, función exclusiva del Estado, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, que la organizará: según las necesidades docentes del país”. Hasta allí nuestro proyecto.
Podría agregársele: “Sin embargo, los estudios superiores de ciencias educacionales que permitan la preparación del profesorado normal y secundario, estarán a cargo de la Universidad”. Sería resolver el problema por colaboración y no por eliminación como lo pretenden ahora, al hacer a un lado del todo al Ministro de Educación.
Porque hay que afrontar también el problema de la calidad. El magisterio demanda maestros en muchas disciplinas que no tiene la Universidad, tales como maestros de costura, cocina, educación física, trabajos manuales, religión, música y dibujo.
Surge además una duda final: ¿Es que los maestros preparados en Universidad querrían irse a Aguas Zarcas, o a Piedras Negras, o aquellos rincones donde son más necesarios?
Si se fueran irían sin cariño, sólo pensando en el regreso, para reintegrarse a los círculos de cultura superior a que ya pertenecen y a las comodidades de las urbes centrales que les ofrecen mayores oportunidades.
En dos palabras, para concluir: No vamos contra la Facultad de Pedagogía. Queremos que siga ella preparando elementos docentes. Lo que no queremos es entregarle el monopolio, porque no pude atenderlo, porque no es conveniente, y porque el Ministerio de Educación, con tal entrega, estaría sobrando, ya que no podría asumir ninguna responsabilidad en cuanto a la dirección y fines de la enseñanza.
Yo no veo tampoco por qué hemos de pensar que la simple colaboración del Estado, en función de tanta importancia, pueda ser dañina a los intereses de la cultura. Sin la ayuda de la Universidad se preparó toda esa larga tropa de Normalistas que han hecho la obra educacional de los últimos años y, por lo mismo, influido tan hondamente en la vida costarricense. Nadie podría pensar que volver a ellos es volver a la caverna y a las tinieblas.
No queremos robarle su lámpara de sabiduría a la Universidad, lo único que le pedimos es compartir con ella las pesadas responsabilidades de preparar maestros inferiores porque los suyos seguirán siendo, de justificada preferencia, ya que son coronamiento de escolaridad y cumbre de empeños.
Nuevamente intervino en el debate del Diputado BAUDRIT SOLERA, para referirse a algunos conceptos del discurso del profesor Dobles Segreda. Quiero sentar –dijo- mi más enérgica protesta, mi más vehemente protesta, por los cargos injustificados del señor Dobles Segreda, llegándome hasta achacar la comisión de un delito, cual es de que se sustrajo de la Secretaría -posiblemente por parte mía- el documento que envió la señorita Emma Gamboa a la Asamblea desde los Estados Unidos, el cual fue leído aquí, para ordenar su publicación en hojas que se distribuyeron a cada uno de los señores Representantes, pero mutilándolo en algunos aspectos. Afirma el señor Dobles que esa publicación está en los archivos de la Asamblea -ha salido de aquí para publicarla a retazos-. Nada más alejado de la verdad. La publicación de la cual tienen copia los señores Diputados no guarda absolutamente ninguna relación con la que fue leída aquí, en el seno de la Cámara, que enviara la señorita Emma Gamboa. La publicación a la que se ha referido don Luis Dobles no es otra que el texto de una carta que para su publicación enviara Emma Gamboa desde los Estados Unidos. Posteriormente fue publicado en “Diario de Costa Rica”. Posiblemente de ahí fue tomada, pienso que por la Facultad de Pedagogía, para su publicación.
El Profesor DOBLES SEGREDA interrumpió al orador para manifestarle que no sería capaz de lanzar un cargo personal de que lo hecho lo realizara él, pues confía mucho en la honorabilidad del señor Baudrit.
Este último aceptó la explicación anterior, continuando en su exposición. Pasó luego a refutar otra afirmación del señor Dobles, quien sostuvo que él -Baudrit Solera- les había jugado una mala jugada al recoger 27 firmas para su proyecto de moción sobre el capítulo de la cultura, lo cual significaba que toda discusión resultaría improcedente, al contar un proyecto de previo con 27 firmas de Diputados. El orador indicó que no había actuado en una forma indebida. Simplemente fue a donde sus compañeros, como se ha hecho en otras ocasiones. Varios de sus compañeros que firmaron el proyecto, lo hicieron con algunas salvedades, como el Lic. González Herrán. Procedió, no con argucias, sino sabiendo que aquí había muchos enemigos del 10%. Era natural que, en mi calidad de Rector de la Universidad y como Diputado, me interesara en conseguir para mi Institución las máximas garantías. Seguidamente se refirió a una serie de casos concretos que demuestran claramente la eficiencia de los estudios que proporciona la Universidad, para desmentir un cargo que, aunque no comparte, lanzara el señor Dobles Segreda. Tampoco nuestra tesis puede considerarse ofensiva para el señor Presidente Electo. Ya en otra ocasión le dije al señor Ulate que con él en el Poder no temíamos en absoluto, pues lo sabemos un enamorado de la cultura. Nuestro temor es que no sabemos quienes van a ser los gobernantes del futuro. Por cualquier pretexto, ya sea que la Universidad no siga las líneas políticas del régimen, la subvención del Estado bien podría rebajarse o suspenderse, con los perjuicios consiguientes para nuestra Universidad. No es otro el empeño para que la nueva Constitución establezca el 10% como medio de alcanzar una auténtica autonomía universitaria. Las necesidades de la Universidad son muy grandes. No hay dinero ni para las más urgentes obligaciones. Desde que su fundó la Universidad hemos venido arrastrando un déficit presupuestario. Nuestras deudas ascienden a más de ochocientos mil colones. La realidad es que la situación económica de la Universidad es muy seria y difícil. Los sueldos que se pagan a los catedráticos son exiguos, a pesar del pequeño aumento operado este año. Insistió nuevamente en que no estaban pensando quitarle a la Educación primaria y secundaria medios económicos. Por eso los argumentos del señor Dobles carecen de fundamento en este sentido. Nuestro propósito es que el presupuesto de Educación se adicione con una suma determinada para la Universidad de Costa Rica, no menor del 10%. El dinero se podrá obtener de muchos sitios. Si no hay suficiente con una buena reorganización de la Administración Pública, deberá exigírsele a todos los costarricenses su contribución. Tampoco están empeñados en obstaculizar la labor del Ministerio de Educación. Todo lo contrario. Están empeñados precisamente en que se reorganice nuestra educación, imprimiéndole nuevos rumbos, nuevas orientaciones. La Universidad está dispuesta a colaborar en esa gran tarea. Si no lo ha hecho todavía en la medida de sus capacidades, ha sido por falta de dinero. Algún día lograremos el ideal de la creación de la Universidad Obrera, que recoja en su seno a todos los desplazados que apenas han aprendido los rudimentos de la educación en nuestras escuelas. Finalmente, se refirió a otro aspecto de la imposición del señor Dobles: el que se refiere a lo que éste llama el monopolio en la preparación de maestros por parte de la Universidad. Aclaró que debía confesar que por ahora la Universidad no está en capacidad de abastecer todos los maestros necesarios. De ahí que han estado de acuerdo en llegar a una fórmula conciliatoria, con el propósito de que la preparación de maestros sea una tarea conjunta del Estado y de la Universidad. Ante la realidad del país no han tenido inconveniente en variar de opinión en esta materia.
Por lo avanzado de la hora, el señor Presidente suspendió la sesión a las 6:30 minutos de la noche.- Edmundo Montealegre E., Vicepresidente.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.- Enrique Montiel G., Primer Prosecretario.

ANEXO AL ACTA Nº 154
U. M. C.
Sindicato Musical
Apartado 1595
San José Costa Rica.
Señores Secretarios de la Asamblea Constituyente.
La Unión Musical Costarricense se dirige a la Asamblea Constituyente, para exponer muy respetuosamente el siguiente proyecto que la Unión Musical cree conveniente para la cultura artística del país.
Que se desligue el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad y pase al Ministerio de Educación Pública, el Conservatorio como dependencia de la Universidad no llena las necesidades indispensables para el mejoramiento de la Cultura Musical.
En nuestro medio la base principal del Conservatorio es formar maestros de canto para las escuelas, ellos son el mejor vehículo para difundir el gusto por la buena música, formar los músicos de las Bandas Militares en el futuro y también los maestros de Capilla. Nada de esto está haciendo el actual Conservatorio.
El Conservatorio siendo parte de la Universidad, no puede dar títulos a quien no sea bachiller y los que sí necesitan ese título son los maestros de canto de las escuelas y colegios, y esos no son bachilleres ni van al Conservatorio. En esta forma los maestros de música de las escuelas y colegios continuarán toda la vida como aspirantes.
Al Conservatorio actualmente no van alumnos dispuestos a dedicarse a ejercer la profesión de músico.
Siendo así las cosas, cabe preguntar “¿Qué hace el Conservatorio?” En cambio puede obtenerse mayores ventajas y efectividad, si el Conservatorio depende del Ministerio de Educación Pública, dicho Ministerio otorgaría los títulos y todos los maestros de música y los músicos de las Bandas tendrían esa oportunidad.
La Escuela Militar de Música, cuya misión es la de preparar los músicos de las Bandas, pasaría a formar parte del Conservatorio con el mismo presupuesto que tiene actualmente; los profesores que en la actualidad dan sus clases en el Conservatorio, quedan como hasta la fecha lo han estado sin sufrir ningún cambio.
En esta forma sí es un verdadero Conservatorio, porque llena todas las necesidades de que carece actualmente. El Conservatorio no tiene local, pero el Ministerio de Educación puede disponer de un terreno y cien mil colones para levantar un modesto edificio y que la Unión Musical pone a la disposición de dicho Ministerio.
De la Honorable Asamblea Constituyente, con todo respeto,
f) Ismael Cortés B.,
Vicepresidente de la
Unión Musical Costarricense.