Acta 161 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 161

No. 161.- Centésima sexagésima primera Acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas del día cinco de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Marcial Rodríguez C. Presentes los señores diputados! Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios! Vargas Castro, Arroyo, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Zeledón, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, González Flores, Guido, Madrigal, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Herrero, Gómez, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, y los Suplentes: Castro, Lee Cruz, Morúa, Rojas Espinoza, Rojas Vargas, Lobo y Chacón Jinesta.
Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se dio lectura a la correspondencia.
a) Telegrama de la Unión de Mujeres “Carmen Lyra” en relación con el capítulo de la Educación y la Cultura;
b) Memorial suscrito por varios ciudadanos de San José, pidiendo la inclusión de la enseñanza religiosa en el texto Constitucional; y
c) Memorial suscrito por ciudadanos de San Carlos, pidiendo la supresión del artículo 67 aprobado sobre la educación.
Artículo 3º.- Se continuó en la discusión del grupo de mociones presentadas por los Diputados Baudrit Solera y compañeros, en relación con el capítulo de la educación y la cultura.
Se discutió la siguiente moción, para que el artículo 77 se lea:
“El Estado tendrá el derecho de preparar a los profesionales de la docencia, en aquellas disciplinas en que no lo haga la Universidad de Costa Rica, en tanto ésta no organice esos servicios”. [86]
El Representante GONZALEZ FLORES objetó la moción anterior. Expresa que la formación de maestros de enseñanza primaria y de profesores de secundaria es una de las atribuciones más importantes del Estado. Debe tenerse presente el interés del Estado en mantener la uniformidad en los planes de estudios, que es básico en todo sistema educacional. También es necesario mantener la centralización en la preparación de los funcionarios de la docencia. Es el Ministerio de Educación el más capacitado para orientar la preparación de los maestros y profesores. No es posible dejar esa tarea en manos de la Universidad de Costa Rica. Luego pasó a demostrar que en todos los países de América la preparación de maestros y profesores corresponde al Estado. Por todas esas razones, no pueden estar de acuerdo con la moción en debate.
El Representante BAUDRIT SOLERA manifestó que el artículo en debate también fue objetado por el señor Ulate en las conversaciones con él sostenidas, no por cuanto sea extraño a la función de una Universidad la preparación de maestros y profesores, sino por cuanto todavía nuestra Universidad no puede atender todas las necesidades del país en materia educacional. Le prometí al señor Ulate -continuó diciendo- que presentaría moción para modificar el texto de nuestra moción, en el sentido de que correspondiera conjuntamente a la Universidad y al Estado la preparación de elementos idóneos para el Magisterio Nacional. La nueva fórmula que presentaré responde a las necesidades actuales del país, manteniéndose la Facultad de Pedagogía adscrita a nuestra Universidad, sin perjuicio de que el Estado prepare también en sus institutos a los profesionales de la docencia. La nueva fórmula, para que sustituya a la anterior, dice así:
“El Estado mantendrá el derecho de preparar profesionales docentes por medio de sus institutos y de la Universidad de Costa Rica”. [86]
Los proponentes del artículo 77, estuvieron de acuerdo en aceptar la nueve fórmula propuesta por el señor Baudrit Solera.
El Diputado DOBLES SEGREDA, leyó las siguientes declaraciones en relación con la moción en debate que íntegramente se publican en “La Gaceta” correspondiente:
LA DIVERGENCIA TECNICA [Intervención similar aparece en el Acta 154]
Entre los puntos de divergencia que separan las mociones presentadas al debate hay uno esencialmente técnico. Es el de la preparación de los maestros para servicio de las escuelas públicas.
El proyecto Universitario estatuye, en su artículo 77: “El Estado tendrá derecho de preparar a los profesionales de la docencia, en aquellas disciplinas en que no lo haga la Universidad de Costa Rica y en tanto ésta no organice esos servicios”.
Así, pues, asume la Universidad, por si y ante sí, de modo absoluto, la facultad de preparar las tropas docentes, con entera exclusión del Ministerio y del Gobierno de la República. Apenas si le concede, como una licencia temporal el permiso de ayudarle, mientras no pueda ella organizar la totalidad del trabajo.
La moción del señor Esquivel y compañeros no prevé ni dispone nada al respecto, es decir, no lo confía al estatuto constitucional y lo deja al libre juego de las leyes sobre educación.
La moción del señor Volio Sancho es confusa en este aspecto porque confía a la Universidad el privilegio único de otorgar, reconocer y revalidar títulos docentes, de orden universitario, pero no explica quién hará la preparación de los maestros.
El proyecto del señor González Flores y mío dice:
“La preparación de los maestros idóneos para la enseñanza pública es función exclusiva del Estado, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, que la organizará según las necesidades docentes del país”.
Las razones para disponerlo así son claras y no admiten discusión. Si al Ministerio de Educación se le exige que sea directa y totalmente responsable de la eficiencia o fracaso de la enseñanza pública, es indispensable permitirle que intervenga en la formación de los maestros. Es natural que el departamento que ha de cuidar y vigilar la marcha de las escuelas, debe saber qué clase de maestros y profesores necesita, cuál debe ser su inspiración pedagógica, cuál su soporte filosófico, cuáles las normas de su disciplina y los derroteros de su metodología.
Debe procurar que todo ello sea más o menos uniforme, dentro de lo posible, para crear un tipo normal y montar sobre bases ciertas, la arquitectura de la escuela costarricense.
Así lo hacen los Estados Unidos, dentro de la limitación correspondiente a cada Estado. Yo fuí profesor en la “Louisiana State Normal College” (Escuela Normal del Estado de Lousiana) y ví preparar los maestros de escuela de todo el Estado, no sobre las normas de la “L. S. U.” (Universidad del Estado de Lousiana), sino directamente sobre la dirección del Bureau de Educación del Estado que es su Consejo Educacional. Es decir, no con la independencia universitaria, sino dentro de las restricciones del Gobierno estatal.
Es claro que nadie podría comandar la tropa docente dentro de la anarquía que la falta de sistema concatenado habría de producirle. La orientación y desarrollo de la enseñanza pública no puede ser descoyuntada y marchar a la deriva empujada por corrientes volubles, sino que ha de tener vertebración adecuada y lineamiento general definido.
Nótase que para el ensayo individualista y divergente, que no es el maestro normal, quedan abiertas, de par en par las puertas de las instituciones particulares que siguen sus tendencias religiosas o filosóficas.
La laboriosa exposición hecha por las autoridades de Educación a esta Asamblea dice: “Consideramos que el Estado debe ser, el organizador y sostenedor del sistema educacional, para equilibrar el libre juego de las instituciones que se disputan la supremacía de sus particulares intereses partidaristas”. Las escuelas particulares, que han de competir con las oficiales, saben exactamente hacia donde mueven sus pasos y cómo preparan sus maestros. Pero al Ministerio, que orienta la enseñanza oficial, se le pide que se responsabilice de las tendencias y orientaciones de la escuela pública, pero que saque las manos de la preparación de los maestros, porque eso lo hará, exclusivamente, una institución autónoma en la que no le es dable intervenir.
Es sencillamente absurdo.
Dicen los expositores del Ministerio: “El Estado, como expresión jurídica de la nación desempeña funciones organizadoras, coordinadoras y condensadoras de las energías dispersas y contribuye a formar la conciencia y la unidad nacional”.
El artículo 81 del proyecto 49 declara: “La educación es función del Estado el cual está en la obligación de organizar su sistema educacional”.
¿Pero cómo ordenarle que organice el sistema, si lo dejamos fuera de la formación científica de los que han de fungir como organizadores?
Por otra parte: esa absorción de funciones que pretende la Universidad crea dos problemas serios al entrar en contacto con la realidad: uno es material, el otro es técnico.
El primero se refiere a la cantidad y el segundo a la calidad de los maestros.
Dice la exposición ministerial que del total de 3.405 maestros ordinarios, solamente 1.421 son diplomados y 1.984 no tienen profesión.
Suponiendo que la Facultad de Pedagogía graduase 100 maestros por año, lo que significa un récord, sería necesario esperar 20 años para que pudiera reemplazar los 1.984 intitulados docentes. Pero eso es simplemente teórico, dando por entendido que las cosas han de permanecer en su lugar actual, que no creciera la población escolar, que la pensión, la muerte o el mejor acomodo, no alejara números de la tropa, que no hubiesen mejorado las condiciones de los cuarenta mil niños que se quedan sin escuela, no por su culpa, sino por falta de material, de maestros o de edificios.
Tomando en cuenta esos factores, calcula el Ministerio que serían necesarios 30 años para suplir la deficiencia de maestros.
El mismo problema se presentaría, en menor escala, con la preparación de profesores de Educación Intermedia. El cálculo estadístico señala 15 años para esa preparación.
Por eso se pregunta ese bien documentado estudio: ¿Podrá la Universidad resolver por sí sola este problema que lleva en sí muchos otros de tanta envergadura y complejidad, por ejemplo, el de la administración y control, el de la orientación permanente del magisterio, el de las calificaciones, el de la eficiencia de la enseñanza? ¿Contará la Universidad con los fondos necesarios para reclamar la formación del magisterio y crear, en consecuencia, varios institutos normales no en San José, sino en las provincias para no esquilmar más la ya aniquilada economía familiar y para no desarraigar de su medio a los futuros educadores?
Todo ello nos hace pensar que hay que pronunciarse por un sistema como el que plantea nuestra moción, que no le cierra las puertas a la colaboración universitaria, pero tampoco le niega facultad al ministerio.
Pero, si no se desea llegar a eso, podría adoptarse el sistema mixto que propuso el proyecto de 1949 en su artículo 87: “El Estado se reserva el derecho de preparar los profesionales docentes por medio de sus institutos y de la Universidad de Costa Rica”. Nosotros aceptamos, de buen grado, ese artículo del proyecto de 1949, y también, aceptamos hacerle un agregado al artículo de nuestro proyecto para que dijera: “La preparación de maestros idóneos para la enseñanza pública, es función exclusiva del Estado, bajo la dependencia directa del Poder Ejecutivo, que la organizará según las necesidades docentes del país”. Hasta allí nuestro proyecto.
Podría agregársele: “Sin embargo, los estudios superiores de ciencias educacionales que permitan la preparación del profesorado normal y secundario, estarán a cargo de la Universidad”. Sería resolver el problema por colaboración y no por eliminación como lo pretenden ahora, el poner a un lado, del todo, al Ministerio de Educación.
Porque hay que afrontar también el problema de la calidad. El magisterio demanda maestros en muchas disciplinas que no tiene la Universidad, tales como maestros de costura, cocina, educación física, trabajos manuales, religión, música o dibujo.
Surge además una duda final; es que los maestros preparados en Universidades ¿querrían irse a Aguas Zarcas o a Piedras Negras, o a aquellos rincones donde son más necesarios?
Si se fueran irían sin cariño, sólo pensando en el regreso, para reintegrarse a los círculos de cultura superior a que ya pertenecen y a las comodidades de las urbes centrales que les ofrecen mayores oportunidades.
En dos palabras, para concluir: No vamos contra la Facultad de Pedagogía. Queremos que siga ella preparando elementos docentes.
Lo que no queremos es entregarle el monopolio, porque no puede atenderlo, porque no es conveniente, y porque el Ministerio de Educación, con tal entrega, estaría sobrando, ya que no podría asumir ninguna responsabilidad en cuanto a la dirección y fines de la enseñanza.
No queremos robarle su lámpara de sabiduría a la Universidad, lo único que le pedimos es compartir con ella las pesadas responsabilidades de preparar maestros inferiores porque los suyos seguirán siendo, de justificada preferencia, ya que son coronamiento de escolaridad y cumbre de empeño.
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE PEDAGOGIA

Por sostener esas divergencias de criterio acerca de la no preferencia de la Universidad en el Presupuesto Nacional y por negarnos a aceptar el monopolio universitario en la preparación del magisterio, algunos jóvenes han dado en la flor de sospechar y pregonar que el señor González Flores y yo somos enemigos jurados de la Escuela de Pedagogía y de la Universidad.
El señor González Flores es un apasionado defensor de todo cuanto sea escolarizado, o tenga contacto con la cultura. Su consagración a la causa de la enseñanza es total y desinteresada y sus estudios profundos sobre la materia lo ponen fuera de toda sospecha.
Pero, en el caso presente, hay que agregar que él es el fundador de la Escuela Normal, que es base de la Escuela de Pedagogía y órgano incubador de maestros. El sacó esa institución del carácter parasitario que tenía, agregado, como una simple sección a los colegios de humanidades.
Nadie puede querer más esa Escuela Normal que como la ha de querer quien la fundara, con visión de maestro y convicción de estadista. Ella ha sido el amor de sus amores y por ella ha peleado don Luis Felipe González en todas las tormentas que la amenazaron.
Sería injusto hacerle el cargo de ir contra sus intereses o tenerle ojeriza. En cuanto a mí se refiere, aunque es feo hablar de lo propio, se me obliga a poner en claro algunas cosas que ignora la gente nueva, o lo ha olvidado. Dos ligas fuertes me atan sentimentalmente a la Escuela Normal. Una es que formé parte del primer profesorado que fue a organizarla en su fundación, y seguí siéndolo cuando la dirigieron Brenes Mesén, García Monge y Omar Dengo.
La segunda es que, en esa casa docente obtuve mi diploma de Maestro Normal, que llevo con orgullo. Ella es mi Alma Mater, y jamás la atacaría, en sus intereses ni en su esencia, ni pondría sobre ella manos de sacrilegio. Fuera de estos factores sentimentales, me une a ella también una gran lucha sostenida en 1926, en que tuve que defenderla con todo el ardor de mi convencimiento y la pasión de mi juventud.
Siendo yo Ministro de don Ricardo Jiménez se operó un movimiento serio y arrollador para establecer otra Escuela Normal en el colegio de Señoritas. Los pliegos suscritos por lo mejor de las gentes, llegaban todos los días al Ministerio y ya pasaban de 14.000 firmas. Los periódicos defendían la creación de la nueva escuela con ardimiento. Me opuse resueltamente, no por heredianismo miope, sino por defender la institución.
Mi tesis fue que, estando tan llena de necesidades y en tanta penuria la Escuela Normal de todos los costarricenses, era preciso defenderla y ampararla, para que llegase a ser orgullo de Costa Rica, y no debilitarla formándole sucursales que no llegarían a ser, sino caricaturas de una Escuela Normal. Llegué hasta admitir que fuese trasladada a San José, pero a condición de que no la dividiesen en dos pedazos.
La Memoria de Educación del año 26 dice: “Al finalizar el año se verificó un movimiento tendiente a restablecer en el Colegio Superior de Señoritas la Sección Normal. Me opuse a ese movimiento porque entiendo que las Escuelas Normales, tal como las contempla la pedagogía moderna, son escuelas profesionales, de índice y tendencias enteramente distintas a las que siguen los institutos de Educación Secundaria. No conviene que una y otra cosa se mezclen y confundan porque ambas se desnaturalizan y tuercen sus rumbos.
O se es Escuela Normal o se es Colegio Superior de Señoritas, pero no se puede ser, a la vez, ambas cosas. Prácticas que en una Escuela Normal son buenas, resultan inaplicables en una escuela secundaria, alumnos brillantes en escuelas secundarias, resultan inútiles en Escuelas Normales si les faltan las condiciones de amor, abnegación, delicadeza, es decir, la vocación que el maestro necesita. Por otra parte, sin no podemos sostener con el debido decoro, nuestra única Escuela Normal, que deberíamos cuidar como a la niña bonita de la casa, ya que en ella se amasa, en cierto modo, el porvenir de la República, cómo habríamos de sostener dos?
Es preferible concentrar todos nuestros recursos y alientos en mejorar la que existe, antes de pensar en hacer otras”. Quien así ha defendido esa Institución, en horas de peligro no ha de querer ahora causarle daño. Pero hay algo más, la señorita Emma Gamboa, que escribe desde los Estados Unidos defendiendo su Escuela de Pedagogía, con muy discretas razones, termina su memorial elevado a la Asamblea Constituyente con estas frases: “El Dr. Montavani educador argentino distinguido en todo el continente, nos expresó, en una visita a Costa Rica, que consideraba una valiosa conquista que deberíamos sostener, el haber levantado la preparación de los maestros a nivel universitario. Este ascenso lo realizó el Gobierno de don León Cortés en 1936 al establecer la exigencia del bachillerato para entrar a la Escuela de Pedagogía. La inclusión que se hizo de esa Escuela en la Universidad de Costa Rica, al ser ésta organizada como tal en el año 1940, no fue más que la consolidación de la reforma suscrita por el eximio ex-Presidente Cortés. Fue un gran paso que don León hizo dar a la formación de los maestros y no creo que la Honorable Asamblea Constituyente, años más tarde, que deben significar más visión hacia adelante, empuje hacia atrás una Institución que ha demostrado merecer el impulso que se le diera”. Hasta allí la señorita Gamboa.
Como ella me ignora, por completo en ese elogio, tengo que decir que agradezco infinito su aplauso a esa obra, porque yo fui el Ministro que la propuso, porque yo la redacté, porque yo la llevé a la aplicación. Que ni una coma puso ni quitó el Presidente Cortés, sobre mi proyecto original.
Su talento comprensivo y su visión perspicaz lo hicieron comprender las ideas que entonces le expuse y así quedó fundada la verdadera Escuela de Pedagogía que, aunque no estuviese sostenida por la Universidad, que no existía, se parece a la actual como una gota de agua a otra gota de agua. No soy yo quien lo afirma, es la señorita Gamboa quien declara: “Que la creación de la Escuela de Pedagogía no fue más que la consolidación de la reforma suscrita por el Presidente Cortés”.
Y, sí yo fuí quien pidió que los maestros tuviesen cultura universitaria. Si fui yo el verdadero fundador de esta moderna Escuela de Pedagogía, nadie podría pensar que me lanzara ahora contra lo que ayer amé, formé y defendí.
Expresó luego el señor Dobles Segreda que estaba de acuerdo en aceptar la nueva fórmula propuesta, que viene a cristalizar las necesidades actuales del país. Precisamente pensaba proponer a la Mesa una nueva redacción para sustituir la del artículo 77, en su forma original. Su moción dice casi lo mismo que la de señor Baudrit Solera y compañeros. La somete a la consideración de la Cámara para que se discuta, caso de que no sea aprobada la otra, aclarando que su voto sería favorable a la nueva fórmula presentada por los universitarios. Su moción dice así:
“La preparación de maestros idóneos para la enseñanza pública es función del Estado, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, que la organizará según las necesidades del país.
Sin embargo, los estudios superiores de ciencias educacionales que preparen al maestro normal y permitan la formación del profesorado, estará a cargo de la Facultad de Pedagogía y la Universidad de Costa Rica”.
De nuevo intervino en el debate el señor GONZALEZ FLORES para volver sobre varios de sus puntos de vista anteriores. Insistió en su posición para no votar la moción propuesta, ya que piensa al respecto que la preparación de maestros y profesores ha de ser atribución exclusiva del Estado y no compartida con la Universidad. Si esa preparación va a estar en manos del Estado y de la Universidad, la uniformidad en la enseñanza no se logrará. Por otra parte, no es función específica de la Universidad la preparación de maestros de enseñanza primaria. Ya en 1867 don Julián Volio presentó al Congreso un proyecto de ley, en el que está la génesis de nuestra reforma educacional de 1886. En ese proyecto, se establecía, entre las condiciones que debe tener todo sistema educacional, la uniformidad, que se rompe con la tesis en debate.
El Diputado BAUDRIT SOLERA manifestó que aún había oposición a la nueva fórmula presentada, razón por la cual se veía en la obligación de insistir en los puntos de vista suscritos en la carta que desde los Estados Unidos, dirigiera a la Asamblea la señorita Emma Gamboa, Decana de la Facultad de Pedagogía y Presidenta de la ANDE. La señorita Gamboa, preocupada por la amenaza que se cernía sobre la Facultad de Pedagogía, ya que en una de las mociones presentadas se dejaba en manos del Ministerio de Educación la atribución, en forma exclusiva, de preparar a los elementos de la docencia nacional, dirigió a la Asamblea la carta que ya fue leída en ocasión anterior. Sin embargo, como aún insiste el señor González Flores en su tesis, estima necesario leer de nuevo la carta de la distinguida educadora. Luego el orador dio lectura a la mencionada comunicación.
El Profesor DOBLES SEGREDA manifestó que votaría la fórmula propuesta, que armoniza los distintos pareceres sustentados en la Cámara.
Puesta a votación la moción de los señores Baudrit Solera y compañeros, fue aprobada. De los mismos proponentes, la siguiente moción, para que el artículo 78 se lea así:
“La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria”. [87]
Puesta a votación la moción anterior, fue aprobada.
De los mismos proponentes, la siguiente moción para que el artículo 79 se lea así:
“Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario; para apartarse del criterio de éste, la Asamblea necesita el voto de las dos terceras partes del total de sus componentes”. [88]
La moción anterior provocó un largo debate en el que participaron varios señores Representantes.
El Diputado ARROYO objetó la moción en debate, que considera lesiva a las atribuciones de la Asamblea Legislativa. El artículo en debate no es más que una repetición de otro que se presentó en relación con la ley de la moneda y que fue desechado. Disposiciones de esa naturaleza nos llevan casi a un corporativismo que no es conveniente para el país. No se puede aceptar la tesis en debate, que supedita el criterio de la Asamblea, representación auténtica del pueblo, al de los técnicos que forman parte de pequeños grupos. Lo más que se podría aceptar es que la Asamblea Legislativa recabe el criterio del Consejo Universitario en todos aquelos proyectos de ley relativos a la Universidad, pero sin obligarla al voto de los dos tercios, si es que desea apartarse del criterio de las autoridades universitarias. Además, está seguro que siempre la Asamblea escuchará las buenas razones del Consejo. De mantenerse la moción tal y como está, no la votará. Si los proponentes acceden a dividirla, votará la primera parte y no la segunda.
El Licenciado BAUDRIT SOLERA indicó que ninguna de las mociones que han presentado sobre educación, carece de una explicación concreta. La que está en debate, que pretende que previamente la Asamblea atienda el parecer del Consejo Universitario en todos aquelos proyectos de ley relativos a la Universidad, responde a la necesidad de darle mayor amparo a lo que ya se acordó en sesión anterior: la autonomía administrativa. Añadió que ya en otra oportunidad se había referido a las maniobras de una mayoría parlamentaria, movida por intereses politiqueros, que trataba de asestar un golpe de muerte a nuestra Universidad. Tuvo que cambiar impresiones con los miembros de la Comisión de Educación del Congreso acerca de lo que se entendía por Consejo Universitario, las atribuciones de la Asamblea Universitaria, de los Decanos, etc. Estos señores no sabían nada absolutamente de la organización y administración de la Universidad. A pesar de su ignorancia, pretendían pasar un proyecto de ley lesivo a los intereses universitarios, por simples razones de orden político. En otra ocasión un estudiante de la Facultad de Derecho acudió a sus compinches del Congreso para que pasaran una ley por medio de la cual se me excluía del Tribunal Examinador. Precisamente lo que queremos evitar con nuestra moción es que no vuelvan a repetirse hechos de esta naturaleza: que los intereses pasajeros y mezquinos de una mayoría política, no se impongan sobre los altos intereses de la Universidad. Cuando los gobiernos han sido respetuosos, se ha escuchado siempre el parecer del Consejo Universitario. Si se actúa de buena fe, ¿en qué se lesionan las atribuciones de la Asamblea Legislativa si se exige el voto de los dos tercios para apartarse del criterio del Consejo Universitario? En cambio, si se actúa de mala fe, con fines políticos bien calculados, la Universidad podrá ampararse mejor, ya que es difícil de lograr en una Asamblea los dos tercios de sus votos para una tesis que ha causado el repudio de la ciudadanía. Agregó que tampoco lo que proponen representa una novedad. La Cámara aprobó una disposición similar con respecto a todos los proyectos de ley sobre materias electorales. Previamente ha de consultarse el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones. El Congreso, para apartarse del mismo, tendrá que hacerlo por votación no menor de las dos terceras partes de sus miembros. Finalmente, accedió a que se votara la moción dividida en dos partes, tal como lo sugirió el Licenciado Aroyo.
El Representante ARROYO de nuevo intervino en el debate para insistir en las razones que lo llevan a no estar de acuerdo con la segunda parta de la moción, que es lesiva para los intereses de la máxima representación nacional, en la que tienen cabida todos los criterios y puntos de vista. Desgraciadamente -añadió luego- el fantasma del Congreso servil de los “27” nos asusta. A cada rato pensamos que en el futuro podría llegar a presentarse un Congreso de esa naturaleza. Cuando vuelva a presentarse en Costa Rica un Congreso como el del 1º de marzo, no nos queda otro recurso que ir a la revolución, pues todo estará corrompido en el país. Por otra parte, la Universidad ha quedado bien garantizada con los artículos que hemos aprobado. Se le ha otorgado autonomía económica, administrativa y docente. No es posible ir más allá, en perjuicio de la Asamblea Legislativa. Además, ¿quién nos garantiza que en el futuro la Universidad contará siempre con las personas responsables que ahora la dirigen? Perfectamente podría llegar a presentarse el caso de un Conejo Universitario conservador, enemigos del progreso, de las nuevas corrientes ideológicas en materia educacional. En contra de un Consejo Universitario así integrado, no tendríamos ninguna defensa.
El Diputado ESQUIVEL también se manifestó en desacuerdo con la segunda parte de la moción planteada. No hago otra cosa -dijo- que ser consecuente con mis principios que ya expuse en la Cámara, cuando se discutió la moción Social Demócrata en relación con la ley de la moneda. Dije en esa ocasión que era mala práctica limitar las facultades de la Asamblea Legislativa, genuina representante de la voluntad popular, y máxime que se pretende crear otro nuevo privilegio a favor de la Universidad de Costa Rica, enemigo como soy de toda clase de privilegios. Votaré la primera parte por cuanto no me opongo a que se le pida la opinión al Consejo Universitario en materia de su especialidad, pero no que su criterio signifique una imposición para la Asamblea Legislativa.
El Diputado Facio usó de la palabra en términos que íntegramente aparecen en el Acta publicada en “La Gaceta”:
Señores Diputados: mi posición en esta materia es bien conocida, sobre todo porque la expuse ampliamente cuando se discutió la moción para que la Asamblea Legislativa tuviese que oír, tratándose de cuestiones monetarias al Banco Central, y no pudiese proceder contra su opinión sino con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, y porque mantuve luego una polémica periodística con el culto redactor señor Vargas Coto, sobre la misma materia. Tomo la palabra, especialmente para cobrarle al Diputado Arroyo, con toda la cordialidad del caso, su afirmación de que la moción en debate es de tipo corporativista. Hay en el mundo moderno una serie de expresiones que deben usarse con sumo cuidado. Corporativismo, fascismo, totalitarismo, comunismo. todas ellas nos traen el recuerdo de sucesos dolorosos, de regímenes desgraciados, de amenazas pavorosas, y por eso no creo justo ni correcto el que se les emplee para calificar fenómenos o tesis que no son merecedores de tales calificativos. Ahora mismo está la Asamblea Constituyente bajo la acusación, a todas luces injustificada, de haber aprobado un artículo totalitario en materia de educación. Al sindicarlo de totalitario, como al sindicar esta moción de corporativista, lo que se busca es despertar por un movimiento sentimental o emotivo muy natural, una actitud de desconfianza, de antipatía. Y no creo que esa sea una actitud razonable ni propia, por lo menos, de la Asamblea Constituyente. Discutamos las cosas por sus méritos y sus pecados, pero no les colguemos a priori una de estas etiquetas vagas y comodidosas. No es ésta, desde luego, la ocasión para explicar lo que es el corporativismo, ni que lo requieran los señores Diputados, que todos y cada uno de ellos lo saben muy bien. Pero recuérdese brevemente que el corporativismo es un régimen antidemocrático, que suplanta las decisiones de una Asamblea libremente electa por el pueblo, por las de corporaciones -corporaciones que no son instituciones técnicas del Estado, sino representaciones de gremios, de intereses profesionales- corporaciones éstas que son formadas, manipuladas y dirigidas por la política única del Estado omnipotente, del Estado totalitario. Nada más lejos que la intención de la moción; nada más apartado de su propósito. Lo que deseamos, sencillamente es conjugar la libertad soberana de la Asamblea popularmente electa, con los requerimientos técnicos del mundo moderno. Que sus pronunciamientos sean libres, pero que esa libertad se ejerza racionalmente, sobre el apoyo no de corporaciones, que representan intereses privados, sino de instituciones públicas que, por públicas, representan también al pueblo, y que, por técnicas, representan mejor sus intereses en el campo de las funciones que les han sido encomendadas. ¿Que eso implica, formalmente, cierta restricción a la actividad del Congreso? Ciertamente es así, pero eso, lejos de ser un abandono de la democracia, es simplemente una adecuación de la democracia a problemas que existen hoy como realidades concretas y que no existían en el mundo simple del siglo XVIII en que la democracia clásica y ortodoxa halló su primera expresión. Yo pedí en otra ocasión que se le diera un peso específico mayor a la opinión del Banco Central en materia monetaria. Pues no pedí mucho. En la última reforma constitucional llevada a cabo este año en la República Argentina, el inciso 10 del artículo 67, que ponía a cargo del Congreso la fijación del valor de la moneda, fue objeto no digamos de una restricción; fue objeto de total eliminación, porque, como se explicó por la Comisión Redactora, “el sellado de la moneda y la fijación de su valor, así como el de las monedas extranjeras, no puede ser, sin grave quebranto para los intereses nacionales, una atribución de orden legislativo, sino una función del Poder Ejecutivo, íntimamente relacionada con los aspectos económico-bancarios de la vida cotidiana”. Y cito el caso argentino como un síntoma de esa tendencia que trata de apartar al Congreso de la discusión de asuntos de un orden técnico tan acentuado, no porque me merezca simpatía el origen político de la reforma llevada a cabo en la gran República del Sur. Pero aún hay otro ejemplo más fresco, más reciente y más importante: la Gran Bretaña acaba de devaluar su moneda. ¿Quién llevó a cabo tal medida? ¿El Parlamento? No, señores, el Ministerio del Tesoro, el Gabinete. Aunque naturalmente una vez dado el paso, el mismo fue llevado al Parlamento en busca de un voto de confianza que felizmente se produjo. ¿Será que Inglaterra se corporativiza o se vuelve totalitaria? No, señores; simplemente es que Inglaterra acomoda su régimen democrático, con inteligencia y con tino, a los complejos problemas del mundo moderno. Como se ve, hemos pedido nosotros aquí mucho menos de lo que se hace en las grandes democracias del mundo, pero por pedirlo se nos tacha de corporativistas. Y vamos concretamente con la moción. Se le ha dado a la Universidad autonomía administrativa, funcional y financiera. Muy bien. Pero, señores Diputados, si permitimos que el Congreso, que un congreso normalmente movido por razones políticas, pueda libremente legislar sobre las funciones de la competencia Universitaria, entonces la famosa autonomía se convierte en humo. Desgraciadamente no tengo aquí a la mano una obra que sería de gran interés en este momento. Me refiero al estudio que el ilustre profesor de la Universidad de Montevideo, Dr. Jiménez de Aréchega, hace de las autonomías consagradas en la Constitución de su gran país. Sostiene el Dr. Jiménez de Aréchega, que la autonomía no puede significar solo independencia con respecto al Poder Ejecutivo, sino también con respecto al Poder Legislativo, ya que si la Constitución lo establece a favor de tal o cual organismo, es porque supone que las materias correspondientes deben ser manejadas al margen de la política y de la lucha de partidos; que entender de otro modo la autonomía es relativizar ésta a tal punto que sería como hacerla desaparecer. Pues bien, en la moción no se pide tanto; se pide solo que se escuche al Consejo Universitario en tratándose de cuestiones universitarias, y que cuando el informe del Consejo sea negativo, sea requerida una mayoría especial de dos terceras partes de los votos de la Asamblea, para desconocer ese informe, ese informe de la Institución en la que la propia Constitución, por texto expreso, ha delegado el manejo y la dirección de esas cuestiones universitarias. Parece lógico, parece natural complemento de la autonomía universitaria, que de otro modo queda expuesta a toda suerte de incursiones lesivas a los altos intereses puestos bajo su competencia por el texto constitucional. Señores Diputados, conocedores de la idea que priva en esta Asamblea, nosotros hemos renunciado a pedir una garantía igual para las demás instituciones autónomas; acordémosla aunque sea sólo para la Universidad de Costa Rica y de seguro habremos dado un paso adelante en la necesario protección de la casa máxima de cultura del país.
El Diputado ARROYO aclaró que no estuvo en su ánimo decir que se pensaba implantar un sistema corporativista, mediante la moción en debate. Mal podría pensar tal cosa, ya que conoce muy bien a sus proponentes. Si se ha opuesto a la moción, es por cuanto estima que la misma restringe en mucho las facultades de la Asamblea Legislativa.
El Diputado MORUA expresó que no votaría la segunda parte de la moción y sí la primera.
El señor ARIAS BONILLA manifestó que en ocasión anterior, cuando se discutió la ley de la moneda, se había opuesto a la tesis que propiciaba la fracción Social Demócrata. Ahora se propone una tesis parecida en relación con la Universidad. Si en la primera ocasión no estuvo de acuerdo con esa tesis, tampoco la votará en esta oportunidad, en cambio votará con mucho gusto la primera parte de la moción.
Sometida a votación la primera parte, que dice: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario” [88], fue aprobada.
En relación con la segunda parte, el Diputado VARGAS FERNANDEZ expuso las razones que lo llevan a no estar de acuerdo, con la misma. Desde el principio -dijo- he estado en oposición a esa tendencia de irle cercenando a la representación nacional sus atribuciones. Hay un artículo definitivamente aprobado que establece que la facultad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa. Vendría a ser una limitación a esa potestad, la aprobación de la moción que se discute. Estuve anuente a votar una disposición de esa naturaleza con respecto al Tribunal Supremo de Elecciones, por una concesión, ya que pensaba que una disposición como la que se aprobó, ayudaría a devolverle al país la confianza perdida en la pureza del sufragio. También estuve de acuerdo en que la legislación electoral no pudiese ser tocada seis meses antes de una elección, por las mismas razones. Sin embargo, extender esa práctica me parece peligroso, máxime que nadie en el futuro tratará de atentar en contra de la autonomía universitaria. Difícilmente en Costa Rica una Asamblea Legislativa descenderá a tanto como lo hizo el último Congreso Constitucional. Debemos pensar que no volverán a presentarse los Congresos como el de los “27”. Si esto es así, también debemos pensar que una Asamblea Legislativa no se atreverá a pasar un proyecto de ley que afecte a la Universidad, aún contra el criterio del Consejo Universitario. Terminó diciendo que le estaba otorgando a una institución autónoma ni más ni menos que el derecho de veto, que corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
Sometida a votación la segunda parte de la moción de los señores Baudrit Solera y compañeros, fue desechada.
El Licenciado BAUDRIT SOLERA manifestó que la moción aprobada era la última del proyecto que había tenido el honor de presentar a la Asamblea, junto con un grupo muy estimable de señores Diputados. Quiere expresar a la Asamblea su más profundo agradecimiento por la acogida que se le dio a las mociones relacionadas con la Universidad y felicitar muy calurosamente a la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica por haber incorporado a la Nueva Constitución un anhelo de la intelectualidad latinoamericana, reunida recientemente en la ciudad de Guatemala, sede del Primer Congreso Latinoamericano de Universidades. Costa Rica es la primera nación de América que incorpora en su estatuto fundamental después de ese Primer Congreso Latinoamericano de Universidades una de sus recomendaciones principales. El orador finalmente, dio lectura al siguiente cable que le enviara el Dr. Martínez Durán, Presidente del Congreso Latinoamericano de Universidades, cable que se publica en “La Gaceta”.

Guatemala, 19 de setiembre de 1949.
Licenciado Fernando Baudrit,
Rector de la Universidad de Costa Rica.
San José.
Congreso Latinoamericano de Universidades ha acordado el principio de autonomía constitucional administrativa docente y económica de las Universidades, consagrado carta magna.
Aplaude y apoya las gestiones de usted ante honorable Asamblea Constituyente en ese sentido.
CARLOS MARTINEZ DURAN,
Presidente del Congreso Latinoamericano de Universidades

El Representante VARGAS FERNANDEZ presentó moción para que se agreguen al título de la educación y la cultura, dos nuevos artículos que digan así respectivamente:
Artículo... “El Estado proporcionará ayuda alimenticia y de vestuario a los escolares indigentes, de acuerdo con la ley”. [82]
Artículo... “El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica por medio de la educación”. [83]
El proponente explicó los alcances de su moción primera.
Se aprobó ya -dijo- un artículo que declara gratuita y obligatoria la enseñanza primaria. Ese principio lo incorporaba la Carta del 71. Pero encuentro que esa disposición no tiene ningún sentido para ciertos escolares, que por desgracia ascienden en el país a muchos miles, y que carecen de los fondos indispensables para poder cursar la escuela. En los tiempos presentes esa gratuidad de la enseñanza primaria, resulta de un valor muy relativo. El niño llega muchas veces a la escuela mal vestido y sin comer. De ahí que el Estado debe tener la obligación de amparar a esos niños pobres, pues de otro modo no podrían ingresar a la escuela. Por suerte esa preocupación por los escolares menesterosos ha encontrado eco. Existen los llamados comedores escolares. También se les proporciona a los niños pobres otras clases de ayuda. Mi preocupación está en que en un momento de penuria fiscal, pueda el Estado echar mano de esos fondos que sostienen a los comedores escolares. Mi moción tiende a darle estabilidad a tales instituciones de alimentación infantil, así como darle sentido práctico a la gratuidad de la enseñanza primaria. Añadió que no estaba pretendiendo crearle nuevas cargas al Erario.
El Diputado ZELEDON manifestó que la moción del compañero Vargas Fernández tendría todo su apoyo, máxime que viene a darle contenido a esa palabra “gratuidad”, con que se ha calificado a nuestra enseñanza. Los Diputados de la actual Constituyente -dijo- que han sido electos en las elecciones del domingo, al votar esta moción están en la obligación de adquirir el compromiso moral de orientar la política económica del próximo gobierno por nuevos senderos, para que el Estado pueda atender a todas las necesidades de la educación nacional.
Puesta a votación la primera moción del Diputado Vargas Fernández, fue aprobada.
En cuanto a su otra moción, explicó el proponente que la misma tendía a que el Estado se empeñe en una labor efectiva de alfabetización de adultos, que tanta falta hace. Es alarmante el porcentaje de analfabetos adultos, a pesar de los cálculos optimistas que a menudo se hacen. El Estado debe imponerse como una obligación, la educación de los adultos. Por lo demás, se trata de un movimiento universal, que ha sido cristalizado en varias Constituciones de América.
Puesta a votación la moción del señor Vargas Fernández, fue aprobada.
El Licenciado VOLIO SANCHO indicó que del conjunto de sus mociones queda tan solo una sin discutir; la que se refiere a la enseñanza religiosa en las escuelas y colegios. Sin embargo, como se está tratando de llegar a una fórmula conciliatoria, respecto de lo que ha sido y es el punto central del debate, ruega a la Mesa aplazar la discusión de su moción para el día de mañana.
El señor Presidente acogió el ruego anterior, suspendiendo la sesión a las seis y treinta de la noche.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.