Acta 175 Asamblea Nacional Constituyente

Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 175

No. 175.- Centésima septuagésima quinta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas del día veintiséis de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Vargas Castro, Acosta Piepper, Arroyo, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Gamboa, Volio Jiménez, Arias Bonilla, Jiménez Quesada, González Herrán, Baudrit Solera, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Acosta Jiménez, Brenes Mata, Oreamuno, González Flores, Morúa, Guido, Madrigal, Rojas Espinoza, Dobles, Castaing, González Luján, Trejos, Montealegre, Chacón, Herrero, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti y los Suplentes: Castro Sibaja, Carrillo, Lobo García, Monge Alfaro y Elizondo. Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Artículo 2º.- Se dio lectura a la correspondencia:
a) Carta de la Confederación de Trabajo, Rerum Novarum, en relación con el artículo transitorio aprobado en la sesión anterior.
b) Memorial suscrito por agricultores de tabaco del cantón de Palmares, por medio del cual solicitan que la Asamblea se dirija a la Junta de Gobierno en demanda del Decreto-Ley que creó un impuesto de cinco colones por cada quintal de tabaco.
c) Comunicación del personal de la escuela “Justo A. Facio” de Siquirres, en relación con las pensiones de los miembros del Magisterio Nacional.
Artículo 3º.- Los Representantes FACIO y VOLIO SANCHO presentaron moción para que se revise la disposición transitoria propuesta y aprobada en la sesión de ayer.
Los Diputados Facio, Arroyo B., Esquivel, Ruiz, Guido, Volio Sancho, Monge Álvarez, Monge Ramírez, Herrero, Chacón J., Vargas Fernández y Rojas Espinoza, se pronunciaron en extensos discursos que aparecen en el acta publicada en “La Gaceta”.
Explicó el Licenciado FACIO que “a pesar de que la Asamblea parece estar cerrada en esta materia, a pesar de que mis razones de ayer fueron contestadas sólo con la aprobación de una moción para declarar permanente la sesión en tanto no se votase el asunto en debate, lo que indicaba una decisión ya tomada de aprobarla sin consideración alguna, hemos creído el Diputado Volio Sancho y yo que era necesario y conveniente pedir revisión de lo acordado ayer, con el fin de volver a reiterar nuestras razones y, de ser posible, de eliminar el desafortunado transitorio aprobado ayer. Mucho me satisfizo saber que el Diputado Acosta Jiménez, pese a ser firmante de la moción, votó en último término contra ella, consciente de la necesidad de no atentar contra los derechos sociales del costarricense. Mucho me ha satisfecho también el que el Diputado Gómez Rojas me dijera en privado que si él había firmado la moción era sólo para que no se creyera que con su voto estaba defendiendo el puesto que hoy ocupa su hijo, el Licenciado Mario Gómez, pero que desde luego toda la razón estaba de nuestra parte. Yo espero que el Diputado Gómez deje de lado esa delicadeza y enfoque el problema, no con base en cuestiones personales, sino con base en cuestiones de principio; y espero que otro tanto ocurra con los demás señores Diputados. Yo espero de ellos que nos den la oportunidad de discutir nuevamente el asunto para ver si es posible evitar que la Constitución quede manchada y afeada con tan odioso transitorio, y si así se evita el conflicto a que su confirmación dará lugar”. El Representante ARROYO manifestó que no había estado presente en la sesión de ayer. Sin embargo, aun cuando se había hecho el propósito de no asistir más a las sesiones de la Constituyente, no ha querido dejar pasar la oportunidad para expresar su manera de pensar al respecto. Si en la sesión anterior hubiese estado presente, habría votado con mucho gusto la disposición transitoria aprobada, sobre la cual se ha planteado una moción de revisión. La disposición es muy conveniente, ya que va encaminada a permitir al próximo gobierno una reorganización en la Administración Pública, que se hace urgente, como único medio de equilibrar el elevado presupuesto de la administración actual. Desde que la Junta asumió el Poder, el pueblo costarricense no ha visto con buenos ojos la creación permanente de nuevos departamentos, instituciones autónomas, Juntas, etc. La Hacienda Pública, como consecuencia del aumento exagerado de la burocracia, se encuentra en una situación caótica. Urgen medidas enérgicas para encarrilar al país. El Gobierno del señor Ulate se verá obligado forzosamente a plantear una serie de economías, así como suprimir organismos y departamentos que no son necesarios. Añadió que, mediante la creación de instituciones autónomas, se ha querido perpetuar el tren burocrático. Si las cosas se mantienen de este modo, don Otilio Ulate, a pesar de todas sus buenas intenciones, no podrá ajustar el presupuesto a las entradas reales del Fisco. Manifestó luego que el Estado no tenía por qué pagar prestaciones legales a una serie de funcionarios públicos que han desempeñado puestos innecesarios con dotaciones elevadísimas. Terminó diciendo que la disposición transitoria es absolutamente indispensable. El único interés que los guía es el superior de la República. En su ánimo no han influido las pasiones ni los intereses políticos o personales. El transitorio es necesario para que el próximo gobierno organice la Administración Pública sobre bases de economía. La medida no va dirigida contra ningún Partido. Si valiéndose de la misma, el día de mañana se perpetran represalias y venganzas de carácter político, será el primero en levantar su voz de protesta como siempre lo ha hecho para defender la justicia.
El Licenciado ESQUIVEL indicó que la discusión se estaba desplazando del plano económico-hacendario, al político-personal. Las noticias que dan esta tarde los periódicos confirman sus palabras: la Junta ha amenazado con hacer abandono del Poder si la disposición se mantiene. Sin embargo, confía en que la Asamblea se mantendrá firme. Está seguro que las amenazas no la harán cambiar de criterio. Se dice que el transitorio va contra los pobres empleados públicos. La aseveración carece absolutamente de fundamento. De acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto, de los trece mil doscientos noventa y nueve (13.299) empleados de la Administración Pública, doce mil seiscientos trece (12.613) devengan sueldos menores de seiscientos colones (600.00). Sólo seiscientos ochenta y seis ganan sueldos superiores. Es decir, con el transitorio quedan garantizados más del noventa y cuatro por ciento de los empleados de la Administración. ¿Puede, en consecuencia, afirmarse con justicia y buena fe que estamos sumiendo en la miseria y el desamparo a centenares de hogares de costarricenses? Los perjudicados son los funcionarios de alta categoría, en el caso eventual de quedar cesantes. Son funcionarios que por regla general ganan más de mil colones al mes. Agregó después que con el transitorio se le ahorrarían al país más de dos millones de colones por concepto de prestaciones legales, suponiendo que esos seiscientos ochenta y seis empleados fuesen despedidos y suponiendo que hubiesen trabajado con el Estado año y medio, cuando muchos de ellos llevan más tiempo de prestarle sus servicios a la Nación. La disposición que se ha aprobado no tiene el afán de perseguir a nadie. No hay nada de turbio en nuestra decisión. La realidad es que el país está enfrentado a una situación fiscal extremadamente difícil. El reajuste presupuestario se hace absolutamente indispensable. Los gastos tienen que acomodarse a las entradas reales del país. ¿Cómo es posible exigirle al señor Ulate poner la casa en orden, sanear la Administración, con un presupuesto desequilibrado?
El Diputado FACIO expresó: Mucho me satisface oír razones en pro del transitorio, porque así habrá algo que combatir, y no sólo la actitud cerrada de una mayoría convencida que ni da ni escucha argumentos. Dice el Diputado Esquivel y lo mismo ha dicho el Diputado Arroyo, que lo que se pretende es soltarle las manos al próximo Gobierno para que pueda reorganizar la Administración sin un costo excesivo para el Estado. Yo estoy también de acuerdo con ese objetivo. Que se sanee la Administración; que se equilibre el presupuesto; que no se asfixie financieramente al Estado. Mas para conseguir esas metas, señores Diputados, yo afirmo hoy aquí lo que ya afirmé ayer: que el transitorio aprobado no es necesario. Porque la cuantía de las prestaciones sociales quien las fija no es la Constitución, sino el Código de Trabajo, y por tanto está en manos de la próxima Asamblea Legislativa el introducirle al Código ese régimen transitorio o de excepción con el fin de poder llevar a cabo las destituciones que se juzgue conveniente sin sobrecargar el Fisco con prestaciones de un monto insoportable. Yo me permito interpelar muy respetuosamente a los compañeros Diputados, y muy en especial, a los Licenciados Esquivel y Arroyo para que me digan si estoy en lo cierto o no: si la próxima Asamblea puede, sin necesidad del transitorio que impugnamos y sin violar la Constitución, adecuar las prestaciones que haya de pagarse a los empleados públicos despedidos, a la situación precaria del Fisco.
El Diputado RUIZ manifestó que en la sesión anterior había votado la disposición transitoria que estima necesaria. Considera que la medida es indispensable y está correcta. Sin embargo, está de acuerdo en suprimir de la mencionada disposición la frase final que hace referencia a la interinidad de todos los empleados y que niega las prestaciones legales a los funcionarios despedidos que devenguen sueldos mayores de seiscientos colones. Si la revisión se presenta con ese propósito, la votará. De lo contrario, le negará su voto, pues se mantiene firme en su criterio.
El Licenciado ARROYO indicó que no existía ninguna razón para traspasarle la decisión del punto a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Constituyente está facultada para resolverlo, no se justifica que haga traspaso de su responsabilidad a otro cuerpo.
El señor FACIO expresó: Complacidamente he escuchado al Diputado Arroyo darme la razón en mi tesis; el transitorio no es necesario ni imprescindible para llevar a cabo la reorganización administrativa que se espera. Pero nos dice el mismo señor Diputado que si bien la Asamblea Legislativa puede arreglar la situación, también puede arreglarla esta Asamblea; y a ello le diré que tiene razón. Esta Asamblea puede llegar a eso; yo no lo discuto. Lo que discuto y rebato es la afirmación hecha aquí de que el transitorio es imprescindible. No lo es, y el señor Arroyo me da la razón. Ahora bien, si esta Asamblea puede dar el transitorio, lo cierto es que eso no sería lógico. Porque los transitorios se refieren a las normas de los textos legales correspondientes, y sería peregrino el que un transitorio de la Constitución Política se refriese a una norma y que no figura en ella, sino en un cuerpo legal distinto; en el Código de Trabajo. Actuemos lógicamente, señores Diputados. En cuanto a la sugerencia del Diputado Ruiz, he de decirle que estoy completamente de acuerdo con su idea de que se quite del transitorio lo relativo a suspensión de prestaciones sociales, ya que, según lo he demostrado, ese aspecto del transitorio es innecesario; pero que, en cambio, no podría estar de acuerdo con que se dejase subsistente lo relativo a suspensión del status de las Instituciones Autónomas, porque eso sería otro manchón para la Carta Magna, y otro machón innecesario, como me permití explicarlo ayer, y como lo reiteraré más adelante, si es del caso. Pero me agrada mucho la actitud del señor Ruiz; la interpreto en el sentido de que vamos, poco a poco, poniéndonos de acuerdo, y de que quizás logremos eliminar del todo el desafortunado transitorio que impugnamos.
El Representante ARROYO usó de la palabra nuevamente para referirse a algunas apreciaciones del Licenciado Facio. Así como se aprobó el transitorio que le abre las puertas a don José Figueres para aspirar a una candidatura presidencial en mil novecientos cincuenta y tres, ¿por qué no aprobar el transitorio que le abre las puertas a don Otilio Ulate para una reorganización administrativa, que le permita llevar adelante sus planes de gobierno? Aclaró, que, de haber estado en la sesión anterior, habría votado el artículo transitorio por medio del cual se deja abierta la posibilidad constitucional al señor Figueres para postular su candidatura en las elecciones de mil novecientos cincuenta y tres, si lo tiene a bien.
El Representante GUIDO manifestó que él era uno de los firmantes de la moción aprobada ayer. Como la disposición viola el artículo sesenta y cinco de la Constitución se abstuvo de votarla, pues considera que a nadie debe despedirse sin una indemnización. Es necesario abrirle la puerta al señor Ulate para la reorganización fiscal, pero no es justo dejar en situación precaria a servidores públicos que de la noche a la mañana se verían en la calle. Por esas razones, aun cuando su firma aparece en la moción, después de meditar mucho y oír las razones de sus compañeros, se abstuvo de votarla.
El Representante VOLIO SANCHO expresó que tanto en la sesión anterior como en la de hoy, se ha afirmado por parte de algunos señores Representantes, que los que no están de acuerdo con la disposición transitoria lo hacen por cuanto defienden intereses meramente pecuniarios de los servidores públicos, o bien por cuanto colocan intereses personales por encima de los fiscales que atañen por igual a todos los costarricenses. La cuestión empeñada -dijo- no tiene ningún carácter material, de mezquino interés pecuniario, sino de gran valor moral. El interés fundamental que nos mueve es el de hacer justicia a todos esos servidores públicos, fieles y abnegados, que en su gran mayoría fueron bravos integrantes del Ejército Revolucionario. Nos mueve el interés de no inferirles un ultraje, una ofensa a tan gallardos y nobles conciudadanos, que no merecen el desdoro de ser declarados en interinidad, como presuntos candidatos a ser echados a la calle ignominiosamente. ¿Es acaso que se deja de reconocer el gesto grande de estos costarricenses que acompañaron bizarramente a don José Figueres durante la guerra de liberación y que luego continuaron a su lado en las duras labores administrativas? ¿O es acaso que los veteranos de la guerra gloriosa pueden compararse a los funcionarios corrompidos del régimen anterior? ¿O es que se pretende, entre líneas, quitar de la administración a supuestos malhechores? Si tales fuesen los propósitos de la disposición transitoria aprobada ayer, protesto vehementemente ante la opinión pública por tan mezquinas propósitos. La administración caldero-comunista -agregó luego el orador- estaba integrada por funcionarios inescrupulosos en su gran mayoría. De ahí, que se justificara la actitud de la Junta, al asumir el Poder con respecto a esos funcionarios, muchos de los cuales apenas figuraban nominalmente en las listas de trabajo. La situación nunca podrá ser parecida a la actual, por cuanto los casos son diametralmente opuestos. He admitido sin regateos la necesidad que tiene el próximo gobierno de reorganizar la administración pública, pero estimo que esa tarea debe llevarse a cabo en la forma usual, acostumbrada. El funcionario competente, de limpio historial en la lucha oposicionista y luego en la revolución, no puede ser puesto en la calle de la noche a la mañana. No tratamos en ninguna forma de obstaculizar la obra administrativa del señor Ulate. Consideramos, sin embargo, que los organismos autónomos no pueden se tratados como cualquier dependencia oficial. Se han creado instituciones autónomas que responden a una tendencia moderna y a una sana política administrativa, que han dado magníficos resultados en el país, como el Banco Nacional de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, que tan buenos resultados ha dado con el nuevo sistema. No es posible admitir con respecto a estas instituciones la intervención del Poder Ejecutivo. Luego se refirió a la empresa del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. Citó el caso del actual Gerente General, don Jorge Zeledón Venegas, ciudadano íntegro, de limpias ejecutorias, contra quien están ya operando las intrigas políticas para quitarlo de la Gerencia del Ferrocarril. Seguidamente el orador dio lectura al texto de su renuncia formulada ante el señor Zeledón Venegas de su posición como Jefe del Departamento Legal del Ferrocarril, aclarando que no desempeñaba esa posición desde que asumió las tareas de Constituyente. También leyó la contestación al texto de su renuncia.
Ambos documentos se transcriben a continuación:
San José, 25 de octubre de 1949.
Señor Gerente General del
Ferrocarril Eléctrico al Pacífico,
Don Jorge Zeledón Venegas.
S. O.
Muy estimado señor Gerente:
Después de mi conversación de hace unos momentos con el Licenciado Pereira y acerca de la cual el propio don Heriberto le dará a usted detalles, he decidido renunciar definitivamente al cargo de Jefe del Departamento Legal de la Empresa, a fin de poder combatir con entera libertad -sin reato alguno de intereses personales míos- la disposición transitoria que se anuncia será tomada por un sector de la Asamblea Nacional Constituyente en perjuicio de los empleados y funcionarios públicos. A esa disposición debo oponerme por odiosa, antidemocrática e inconsulta, en vista de que ella significaría una humillación, una grave afrenta para el personal de la Administración integrado casi en su totalidad por veteranos de la lucha civil contra el régimen anterior, y de la gesta libertadora, a quienes, no obstante, se quiere tratar como si fueran peligrosos “mariachis”. Además, la medida proyectada vendría a lesionar legítimos derechos de esos servidores, al arrebatarles malamente, a todos aquellos que van a ser despedidos por el nuevo Gobierno, sus prestaciones sociales ya adquiridos, y violaría, desquiciándolo fundamentalmente, el sistema autónomo de las instituciones que deben conservar ese carácter por obvias razones de sana política administrativa, con todas las consecuencias que, a no dudarlo, habría de traer tan inusitado procedimiento.
En virtud de lo expuesto, ruego a Ud. tener por concluido el permiso sin goce de sueldo que me concedió la Gerencia a fines de diciembre del año próximo pasado para separarme de dicho cargo, y por formulada mi renuncia irrevocable.
Hago presente a Ud. y a los señores miembros de la Junta Directiva del Ferrocarril, mi profundo reconocimiento por las honrosas muestras de confianza con que siempre me favorecieron.
Soy del señor Gerente, con la mayor consideración, su muy atento y seguro servidor.
(f) FERNANDO VOLIO SANCHO.
San José, 26 de octubre de 1949.
Señor Licenciado Don Fernando Volio Sancho.
Jefe del Departamento Legal.
Estimado señor:
Contestando su atenta carta fechada ayer, siento manifestarle que estoy inhibido de tramitar su renuncia puesto que, considerando que he perdido la autoridad necesaria para mantener la disciplina en esta Empresa en donde ya se está haciendo desembozada propaganda en el sentido de imponer a determinado personaje político como sucesor mío en la Gerencia, ya que la nueva disposición constitucional que declara la interinidad de Directores y Gerentes de instituciones autónomas autoriza de hecho ese y otros excesos, he redactado ya mi renuncia que presentaré a la Junta Directiva tan pronto como venza el término legal que exige la convocatoria a sesión extraordinaria que le he hecho. Mientras tanto, prefiero abstenerme de todo acto que implique el ejercicio de esa autoridad.
De usted, muy atentamente.
JORGE ZELEDON VENEGAS,
Gerente General.
Añadió luego que un cambio de administración no puede nunca significar una barrida de todos los servidores públicos. ¿Para qué, entonces, se han incorporado en la nueva Constitución las reglas fundamentales del servicio civil? Si bien es cierto que se estableció que la ley de servicio civil no entrará en vigencia antes del ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta, para no obstaculizar los planes de los próximos gobiernos, la realidad es que el servicio civil se ha incorporado en la Constitución como uno de sus principios básicos. Por ese principio está dispuesto a pelear como ha peleado siempre por cualquier principio noble, sano o patriótico. Nadie le discute al próximo gobierno su derecho de nombrar y remover libremente a los empleados de la Administración, hasta tanto no se promulgue la ley de servicio civil. Pero de eso a macular al personal con una interinidad denigrante y de querer remover a todos los empleados o a casi todos, haya una enorme diferencia. Expresó luego que existe otra razón poderosa que lo ha llevado a oponerse al transitorio aprobado, y es la de que viene a violentar la integridad de las instituciones autónomas. El principio de la autonomía lo ha incorporado la nueva Constitución. Los Directores y los Gerentes de las instituciones bancarias del país han presentado ya sus renuncias por cuanto no quieren someterse a esta humillación. Basta conocer a los miembros de esas Directivas para llegar a la conclusión que no proceden movidos por intereses políticos. Defienden el principio de la autonomía de sus instituciones, que es fundamental para la buena marcha de las mismas. Agregó que los animaba tan sólo el propósito, al apoyar la revisión, de llegar a una fórmula conciliatoria, que armonice las diferentes tendencias, que respete la dignidad y derechos de los empleados y que ponga a salvo a las instituciones autónomas del Estado. Establecido como está por la Asamblea que se respetarán las prestaciones de los empleados de inferior categoría, bien podría disponerse, como fórmula transaccional, que los empleados que devenguen sueldos superiores a seiscientos colones, en la eventualidad de ser despedidos no tendrían derecho a plantear ningún reclamo por prestaciones legales, pero a todo trance se respete el régimen interno de las instituciones autónomas. De lo contrario la situación se agravaría, lejos de llegarse a una solución satisfactoria. Los miembros de la Junta de Gobierno se solidarizan con los funcionarios que han elevado sus renuncias. El país, en consecuencia, se verá abocado a una grave situación si la Asamblea se empecina en mantener un principio que atenta contra la integridad de las instituciones autónomas. Cerró su discurso diciendo que debe hacerse justicia, siquiera en el último momento, a quienes se sacrificaron por la Patria en los momentos más difíciles de su historia....
El Representante MONGE ALFARO manifestó que, antes que las implicaciones políticas del transitorio, le interesaban las consecuencias morales que podrán desprenderse, caso de mantenerse en el texto constitucional. En primer lugar, para grandes sectores de la opinión pública ese transitorio viene a profanar uno de los anhelos que llevaron al pueblo de Costa Rica a oponerse decididamente al régimen de Calderón Guardia, desde mil novecientos cuarenta y dos. La oposición vino enarbolando, como uno de sus principios básicos, la libertad de conciencia de los funcionarios públicos, así como su estabilidad. Ahora resulta -aun cuando reconoce que ese no fue el sentido de la disposición- que el transitorio trata de humillar a funcionarios públicos, poniéndolos en entredicho, en la misma situación de incertidumbre en que se encontraban los del régimen caldero-comunista. A los funcionarios públicos debe rodeárseles de toda clase de seguridades en beneficio de la misma administración pública. Agregó que al señor Ulate se le estaba planteando una situación difícil, ya que, de mantenerse ese transitorio, muchos de los miembros del Partido Unión Nacional se creerán en el derecho de presentarse ante don Otilio Ulate a reclamar posiciones en la Administración Pública. Fácilmente se comprende que el próximo gobierno tendrá que realizar una reorganización en los distintos cuadros de la Administración Pública. ¿Pero es acaso que esa reorganización no puede ser llevada a cabo si no es mediante la aprobación del artículo transitorio sobre el cual se ha planteado revisión? Nosotros no nos oponemos a semejante reorganización. Sin embargo, creemos que el problema tiene otras soluciones como lo ha demostrado el señor Facio. Por otra parte, se va a fomentar una división, inconveniente para el señor Ulate, el cual no podrá realizar su obra de gobierno si no cuenta con el respaldo de la Nación, y de todos los costarricenses, sin diferencias de ninguna clase. La medida, además, significa un pésimo precedente para el país, que se verá abocado, cada cuatro años, a una situación parecida de incertidumbre y zozobra. Tenemos que ir sentando poco a poco cátedra de moral administrativa. Que el señor Ulate, con sus colaboradores más inmediatos, poco a poco, reposadamente, vaya organizando los cuadros de la administración, sin violencias ni odios de ninguna clase. En los actuales momentos ha sucedido que la moral y la disciplina en los distintos departamentos de la administración empieza a relajarse. Se empiezan a formar dos bandos entre los distintos empleados. Es natural que todo esto vaya en perjuicio del país. Lo más razonable -concluyó diciendo- es llegar a una fórmula conciliatoria que venga a salvar la moral administrativa y la seguridad de los servidores públicos.
El Representante ACOSTA JIMENEZ presentó moción de orden “para que se suspenda la sesión por treinta minutos a efecto de que se realice un cambio de impresiones entre los señores Diputados sobre el tema que está en debate y para que se declare permanente la sesión hasta agotarlo”.
La moción anterior se acordó votarla en dos partes La primera, dirigida a acordar un receso, fue desechada. La segunda, que declara la sesión permanente hasta agotar el debate, fue aprobada.
El Diputado ACOSTA JIMENEZ expresó que era consecuente con la posición asumida en la sesión anterior. En el supuesto caso de pasar la revisión, votará cualquier moción tendiente a eliminar del transitorio la frase por medio de la cual se les despoja de sus prestaciones legales a determinado grupo de funcionarios. Si la moción de revisión supone tal cosa, la votará. De lo contrario, le negará su voto ya que se mantiene firme en cuanto a los otros extremos del transitorio.
El Representante GAMBOA RODRIGUEZ manifestó que estaba de acuerdo con la moción de revisión. Sin embargo, no quiere dejar pasar por alto la oportunidad para sentar su más enérgica protesta por la actuación de la Junta de Gobierno. Añadió luego que está en un todo de acuerdo con la exposición del señor Facio. Considera que el transitorio no se justificaba en modo alguno. El problema que tendrá que confrontar el próximo gobierno admitía otras soluciones. La disposición transitoria aprobada, además, ha venido a dar por tierra con un principio de las garantías sociales. Resulta desdoroso para la Asamblea aprobar un capítulo de garantías sociales y luego borrarlo con el codo mediante la aprobación de un transitorio que viola evidentemente uno de sus principios fundamentales. Aclaró que no es figuerista, ni lo ha sido ni lo será. Tampoco es juntista. Lo que no acepta es que por el hecho de que los empleados públicos sean amigos del señor Figueres se les eche a la calle, sin el pago de sus prestaciones legales a que tienen derecho. Piensa que la culpa de todo lo que le ocurre al país es de la Asamblea Nacional Constituyente, que vino a ratificar las facultades legislativas del gobierno de facto y acordó la prórroga de su período de mando. En esas dos ocasiones nadie protestó como ahora lo hacen. Nadie elevó su voz de protesta en contra del crecimiento de la burocracia bajo el régimen actual. Nadie protestó por la creación de nuevas instituciones. En una ocasión presentó moción para devolverle la constitucionalidad al país a corto plazo. Su moción cayó en el vacío. Ahora ya resulta un poco tarde para protestar. Entre tanto la Junta ha tenido tiempo para colocar a sus más allegados en los puestos claves.
El Representante RUIZ presentó la siguiente moción, para que se discuta, de aprobarse la revisión: “Para que del transitorio aprobado ayer se supriman la palabra interinidad y el último párrafo relacionado a las prestaciones legales, que se garantizan para un sector de los empleados públicos únicamente. El resto quedará firme en su redacción y contenido”.
El Representante MONGE ALVAREZ declaró que el transitorio, a su juicio, es el monumento más grande de inmoralidad que pueda haber aprobado la Asamblea Nacional Constituyente. No es que la discusión se ha desplazado a planos políticos -dijo-, sino que el transitorio ha provenido de terrenos políticos. Se está atropellando derechos legítimos de los trabajadores. O se consagran esos derechos para todos los ciudadanos de Costa Rica, sin discriminación, o no se consagran. Desde el momento en que se declaran en interinidad todos los empleados públicos se está atentando contra su dignidad poniéndolos en entredicho, como si estuvieran complicados en estafas electorales. Debe respetárseles su dignidad por encima de cualquier otra consideración. Mientras sean honrados tiene el derecho de que se les respete en su dignidad. Si hemos establecido en la Constitución la obligación de los patronos de respetar a sus trabajadores, no se justifica que el Estado -el patrono por excelencia- viole impunemente los derechos de sus trabajadores. Agregó luego que el transitorio no se va a prestar sólo a la reorganización administrativa. En el fondo no es más que una miserable venganza política. Criticamos mucho en Costa Rica el servilismo de los empleados hacia sus gobernantes. Censuramos esa falta de honradez de los mismos. Y con ese transitorio venimos a decir ahora que si no se doblegan ante determinados grupos políticos tendrán que irse a la calle. Conozco a don Otilio Ulate muy bien y estoy seguro que él no querrá empleados con espinazo de hule. Quien predicó la honestidad administrativa, el derecho de los empleados a pensar como a bien lo tuvieran, no puede estar de acuerdo con una medida que da por tierra con todos esos principios. Con ese transitorio se les está señalando a los empleados como si fueran delincuentes. No otra cosa se está haciendo al declararlos en interinidad y negarles sus prestaciones legales. Añadió que gobiernos inescrupulosos, como los de Calderón y Picado, no habían llegado hasta el extremo de meter sus manos en las instituciones autónomas, que mal que bien fueron respetadas. En Costa Rica ha habido una tradición de respeto hacia esas instituciones. Ahora la Asamblea, mediante la aprobación de un transitorio, faculta al Poder Ejecutivo para intervenir impunemente en la marcha y organización de tales instituciones. Terminó diciendo que pensaba que la Asamblea ha dado uno de sus pasos más graves, no sólo por cuanto se lesionan derechos de trabajadores, sino por cuanto se comete la injusticia con un grupo de ciudadanos que no se han doblegado ante determinados círculos económicos y politiqueros.
El Representante MONGE RAMIREZ expresó que él era firmante del transitorio, que sigue considerando necesario y beneficioso para el país. Se mantiene firme en su tesis. El pueblo de Costa Rica -dijo- no merece continuar soportando un presupuesto de ciento treinta millones de colones. Todos los costarricenses están pendientes de la obra del señor Ulate. Esa obra está sujeta a la nivelación del presupuesto. Si no se mantiene el transitorio, don Otilio Ulate no podrá ajustar su gestión administrativa a lo ya acordado en el capítulo de presupuesto. No habrá despidos injustificados en masa, sino supresión de todos los departamentos innecesarios. La realidad es que existen muchas juntas autónomas; la del Ferrocarril al Pacífico, la de la Fábrica Nacional de Licores, etc. Yo represento en esta Cámara grupos de campesinos que nos afrentan el aumento de la burocracia en los últimos meses. La Asamblea está actuando a tono con los anhelos del pueblo. Terminó diciendo que no era justo pagar prestaciones legales a quienes han desempeñado puestos innecesarios.
El señor ARROYO de nuevo intervino en el debate. Insistió en que no había ninguna maniobra política. El artículo transitorio es necesario para llevar a cabo la reorganización fiscal que el país pide a gritos. Añadió que no era cierto que la administración estuviera repleta de ex-combatientes. Al contrario. A los auténticos ex-combatientes se les dejó por fuera. Además, los que hoy protestan por la supuesta intervención que tendrá el Ejecutivo en las instituciones autónomas, no levantaron su voz de protesta cuando la Junta intervino en las directivas de los bancos particulares.
El Licenciado VOLIO SANCHO nuevamente intervino en el debate. Se ha insistido en el socorrido argumento -dijo- de que el transitorio se hace indispensable para llevar a cabo el reajuste presupuestario, en lo cual todos estamos de acuerdo, pero don Rodrigo Facio ha demostrado que tal propósito se puede fácilmente lograr por otros medios, sin necesidad de afear el texto constitucional con una medida improcedente y arbitraria, que se puede prestar a persecuciones y venganzas políticas. Agregó que se ha demostrado con cifras que más del noventa y cuatro por ciento de los empleados de la administración devengan sueldos menores de seiscientos colones. En la situación actual un sueldo de esta cuantía no alcanza para satisfacer las más apremiantes necesidades. ¿En qué, entonces queda el argumento de que los adictos a la Junta devengan sueldos elevadísimos, si la inmensa mayoría del personal de la administración gana menos de seiscientos colones al mes? El argumento no tiene ninguna consistencia. Por otra parte, el renglón de sueldos de la administración es apenas una partida pequeña del presupuesto general. Se gastan más de cien millones por cuanto la Junta ha tenido que hacerle frente a una serie de obligaciones que han venido como consecuencia de la guerra civil y de la fracasada invasión calderoniana. Nadie podrá afirmar que los funcionarios de la administración se enriquecen por medios ilícitos o al favor de sus posiciones oficiales. Reto a cualquiera para que demuestre lo contrario. Finalmente, el orador se refirió a algunas apreciaciones del señor Arroyo.
También el Diputado MONGE ALVAREZ se refirió a algunos conceptos expresados por el Licenciado Arroyo. Luego, para evitar malas interpretaciones, aclaró su posición personal. Manifestó que la única función pública que desempeñaba era la de Diputado a la Constituyente, a donde lo llevaron los votos de un sector de los costarricenses. Renunció al puesto que ocupaba anteriormente en la directiva del Instituto Nacional de Seguros, para hacerse cargo de la diputación. En cuanto a sus viajes realizados al exterior todos han sido pagados por la organización sindical internacional a la que pertenece y a la cual ha prestados sus servicios. A la Asamblea ha venido a defender, no intereses personales, sino principios, la dignidad de los empleados.
El Representante CARRILLO leyó las siguientes declaraciones suyas: Pido que se consigne en el acta mi opinión adversa al transitorio que declara la interinidad de los servidores públicos. Fundamento mi criterio en las siguientes consideraciones: Primero.- No merece el Gobierno de don José Figueres que se desconozcan los legítimos derechos de sus funcionarios; porque no solamente restableció ese gobierno las libertades públicas e hizo posible el retorno a la normalidad constitucional y el respeto a la voluntad popular, sino que se caracterizó por un exquisita probidad y por una cuidadosa selección de personal administrativo, habiendo realizado en este último aspecto una labor sin precedente. Segundo.- La medida es atentoria al principio de respeto al funcionario público, sin el cual no podrá existir en el futuro la institución del servicio civil. Tercero.- La interinidad, declarada por canon constitucional, será permanente para todos los servidores nombrados antes de entrar en vigencia la nueva Constitución; al no fijar el transitorio un término para la remoción, quedan expuesta a ella los actuales servidores públicos, por tiempo indefinido y sin derecho a indemnización. Cuarto.- Al incluirse en la interinidad a los directores y gerentes de las instituciones autónomas, además de que se pone en serio peligro la estabilidad de esas instituciones y se viola su régimen jurídico, se establece el funesto precedente de colocarlas bajo la acción política inmediata del partido de gobierno, con las fatales consecuencias que necesariamente se han de derivar de tan absurdo procedimiento.
El Representante HERRERO sentó su más enérgica protesta por la afirmación del Diputado Gamboa Rodríguez, respecto a que es la Asamblea la única culpable de la situación que confronta el país. El cargo no se justifica en modo alguno, máxime que muchos señores Diputados no votaron ni la prórroga ni la ratificación de las facultades legislativas del gobierno de facto. Luego, refiriéndose al transitorio, expresó que el mismo se hacía absolutamente necesario. Conociendo la ecuanimidad e imparcialidad del señor Ulate no hay por qué temer. Nadie abusará. No se cometerán injusticias en contra de nadie. Tampoco se van a separar a todos los empleados de la administración. Lo que se pretende es dejarle el camino franco al próximo gobierno para que efectúe la reorganización que tanto necesita el país.
El Diputado GAMBOA, refiriéndose a las palabras anteriores del señor Herrero, declaró que ha afirmado que si la Junta se mantiene en el poder se ha debido a las concesiones de la Asamblea, que ratificó sus facultades legislativas y posteriormente le otorgó la prórroga de su período.
El Representante CHACON JINESTA manifestó que en la sesión anterior había expresado las razones que lo llevan a estar de acuerdo con el primer aspecto del transitorio que deja la puerta abierta para una reorganización administrativa y un reajuste presupuestario. Sin embargo se manifestó absolutamente en contra del otro aspecto del transitorio, que deja sin el pago de sus prestaciones legales a un grupo determinado de funcionarios por el simple hecho de devengar sueldos mayores de seiscientos colones. Agregó que también estaba de; acuerdo en que al próximo gobierno se le dieran toda clase de facilidades para intervenir en las instituciones autónomas. La Junta, como es sabido, ha creado una serie de esas instituciones, algunas de las cuales no se justifican. El próximo gobierno tendrá que hacer un estudio cuidadoso de cada una de esas instituciones. Repitió que el transitorio debe ser modificado. Tal y como está lesiona los derechos de un grupo de costarricenses. Si la Constitución establece en el artículo sesenta y cinco el derecho de todos los trabajadores despedidos sin justa causa el pago de una indemnización, no es posible que luego, mediante una disposición transitoria, se atropelle esa norma constitucional en perjuicio de un grupo de ciudadanos. A nadie se le puede privar del derecho de plantear reclamos ante el Estado si se considera perjudicado en sus propios intereses. Por esas razones le dará con mucho gusto el voto a la moción del compañero Numa Ruiz.
El Representante VARGAS FERNANDEZ manifestó que no era firmante de la moción que ha provocado tan largo debate. Ha escuchado con suma atención las razones en pro y en contra de la tesis aprobada por la Cámara en la sesión anterior. La situación de ayer a hoy -dijo- ha cambiado mucho. Ya la Junta de Gobierno ha amenazado con abandonar el poder, si se mantiene el transitorio. Se han olvidado de que existe un compromiso de honor suscrito entre don José Figueres y don Otilio Ulate. En virtud de ese compromiso, la junta deberá entregar el poder al señor Ulate el próximo ocho de noviembre. Ese compromiso de honor no puede romperse sin llevar al país a la anarquía y a la desorganización. Agregó luego que quienes impugnan la tesis del transitorio no han logrado ponerse de acuerdo. El señor Facio defiende principalmente el asunto de las prestaciones legales. El señor Volio Sancho primeramente defendió lo que llamó la dignidad del empleado público. Pero a renglón seguido se olvidó de eso para decir que todo se arreglaría manteniendo la integridad de las instituciones autónomas, aún cuando no se reconocieran las prestaciones legales de los servidores que devengaran sueldos mayores de seiscientos colones. Todos, sin embargo, han reconocido la necesidad del próximo gobierno de proceder a una reorganización administrativa. La mayoría de las personas que integran la administración pública no tiene la experiencia y conocimientos necesarios. De ahí que no pueda creerse que son personas insustituibles. En la escogencia del personal prevaleció el criterio del ex-combatiente, que no ha dado los resultados debidos desde el punto de vista de la buena organización de la administración pública. Si la preocupación fundamental del señor Monge Álvarez -añadió luego- es la defensa de la clase trabajadora, no se acierta a comprender por qué no levantó su voz de protesta cuando el actual gobierno de facto destituyó a los funcionarios del régimen anterior, sin el pago de sus prestaciones legales. La clase trabajadora es una. Los actuales servidores son tan trabajadores como los del régimen anterior, Más aún: a muchos de esos servidores se les negó el pago de los últimos meses trabajados. Ahora se hace una discriminación entre los servidores que devengan sueldos mayores de seiscientos colones y los que no llegan a esa suma. La medida afecta tan sólo a los altos funcionarios como se ha demostrado. Los afectados pertenecen a una minoría. La clase trabajadora, en consecuencia, ha quedado a salvo. Dijo después que el presupuesto actual alcanza casi a los ciento cuarenta millones de colones. El país no puede soportar un presupuesto tan elevado, cuando las entradas apenas si alcanza a los ciento cinco millones. A la administración de Picado se la criticó duramente por cuanto había aumentado el presupuesto a la suma de ochenta y cuatro millones. Para que el señor Ulate pueda poner la casa en orden, forzosamente se verá obligado a recortar el presupuesto. Tendrá que suprimir una serie de instituciones y departamentos innecesarios. La medida es enérgica, pero no existe otra solución al grave problema que tiene planteado el país. Finalmente, manifestó que al afirmar el señor Monge Álvarez que Calderón Guardia había respetado la integridad de las instituciones autónomas, con cierto modo defendía al régimen anterior, y lanzaba un cargo vedado contra don Otilio Ulate, quien -está absolutamente seguro- será muy respetuoso con esas instituciones y con los otros empleados públicos.
El Representante ORTIZ expresó que votará la revisión en el entendido de que lo hace para eliminar del transitorio lo referente a las prestaciones. En todo lo demás está de acuerdo con el mismo. Añadió que en todas sus actuaciones en la Cámara no ha habido ninguna pasión política de por medio. Siempre ha procedido en política con la mayor ponderación. Votó las facultades legislativas de la Junta y luego la prórroga, por cuanto tenía confianza en el uso discrecional que haría la Junta. Ahora le pide a los señores integrantes de la Junta que den muestras de esa confianza, que la Asamblea le otorgó, para con el señor Ulate. El transitorio permite al próximo gobierno la nivelación del presupuesto. Le otorga al señor Ulate libertad para gobernar. Terminó diciendo que su posición obedece a su adhesión de siempre por los principios. No puede estar de acuerdo en que a un grupo de costarricenses se les prive de sus derechos que la misma Constitución garantiza, como son las prestaciones legales. En mi carácter de representante del pueblo pido a la Junta y a las directivas de los Bancos, que retiren sus renuncias, que a más de un desaire, no se justifican. Si tuvimos fe en ellos cuando el partido Unión Nacional les dio sus votos, ellos deben tenerlas en Ulate.
El Diputado LEIVA expresó que el transitorio era imprescindible. Votará la revisión en el entendido de que se entre luego a conocer la moción presentada por el señor Ruiz.
El Diputado ROJAS ESPINOZA razonó su voto afirmativo a la revisión en los términos siguientes: La Constitución Política, como superlegalidad del Estado, debe garantizar el orden, proteger la libertad y ser escudo invulnerable de la justicia. El transitorio aprobado -tal y como está- hiere ese sentimiento de justicia, porque establece una discriminación odiosa al negar a una zona determinada de servidores públicos las garantías y derechos sociales ya “constitucionalizados”. Es necesario recordar, dentro de la brevedad de estas razones, que “no porque la Nación entera pudiera oprimir a un solo individuo esa sería una opresión justa”. Y no porque la Asamblea Constituyente pueda -en sentido material que no ético- despojar a un grupo de ciudadanos de sus legítimos derechos ése sea también un despojo justo. En consecuencia habiendo sido suprimido el aparte final del mencionado artículo en la moción del señor Ruiz Solórzano, le daré mi voto afirmativamente.
Puesta a votación la moción de revisión planteada por los señores Facio y Volio Sancho, fue aprobada.
La Mesa sometió a discusión la moción del señor Ruiz Solórzano.
El Representante FACIO se expresó en términos que íntegros aparecen en el Acta publicada en “La Gaceta”; expresó las razones que lo llevan a no votar la moción anterior en los términos siguientes: Deseo inquirir de la Mesa si una vez votada la moción propuesta por el Diputado Ruiz, podríamos nosotros presentar otra para eliminar del transitorio lo relativo a Instituciones autónomas; porque de no ser así, nos encontraríamos quienes impugnamos ambos extremos del transitorio en una situación difícil de conciencia. Deseosos de apoyar la moción Ruiz en cuanto ella trata de eliminar lo relativo a prestaciones sociales; pero opuestos a ella en cuanto ella pretende dejar vivo lo relativo a instituciones autónomas. Si la mesa resuelve que no queda campo para nuestra moción posterior, anuncio que tendremos que votar negativamente la moción Ruiz, pero deseo que quede claro en las actas que el voto negativo no implicará desacuerdo con que se elimine lo relativo a prestaciones sociales- ¿cómo íbamos a estar en desacuerdo nosotros, que hemos planteado la revisión, y que estamos vivamente interesados en que desaparezca esa norma atentatoria contra los derechos sociales del costarricense? -sino en desacuerdo con que se considere firme o vivo lo relativo a instituciones autónomas. Sobre éstas ya dije ayer que el transitorio es igualmente innecesario; la Asamblea legislativa tendrá en sus manos el derogar o reformar las leyes de creación de instituciones autónomas que no sean las bancarias, ya que, nacidas todas ellas de simples leyes, con una nueva ley ordinaria podrá reorganizárselas libremente por el próximo régimen; pero la Asamblea Legislativa también tendrá en sus manos promover la nueva y esperada organización bancaria, y al hacerlo tendrá libertad para modificar las bases y organización de esas instituciones y, por tanto, si es esa la intención, para abrir el campo para ir a una nueva composición de las Juntas Directivas de los Bancos. Así, pues, el transitorio sobra, es innecesario; en tanto que dejarlo vivo es, por sí solo, una violación, un desconocimiento del régimen de las autonomías, al facultar la libre remoción y sustitución de los directores de las instituciones autónomas. Ruego a los señores diputados meditar en lo que digo y no dar el paso de establecer un transitorio odioso, innecesario, y directamente opuesto a lo acordado ya por esta Asamblea al consagrar en la Constitución el régimen de las autonomías.
El Licenciado VOLIO SANCHO declaró que su modo de pensar coincide en un todo con el expuesto por el señor Facio acerca del punto concreto en debate. Si bien ha luchado por que se elimine del transitorio la parte que propone el Diputado señor Ruiz, la moción no satisface la demanda sustancial o sea la referente a la necesidad de preservar la independencia de las instituciones autónomas. Por esas razones, caso de no variarse la moción del señor Ruiz, no la votará.
Los Representantes ESQUIVEL y CHACON JINESTA expresaron que votarían favorablemente la moción del señor Ruiz. El primero dijo que al votarla estaría ratificando en una forma expresa el resto del transitorio que considera necesario para que el señor Ulate pueda llevar a cabo la reorganización proyectada en la administración pública. El segundo, por cuanto así desaparece una injusticia de la Constitución.
Sometida a votación la moción del señor Ruiz, fue aprobada. En consecuencia el párrafo segundo del transitorio se mantiene en los términos siguientes:
“Mientras no entre en vigencia la ley de servicio civil, el Presidente de la República y el respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los directores y gerentes de las instituciones autónomas y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieren sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales designaciones lo fueren por período fijo”.
El transitorio completo del inciso segundo, artículo ciento cuarenta y uno, se leerá del modo siguiente:
La ley de servicio civil no entrará en vigencia antes del ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta, ni después del primero de junio de mil novecientos cincuenta y tres, según lo acuerde la Asamblea Legislativa.
Esa ley podrá, además, disponer que sus normas se apliquen gradualmente a los diversos departamentos de la Administración Pública; en todo caso, dicha ley deberá proteger a la totalidad de los servidores públicos incluidos en el inciso segundo de este artículo, a más tardar el ocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve. Mientras no entre en vigencia la ley de servicio civil, el Presidente de la República y el respectivo Ministro de Gobierno podrán nombrar y remover libremente a todos los funcionarios de su dependencia, incluso a los directores y gerentes de las instituciones autónomas y a los integrantes de las Juntas u organismos oficiales, cuyos nombramientos hubieren sido hechos con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Constitución, aun cuando tales designaciones lo fueren por período fijo”.
Por lo avanzado de la hora el señor Presidente suspendió la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.