Acta 157 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 157

No. 157.- Centésima quincuagésima sétima acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas del día veintiséis de setiembre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia de don Edmundo Montealegre. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Vargas, Vargas Castro, Arroyo, Monge Ramírez, Montiel Jiménez Núñez, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, González Flores, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Desanti y los Suplentes: Lee Cruz, Lobo, Morúa, Rojas Espinoza, Rojas Vargas y Chacón.
Artículo 1º.- Se leyó aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se dio lectura a la correspondencia: (*)
(*) Ver anexo a esta acta.
a) Varios telegramas en relación con el capítulo de la Educación y la Cultura.
b) Memorial de los miembros de los Colegios Profesionales sobre el mismo punto anterior.
d) Memorial de la Liga Obrera Católica en relación con el mismo punto de la Educación.
e) Memorial de la Directiva de las Madres Católicas de Costa Rica sobre el mismo punto.
f) Memorial suscrito por varios miembros del Magisterio Nacional en relación con el mismo punto.
g) Comunicación del Comité de Acción Evangélica en relación con la enseñanza religiosa en las escuelas y colegios.
Artículo 3º.- El Representante VOLIO SANCHO presentó moción de revisión sobre el artículo 67, aprobado en la sesión anterior, que dice: “La Educación es función esencial del Estado”. Para el caso de que sea admitida la revisión, propone que el citado artículo se redacte así:
“Artículo 67.- Todos los habitantes de la República tienen derecho a recibir educación integral. Los padres están obligados a educar a sus hijos. Es deber del Estado facilitar y promover la educación, dándole atención preferente”.
El señor VOLIO SANCHO se refirió a la revisión en términos que íntegramente se publican en “La Gaceta”.
Señores Diputados:
El sábado último, en horas de la tarde, el virtuoso y eminente Prelado Monseñor Doctor don Víctor Sanabria Martínez, Arzobispo de San José, se dignó enviarme el siguiente telegrama:
“Señor Licenciado don Fernando Volio Sancho, Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. Cartago. En mi calidad de Arzobispo, representante de los intereses católicos en nuestra patria, y de la concepción cristiana de la Educación, tengo el honor de dirigirme a Ud. para rogarle muy encarecidamente que en la sesión próxima de la Honorable Asamblea Nacional Constituyente, se sirva pedir la revisión del artículo, ya aprobado, en el que se adopta un criterio totalitario de las funciones que en orden a la Educación corresponden al Estado, y que priva a los padres de familia, cualquiera que sea su credo, contrariando el Derecho Natural, de derechos que en justicia no hay autoridad humana que los pueda privar. Me dirijo a Ud., que en sus actuaciones en la Asamblea Nacional Constituyente ha dado pruebas de que ha querido ser fiel intérprete de la voluntad de los ciudadanos católicos que lo eligieron y consecuente con los principios de su conciencia cristiana y de sus convicciones democráticas. Atentamente, Víctor Sanabria, Arzobispo de San José”.
Con mucho gusto he atendido la instancia que me hace el encargo que me da el Jefe de la Iglesia costarricense, ya que los conceptos de su mensaje son trasunto de mi propia manera de pensar y de sentir y a la vez reflejan lo que piensa y siente la gran masa católica nacional, que ha visto en la disposición aprobada y cuya revisión he pedido, una amenaza cierta y grave contra la integridad de su credo religioso e inclusive contra la libertad en el orden espiritual o de conciencia, si bien reconozco que esa no pudo haber sido la intención de los distinguidos proponentes del artículo 67 de la nueva Carta Constitucional, cuyo texto habré de examinar luego.
Muy complacido, repito, y muy honrado al propio tiempo, de ser aquí el portavoz, no sólo del Jefe de la Iglesia sino también de la casi totalidad de nuestros conciudadanos, para quienes ha sido motivo de honda y natural preocupación el hecho de que, al comienzo del capítulo de la Educación y la Cultura, se consigne un principio abiertamente contrario al Derecho Natural y a la filosofía católica, como es el artículo 67 en su forma aprobada, que dice: “La Educación es función esencial del Estado”, disposición que el país repudia de modo absoluto, según se desprende de las constantes y nutridas manifestaciones de la opinión pública que hemos podido ver y escuchar en estos días, especialmente hoy, que colman las barras de esta sala brillantes representaciones católica, y han llegado a la Mesa centenares de mensajes como expresión del alma de la Nación, herida en lo más hondo de sus sentimientos.
Es por ello señores Diputados y con mérito además en las razones que paso a exponer, que he planteado la revisión que se discute.
En su sesión del viernes próximo pasado, la Asamblea aprobó un precepto según el cual -como ya lo indiqué- “La Educación es función esencial del Estado”. Al proclamarlo así, el artículo 67 deja abierta la posibilidad -aunque eso tampoco pudo haber sido el propósito de los proponentes ni de quienes aprobaron lo acordado- de que en el futuro se le dé a ese texto alcances excluyentes o restrictivos de la libertad de enseñanza. Por otra parte, ya sea que se trate de concederle al Estado el derecho y el deber preferente a los de los padres de familia o a los del ciudadano común, para impartir, recibir y difundir la educación y la cultura, o ya sea que sólo se quiera dejar establecido que uno de los fines esenciales del Estado, a la luz de pretendidos postulados doctrinarios, es el enseñar y educar, en cualquiera de esos casos la disposición aprobada riñe en forma total y evidente con principios jurídicos y católicos, según los cuales es a los padres de familia, al hogar, a quienes corresponde originariamente y con mejores títulos que los del Estado, el derecho y el deber de educar a la prole, ya que ese deber y ese derecho son consubstanciales con la patria potestad, anteriores y preferentes, por lo mismo, a los de la sociedad Civil o del Estado.
En el memorándum que en febrero del año en curso enviaron a esta Asamblea los señores Obispos de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica, se expresa: “Por derecho Natural, la Educación es función de la familia y no del Estado, bien que es cierto que al Estado le corresponde una obligación primordial y subsidiaria en esta materia... El Estado debe velar sobre las condiciones generales de la Educación en todos los institutos, también en los particulares, pero esta vigilancia no debe tener por objeto coartar irracionalmente la libertad de enseñanza, sino lograr que el uso de ella no ceda en perjuicio de los intereses de la cultura nacional...”. En otro párrafo de su Mensaje, dicen los señores Obispos, comentando la estructura estatista del sistema educacional que propugnaba el proyecto de Constitución de 1949 en que se inspira el artículo 67 ya aprobada: “de hecho, puesto que no prejuzgamos intenciones, se instituía al Estado en único y soberano dispensador de la ciencia y de la cultura, so pretexto de insistir en las obligaciones de éste para con aquéllas, y se daba golpe de gracia o punto menos a aquel gran principio jurídico, costarricense como el que más, de la libertad de enseñanza...”.
Esas opiniones de quienes, por razón de su investidura, tienen la responsabilidad de los intereses espirituales de la República, enmarcan fielmente la doctrina que la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, ha venido sosteniendo en el curso de los siglos y seguirá sosteniendo en todo tiempo, cualesquiera que sean las circunstancias.
En la sesión del jueves recién pasado, me cupo en suerte hacer una exposición de carácter general respecto de estas materias, y al efecto, cité documentos de los cuales se desprende, como verdad incontestable, que la Educación es un derecho y un deber de la familia, antes que un derecho y un deber del Estado. Así lo han sostenido Pontífices Romanos y Doctores de la Iglesia.
Traje a colación, entre otras una cita de San Agustín, el Doctor Angélico, quien en otro de sus admirables escritos filosóficos, declara: “La naturaleza no pretende solamente la generación de la prole, sino también su desarrollo y progreso hasta el perfecto estado del hombre en cuanto es hombre, o sea el estado de virtud”. También cité sobre el particular el pensamiento de Pío XI y León XIII que es el mismo expresado por aquél y otros egregios Doctores de la Iglesia. Los importantísimos problemas de la Educación fueron tratados especialmente y con singular acierto por Pío XI en su notable Encíclica Divini Iluis Magistri. ¿A quién toca la Educación?, se pregunta el Pontífice. Y dice: “Ante todo, a la familia, instituida inmediatamente por Dios para un fin suyo propio, cual es la Educación y procreación de la prole, sociedad que por esto tiene prioridad de naturaleza y, consiguientemente, cierta prioridad de derecho respecto de la sociedad civil... a la familia, en el orden natural, comunica Dios inmediatamente la fecundidad, principio de vida y, en consecuencia, principio de educación para la vida, junto con la autoridad, principio de orden... La familia, pues, tiene inmediatamente del Creador la Misión, por tanto, el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación... En este punto es tan acorde el sentir común del género humano, que se pondrían en abierta contradicción con él cuantos se atreviesen a sostener que la prole, antes que a la familia, pertenece al Estado, que el Estado tiene sobre la Educación derecho absoluto. Es además insubsistente la razón que los tales aducen, de que el hombre nace ciudadano y de que por esto pertenece primeramente al Estado, sin atender a que, antes de ser ciudadanos, el hombre debe existir, y la existencia no la recibe del Estado sino de los padres...”. En su famosa Encíclica Rerum Novarum, León XIII declara: “La patria potestad es de tal naturaleza, que no puede ser suprimida ni absorbida por el Estado, porque tiene un mismo y común principio con la vida misma humana de los hombres... Doble es pues, la función de la autoridad civil que reside en el Estado; proteger y promover, y no absorber a la familia y al individuo o suplantarlos. Por lo tanto, en orden a la Educación es derecho o por mejor decir deber del Estado, proteger en sus leyes el derecho anterior de la familia en la educación cristiana de la prole”.
Con igual maestría e inspiración divina la Encíclica Casti Connubi, de Pío XI, establece que “no acaba con la procreación el beneficio de la prole, sino que es necesario que a aquélla se añada la debida educación. Porque insuficientemente, en verdad, hubiera provisto Dios sapientísimo a los hijos, más aún, a todo el género humano, si no hubiese encomendado el derecho y la obligación de educar a quienes dio el derecho y la potestad de engendrar... Este derecho y obligación de educar a la prole pertenece, en primer lugar, a quienes al engendrar iniciaron la obra de la naturaleza”.
Esta es, señores Diputados, en términos generales -porque vana pretensión sería la mía de interpretarla y exponerla en toda su amplitud- la doctrina que en cuanto a Educación sustenta la Iglesia Católica; doctrina que por lo tanto estamos en la obligación de defender y apoyar todos los que tenemos privilegio de profesar la Religión Católica, la Religión de nuestros padres. Veamos además, señores Diputados, otros aspectos del problema, que son necesarios y obligadas consecuencias de la disposición aprobada, cuya revisión he solicitado.
Tampoco han debido quererlo los señores Diputados que propusieron el artículo 67 en su texto actual y quienes lo votaron. De esto no me cabe duda alguna, pero es lo cierto que, mediante la comentada disposición, se coloca a nuestra Patria, católica y democrática, al mismo nivel de aquellos países de configuración totalitaria, en los que el Estado anula, enerva o suplanta al individuo en todos los aspectos de las actividades humanas, e incluso penetra, con la acción oficial despótica y monopolizadora, en el sagrado de las conciencias, en el fuero espiritual. Las características de un Estado absorbente, monstruoso, hipertrofiado en el cual la iniciativa privada nada cuenta o cuenta muy poco, son ajenas del todo al régimen de la Democracia, tal como entendemos la Democracia en América y en el mundo occidental. No queremos para nosotros un Estado de esa clase, porque sería equipararnos a cualquiera de esas infortunadas naciones que gimen bajo la férula del totalitarismo, sea de izquierda o de derecha. Conferirle al Estado, de un modo esencial y que quizás en el porvenir pretenda ser total, la obra docente en Costa Rica, sería establecer en la nueva Carta un funesto principio antidemocrático que podría ser seguido de otros hasta llegar a transformar nuestra fisonomía tradicional, la que hoy tenemos, y deseamos sea siempre la de Costa Rica. Si tal cosa ocurriera, alteraríamos la esencia de nuestra organización, estructurada fundamentalmente en principios de libertad: libertad política, libertad económica, libertad de pensamiento y, por sobre todo, libertad de conciencia. De acuerdo con estos principios, los costarricenses queremos y exigimos que se nos permita darle a nuestros hijos la formación y orientación, espiritual, intelectual, moral que tengamos por más convenientes.
Esa libertad, aquellas otras libertades no existen en los países de tipo totalitario, donde sólo se conoce una: la libertad del Estado para oprimir al individuo, y ésta, no podemos ciertamente quererla en Costa Rica.
¡Qué diferencia más profunda existe entre una Democracia integral -por ejemplo, la americana- y el totalitarismo de la Rusia Soviética! Allí el Estado, después de apropiarse de todo lo material y tangible, se apodera de los valores intangibles y morales, de los supremos valores del espíritu. Esto tampoco lo podemos querer para Costa Rica.
En los países dominados por el comunismo materialista y ateo, se menosprecia al individuo, a la familia, al hogar y se atropellan la libertad y la dignidad humanas, haciendo de los hombres meros instrumentos para el logro de bastardas ambiciones de predominio político. Así lo ha hecho Rusia en su propio territorio y en los pueblos de la Europa Oriental, por ella sojuzgados: así en Checoslovaquia y Rumania, así en las católicas Polonia y Hungría.
En todo lugar en donde los rojos han puesto sus plantas, lo primero que han procurado trans- formar es la Educación, a fin de sujetar las actividades docentes al control del Estado y obtener de ese control, rígido e implacable, ventajas políticas, no pedagógicas.
Uno de los más destacados dirigentes marxistas, Zinovieff, decía: “A todo trance, cueste lo que cueste, debemos apoderarnos del alma del niño”, cínico objetivo que revela sobradamente la perversidad de la ideología comunista y del tremendo peligro que ella ofrece para quienes tenemos concepciones tan distintas de la educación y de lo que han de ser los propósitos de todo plan de acción social y política. En Rusia se considera que los postulados del comunismo se propagan mejor infiltrándolos en las tiernas conciencias de los niños, envenenando desde temprano las mentes y corazones juveniles, para destruir en ellos la idea de Dios, de la moral y de todo cuanto hace noble y superior al hombre.
¿Qué es, pues, lo que queremos al defender el principio de que la Educación no es función esencial del Estado sino de la familia? Preservar a Costa Rica de la triste suerte a que están hoy sometidas muchas naciones en donde la Educación carece de sentido moral, en donde la concepción materialista de la vida prohíbe rendir culto a Dios y sólo permite la absurda idolatría del Estado. Con ello queremos asimismo que nuestros sistemas educacionales reciban cada vez más el influjo bienhechor de la moral cristiana, cuya eficacia pedagógica nadie sería osado poner en duda. Ante la posibilidad de que pudieran malograrse tan caros anhelos, se ha estremecido de inquietud el país sin que baste a calmar esa inquietud la garantía que nos dan, quienes prohíjan el texto del artículo 67, de que esta disposición no trata de desvirtuar en modo alguno la libertad de enseñanza, puesto que los gobernantes del mañana quizá no piensen lo mismo que los actuales y los del futuro inmediato. La preocupación nacional se ha hecho patente además por los mensajes que yo he recibido de muchos lugares de la República, que suscriben no sólo intelectuales y hombres de empresa sino también modestos trabajadores del campo y del taller, madres y padres de familia que protestan por el proceder de la mayoría de la Asamblea y se solidarizan con la tesis que defiendo. (El orador lee varios telegramas y cartas.)
En mi primera intervención, el jueves de la semana pasada, expuse que el sistema adoptado por muchas Constituciones de América en asuntos de enseñanza y culturales, es el que yo sugiero para Costa Rica. Cité, entre otras, la Carta Argentina. Oigamos ahora, señores Diputados, bellas palabras del mandatario de esa República, con las cuales el Presidente Perón demuestra que no se niega a las aspiraciones de su pueblo, del católico y espiritual pueblo argentino “Nuestra educación -dice el Presidente en conceptuoso mensaje- debe imponer los siguientes principios... 2º.- Hacer comprender que el fin de la vida no es la riqueza sino la virtud. 3º.- Que el individualismo es egoísta y destructor. Que el hombre no debe vivir aislado; de consiguiente, debe desarrollar su espíritu social, de cooperación altruista. Que fijando con precisión los deberes y los derechos sociales, se hará efectivo el “amaos los unos a los otros”. 4º.- Que el conflicto humano es esencialmente un conflicto entre la fe y la incredulidad. Que la recuperación de la fe es el objeto de nuestra cruzada que se inspira en la verdad y en el bien común... 9º.- Estimular por todos los medios, la educación, moral, científica, artística, práctica y vocacional...”. Y agrega el mensaje: “Las metas de la educación argentina fueron -hasta hace poco tiempo- la riqueza, la sabiduría y la jubilación. Hoy, las metas de la escuela, son: 1º.- Entronizar a Dios en las conciencias, exaltando, sobre lo material, lo espiritual. 2º.- Suprimir la lucha de clase para alcanzar una sola clase de argentinos: los argentinos bien educados. Educación integral del alma y del cuerpo; educación moral, intelectual y física.... 5º.- Cada ciudadano debe aspirar a ser dueño de un pedazo del suelo y de un pedazo del cielo de su patria. Dueño en lo material de un pedazo de suelo para fecundarlo con un esfuerzo y embellecerlo con su inteligencia; en lo espiritual, de un pedazo de cielo en el que quepan sus ansías de perfección moral...”.
Señores Diputados, al pedir la revisión del artículo 67, por cuanto he demostrado que es inconveniente y no rima con nuestra tradición de país democrático y católico, he propuesto la siguiente nueva redacción para dicho texto:
“Todos los habitantes de la República tiene derecho a recibir educación integral. Los padres están obligados a educar a sus hijos. Es deber del Estado facilitar y promover la Educación, dándole atención preferente”. Como podrá observarse, esta redacción contiene, tanto el principio de que el Estado debe interesarse preferentemente por la educación y la cultura -que parece ser, según algunos compañeros, la única finalidad de la moción que dio vida al artículo 67- como los principios de educación integral y enseñanza en concepto de derecho y deber primarios de la familia, que sólo habrán de corresponder al Estado en tanto la iniciativa privada no baste a llenar las necesidades de la cultura nacional. En tal virtud, confío en que esta formula o cualquiera otra equivalente será acogida por la Cámara.
En su Mensaje a la Asamblea, a que ya hice referencia, manifestaron los señores Obispos de Costa Rica: “abrigamos la esperanza, mejor dicho la seguridad, de que los señores Diputados Constituyentes, plenamente, conscientes de la responsabilidad que han adquirido ante el pueblo que los eligió, querrán ser intérpretes, y se empeñarán en ello, de las esencias del alma nacional, en la redacción definitiva de la Carta Fundamental por la que se ha de regir y organizar la vida institucional del país. Por consiguiente, pensamos con toda justicia que orientarán el ejercicio de la representación que ostentan, no precisamente a expresar sus propios y personales sentires, cuanto los de la nación costarricense...”. Yo hago mía, señores Diputados, esta solemne exhortación, para instaros respetuosa y encarecidamente a que me acompañéis en la revisión que he solicitado y de cuya suerte están pendientes todos los costarricenses. Mientras no modifiquemos el artículo 67 que la Asamblea aprobara provisionalmente, no habrán de sosegarse los turbados corazones de miles y miles de madres y padres de familia, ni volverá la paz a nuestros hogares, en donde aquella disposición ha sembrado justa alarma. Como genuinos Representantes que somos todos de la voluntad popular, escogidos en elecciones libérrimas, oigamos el clamor de nuestro pueblo que nos pide mantengamos la orientación espiritual, cristiana y democrática de la Educación, y que también nos pide amparo y respeto para su fe religiosa, la fe de sus mayores, la que siempre, de generación en generación, habrá de ser la fe inconmovible del pueblo de Costa Rica.
Sometida a votación si se admite o no la revisión planteada, fue desechada.
En consecuencia, se continuó en la discusión del grupo de mociones presentadas por el señor Baudrit Solera y demás compañeros.
Los Representantes BAUDRIT SOLERA y demás compañeros presentaron moción para que el artículo 70 se lea del modo siguiente:
“La Enseñanza Primaria es obligatoria; ésta, la pre-escolar y la secundaria son gratuitas y costeadas por la Nación. El Estado facilitará la prosecución de estudios superiores a las personas que carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las correspondientes becas y auxilios estará a cargo del Ministerio del ramo, por medio del organismo que determine la ley”. [78]
El Profesor DOBLES SEGREDA se manifestó en desacuerdo con la moción en debate por las razones expuestas en la sesión anterior. Luego presentó a la Mesa una moción que se discutiera, caso de que fuera desechada la que está en debate, que viene a establecer la gratuidad de la enseñanza primaria, así como la obligatoriedad de la misma.
El Diputado GUZMAN declaró que la moción tendría todo su apoyo en lo que respecta a que la educación primaria será obligatoria y costeada por la Nación. En los otros aspectos, abunda en las mismas ideas del Profesor Dobles Segreda. Las razones que se alegan para no declarar gratuita la enseñanza secundaria son de mucho peso. El Estado debe tratar de darle al niño, en forma gratuita, su enseñanza primaria, para capacitarlo, haciéndolo un ciudadano que cumpla con sus obligaciones. El niño que ha cursado hasta el sexto grado, está ya en capacidad de dedicarse a todos aquellos trabajos que requieran una preparación básica. Si desea cursar la educación secundaria podrá hacerlo, en el entendido de que si es pobre y esforzado, las puertas de ningún colegio se le cerrarán por falta de dinero, como lo ha demostrado don Luis Dobles. De acuerdo con las estadísticas, casi el 50% de los alumnos de los colegios secundarios oficiales, no pagan derechos de matrícula, por una serie de razones. Por lo tanto, considera que el Estado, al declarar gratuita y obligatoria la enseñanza primaria, estará dando un gran paso en beneficio de la población escolar del país.
El Diputado ARROYO también se manifestó en desacuerdo con la moción planteada. Considera que si bien es cierto que es función del Estado dar educación a todos, es echarle una carga muy pesada sobre sus hombros declarando gratuitas la enseñanza pre-escolar y la secundaria. No es justo que el Estado cargue con toda la responsabilidad. Los padres tienen la obligación de contribuir, aunque sólo sea con una suma módica, a la educación de sus hijos. Por otra parte, como se ha dicho, la educación secundaria está al alcance de todos. Ningún muchacho por falta de medios puede alegar que no pudo ingresar a un colegio. Los que pagan su matrícula ayudan al colegio. Las entradas por concepto de derechos de matrícula se emplean en satisfacer las necesidades más urgentes de los colegios, así como en beneficio de los estudiantes más menesterosos.
El Representante GONZALEZ FLORES expresó que estaba de acuerdo con la tesis que ha venido sosteniendo don Luis Dobles Segreda sobre este punto. Para nadie es un secreto que la enseñanza secundaria exige grandes sumas de dinero, los colegios necesitan una serie de cosas para poder trabajar. El Estado no puede hacer frente a tantas obligaciones. Si ahora se pretende declarar gratuita la enseñanza pre-escolar y la secundaria, estaremos agravando esa situación. Lo más razonable es que quienes pueden pagar sus derechos de matrícula lo hagan. El Diputado CHACON defendió la tesis de la gratuidad de la enseñanza secundaria y preescolar. Manifestó que esta era la única oportunidad que se le ofrecía al pueblo de Costa Rica para alcanzar un ideal largamente acariciado. Para alcanzar tal propósito, no podemos hacer ninguna referencia al problema económico. Es muy posible que argumentos parecidos se externan por parte de aquellos que se opusieron a la gratuidad de la enseñanza primaria en su época. Sin embargo, a pesar de esas críticas, el Estado logró salir adelante con sus obligaciones. Si nos ponemos a pensar en la difícil situación fiscal del país, haremos una mala Constitución. Perfectamente el día de mañana el Estado puede encontrarse en una mejor situación económica que la actual. Además, las entradas por derecho de matrícula no sacan al Estado de ningún apuro. El medio millón de colones que ingresa a los colegios por concepto de derechos de matrícula no es lo suficiente para sacar al Estado de apuros. Añadió que un gobierno preocupado por la educación, debe ofrecer la oportunidad de la segunda enseñanza a todos. Una vez declarada la gratuidad de la enseñanza secundaria, el Estado tendrá la obligación de obtener las rentas indispensables para hacer frente a sus necesidades. Terminó diciendo que se estaba redactando una Constitución para una nueva Costa Rica. Si en materia educacional, por falta de medios económicos, no se desean incorporar a la Carta política preceptos modernos, lo mejor es volver a los dos artículos de la Carta del 71 sobre educación. Así se evitan toda clase de dificultades, como las que aquí se han expuesto por parte de algunos Representantes.
El Profesor DOBLES SEGREDA de nuevo intervino en el debate para defender la tesis de su moción. Indicó que la medida tendiente a declarar la gratuidad de la enseñanza secundaria no va a beneficiar a los alumnos pobres y esforzados, a quienes se ha eximido siempre del pago de derechos de matrícula, sino a los malos estudiantes que continuarán molestando en los colegios, ya que no tendrán por qué preocuparse del pago de matrícula.
El Diputado ROJAS VARGAS manifestó que en su condición de estudiante universitario, está obligado a defender la tesis de la moción de los señores Baudrit Solera y demás compañeros que declara gratuita la enseñanza pre-escolar y la secundaria. Para combatir la tesis de la moción en debate -dijo- no deben invocarse argumentos como el que afirma que no estamos económicamente preparados para establecer la gratuidad de la enseñanza secundaria. Ya el ilustre profesor don Omar Dengo sostuvo en una ocasión que “economizar en educación es economizar en civilización”. Agregó que no era cierto que por falta de medios económicos nadie se quedaba sin cursar la enseñanza secundaria. Citó el caso de dos compañeros suyos del Liceo de Costa Rica que fueron expulsados del plantel por cuanto carecían de los recursos necesarios para pagar sus derechos de matrícula. (El discurso completo del señor Rojas aparece al pie de esta Acta.)
El Diputado CHACON JINESTA de nuevo intervino en el debate para volver sobre varios de sus puntos de vista anteriores en defensa de la tesis de la gratuidad de la enseñanza preescolar y secundaria. Acabamos de establecer -dijo- que la educación es función esencial del Estado, como lo es la defensa o la salubridad pública. Es decir, estamos gravando la economía del Estado con nuevas obligaciones. Luego se aprobó un artículo mediante el cual se ha establecido que la educación será un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la enseñanza pre-escolar hasta la universitaria. Ya se está atentando contra ese principio, al sustraer de ese ciclo la educación secundaria, diciendo que no será gratuita, como lo es la primaria. Añadió que no existía alguna razón para referirse al presupuesto. El Estado bien puede proporcionar el dinero que en la actualidad producen los derechos de matrícula en los colegios oficiales, que no alcanza a una suma tan elevada.
El Diputado LEIVA indicó que el principio filosófico, por llamarlo así, en que se basa el Estado para declarar gratuita la enseñanza es en beneficio de la misma sociedad, para que el ciudadano sea cada vez más culto y pueda cumplir mejor con sus obligaciones. Si en razón de ese principio se ha declarado gratuita la enseñanza primaria, ¿por qué no hacerlos también con la secundaria? Aun cuando existen las becas -agregó luego- se da el caso de que muchos muchachos, a pesar de sus capacidades, no ingresan a la secundaria por cuanto sus padres, por una vanidad quizás no muy justificada, no quieren demostrar la pobreza de sus hijos ante sus otros compañeros. Lo mejor es que no existan discriminaciones entre los estudiantes pobres y ricos; que las selecciones en los colegios se hagan, no por méritos económicos, sino por la capacidad e inteligencia de los alumnos. Por otra parte, poco significan medio millón de colones o menos que percibe el Estado por concepto de derechos de matrícula en los colegios oficiales, en un presupuesto general de Educación que asciende casi a los veinte millones de colones. Por eso está con la moción en debate. Esas generaciones del futuro -de aprobarse la moción- podrán decir que los constituyentes de 1949 siguieron los pasos luminosos de don Jesús Jiménez, quien estableciera la gratuidad de la enseñanza primaria hace casi un siglo.
El Diputado VARGAS CASTRO expresó que aun cuando es uno de los firmantes de la moción que se debate, no la votará, por las razones que seguidamente pasó a exponer. Haría muy mal -dijo- si como Diputado de una provincia lejana, como es el Guanacaste, votara la moción. Don Otilio Ulate, el señor Figueres y otros funcionarios se dieron cuenta cómo los vecinos de una apartada localidad del Guanacaste construyeron su propia escuela, sin esperar la ayuda del gobierno. Considero que de pasar la moción se perjudicarán los intereses de la escuela en las provincias, ya que el Estado tendrá que reponer esos quinientos mil colones que en la actualidad le entran por concepto de derechos de matrícula en los colegios oficiales. Con esa suma, bien podrían construirse pequeños locales escolares en los lugares más remotos, que en la actualidad no cuentan con planteles escolares para satisfacer sus más apremiantes necesidades.
El Diputado ARROYO nuevamente intervino en el debate. Expresó que, de seguir los razonamientos del compañero Chacón, también tendría que declararse gratuita la enseñanza universitaria, que es parte de ese ciclo del que habla el artículo anterior aprobado. Añadió que mientras la educación primaria no llegara a los más apartados rincones del país, tendría cierta resistencia para votar una moción que declara gratuita la enseñanza secundaria. Además, como ya lo dijo, a nadie se le cierran las puertas de un colegio por falta de medios económicos. Está bien que el alumno rico pague. ¿Por qué establecer constitucionalmente que no deben pagar su matrícula? Si en el futuro el Estado se encuentra en mejores condiciones económicas, por una simple ley, podrá declarar gratuita la enseñanza secundaria. Manifestó luego que ese medio millón de colones que ingresan a los colegios por derechos de matrículas, no se los estamos quitando al Estado, sino a los propios colegios, que se ayudan con la matrícula para satisfacer una serie de necesidades urgentes, que de otro modo no recibirán la menor atención por parte del Estado. Con ese dinero, los colegios compran útiles escolares para los alumnos pobres, los ayudan en su alimentación, etc.
El Diputado LEE CRUZ manifestóse de acuerdo con la moción planteada. Dijo que, a no dudarlo, si la Asamblea declaraba gratuita la educación secundaria y aprobaba el 10% del presupuesto de Educación para la Universidad, se estaría dando uno de los pasos más importantes en beneficio de la cultura nacional y de los estudiantes más pobres. Si muchos de los estudiantes de las provincias lejanas no cursan su segunda enseñanza ni ingresan a la Universidad, es precisamente por falta de medios económicos. Piensa que quizás la Universidad podría dar facilidades a estos estudiantes pobres, si se acuerda el 10%.
El Representante VARGAS FERNANDEZ observó que la moción en debate contiene varias tesis fundamentales. Está de acuerdo en votar la gratuidad de la enseñanza pre-escolar y primaría y lo que se refiera a la obligación del Estado para adjudicar becas y auxilios a los estudiantes pobres y esforzados. Sin embargo, no está de acuerdo con la tesis que pretende establecer la gratuidad de la enseñanza secundaria. La primaria es gratuita pero obligatoria. Si la secundaria es optativa, no hay lógica para declararla gratuita. En la práctica la educación secundaria en Costa Rica es gratuita. ¿Quién paga a los profesores? ¿Quién construye los planteles escolares? ¿Quién proporciona a los colegios el material didáctico? ¿El estado o los padres de familia? La respuesta es bien simple: el Estado. De ahí que la educación secundaria es gratuita. Nadie puede pretender que con los cuarenta colones que paga el derecho de matrícula está pagando su enseñanza secundaria. En consecuencia piensa que lo que está en debate no es la gratuidad de la enseñanza secundaria, sino que el Estado le pague la matrícula a los económicamente fuertes. Además, como ya se ha dicho, a los estudiantes pobres se les exime del pago de la matrícula. ¿Cómo es posible que a un millonario no le exija el Estado el pago de sus derechos de matrícula, que por cierto son muy bajos? Ese dinero que se percibe por concepto de derechos de matrícula lo invierten los colegios en beneficio de los estudiantes más necesitados.
Habiendo quedado en el uso de la palabra el Diputado Vargas Vargas y sin que se hubiese votado la moción de los señores Baudrit Solera y compañeros, por lo avanzado de la hora el señor Presidente suspendió la sesión a las seis y cuarenta y cinco de la noche.- Edmundo Montealegre, Segundo Vicepresidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.
DISCURSO del Diputado Edgar Rojas Vargas.
Señores Representantes:
Creo que en una materia de la trascendencia que tiene la que actualmente se debate en esta Cámara, cualquier intervención se justifica; pues en materia de cultura soy de los que creen que cualquier intervención se justifica, máxime si ella proviene de un estudiante universitario que está en el deber de reflejar las aspiraciones del claustro universitario en esta Asamblea Constituyente. Preferible abusar del espacio y del tiempo en las cuestiones relativas a la cultura superior, al sacrifico del más insignificante de los principios que deben informar las instituciones en las que reside el influjo rector de la mentalidad nacional, su coordinación y su inspiración. Todo esfuerzo que hagamos por nuestra Universidad, que está llamada a satisfacer las exigencias de la cultura superior del pueblo de Costa Rica, es verdaderamente pequeño si se tiene en mente que a ella le incumbe la gran misión de hacer partícipe a la gran masa, del contenido esencial de la civilización contemporánea; ella deberá elevar la mentalidad del país poniéndose al servicio de la sociedad entera.
Resulta doloroso para quienes, de alguna manera, estamos vinculados a esa gran casa tan justamente llamada “Alcázar de la Ciencia y de la Fe”, escuchar de labios de representantes del pueblo objeciones al propósito nuestro de emanciparla definitivamente... En la independencia Universitaria yo no puedo ver, solamente, un fenómeno de cultura o de Educación. Considero que no puede ser esa la dimensión del fenómeno por el que ahora estamos luchando... Señores, yo estoy plenamente convencido de que el fenómeno de la independencia Universitaria tiene una dimensión nacional, cívica y, principalmente, de dignidad humana... No es sino en la docta Institución Universitaria donde residen los valores más ponderados de una comunidad; donde deberán, en su futuro que debe ser cercano, fundírsele la personalidad de nuestros estadistas y conductores de la opinión consciente. Ya se ha dicho bastante en esta Asamblea que la salud de un régimen de carácter democrático depende, cualquiera que sea su grado o su tipo, de una circunstancia principalísima que se llama cultura como patrimonio de las mayorías, ya que sin ella las instituciones democráticas no tienen posibilidad de consolidarse definitivamente. Yo reclamo la independencia para nuestra endeble Universidad porque su único alimento deberá ser la libertad, la belleza y la justicia; porque creo señores Diputados, que nuestra
Alma Mater se debe alimentar y vivir de la libertad en todos sus órdenes; porque ella no puede soportar el menor despotismo, y, en ocasiones, ni el velo con que se cubre como decía Alberdi... En esta tarde quisiera elocuencia, esa forma inasible del ideal, para poder interpretar fielmente ese gran sentimiento de nuestra abigarrada muchedumbre universitaria que siempre actúa al compás de sus más generosos impulsos; aprovechando siempre, absolutamente siempre, los relámpagos de la alta humanidad que invaden su espíritu, que esta vez espera ansiosa nuestra decisión. Ojalá que en esta ocasión, ciudadanos constituyentes, no tengamos los universitarios que lamentar en nuestras aspiraciones, el ultraje de la incomprensión o el dolor de ver clavados, de nuevo y como cruel realidad en nuestro medio, las garras de la sin razón en la carne de Prometeo, castigando al altivo pensamiento. Y es que en esta ocasión, señores, más que representante popular, me siento ciudadano ferviente de la ciudad de la verdad y de la justicia, que es la Universidad. Tengo plena fe de que nuestro llamado a los compañeros de Asamblea, ha de ser oído porque, en medio de la confusión, al son de los cálculos y de los intereses materiales, en el centro mismo de la borrasca de la pasión parlamentaria, al compás mismo de las afirmaciones y de los reniegos y las filosofías disolventes de los adultos que se escudan en la prudencia, los intereses de la cultura superior de Costa Rica tiene que resplandecer fulgurantes con nuestra ansiada autonomía universitaria...
Y es que no estamos innovando absolutamente nada; solamente aspiramos situarnos al lado de las nacionalidades más orgánicas y definidas del mundo occidental. El principio de la autonomía universitaria está generalmente aceptado sobre todo en las naciones de constitución y vida democráticas integradas a la zona de cultura occidental...
Francia, esa cuna del “deja hacer” tan bellamente filosófica; sede histórica de monarquías históricas y de repúblicas también históricas, ya lo ha declarado por boca de un gran ministro de Educación: la función de las Universidades, más que en preparar hombres, consiste en preparar franceses de honor, de excelso y deslumbrador espíritu.
Y también Inglaterra, la prudente e inalterable madre de Bacon y de Shakespeare; esa patria del equilibrio integral ha sabido hacer de sus libérrimas universidades, verdaderas vestales a cuya custodia confía el fuego sagrado...
Es tan importante la autodeterminación de los centros de alta cultura que, en la culta y sublime Alemania que todos queremos recordar, las verdaderas e indefinibles palpitaciones del alma nacional, encontraron su mejor expresión en los muros universitarios cuando ello era posible. En aquel meridiano el más auténtico sentido y valor de las palabras “Das Vaterland” -la patria-, encontró expresión sublime y magnífica en el ámbito de esos centros sagrados de superación humana... Y si tal hacen nacionalidades tan definidas y eficientes como las que me he permitido citar, a los representantes de esta hora nos corresponde, en estas horas inciertas de homologación social en nuestro medio, escuchar fielmente esas palpitaciones indefinibles del inmenso corazón de nuestra creciente vida universitaria... Hace apenas unos días la insigne educadora nacional señorita Emma Gamboa nos recordaba al genial Bolívar cuando decía que dar luces es completar la emancipación de los pueblos; también nos decía que la cultura no es completamente asequible sin democracia, pero que ésta no podía existir sin la cultura... No podemos desconocer mensajes como éste de tan insigne ciudadana...
Tenemos que hacer de la nuestra una verdadera Universidad a la que el Estado pueda encomendar, mañana, la preparación de la juventud en el cultivo de todas las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las artes técnicas en función del bien de la colectividad costarricense. Estando plenamente fortalecida, deberá proyectarse hacia la muchedumbre de cultura inferior mediante cursos sencillos y rápidos que tiendan al establecimiento de las ya probadas y recomendadas universidades obreras. Hoy, señores Diputados, plenamente asegurada nuestra independencia nacional, la de nuestros pueblos en su religión civil, debemos asegurar y consolidar nuestra personalidad espiritual, colectiva e individual, viéndonos forzados por ello, a fundarla en esa gran casa de superación espiritual que se denomina Universidad.
Debemos garantizarle al pueblo de Costa Rica que podrá beber su cultura, esa sangre espiritual de las comunidades humanas, de una fuente sin contaminación.
Tenemos que estar de acuerdo en que nuestra nacionalidad para poder vivir y, la ilustración para poder hacerse de verdad cultura, necesitan y tiene que ir a buscar savia y jugo en el aula universitaria verdadera: La Independiente.
Yo también quería hacer en esta ocasión un examen de cifras con el propósito de examinar, con la áspera elocuencia de los números, lo diáfano de nuestras pretensiones en cuanto a lo económico se refiere, pero habiéndome precedido en el uso de la palabra quien, con la brillantez que lo caracteriza aclaró perfectamente el punto, desisto y suscribo las palabras del señor Rector don Fernando Baudrit. Sin embargo, permítaseme agregar unos datos numéricos que bien pueden desvirtuar una falsa afirmación que debe ser desvanecida. En conversación habida entre varios señores Constituyentes alguno afirmó que la Universidad de Costa Rica solamente servía para solaz de unos cuantos niños bien de la ciudad de San José. Ante tan injusta afirmación yo alzo mi voz para declarar que es absolutamente falsa; para decir que no es cierto, como no lo es, que la Universidad le sirva única y exclusivamente a una clase en un solo sector de la República...
En la Facultad de Derecho de la Universidad nuestra, actualmente están matriculados 219 alumnos regulares, de los cuales sólo 115 son de la ciudad de San José, los demás pertenecen a otras localidades y viajan diariamente en busca del saber. Pero si la anterior realidad no fuera suficiente para probar que de los servicios de la Universidad Nacional se aprovechan los muchachos pobres de todas las provincias de la República, vale decir que la población de toda la Universidad es de un número de 1606 alumnos, de los cuales por razón, de exención de pago legalmente comprobada mediante documentos expedidos por el Registro de la Propiedad que prueban la pobreza del estudiante, hay 842 (más del cincuenta por ciento) que no pagan. En virtud de lo anterior se produce una merma en las entradas de la Universidad equivalente a ¢144,920.00; cifra que, en gran parte, explica el origen de las nuevas necesidades materiales de ésta.
Finalmente, señores compañeros, terminaré de expresar mis modestos pensamientos forjados en la áspera senda de mi llanura, rogándoles, en nombre de la cultura nacional, impedir con vuestro voto que se vulnere, se obscurezca o se enturbie nuestra mejor fuente de milagros científicos, ese ovario de ideales, ese taller de bellezas, ese centro irradiador de vida que es el más útil para la independencia del espíritu y que se llama Universidad Libre de Costa Rica.
ANEXO AL ACTA Nº 157
PAPEL DE OFICIO
Nº B-54537
Honorable Asamblea Constituyente.
En Representación de las madres católicas de Costa Rica, justamente preocupadas por la educación de sus hijos, con el respeto debido a esa Honorable Asamblea venimos a pedirle que en el capítulo de educación y cultura de la Constitución Política se dejen claramente establecidos los siguientes principios:
1) Derecho primordial de los padres de familia a dirigir la educación de sus hijos.
2) Derecho de los particulares a establecer instituciones educacionales sometidas a la supervigilancia, pero no a la dirección, del Ministerio de Educación.
3) Derecho de los hijos de padres católicos a recibir instrucción religiosa en las escuelas públicas.
Por consiguiente, pedimos la supresión o reforma del artículo que declara que la educación es función esencial del Estado: la aclaración o reforma del que somete los establecimientos particulares de enseñanza a la dirección de entidades oficiales, y la incorporación de un artículo que consagre el derecho de la enseñanza religiosa optativa en las escuelas públicas, que sostienen con sus impuestos y contribuciones los padres católicos.
La Directiva.
San José, 24 de setiembre de 1949.
(Varias firmas.)

PAPEL DE OFICIO
Nº B-54536
Señor don Marcial Rodríguez, Presidente de la Honorable Asamblea Nacional Constituyente.
Ciudad.
Nosotras, las firmantes, Damas Católicas de esta capital, deseando se respeten los intangibles derechos de la familia y de la Iglesia en materia de educación, nos permitimos solicitar, con todo respeto, por su digno medio, a la Honorable Asamblea Nacional Constituyente, la revisión y la enmienda del artículo, ya acordado en la última sesión del viernes 23 de los corrientes; y aprovechamos la oportunidad de declarar nuestra incondicional adhesión a la Doctrina Educacional expuesta en el “Memorándum” del Episcopado Costarricense.
Atentamente,
San José. Costa Rica, 25 de setiembre de 1949.

PAPEL DE OFICIO
Nº B-54538
Asamblea Nacional Constituyente:
Los suscritos miembros de los Colegios de Profesionales de la República, egresados unos e incorporados otros en la Universidad de Costa Rica, con el debido respecto venimos a decir:
Difícilmente se encuentra en las Constituciones Políticas modernas, un capítulo que alcance mayor trascendencia por sus proyecciones en la formación de la conciencia ciudadana, que el referente a la educación de la niñez y de la juventud.
Frente a frente, en éste como en otros aspectos de la vida social, la concepción democrática del Estado contrapone su tesis de reconocimiento de los derechos primordiales del padre y respeto a los principios de libertad, a la doctrina de corte totalitario que quiere adjudicar al Estado un derecho preponderante en la formación de las juventudes y centralizar en una dependencia gubernativa la dirección total de los establecimientos de educación.
No creemos que en esta delicada materia pueda la Asamblea Constituyente mantener dudas o mostrar titubeos: no los permiten los sagrados derechos de los niños y de los padres, que se confunden aquí con los intereses de la Patria, ni se explicarían en un país que anhela vivir una vida democrática.
La redacción actual del artículo que atribuye al Estado, como “función esencial”, la de educar a las generaciones jóvenes, se ha prestado ya en el propio seno de la Asamblea que le acaba de dar su aprobación provisional, a graves y profundas diferencias de interpretación; y permite suponer el propósito, que de seguro no ha tenido la Asamblea Constituyente de suplantar los derechos de la familia en la educación de su prole traspasándolos a las entidades públicas.
Para evitar esas dudas y mantener incólume el principio cristiano y democrático que reconoce a los padres el derecho de educar a sus hijos, sin perjudicar el que fue posiblemente propósito de la Asamblea Constituyente, con el respeto debido venimos a pedir que el artículo referido del proyecto de Constitución sea redactado en la siguiente forma:
“La Educación merecerá atención preferente del Estado”.
San José, 26 de setiembre de 1949.
Firman:
Dr. Antonio Peña Chavarría.- Dr. Antonio A. Facio.- Dr. Julio César Ovares. Dr. Alexis Agüero.- Dr. Jorge de Mezerville.- Dr. José Manuel Quirce.- Dr. José Ángel Coto.- Dr. Carlos Manuel Trejos.- Dr. Carlos Mena U.- Dr. Adolfo Jiménez de la Guardia.- Dr. Rodolfo Wedel Quirós.- Dr. Manuel Aguilar Bonilla.- Dr. Leonidas Poveda.- Dr. Germán Naranjo.- Dr. Fernando Quirós Madrigal.- Dr. Vicente Castro Cervantes.- Dr. Antonio Portugués.- Dr. Mariano Salazar.- Dr. Oscar Pacheco.- Dr. Edwin Zamora.- Dr. Alfonso Acosta.- Dr. Gonzalo Cubero.- Dr. Otto Jiménez Quirós.- Dr. Carlos Gamboa Rodríguez.- Dr. Rodrigo Cordero.- Lic. Silvio Mata Leiva.- Lic. Luis Demetrio Tinoco.- Lic. Jorge Rossi.- Lic. Enrique Brenes.- Lic. Abel Guier.- Lic. Gonzalo Dobles S.- Lic. Rodrigo Méndez.- Lic. Arturo Mayorga.- Lic. Gabriel Barahona.- Lic. Luis Casafont.- Lic. Claudio Castro Saborío.- Lic. Francisco Esquivel U.- Lic. Rodrigo Peralta.- Lic. Fernando López Calleja.- Lic. Oscar Herrera Mata.- Lic. Luis Martén.- Lic. Edwin Fernández E.- Lic. Miguel Angel Blanco.- Lic. Mariano Montealegre.- Lic. Edwin Herrera González.- Lic. José Rafael Montealegre.- Lic. Amadeo Johaning.- Lic. Franklin Matamoros.

VIERNES PRIMERO DE JUNIO
VALDES ANEXO AL ACTA CIENTO CINCUENTA Y SIETE - GAL. SIETE Federación Estudiantil Católica
Palacio Arzobispal.
San José, Costa Rica.
San José, 27 de setiembre de 1949.
Sr. Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ciudad.
Estimado señor:
El artículo de corte totalitario aprobado por la Asamblea, mediante abuso de la autoridad de que está investida, no es solamente un ataque a los derechos de la Iglesia Católica, sino que también lesiona el Derecho Natural. Va también contra el artículo 26, inciso 3), de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; Declaración que Costa Rica “se ha comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas”. (Preámbulo, Considerando Sexto) y que literalmente dice:
“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Respetuosamente pedimos se sirvan enmendar lo hecho, por las vías procedentes, para evitar un serio problema de conciencia a todos los ciudadanos de recto criterio.
Atentamente,
f) Alberto Di Mare F.,
Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Católica