Acta 155 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 155

No. 155.- Centésima quincuagésima quinta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del día veintidós de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia de don Edmundo Montealegre. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Montiel, Jiménez Núñez, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, González Flores, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti y los suplentes: Castro, Lee Cruz, Venegas, Rojas Espinoza, Rojas Vargas y Chacón.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
El Diputado ACOSTA JIMENEZ expresó que no había estado presente en la sesión anterior, razón por la cual no pudo solidarizarse con el voto de confianza y aprecio otorgado por unanimidad a los distinguidos integrantes de la Mesa. Quiere que su voto afirmativo a esa gestión, conste expresamente en el acta.
El Primer Secretario señor VARGAS FERNANDEZ, agradeció a sus compañeros de la Cámara el voto de simpatía de que fueron objeto los integrantes del Directorio.
Artículo 2º.- Se dio lectura a la correspondencia:
a) Memorial firmado por un grupo de elementos del magisterio nacional, solicitando de la Asamblea su intervención para que se vuelva al viejo sistema, mediante el cual los maestros que hubiesen prestado servicios en la enseñanza por espacio de 25 años tenían derecho a su jubilación. Una ley posterior subió ese plazo a los treinta años. En su memorial exponen los maestros las razones que los mueven a semejante petición. (*)
(*) Ver anexo a esta carta.
b) El Señor Presidente de la Asamblea, Doctor Marcial Rodríguez, dirigió a sus compañeros la siguiente comunicación en relación con el voto de confianza acordado para los integrantes del Directorio:

Alajuela, 22 de setiembre de 1949.
Honorable Asamblea Nacional Constituyente.
Palacio Nacional.
San José.
Con emoción indescriptible he sido enterado del generoso gesto con que la Asamblea, en su sesión de ayer, dio un voto de afecto y confianza al Directorio, del cual inmerecidamente soy uno de sus Vicepresidentes.
Mi deseo ha sido siempre, por sobre cualquier otra cosa, el de acertar en el delicado ejercicio de mis funciones y el de mantener, a toda costa la armonía entre todos y cada uno de los legítimos representantes del pueblo, labor que gracias a la simpatía con que se me ha tratado y al deseo de colaboración de mis distinguidos compañeros, ha sido posible llevarse a cabo a satisfacción; así como cumplir con el mandato a todos encomendado: el de dar una Constitución que garantice hasta donde sea posible el mayor bienestar y el mayor respeto de las libertades y progreso nacionales.
Una diferencia de criterio entre el Directorio y la mayoría de los señores Diputados, en la interpretación del Reglamento interno de la Cámara, consumió varias sesiones. El juicio de la Mesa, tratando de ser ajustado a los antecedentes sobre la misma materia, no obtuvo el respaldo de la mayoría parlamentaria, aunque sí el número de reglamento para mantener su tesis. Mas era un hecho natural que el Directorio, por esa falta de respaldo de la mayoría parlamentaria a la tesis que había sostenido, pudiera haber sentido que la Asamblea le había retirado la confianza que había puesto en él al hacer la designación respectiva y a la vez, la necesidad de dejar en libertad a la Asamblea para formar un nuevo Directorio con Representantes que tuviesen mayores ejecutorias que los que actualmente lo integran.
Por una mayoría los miembros del Directorio fuimos inmerecidamente llevados a tan altos sitios, y luego, esa misma mayoría discrepaba abiertamente con el Directorio; se nos acusaba de mucha torpeza en la interpretación del Reglamento y de mucha liberalidad en el hecho de permitir a los señores Constituyentes debatir con anticipación los puntos que debía dejarse para otra oportunidad. Y si concluimos en que ambas cosas fueron apoyadas por lujosa mayoría, además de ser ciertos en cuanto a mí se refiere, sería ilógico que por una disposición reglamentaria que aparentemente ignoraban muchos de los señores Representantes, debiera esa lujosa mayoría transigir con algo que impugnaba abiertamente.
Fue por ello que en los primeros momentos consideré de mi deber dejar en libertad a mis distinguidos compañeros para designar a quien con más propiedad pudiera desempeñar las delicadas funciones que se me había encomendado.
Sin embargo, para mi propia satisfacción, esa Honorable Asamblea, al darnos ayer un voto de confianza a los integrantes del Directorio, ha vuelto a depositar en nosotros la confianza que nos fue otorgada al iniciar labores la Asamblea, lo que me obliga, hoy más que nunca, a tratar de desempeñar mi cargo de primer Vicepresidente, con el mayor acierto que permitan mis capacidades, y si algún error tuviera, se deberá a ineptitud de mi parte, pero nunca a malicias ni preferencias para nadie.
Quien sabe perfectamente que no tiene méritos para ser objeto de tanta distinción como la que le ha brindado esa honorable Asamblea, aprovecha la oportunidad para suscribirse, con la mayor consideración de los señores Diputados,
Marcial Rodríguez C.

El Profesor DOBLES SEGREDA aclaró que en la sesión de ayer había lanzado un cargo, no contra el señor Baudrit Solera personalmente, sino en general, cuando afirmó que de la Secretaría se había sustraído una carta enviada a la Asamblea por la señorita Emma Gamboa, para publicarla a retazos. El error consistió en que el documento mencionado, se publicó bajo el epígrafe de “Carta de Emma Gamboa a la Asamblea Nacional Constituyente”. Ruega a sus compañeros que consideren sus palabras como si no hubiesen sido pronunciadas en ese respecto. Luego expresó que los universitarios se había comportado en la forma más correcta, a pesar de que en su discurso se pronunció desfavorablemente con la tesis del 10% para la Universidad. De ahí que los rumores en sentido opuesto, carecen por entero de validez. El comportamiento de los jóvenes de la Universidad fue en todo momento digno de su condición de estudiantes.
El Diputado ZELEDON BRENES dio lectura a la siguiente exposición relacionada con el capítulo de la Educación y la Cultura que se publica en “La Gaceta”.
Ha sido objeto de incesantes e impremeditadas censuras el hecho de haber gastado esta Asamblea dos semanas de su angustioso tiempo en discutir el Capítulo Constitucional del Poder Judicial. Igual descontento habrá de producir entre las celebraciones superficiales, el tiempo que ha de consumir la discusión de este otro Poder de la República: el Poder Docente. Pero una y otra censura sólo serán posibles si aún no se ha llegado a comprender que la recta administración de la Justicia y la distribución independiente de la Cultura entre los ciudadanos son antes que ninguna otra, las dos sólidas columnas en que debe descansar el edificio de la libertad humana.
Pero los que sentimos en estos momentos el peso de la enorme responsabilidad histórica que se origina en esta Constitución que estamos promulgando, no podemos abstenernos de intervenir cuantas veces sea preciso y en las formas en que llegue a ser necesario, en el interesante debate que ahora va a iniciarse.
Y va de cuento para terminar en historia. Hubo una vez en este rinconcito de la tierra, un hombre, un garrido muchacho salido de un hogar de maestros, lo cual quiere decir, de una cepa de sabiduría legendaria donde la pobreza, con su calor fecundo, hizo brotar la insólita virtud de un ansia inextinguible de superación.
Me correspondió el privilegio de tropezar con él en las aulas del Liceo de Costa Rica, a las cuales él asistía con trajes de dril envejecidos, pero siempre reflejando limpieza y cariño de manos maternales, de esas divinas manos que saben modelar las grandes vidas humanas. Desde muy joven y a despecho de su modesta indumentaria, su porte fue de gran señor; por la prestancia, por la distinción, por la modestia y por la dignidad. Corpulencia armoniosa, gesto altivo pero suave, frente espaciosa sobre la cual descendía porfiadamente un mechón de cabellos negros y ondulados como una obsesión sobre un claro pensamiento.
Este hombre, este joven de espíritu eminente, era un católico fervoroso, un practicante de su religión sin vanas ostentaciones pero sin vergonzosos titubeos, y llegó a las más altas cimas de la consideración política y social de su país, querido y aclamado por ateos y ortodoxos; fue Diputado al Congreso, fue Ministro de Estado y a punto estuvo de ser Presidente de la República, en una de esas crisis políticas en que frente a la turbulencia de las maniobras fraguadas por los profesionales del juego seudo-democrático, el sector minoritario de los ciudadanos honestos, vuelve su mirada angustiosa hacia la lejanía donde fulguran, solitarias, las estrellas que suelen guiar a los pueblos hacia los pesebres donde nacen sus auténticos redentores. Ese hombre, arrebatado a la existencia en hora temprana por la muerte, tuvo un nombre que hoy lleva con orgullo uno de los planteles educacionales de la Capital. Un nombre que voy a revelar aun a riesgo de producir honda perturbación en el ánimo de alguno de nuestros compañeros en esta Cámara. Se llamó Claudio González Rucavado.
Señores Diputados: He evocado en esta oportunidad su sagrada memoria, no solamente para rendir merecido aunque tardío y sencillo homenaje a uno de los más preclaros costarricenses que no arrastró tras de sí cadena de claudicaciones ni impedimentos de benemeritazgos, sino también para colocar bajo tan alto y meritorio patrocinio la tesis que me propongo sustentar en este debate alzando la bandera del Poder Docente que Claudio González Rucavado agitara hace treinta y nueve años desde estas mismas barricadas en que hoy peleamos el porvenir de la República. Aún nos parece verlo erguido sobre una de estas tribunas, defendiendo su credo progresista y renovador, olvidado de todo prejuicio sectario, fijo su pensamiento en el avance de una cultura encauzada hacia la libertad. Su condición insospechable de católico, apostólico, romano, practicante integral, no lo indujo al error de creer que el desenvolvimiento de las capacidades humanas debía estar necesariamente sometido a normas filosóficas determinadas. He aquí por qué su proyecto fue calificado de genial por don Elías Jiménez Rojas, aquel materialista irreductible que compartió con Clorito Picado el reinado de la auténtica sabiduría en Costa Rica. Sus frases, no obstante el reposo y la suavidad de la voz que las modulaba, salían como llamaradas de una fragua en acción. Decía: “Creemos en el progreso y precisamente por ello no creemos en la inmutabilidad de las instituciones humanas y mucho menos en las del orden político. La República nos cautivó porque creíamos encontrar a su amparo cuanto podía el hombre desear y ya vamos aprendiendo en la nuestra y las otras, cuántos males pueden guarecerse a su sombra por la mala intención de los hombres y aun cuando no negamos que es conquista de la civilización de los pueblos, afirmamos convencidos que no es la última palabra. Mas, por si el razonamiento desvalido no hiciera peso bastante, óigase la palabra del historiador y moralista Michelet: ‘La República, esta obra de arte sublime, pasará como pasaron los dioses. Eternicemos, pues, al hombre. El hombre es la esencia de todo. Existía antes de la República y será después de ella’. ¿Y cómo eternizar al hombre en el sentido que indica Michelet? Cultivando su espíritu para que libremente, sin encasillarse en una y otra doctrina, se encumbre en las de la imaginación y alcance cuanto anhela en Dios único o en la Naturaleza. Por eso dijo muy bien Jefferson: ‘De quien viene el espíritu viene la libertad’”. No se olviden en tanto dure este discurso, esos conceptos. No renegamos la República, al contrario, en este momento histórico estamos con ella y por ella; pero si la República misma pasará, ¿cómo no han de pasar sus conceptos tales como fueron concebidos en otras épocas? Todo está sujeto a mudanzas, nada es inconmovible y el proyecto de Reforma Constitucional para crear el Poder Docente del Estado en Costa Rica, buena prueba es de lo dicho y de la vitalidad de los elementos de que se compone el país, porque la vida fisiológicamente se explica por cambios constantes. Nuestro proyecto debe considerarse como un fenómeno natural, ya que es el resultado de ideas que flotan en la atmósfera social costarricense desde hace muchos años, que han madurado convicciones en los cerebros y que hoy encuentra un exponente: Nosotros, como Montesquieu exclamamos: “No hemos sacado nuestros principios de nuestras preocupaciones, sino de la naturaleza de las cosas”. Y los legisladores no pueden desatender lo que los hechos han establecido antes que ellos, ya que una ley racional siempre será la cristalización de un hecho o de una costumbre o de una necesidad. Nuestro proyecto del Poder Docente del Estado entraña un interés vivo por las nuevas generaciones: crea un cuerpo libre, fuerte, de pensadores, que por la forma de su organización y las atribuciones vastas que le competen y la responsabilidad que contienen, no tiene parecido con la actual ni con los deficientes Consejos de Enseñanza propuestos en otras ocasiones. La idea no se adelanta a su tiempo, está dentro de él, más tarde, cuando se piense que es indispensable su establecimiento, cuando haya ganado las voluntades del Conservatismo, y las ideas irán mucho más lejos.
La aspiración más adelantada está por una enseñanza totalmente libre, libre en la doctrina, libre en el profesorado, libre el hombre para optarla o no, pero mientras se llega a eso, y precisamente para llegar más pronto, ajustemos nuestras prácticas a términos de transacción. La Constitución de Costa Rica, en el artículo 53 establece que “todo costarricense o extranjero es libre para dar o recibir la instrucción que a bien tenga en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos”, y el artículo 52 declara obligatoria solamente la enseñanza primera, como en Suiza, en Italia, en Inglaterra, etc. Los artículos citados de la Constitución de Costa Rica declaran implícitamente el Estado Docente y nosotros quisiéramos que esa declaratoria fuera franca y expresa y que la enseñanza pública, desde la pre-escuela hasta la terminación de los estudios superiores fuese a cargo del Estado y costeada por él. ¿Esto sería novedad? No, ni aún en Costa Rica, pues por las razones dichas, el Estado, de hecho corre con la enseñanza. Sólo que nosotros queremos que eso sea más eficiente en virtud de una mandato Constitucional y que toda la enseñanza sea gratuita como casi es en nuestra República; y decimos casi porque de cuando en cuando se grava la enseñanza secundaria y la Superior, ya con matrículas, cuyo valor excede del que el proletariado de levita, el artesano y el campesino pueden pagar, ya con cuotas mensuales que la tornan prohibitiva para los mismos y precisa que el alimento intelectual está dispuesto para todos, como ancianos que el alimento del cuerpo llegue algún día a las manos de todo el mundo sin las luchas y sacrificios que entenebrecen la existencia. El Estado en Costa Rica paga la enseñanza primaria, la secundaria y numerosas becas para estudios superiores en el exterior y con el producto de impuestos especiales o con subvenciones sostiene la Escuela de Derecho, la de Farmacia, la de Obstetricia, los Liceos de las provincias y Escuelas Especiales. El Estado Docente no es una novedad, pues, entre nosotros, y menos en el mundo. Mas se nos dirá: ¿Pero cómo evitar el mal de la politiquería metida en la enseñanza? Creemos que se evitará creando como lógica consecuencia del Estado Docente, el Poder Docente del Estado para mientras se llegue a tal grado de cultura que pueda prescindirse del Gobierno meramente político y la enseñanza exista solamente en establecimientos de libre iniciativa.
He aquí algunos de los principales artículos de la enmienda Constitucional propuesta y defendida por Claudio González Rucavado, en el Congreso de 1912:
“El Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable y lo ejercen Cuatro Poderes distintos que se denominarán: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Docente.
La enseñanza primaria, la secundaria, la Superior y la de Artes y Oficios son gratuitas. Todas serán libres de imposición Doctrinaria. Corresponde al Estado la determinación de las profesiones en que exija títulos especiales, la de las condiciones para su ejercicio y la de los requisitos necesarios para obtener los títulos.
El Poder Docente de la República se ejerce por un cuerpo Ejecutivo y tres consejos: el de Enseñanza Primaria, el de Enseñanza Secundaria y el de Enseñanza Superior.
El Cuerpo Ejecutivo se forma por un Representante del Congreso Constitucional que en asuntos de enseñanza tendría voz y voto en el Congreso, por el Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, de los Presidentes de los Consejos de Enseñanza Superior, de Enseñanza Secundaria y de Enseñanza Primaria; estos funcionarios durarán siete años en sus puestos, salvo el Secretario de Estado en Instrucción Pública, que es el órgano de comunicación entre el Poder Docente y el Ejecutivo y que está sujeto a este poder de acuerdo con las leyes.
A los funcionarios del Poder Docente no podrá suspendérseles en sus destinos sin previa declaración de haber lugar a formación de causa, ni deponérseles sino en virtud de sentencia Ejecutoriada.
La Enseñanza Nacional queda sometida al Poder Docente, que la dirigirá, nombrará y removerá a los empleados de ella con arreglo a una ley que ofrezca garantías al maestro de estabilidad en su puesto mientras sea capaz y honrado”.
Señores Representantes: Ahora o nunca, nos dice la voz pausada y enérgica de Claudio González Rucavado. Lo que hace 37 años pareció una utopía, cuando no un sacrilegio a las mentalidades retrasadas, ahora parece un despropósito a quienes creen que pueden aprovechar la desorganización del mundo para retornar a la época de las tinieblas. Pero no lo conseguirán; unámonos todos en un solo propósito y hagamos de la enseñanza el supremo motor de la República.
He aquí el proyecto Constitucional que puede realizarlo:
Artículo 67.- La Educación es función esencial del Estado, el cual está en la obligación de crear las instituciones y servicios suficientes para atender a las necesidades educacionales y culturales del país.
Artículo 68.- Entre los fines culturales de la República están el de conservar, desarrollar y nacionalizar la riqueza histórica y artística, y el de apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico del país.
Artículo 69.- La Educación Pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.
Artículo 70.- La enseñanza primaria es obligatoria; ésta, la pre-escolar y la secundaria, son gratuitas y costeadas por la nación. El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a las personas que carezcan de recursos pecuniarios y hayan demostrado vocación y capacidad. La adjudicación de las correspondientes becas y auxilios será legalizada por el Ministerio del ramo de acuerdo con lo resuelto por el organismo que determine la ley, el cual deberá ceñirse a la historia estudiantil de los candidatos.
Artículo 71.- Se garantiza la libertad de enseñanza. Toda persona natural o jurídica puede dedicarse libremente a las ciencias o a las artes, y fundar cátedras y establecimientos para la enseñanza de ellas, bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado, por medio del Gran Consejo Nacional de Educación Pública. Este Gran Consejo gozará de autonomía en el ejercicio de sus altas funciones.
Artículo 72.- La iniciativa privada en materia educacional merecerá el estímulo del Estado, en la forma que lo determine la ley.
Artículo 73.- La Universidad de Costa Rica es una Institución de cultura superior que gozará de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios.
Artículo 74.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas necesarias y contribuirá a su mantenimiento con una suma no menor de diez por ciento del presupuesto anual de gastos del ramo de la Educación Pública, que se le girará en cuotas mensuales.
Artículo 75.- La Universidad de Costa Rica es la única institución autorizada para otorgar, reconocer y revalidar títulos referentes a estudios y disciplinas humanistas, docentes y profesionales de orden universitario. Los títulos extendidos o reconocidos por la Universidad de Costa Rica son indispensables para que los Colegios de Graduados autoricen el ejercicio público de las profesiones.
Artículo 76.- El Estado tendrá el derecho de preparar a los profesionales de la docencia, en aquellas disciplinas en que no lo haga la Universidad de Costa Rica y en tanto ésta no organice esos servicios.
Artículo 77.- La Libertad de Cátedra es principio fundamental de la enseñanza Universitaria.
Artículo 78.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Gran Consejo Nacional de Educación Pública y al Consejo Universitario, en sesiones conjuntas de esos organismos. Las resoluciones adoptadas por los dos tercios de los asistentes a estas reuniones servirán de norma a las que dicte la Asamblea Legislativa. Igual procedimiento se seguirá para cualquier reforma que se intente a la organización de la Enseñanza Nacional y sus prolongaciones.
Artículo 80.- El Gran Consejo Nacional de Educación Pública, Supremo Director de la Enseñanza Oficial y de la autorizada, será integrado por:
a) El Ministro de Gobierno designado al efecto, quien tendrá voz y voto en las deliberaciones y será el órgano de comunicación con las otras ramas del Gobierno y el ejecutor de las resoluciones del Consejo.
b) El Presidente del Consejo Universitario.
c) El Presidente del Consejo de Enseñanza Secundaria.
d) El Presidente del Consejo de Enseñanza Primaria.
e) El Jefe Administrativo de Educación Pública.
Artículo 81.- Los Consejos de Educación Pública serán integrados por los funcionarios de cada ramo que sean electos por las respectivas Asambleas, los cuales estarán protegidos por las mismas disposiciones que defienden la independencia y crean las responsabilidades de los Miembros del Poder Judicial. La forma y condiciones en que las respectivas elecciones deben efectuarse, serán determinadas por la ley.
No obstante lo que ayer se dijo, con magnífica base, al parecer, contra el señalamiento en la Constitución de un porcentaje, rígido hacia abajo de los gastos del ramo de Educación para el sostenimiento de la Universidad Nacional, yo mantengo la tesis de la designación del 10% como principio mínimo nada más, de la inversión que ha de requerir la vida de ese organismo técnico. Como la tendencia de mi proyecto es que alguna vez la Universidad habrá de ser la Suprema directriz de la Enseñanza Pública, ese porcentaje tendrá que ir creciendo en proporción a medida que la Universidad asuma la plenitud de esas funciones. Del mismo modo sostendré con empeño que la facultad de formar maestros corresponde al Gobierno tan sólo en la parte que sea necesaria mientras la Universidad logra colocarse en capacidad de formarlos todos por sí misma. Con ello y sólo con ello, se logrará erradicar del seno del Magisterio al Cáncer de la politiquería. Solamente así podremos dejar de contemplar los ejércitos de educadores sembrando en los surcos del pueblo las cimientes del servilismo, pagados con sumas del Presupuesto respectivo que, sin embargo, no se echan de menos cuando se lleva por la cantidad de niños que quedarán sin escuela con el aumento que pueda llegar a tener la renta de la Universidad, renta con la cual ella podrá llegar en auxilio de esos niños en el desempeño de sus deberes, cuando el tren burocrático de la derruida Secretaría de Educación Pública no consuma ya inútilmente parte considerable de las rentas respectivas.
El Representante GONZALEZ FLORES usó de la palabra para referirse a algunas observaciones del Licenciado Baudrit Solera hechas durante su intervención última. En primer término, indicó que mientras estuvo la Escuela Normal de Heredia, la política no se metió ahí. Nunca se le hizo alguna objeción, por parte de los hombres del gobierno, a pesar de que siempre ha sido un espíritu rebelde, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Aun cuando en repetidas ocasiones censuró actos de gobierno jamás se le hizo la menor reprimenda. Tampoco se importunó por razones de política a don Omar Dengo, durante los muchos años que estuvo en la Normal. De ahí que el cargo apuntado por el señor Baudrit Solera de que la intromisión de la política en la Escuela Normal acabó al ser pasada a la Universidad como Facultad de Pedagogía, carece de fundamento. Luego pasó a referirse brevemente a los grandes problemas que confronta nuestra educación primaria, por falta precisamente de medios económicos. El Estado gasta una pequeña suma anual por cada alumno que se matrícula en las escuelas primarias. Hay una gran escasez de maestros titulados. Las escuelas no están lo bien servidas como se deseara. Carecen de rentas propias adecuadas, como las tiene la Universidad. Por eso no es partidario del diez por ciento para la Universidad. El presupuesto actual de Educación más o menos es de veinte millones de colones, lo que significa que a la Universidad -de aprobarse la tesis del señor Baudrit Solera- le corresponderían dos millones de colones, suma que necesita con mayores urgencias la educación primaria. Además, el artículo en relación con este asunto no es lo suficientemente claro. No se dice si esa suma hay que restarla a la educación primaria y secundaria, o si por el contrario, el presupuesto general de Educación tendrá que adicionarse con una suma anual de dos millones de colones. Añadió que la educación primaria es fundamental para acabar con el analfabetismo y semi-analfabetismo que impera en nuestro país. Si se quiere, es de mayor importancia para la vida del país que la propia educación universitaria. La educación primaria tiene la alta misión de preparar a todos los ciudadanos para el ejercicio de la ciudadanía. Aclaró, sin embargo, que su actitud no podía considerarse como opuesta a los intereses de la Universidad. Todo lo contrario. Finalmente se refirió a algunos artículos del Proyecto del 49 sobre educación, que son inaceptables, como aquel que confiere al Estado la organización y orientación exclusivas de la enseñanza.
El Representante GOMEZ ROJAS se refirió al tema en discusión en los términos que íntegramente se incluye en el acta publicada en “La Gaceta”.
Considero el más alto honor de mi vida, venir a defender ante esta Asamblea los intereses de la Universidad de Costa Rica, que son en el fondo los intereses de la juventud que se educa en ella, los intereses de la cultura que son también los fundamentales de la democracia y los vitales de la Patria. Tales afirmaciones no son palabras líricas y altisonantes para impresionar, sino, realidades efectivas que me propongo demostrar. Aquí se ha combatido la tesis que defendemos los universitarios en una forma hábil que rima necesariamente con esa idiosincrasia nuestra que desliza la sospecha cuando quiere perjudicar una causa. Ese mismo sistema que convierte en jirones la honra de una mujer cuyas virtudes se exaltan, pero a la vez, se deja flotando una duda que el espíritu suspicaz convierte en cargo cierto. La Universidad de Costa Rica como la mujer a que me refiero, tiene que padecer iguales sospechas, quizá por llevar nombre femenino. Felizmente, sus destinos los ampara la diosa de la sabiduría, Minerva, Palas Athenea. En esa forma, las sospechas a que me refiero, colocan a la Universidad de Costa Rica en la condición de un Centro burocrático que constituye rico filón para unos cuantos elegidos que a su amparo están labrando su propia fortuna; que goza de jugosas rentas, de las que dispone a su antojo no dando cuenta a nadie -y que como labor de cultura forja una élite estudiantil muy apreciable por cierto, pero que constituye un lujo que sólo una Costa Rica millonaria se podría permitir. Todo ello, para concluir con que significa una odiosa pretensión la de pedir la independencia económica para un Centro semejante-. Se ha acudido también al recurso barato, bueno para la plaza pública, de que mientras la Universidad vive en holgura, no hay con qué comprar 35,000 pupitres para las escuelas y 90,000 niños viven en la ignorancia. La Universidad no ha pretendido medrar a costa del dolor ajeno, ni tampoco de los intereses vitales de la primera y de la segunda enseñanza. La Universidad comprende que es ese un problema integral que hay que resolverlo en toda su extensión, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria pero no en perjuicio de ésta. Costa Rica se ufana de una serie de conquistas en el campo de la cultura. Desde los lejanos días de la independencia, fue preocupación de nuestros mayores abrir casas de enseñanza; que sus hijos llevaran una vida mejor que la de sus padres: que nutrieran su intelecto para funciones directivas. A grandes rasgos, la fundación de la Universidad en 1843; la declaración de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria; la obra monumental de don Mauro; la de sus nobles seguidores, son motivos que nos envanecen; pero al mismo tiempo, implican obligaciones que cumplir; si queremos que esos postulados no sean letra muerta. Si Costa Rica se envanece intencionalmente de tener más maestros que soldados, es preciso que convierta esa afirmación lírica en una realidad práctica. El problema fundamental de la cultura; el de que no haya analfabetas en el país, tiene que preocuparnos a todos; pero no es buen argumento el decir que la educación primaria padece miseria y por lo mismo la educación universitaria no debe existir. Es este fundamentalmente un problema financiero, que la Universidad no pretende que se resuelva exclusivamente en beneficio propio. Que si hay holgura en la Administración Pública, de ella participe la Universidad; que si hay estrecheces también las sufra la Universidad. Por ello el auxilio que pedimos está calculado sobre un tanto por ciento del Presupuesto de Educación Pública. Si el Estado dedica ingentes sumas para la Educación Primaria y Secundaria, a ellas agregue un 10% para la Universidad que será grande o pequeño según sea de ingente o de exiguo el renglón principal. Es un lugar común que sin independencia económica no hay independencia política. Inglaterra conquistó la Carta Magna que significó la consecución de las más altas garantías políticas para el ciudadano inglés, pero ese mismo ciudadano no alcanzó la independencia económica. El campesino inglés siguió pagando altos tributos a los señores de la tierra, y éstos en el fondo, influían políticamente sobre la conciencia de sus deudores. Sin extenderme en el examen de este tema que a estas horas es una verdad inconclusa -y que la vivimos en nuestra propia tierra-, pero descansando en ella la base de mi argumentación, estimo que sin alcanzar la independencia económica, será un mito la independencia administrativa para la Universidad. Seguirá ella lánguidamente viviendo del favor oficial; y éste se le dispensará cuando la Universidad sea un instrumento dócil que se preste a las sugestiones del Poder. Este podrá otorgarle o negarle sus favores según le plazca. Pregunto a los señores Constituyentes, si es ese el tipo de Universidad que aspiran a tener. Si no garantizamos la independencia económica de la Universidad para el futuro, cualquier día ella cerrará sus puertas porque a un congreso reaccionario le ha parecido bien que son demasiado levantiscos e independientes los estudiantes; que ellos se preocupan en demasía de los problemas del país; que ellos se han permitido ridiculizar la obra de los Congresos. Con un optimismo que conviene a los propósitos de sus tesis, el señor Dobles Segreda dice: que no habrá Ministro de Educación ni Asamblea Legislativa que se permita tratar a la Universidad como hija de cocinera. Hace apenas ocho años que el país creía que había alcanzado la independencia política y que el sufragio como expresión fiel de la conciencia ciudadana estaba definitivamente consagrado; y en ocho años nefastos todas esas ilusiones se convirtieron en ludibrio. Ya lo ha dicho aquí don Fernando Baudrit, como un Congreso llegó a intervenir hasta en las minucias de la vida íntima de la Universidad porque ello convenía a determinados propósitos. Nosotros miramos al futuro y por eso queremos que en la Constitución que estamos forjando para cincuenta o cien años, quede consagrada la independencia económica de la Universidad. ¿Por qué pedimos que en la Constitución figure tal principio? Porque la Universidad a diferencia de la instrucción primaria y secundaria, tiene seculares enemigos. Los enemigos del 10% para la Universidad no es raro que fueran los mismos que le negaron a Costa Rica un 10% de su fortuna cuando la Patria acongojada lo pedía para restañar las heridas que una revolución cruenta había inferido en el organismo del Estado, y más que esa revolución aquellos que habían hecho de la Hacienda Pública y particular, su propia hacienda. Porque la Universidad significa la superación del conocimiento humano; una ansia de progreso, de impulso hacia adelante, que no siempre encuentra el favor de las masas. Es de sobra sabido que en los Congresos hay mucho elemento bien intencionado, pero a quienes las novedades del progreso son peligrosas innovaciones que los intranquilizan; y fácilmente cediendo a un impulso reaccionario pueden decretar el cierre de la Universidad, con sólo disminuir la contribución del Estado. Se dice que la Universidad quiere colocarse por encima del señor Ministro de Hacienda pretendiendo un presupuesto privilegiado. Nada más falso. El señor Ministro de Hacienda al regular el presupuesto, tiene que contemplar las necesidades generales del país y dentro de ellas las de la educación primaria, secundaria y universitaria. La reforma sólo la impondrá una disciplina de ordenamiento fiscal en cuanto a las cifras que debe asignar a cada servicio. Esas suma serán mayores o menores, y el único privilegio que implican es el de que no puedan ser eliminadas. La Universidad no pide dineros para distribuirlos a tontas y a locas y sin sujeción a control alguno. La Contraloría de la República se encargará de visar sus presupuestos y de discriminar luego su empleo. ¿Con qué títulos pretende la Universidad tales favores? Con el de la honestidad y el sacrificio diario de sus integrantes que en pro de la cultura del país, sacrifican su bienestar y hasta su propio porvenir. Nuestro Rector que, por las condiciones singulares de su talento y de su preparación, podría tener un bufete brillante, ha renunciado a él, y también ha renunciado una y otra vez, al aumento de su sueldo, disfrutando de un estipendio ridículo para su posición. Ha servido y sirve las funciones de celador del impuesto universitario sin porcentaje alguno y con ello ha beneficiado a la Universidad en casi ¢50,000.00, (el orador lee documentos comprobatorios de su aserto). Nosotros no estamos pidiendo la independencia económica para beneficiarnos de ella. Somos elementos fugitivos, destinados a desaparecer y a que nos cubra el polvo del olvido; pero otros elementos vendrán luego; la Universidad triunfará del tiempo y del espacio y como Institución imperecedera necesita esa independencia económica para cumplir sus altos fines. A la Asamblea Constituyente le planteamos el problema escueto; o tenemos una Universidad que cumpla cabalmente sus objetivos; que imparta una enseñanza seria y eficiente con profesores de gran cultura que forjen una juventud ilustrada y altiva, ganas de defender sus derechos, la democracia y la libertad, y con recursos propios para cumplir esos objetivos; o la cerramos para que no sea un remedo de Universidad como algunas que padecen pobres países del Continente. Que volvamos entonces a los días oscuros anteriores a la Edad Media, porque en la Edad Media fueron las Universidades los faros de la cultura y en ellas se preparó ese gran despertar que se llamó el Renacimiento; y porque en época inmediata también fructificó en América con las Universidades la obra más fructífera que cumplió España en el Continente.
Abogamos también por la libertad de Cátedra, y aun cuando ese enunciado estoy seguro no encontrará enemigos dentro de la Cámara, no quiero guardar silencio acerca de él, porque con estas palabras estoy haciendo una profesión de fe. Abogar por la libertad de Cátedra es como abogar por el pensamiento libre, que dentro de las libertades humanas es como el oxígeno a los pulmones; algo vital para la conciencia. La libertad de Cátedra fue el orgullo de las viejas Universidades europeas. Francisco de Vitoria exponía valientemente las nuevas orientaciones del Derecho Internacional en la Universidad de Salamanca; abogaba por la libertad de los mares; por el trato humano de los indígenas de América; por la consagración del derecho preferente a su territorio. La enunciación de tales ideas en aquella época en que la Inquisición era como una espada de Damocles que se cernía sobre la expresión del pensamiento, implicaba un gran valor. Un buen día Carlos V, el monarca más poderoso de la época, quiso escuchar aquellas enseñanzas que ponían en duda su poder omnímodo. Francisco de Vitoria, continuó imperturbable sus enseñanzas, convirtiéndose en adalid denodado de la libertad de Cátedra. La libertad de Cátedra nos permite independizarnos del dogma y la tradición en cuanto esos elementos retardatorios del progreso no se acomodan con nuestro pensamiento. Ella nos permite, también rectificar nuestros errores. En nombre de la libertad de Cátedra nuestra Universidad ha escuchado de labios de Raúl Haya de la Torre, el evangelio de los nuevos tiempos; pero también ha escuchado con devota unción la palabra inspirada de un jesuita ilustre, el Padre Iturrios, que con elevación de pensamiento ha disertado sobre la teoría de Marx y el Comunismo.
Eso queremos; que la Universidad como difundidora de las más nobles ideas, como defensora de la libertad de Cátedra se convierta en enemiga jurada del error y de la ignorancia; que ella sea con independencia administrativa y fiscal y con libertad de Cátedra, el fanal más alto de la cultura costarricense: la defensora más preciada de la democracia y la orientadora de la juventud pensante del país que es el porvenir en potencia y la más alta esperanza de la Patria.
El Representante VOLIO SANCHO se refirió al capítulo de la Educación y la cultura en exposición que también íntegra se publica en “La Gaceta”.
Sería ocioso, que al tratar de las delicadas materias en debate, me extendiera yo sobre la importancia individual y social de la Educación y la Cultura, términos bien definidos y de profundo arraigo en el corazón y en la mente de todos nosotros.
Para decirlo con palabras del gran pedagogo norteamericano Nicolás Murray Butler, la educación tiene por objeto desarrollar, enriquecer y proteger la personalidad humana. En el fondo de todas las teorías fundamentales de la ciencia docente, al igual que en el fondo de todos los sistemas básicos sobre organización y acción social y política, encontramos siempre como objetivo -agrega ese autor- la dignidad y la personalidad del hombre.
John Locke, conocido filósofo inglés, proclamaba que, de cada diez hombres, nueve son lo que son, gracias a la educación y cultura. No podría ser de otra manera, ya que éstas cumplen sus fines generosos, ora nutriendo el intelecto de ideas, conocimientos, o bien procurando la salud física o el perfeccionamiento de la naturaleza espiritual. Así como hacen hombres sabios, la educación y la cultura hacen también hombres buenos; ellas nos permiten la realización de nuestros altos destinos, que no se concretan a la efímera vida terrenal, sino que trascienden a la vida eterna; nos liberan del yugo de las pasiones, refrenan nuestros instintos y sujetan nuestros actos a las disciplinas de la más acendradas virtudes.
De ahí, señores Diputados, la preocupación con que las modernas Constituciones de América y de otros países del mundo abordan estos problemas, preocupación que nunca será poca, habida cuenta de que es en las almas y en los cerebros de los niños y los jóvenes en donde la educación ejerce su influjo, bienhechor, o nocivo, según los casos. En tempranas edades, cuando aún nuestra formación carece de la necesaria madurez, somos permeables a toda clase de ideas y tendencias. De acuerdo con el pensamiento del poeta latino Horacio: “el niño es blando como cera para doblegarse al vicio”. Erasmo expresaba: “La naturaleza, al darte un hijo, te dio tan sólo una materia tosca; a ti incumbe la tarea de dar la mejor forma posible a esa materia apta para todo. Si la descuidas saldrá una bestia; si la cuidas, será casi un dios”.
Una de las cuestiones que de inmediato surgen en este orden de ideas, es la de si la obra docente debe estar a cargo del Estado o si en ella deben tomar la parte que les corresponde los padres de familia, el hogar y la Iglesia, conforme a los principios del derecho natural y de la filosofía cristiana. “El padre carnal -dice San Agustín- participa singularmente de la razón de principio, que de un modo universal se encuentra en Dios. El padre es principio de la generación, educación, disciplina y de todo cuanto se refiere al perfeccionamiento de la vida”. Entre padres e hijos existen, además de los vínculos de la sangre, deberes naturales relacionados con el sustento de la prole y con su mejoramiento moral y material. En la comunidad doméstica, en ese ambiente de afectos y nobles intereses que es el hogar, la familia, es en donde puede dársele a la vida del niño las más adecuadas orientaciones. La Iglesia Católica ha sido celosa de la inviolabilidad del derecho educativo de la familia. Uno de los esclarecidos Pontífices, Pío XI, consignó los siguientes luminosos conceptos en su Encíclica Divini Illius Magistri: “...La Institución Social de la Escuela nació por iniciativa de la familia y de la Iglesia, mucho tiempo antes que por obra del Estado. De suerte que la Escuela, considerada aún en sus orígenes históricos, es, por su naturaleza, institución subsidiaria completamente de la familia y de la Iglesia; y así, por lógica necesidad moral debe, no solamente no contradecir, sino positivamente armonizarse con los otros dos ambientes en la unidad moral, la más perfecta que sea posible, hasta poder constituir, junto con la familia y la Iglesia, un solo santuario, consagrado a la educación cristiana, bajo pena de faltar a su cometido y de trocarse en obra de destrucción...”. En otro de los pasajes de dicha Encíclica, se lee: “...Doble es la función de la autoridad civil que reside en el Estado: proteger y promover, pero no absorber, a la familia o al individuo o a suplantarlos. Por tanto, en orden a la educación, es derecho, o por mejor decir, deber del Estado proteger en sus leyes el derecho anterior de la familia en la educación cristiana de la prole, y, por consiguiente respetar el derecho sobrenatural de la Iglesia respecto de tal educación cristiana. Igualmente toca al Estado proteger el mismo derecho en la prole, cuando venga a faltar física o moralmente la obra de los padres por defecto, incapacidad o indignidad, ya que el derecho educativo de ellos no es absoluto o despótico, sino dependiente de la ley natural y divina, y por tanto sometido a la autoridad y juicio de la Iglesia, y también a la vigilancia y tutela jurídica del Estado en orden al bien común... En tal caso, por lo demás excepcional, el Estado no suplante ya a la familia, sino suple el defecto y lo remedia con los derechos naturales de la prole y los derechos sobrenaturales de la Iglesia... Claro es que en todos estos modos de promover la educación y la instrucción pública y privada, el Estado debe respetar los derechos nativos de la Iglesia y de la familia a la educación cristiana, además de observar la justicia distributiva..”.
Aún en países como los Estados Unidos de América, en los cuales el credo religioso de la mayoría de sus habitantes no es el católico, pero cuyas instituciones se ajustan a los postulados del derecho natural, se reconoce ese derecho primario de la familia a la educación. Una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, del año 1925, expresa: “No compete al Estado ninguna potestad general de establecer un tipo uniforme de educación en la juventud, obligándola a recibir la educación de las escuelas públicas solamente... El niño no es una mera criatura del Estado. Quienes lo alimentan y dirigen tiene el derecho, junto con el alto deber, de educarlo y prepararlo para el cumplimiento de sus obligaciones”...
En esos mismos principios se han inspirado todas las Cartas políticas que nos han regido a partir de la Constitución Federal de 1824. Vemos en ellas claramente el propósito de amparar el derecho inalienable de la familia a la educación de la prole; y nunca el de hacer de la enseñanza una función estadista. De acuerdo con las concepciones de esos textos, al Estado le corresponde, en materias educacionales, una parte de simple dirección, así como de promoción y estímulo de la iniciativa privada. “La ilustración -decía muy significativamente la Carta de 1844 en su artículo 181- es un derecho de los costarricenses y el Estado lo garantiza en todos conceptos, por medio de disposiciones legales”. En la Constitución de 1847, una de las funciones del Poder Ejecutivo es la de “promover el progreso de las ciencias, artes, agricultura y comercio, y emplear en verificarlo todos los recursos legales que estén a su alcance” (artículo 110, inciso 8). Las Constituciones de 1841 y 1917 consagraban la libertad de enseñanza y la inviolabilidad de la iniciativa particular en esta materia, al declarar la primera que al Poder Ejecutivo sólo corresponde la dirección de la enseñanza primaria (artículo 67) y que “todo costarricense o extranjero es libre para dar o recibir la instrucción que a bien tenga de los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos” (artículo 68), y al estatuir parecidas disposiciones la segunda en su artículo 9º, quizás con mayor liberalidad que en la Carta de 1871, supuesto que las escuelas primarias sostenidas por particulares quedaban sujetas únicamente a la vigilancia oficial.
Normas similares adoptan la mayoría de las otras Constituciones americanas. La argentina (artículo 14), declara que “todos los habitantes de la confederación gozan de los siguientes derechos:...de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender...”. La uruguaya (artículo 40), consigna que “el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres”, principio robustecido por la disposición del artículo 59, que dice: “Queda garantizada la libertad de enseñanza, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. La reciente Carta ecuatoriana, promulgada en el año 1946, dispone que: “la educación de los hijos es deber y derecho primarios de los padres o de quienes los representen. El Estado vigilará el cumplimiento de ese deber y facilitará el ejercicio de ese derecho... El Estado respetará el derecho de los padres de familia o de quienes los representen, para dar a sus hijos la enseñanza que a bien tengan” (artículo 171). Según la Constitución del Brasil “la educación es derecho de todos y será dada en el hogar y en la escuela”. En parecidos términos, respetando el privilegio educativo del hogar y el derecho de la familia anterior al del Estado en cuanto a la enseñanza, se pronuncian entre otras, las Constituciones de Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Haití.
Otro punto muy importante es el de si la educación debe estar o no alejada de toda influencia religiosa o si por el contrario conviene imprimirle las saludables orientaciones de la moral cristiana. Por convicción y experiencia propias es imposible que yo dude de la bondad de un sistema educativo estructurado de acuerdo con tales normas. La historia por otra parte, nos demuestra que la moral y la religión siempre han andado de la mano. Ha habido y existen pueblos que no creen en determinados dogmas o preceptos religiosos, pero la creencia en la divinidad, en un Dios autor del Universo, Supremo Hacedor de todas las cosas, fuente de la vida, del deber y de la justicia, es general aun en comunidades que permanecen al margen de la civilización, entendida ésta del modo como la entendemos en el mundo occidental. La educación forma hombres de carácter, y si el carácter es, como lo dice Herbert Spencer, la determinación moral de la voluntad, no puede haber verdadera educación sin ideales morales. El profesor Murray Butler, a quien me referí al principio, después de poner muy de relieve que la educación es un proceso unitario, integral, afirma que la enseñanza religiosa constituye factor indispensable al éxito de toda actividad docente y debe consagrársele el tiempo, la atención y el estudio serio y asiduo que merece. Y agrega: “la familia, la Iglesia, la biblioteca, el periódico, la sociedad misma, son todas instituciones d educación tan genuinas como la Escuela misma... Es enteramente falso suponer que nada entra en la educación como no sea por medio del programa escolar... Es deber de la familia y de la Iglesia asumir la parte que les corresponde en la tarea de la educación, sobre todo en la enseñanza religiosa específica, con el mismo cuidado, la misma preparación y el mismo celo con que la escuela se consagra a la parte que le incumbe... Dícese que la Religión es simple superstición, que no es, en ningún caso, universal... Se asegura, con Petronio, que el miedo fue el que inventó los dioses, y con Feuerbach, que la Religión es la más terrible enfermedad del hombre... Estas aseveraciones nacen de la simple ignorancia de la historia y de la naturaleza humana. Hay una respuesta que surge del corazón del hombre y de la historia de las ideas y de los hechos de los pueblos civilizados, respuesta que no se basa en la credulidad ni en el temor, y que asiente a la afirmación de Hegel de que “La Religión es para nuestra conciencia aquella zona en que todos los enigmas del mundo quedan resueltos, se descorre el velo de la significación de todas las contradicciones de las ideas recónditas y se acalla la voz de la pesadumbre del alma: la zona de la verdad eterna, del eterno reposo y de la eterna paz...”. En otra parte de su interesante libro “El significado de la Educación”, Murray Butler expresa: “Si la religión puede definirse, según las palabras del doctor Martineau, como “la creencia y la adoración del espíritu y de la voluntad suprema que gobierna el Universo y que está unido por lazos morales a la vida humana”, entonces la civilización es ininteligible sin la Religión. Gran parte de la literatura y del arte del mundo y las más altas acciones del hombre son, si se las despoja del elemento religioso, si se las deja sin causa religiosa que las explique, tan áridas como el desierto del Sahara. Esta verdad apenas necesita demostración”.
Sobre la decisiva importancia de la Religión en la vida de los hombres y de las naciones, y acerca del papel preponderante que ha tenido la Iglesia Católica en el proceso evolutivo de la civilización al través de los siglos, oigamos la palabra autorizada del genial Pontífice León XIII, en su Encíclica Inmortal Dei: “... Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios, unidos en sociedad, que cada uno por sí, ni está la sociedad menos obligada que los particulares a dar gracias al Supremo Hacedor que la formó y compaginó, que pródigo la conserva y benéfico le concede innumerable suerte de dádivas y afluencia de bienes inestimables... No pueden las sociedades políticas obrar, en conciencia, como si Dios no existiese, ni volver la espalda a la religión como si les fuese extraña: ni mirarla con esquivez o desdén, como inútil o embarazosa...”. “... Si la Europa cristiana domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fiereza a la mansedumbre, de la superstición a la verdad; si rechazó victoriosa las irrupciones de los mahometanos; si conserva el cetro de la civilización y ha sabido ser maestra y guía del resto del mundo para descubrir y enseñarle todo cuanto podía redundar en pro de la cultura humana; si ha procurado a los pueblos el bien de la verdadera libertad en sus diferentes formas; si con muy sabia providencia ha creado tan numerosas y heroicas instituciones par aliviar a los hombres en sus desgracias, no hay que dudarlo; todo ello lo debe agradecer grandemente a la religión, que le dio, para excogitar e iniciar tamañas empresas, inspiración y aliento, así como auxilio eficaz y constante para llevarlas a cabo”.
Uno de los problemas que más preocupan a la opinión mundial es el de la lucha entablada entre la espiritualidad cristiana y el materialismo ateo, entre los seculares principios que propugna la Iglesia Católica por una parte, y por la otra las doctrinas totalitarias, malsanas y disolventes que ayer trataran de imponer por medios arteros y violentos Alemania e Italia y que la Rusia Soviética viene agitando desde los días de la revolución marxista, hoy con más empeño que nunca. La educación de la niñez y la juventud será uno de los factores de éxito o de fracaso en esa lucha, ya sea que los ideales y postulados del catolicismo prevalezcan para la formación de los hombres del mañana, o que desgraciadamente aquéllos se hundan en los oscuros abismos de la brutalidad comunista totalitaria. En este particular la posición de la Iglesia es firme, irreductible, en no permitir que el Estado la suplante en la trascendental misión educativa. Con arreglo a las razones que he expuesto y que me propongo ampliar luego, la libertad de enseñanza y la inclusión de la enseñanza religiosa como disciplina escolar facultativa, son los principios medulares en que se inspiran las mociones que acerca de la Educación y la Cultura he tenido el honor de someter a la Asamblea, y que no dudo serán acogidos por los estimables compañeros, quienes en esta oportunidad habrán de ser genuinos representantes de un pueblo católico en su inmensa mayoría, tanto más cuanto que, en el fondo, procuro que se mantengan reglas que tradicionalmente ha vivido Costa Rica, establecidas desde antiguo y que inclusive están incorporadas al Código de Educación vigente, y que a esas reglas se les dé la majestad y la supervivencia de los preceptos constitucionales. No estoy proponiendo pues, ninguna novedad. Por lo demás, mi proyecto contempla otros importantes aspectos educacionales y culturales, que ya habrá ocasión de considerar en toda su amplitud, como, por ejemplo, el referente a la autonomía de la Universidad de Costa Rica y a las otras formas de protección y estímulo que debemos otorgarle a nuestra máxima institución de cultura, propósitos con los cuales estoy muy de acuerdo, aun cuando quizás por mi falta de capacidades yo no acertara en la escogencia de los medios más eficaces para su cabal realización, siendo de advertir, no obstante, que me mostraré abierto a toda idea encaminada de hacer que dicha institución, alma mater de las ciencias y las artes nacionales, crezca libre y fecunda, como el clásico árbol de la libertad grabado en nuestras viejas monedas de oro. Para concluir, señores Diputados, os esclarezco que, al estudiar estas materias, tengáis muy presentes los hermosos y saludables principios a que fundamentalmente me he referido, a fin de que los incluyamos en la nueva Carta, como justa deferencia a los esperanzados reclamos de nuestra católica nación costarricense.
Por lo avanzado de la hora el señor Presidente suspendió la sesión a las seis y media de la noche.- Edmundo Montealegre, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín. Segundo Secretario.

ANEXO AL ACTA Nº 155
PAPEL DE OFICIO Nº B-74872
Honorable Cámara Constituyente.
San José.
Nosotros los abajo firmados, Maestros de Costa Rica, muy respetuosamente nos dirigimos a vosotros con el objeto de pediros os sirváis reparar una injusticia cometida al Personal Docente del país.
La profesión de maestro, es una de las más duras y de las que más energía hacen consumir al individuo. Un oficinista o profesional dedica su tiempo a una sola cosa, nosotros no; la disciplina actual motivada por el desordenado ambiente, produce un desgaste mayor y ataca -preferentemente el sistema nervioso y cerebro directamente-. En aquellos tiempos de respeto, consideración y de mejor alimentación, nuestros antepasados consideraron muy justamente, que el maestro a los 25 años de servicio, tenía ganada su respectiva pensión o jubilación. “Ley por cierto muy atinada de nuestros Congresos Sabios”.
Hace 12 años las cosas han cambiado atendiendo a intereses creados, -modificaron la ley a 30 años-. Un maestro no puede dar rendimiento después de 25 años de servicio y hoy que todo es innovación, fuerza, juventud y se desea más superación en el trabajo, no se explica cómo exista esa ley y tenemos la seguridad que los señores de la 2º República que tienen en mente corregir errores e injusticias en bien de la patria, resolverán decididamente nuestro problema. Visítese el Asilo Chapuí y al contemplar el número de buenos maestros dementes que ahí están, nos daréis la razón.
Luego esta ley de pensiones abarca los últimos diez sueldos. Esto lo consiguieron los Visitadores y Directores y altos empleados del ramo de educación, que mejor dotados que nosotros, al jubilarse recibieron una buena remuneración, no así el maestro que ha sufrido un mayor desgaste, y por tanto no obtiene una pensión que compense su sacrificio y su salud entregada al servicio de la educación.
Por lo expuesto, pedimos muy atentamente que el lapso de trabajo para efecto de pensión sea como antes, de 25 años.
No dudamos pues, que la Muy Honorable Constituyente, que al igual que nuestros Congresos Sabios y que en mente vuestra está el reparar injusticias añejas, nos brinden en esta oportunidad la razón que nos asiste. “Obsérvese a cualquier maestro de más de veinticinco años de servicio continuo” veréis en él, el cansancio y agotamiento, amén de su ya arrugada cara y su blanca cabellera.
Rogamos pues, un poco de justicia, para reparar la injusticia cometida en nuestro perjuicio de educadores.
San José, 15 de setiembre de 1949.
(Varias firmas.)