ACTA No. 2

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Actas Asamblea Nacional Constituyente
ACTA No. 2

Nº 2.- Acta de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada a las 14 horas del día 16 de enero de 1949. Concurrieron los representantes, Dr. Marcial Rodríguez Conejo, Vicepresidente en las funciones de Presidente; Fernando Vargas, primer Secretario; Licenciado Gonzalo Ortiz, segundo Secretario; Dr. José Joaquín Jiménez Núñez, Licenciado Fernando Volio Sancho, Edmundo Montealegre Echeverría, Licenciado Fernando Baudrit Solera, Aquiles Bonilla Gutiérrez, Dr. Alberto Oreamuno Flores, Hernán Vargas Castro, Dr. Fernando Pinto Echeverría, Juan Trejos Quirós, Licenciado Otón Acosta Jiménez, José María Zeledón Brenes, Dr. Andrés Vesalio Guzmán, Licenciado Everardo Gómez Rojas, Licenciado Ramón Arroyo Blanco, Profesor Luis Dobles Segreda, Alejandro González Luján, Juan José Herrero Herrero, Luis Felipe González Flores, Manuel Antonio González Herrán, Juan Guido Matamoros, Andrés Brenes Mata, Licenciado Enrique Montiel Gutiérrez, Rafael Sotela Bonilla, Nautilio Acosta Piepper, Licenciado Mario Leiva Quirós, Licenciado Joaquín Monge Ramírez, Licenciado Gonzalo Solórzano González, Enrique Madrigal Jochs, Licenciado Vicente Desanti León, Numa Ruiz Solórzano, Licenciado Miguel Brenes Gutiérrez, Licenciado Arturo Volio Jiménez, Licenciado Celso Gamboa Rodríguez, Licenciado Rodrigo Facio Brenes, Licenciado Fernando Fournier Acuña, Luis Alberto Monge Álvarez, Rogelio Valverde Vega, Dr. Francisco Vargas Vargas, todos Diputados propietarios y los Diputados suplentes, Licenciado Ricardo Esquivel Fernández, Licenciado Mario Alberto Jiménez Quesada, y Licenciado Manuel Antonio Lobo García.

Artículo 1º.- El señor Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la declara solemnemente instalada y abiertas sus sesiones. (1)

(1) Ver en Alcance a “La Gaceta” Nº 13, de 18 de enero de 1949 el respectivo decreto, visible también en el Apéndice.

Artículo 2º.- El señor Presidente procedió al nombramiento de tres comisiones de Diputados para acompañar al recinto a los señores Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el gobierno de la República; a los señores Miembros del Alto Clero Nacional; y a los señores Miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. Las Comisiones quedaron integradas así: Cuerpo Diplomático: Licenciado Miguel Brenes Gutiérrez y don Edmundo Montealegre; Alto Clero, Dr. Fernando Pinto Echeverría y Profesor Luis Felipe González Flores; Tribunal Supremo de Elecciones: Licenciado Arturo Volio y Licenciado Otón Acosta Jiménez.

Artículo 3º.- Se introdujo al recinto de sesiones el Pabellón Nacional, con las solemnidades de rigor.

Artículo 4º.- A continuación, el señor Presidente de la Asamblea, procedió al nombramiento de las siguientes Comisiones: Licenciado Fernando Baudrit y Profesor Luis Dobles Segreda, para acompañar su ingreso al recinto parlamentario al señor Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, don José Figueres Ferrer; don Rafael Sotela y Licenciado don Fernando Fournier, para acompañar a los señores Miembros de la Junta de Gobierno; Licenciado don Fernando Volio y Licenciado don Everardo Gómez, para acompañar a los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 5º.- El Secretario procedió a dar lectura a la siguiente exposición de la Junta Fundadora de la Segunda República:

Asamblea Nacional Constituyente:

La Junta Fundadora de la Segunda República cumple con el grato deber de presentar respetuoso saludo a esta ilustre Asamblea, llamada a realizar la trascendental misión de dictar la nueva Constitución Política que ha de orientar, por causes de libertad y de derecho, la vida institucional de Costa Rica.

Además de tarea tan importante, corresponde a ese Alto Cuerpo, como lo expresa el decreto de convocatoria a elecciones para Diputados Constituyentes, conocer exclusivamente de la solicitud que presentará la Junta para que se ratifique la elección del 8 de febrero de 1948, según la cual resultó electo don Otilio Ulate, Presidente de la República, por un período de cuatro años, así como de la ampliación del período de Gobierno de esta Junta por seis meses a partir del día 8 de noviembre próximo; de la solicitud que asimismo le presentará la Junta para que se ratifique la elección verificada por ella de los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, y de los demás asuntos que la Junta someta a su consideración.

Derrocado el régimen bastardo que por el fraude y la violencia se había adueñado de los Poderes Políticos, y desaparecida, por la fuerza misma de los hechos, la estructura constitucional en que se había acuartelado la coalición Picado-Calderón-Mora, era preciso afrontar la indeclinable necesidad de reorganizar la República sobre bases de mayor amplitud y consistencia. Producto de ese requerimiento impostergable fue el pacto celebrado por los dos ciudadanos que, en aquellos momentos, eran los más calificados personeros de la soberanía popular don Otilio Ulate Blanco, electo Presidente de la República en los comicios de febrero último, pese a las artimañas del oficialismo, y don José Figueres Ferrer, quien con el ardoroso concurso de nuestro pueblo en su máxima pluralidad, había derrocado por medio de las armas a los detentadores del Poder.

El pacto Ulate-Figueres reviste así una autoridad ética y jurídica enorme, que lo constituye en piedra angular de la reconstrucción de nuestra Democracia, de ahí la virtualidad irrefragable de las normas que ese documento consigna, como un todo indivisible que compromete la voluntad y el honor de cuantos pertenecemos a la comunidad costarricense.

No creemos que levante objeción alguna nuestra solicitud para que se ratifique la elección de don Otilio Ulate como Presidente Constitucional de la República durante un período de cuatro años, que comenzará al expirar los poderes de la Junta. Los comicios efectuados el 8 de febrero de 1948 arrojaron una mayoría indiscutible en su favor, como a su tiempo lo declaró el Supremo Tribunal de Elecciones, no obstante los desafueros de todo género que para favorecer la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia fueron cometidos por el elemento oficial y su aliado el comunismo. El pronunciamiento de nulidad hecho por un Congreso espurio, carece de todo valor ante la determinación de un pueblo expresada en las urnas del sufragio. Por otra parte, las libérrimas elecciones verificadas el 8 de diciembre último, han venido a ser una confirmación categórica del mandato que nuestra ciudadanía le confirió en febrero al señor Ulate. No de otra manera puede interpretarse la abrumadora mayoría de votos obtenida por los Partidos que antes habían compuesto la coalición oposicionista, y que, durante la última campaña electoral, sostuvieron su inquebrantable decisión de ratificar el resultado de las elecciones presidenciales verificadas el 8 de febrero de 1948. Al pedir, pues, que la Asamblea así lo proclame, no sólo cumple la Junta con una cláusula del Pacto, sino que rinde acatamiento a una decisión popular indeclinable.

Al rodar por tierra el régimen corrupto que había pisoteado todos los atributos de la soberanía nacional, se produjo una situación de hecho, caracterizada por el derrumbamiento de la configuración jurídica que mantenía una apariencia de legalidad en la República.

La propia Constitución Política, que en teoría consagraba los derechos y prerrogativas del pueblo, había dejado de existir desde mucho antes, y los principales usurpadores de la autoridad buscaron precipitado refugio en el extranjero. Los directores del movimiento de Liberación Nacional nos vimos obligados a encarar una situación de vacío institucional que requería la inmediata erección de un nuevo orden jurídico destinado a llenar los fines de utilidad social que condicionan la existencia del Estado. El acuerdo de los dos ciudadanos que encarnaban el espíritu de la Nueva República, condensado en el Pacto Ulate-Figueres de 1º de mayo de 1948, hizo posible la formación de un Gobierno que, representando la voluntad de la mayoría de los costarricenses, limpiara el país de todas las prácticas corrompidas instauradas por el régimen derrocado, sancionara a los responsables, y preparara el advenimiento de un nuevo orden constitucional.

Las ruinas de orden moral y material que el gobierno caído dejara a su funesto paso, requerían poderes extraordinarios ejercidos durante un período que en el Pacto se fijó prudencialmente hasta en dos años. De ahí que se reconociera la necesidad de que la Junta de Gobierno dirigiera el país sin Congreso por todo el término de duración de su mandato, quedando así investida de las facultades discrecionales sin cuya vigorosa aplicación no sería dable realizar sus propósitos.

No podíamos asumir la grave responsabilidad histórica que supone la restauración de las bases jurídicas y morales y materiales de un Gobierno, después del largo período de desenfreno administrativo y de la convulsión revolucionaria, sin estar seguros de que para tarea de tal monto nos fuera dado un lapso suficiente que nos permitiera cumplirla eficazmente. Creímos, al asumir el poder que ese lapso no podría ser menos de dos años y que las mismas razones que justificaban nuestro Gobierno de facto exigían un período semejante. La ardua experiencia administrativa de estos meses y el contacto con la tarea revolucionaria en toda su verdadera magnitud, han venido a confirmar nuestra convicción original, que es hoy tan profunda que juzgamos esencialmente inherente a la misión histórica a nosotros confiada, el lapso indicado para su cumplimiento.

Se han producido públicamente algunas opiniones divergentes acerca de la posible actitud de la Asamblea frente a las implicaciones del Pacto en referencia con este punto. Con clara visión de estadista, el señor Ulate ha resuelto el caso, asentando, con la lealtad que le caracteriza, las siguientes conclusiones:

“La Asamblea Constituyente que va a ser electa el 8 de diciembre, derivará los poderes de una convocatoria para elegirla que tuvo su origen en el pacto de que vengo hablando. (Pacto Ulate-Figueres). Sin ese Pacto, no habría existido la convocatoria ni iríamos a elegir constituyente el 8. La Junta le ha venido dando cumplimiento a su compromiso fijando la elección para el día preestablecido y dejando transcurrir la campaña en el ambiente de plena libertad electoral inherente al nuevo régimen político. Por mi parte me corresponde velar porque nuestro partido le dé estricto cumplimiento al compromiso que para él implica el pacto. Si acepté con mi firma que la Junta gobernara sin Congreso por un período de dieciocho meses prorrogable a dos años, no puedo propiciar, ni autorizar, ningún movimiento que, partiendo de nuestro lado, se dirija a imponerle a la Junta un Congreso o a que se transforme en Congreso la propia Asamblea Constituyente. Las bases en que se formuló la convocatoria a elecciones, no fueron objetadas por mí; y como el que calla otorga, acepté tácitamente que, una vez cumplida la misión específica que le está determinada, la Constituyente tiene que disolverse…” (Tomado de un discurso reproducido en “Diario de Costa Rica” el 1º de diciembre de 1948). La tesis del señor Presidente Electo, de tan altos quilates éticos, se ajusta, además, a la doctrina de aceptación universal en los países de organización democrática, de que los funcionarios públicos no tienen otras atribuciones que aquéllas que la ley creadora de su función les ha señalado.

No ha dudado un solo momento la Junta de la legitimidad de los poderes que por la fuerza incontrastable de los acontecimientos se encuentra investida, y de la consiguiente validez de sus actos legislativos y administrativos. Aparte de que, según lo expusimos antes, el Pacto Ulate-Figueres refleja plenamente el sentir de la gran mayoría de nuestro pueblo, y que éste ha confirmado en diversas formas tales poderes, la existencia de los gobiernos de facto, y la validez de sus actos, se justifica por imperativo de orden práctico que se relacionan con la vida misma del Estado, él que no puede prescindir de autoridades que, en el momento en que por cualquier motivo falten los funcionarios electos o nombrados por métodos legales preestablecidos, sustenten y garanticen la suma de derechos y libertades que son patrimonio indispensable de los hombres civilizados.

En el Derecho Público, tanto Internacional como Constitucional, no se discute hoy día la validez jurídica de los actos legislativos y administrativos emanados de un gobierno de facto. Simplemente se fijan las condiciones para que pueda considerarse establecido un gobierno de facto, atribuyéndole a los actos del que reúna tales condiciones la misma fuerza legal que se atribuye a los que realicen los gobiernos de jure.

Los tratadistas de Derecho Internacional está acordes en que, para que pueda considerarse que existe un Gobierno de Facto, es necesario: a) Que el Gobierno insurreccional se haya sustituido totalmente al Gobierno Legítimo; b) Que haya asentimiento o pasividad general en el pueblo; c) Que el Gobierno insurreccional ejerza sus funciones pública y pacíficamente por un período sustancial de tiempo.

En ese mismo sentido se han pronunciado numerosos fallos llamados a dirimir contiendas entre Estados originadas por la discrepancia de criterios en cuanto a gobiernos de facto. Entre ellos cabe citar el famoso laudo arbitral dictado por el Chief Justice de los Estados Unidos, Mr. William H. Taft, en el conflicto surgido entre Gran Bretaña y Costa Rica, a raíz de la nulidad de actos realizados por el Gobierno de los Tinoco. Dice así el Juez Taft, en el párrafo conducente:

“Costa Rica alega insistentemente que el gobierno de los Tinoco no puede ser considerado un gobierno “de facto”, porque no fue establecido y mantenido de acuerdo con la constitución del año 1871. Sostener que un gobierno que se establece y mantiene una administración pacífica durante un período sustancial no se convierte en gobierno de facto si no obra conforme a una Constitución anterior, sería sostener que, según las reglas del Derecho Internacional, una revolución contraria a la ley fundamental del gobierno existente no puede establecer un nuevo gobierno. Esto no debe ser admitido como cierto. Hablar de una revolución creadora de un gobierno de facto, que se conforma con las limitaciones de la vieja constitución, es incurrir en una lamentable contradicción en los términos… El problema no es el de determinar si el nuevo gobierno asume el poder o conduce la administración bajo las limitaciones establecidas por el pueblo durante la época en que fue incubado el gobierno que aquél ha derrocado. El problema consiste en saber si este gobierno está realmente establecido en tal forma que todos los que están bajo su influencia han reconocido su control y que no hay ninguna fuerza opuesta que pretenda ser el verdadero gobierno”.

Los autores de Derecho Constitucional insisten fundamentalmente en los requisitos de sustitución total del gobierno insurreccional al gobierno legítimo (o aparentemente legítimo), y de asentamiento, o por lo menos pasividad general del pueblo. (Westel W. Willoughby, The fundamental concepts of public law. 1931, pag. 377; Róger Bonnard. Précis de Droit Administratif. Paris 1935, pg. 219; Gaston Jéze, Rev. de Droit Public et de Science politique, 1930, pgs. 90, 142, 248; Léon Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, Paris, 1925, Gabino Fraga, Derecho Administrativo, México 3ra. Ed. 1944 pág. 405).

En cuanto a la práctica, existen numerosos fallos de nuestros Tribunales que confirman ese criterio, comenzando por el luminoso fallo dictado el 23 de agosto de 1890 por la Corte de Casación, integrada en aquél entonces por don Ramón Carranza, don Vicente Sáenz, don Alejandro Alvarado, don Ascensión Esquivel y don Cleto González Víquez que en sus primeros considerandos dijo:

“1º.- Que al declarar que los acuerdos gubernativos de catorce de junio y diecisiete de julio de mil ochocientos sesenta y ocho, por las circunstancias anormales en que fueron emitidos, son verdaderas leyes obligatorias no obstante su forma, la sala sentenciadora se ha conformado a un principio de nuestro derecho público, que quiere que las leyes o acuerdos dictados por el Ejecutivo, cuando por voluntad o consentimiento del pueblo revestía el carácter de legislador, sean respetadas como leyes legítimamente emitidas. 2º.- Que sentar el principio contrario sería echar por tierra la primera de nuestras leyes, la Constitución de la República, que nacida de igual manera adolecería del mismo vicio de ilegitimidad; lo cual sería absurdo desde luego que sobre ella descansa hoy todo el edificio gubernativo del Estado. Ramón Carranza, Vicente Sáenz, A. Alvarado, Ascensión Esquivel, Cleto González Víquez, Cipriano Soto, Secretario”.

Luis Recaséns Siches, uno de los más brillantes filósofos del Derecho contemporáneos, en su obra fundamental ‘Vida Humana, Sociedad y Derecho’, al estudiar el problema de la producción originaria del Derecho analiza el problema de la validez jurídica de los actos emanados de gobierno de facto en una forma magistral, que deseamos resumir en esta exposición:

“Cuando la producción originaria del derecho dimana de la ruptura violenta del orden jurídico anterior, ya sea por revolución, por golpe de estado o por conquista, cuál es su fundamento?”

“Surge la interrogación de por qué ha de admitirse que una ruptura violenta del orden jurídico pueda ser fuente de un nuevo derecho, cuando el principio de legalidad exige que el derecho sólo pueda reelaborarse y reformarse mediante los procedimientos conocidos en el orden jurídico vigente”.

“Si examinados los hechos históricos, nos encontramos con que, de prevalecer estrictamente ese criterio de legalidad, no existiría en el mundo entero un solo orden jurídico, ya que en la vida de ninguna nación faltan las revoluciones y golpes de estado que hayan roto la continuidad jurídica”.

“Aún admitiendo hipotéticamente dicho criterio de legalidad, el problema planteado por la aparición originaria del derecho quedaría insoluble, pues la cadena que une las sucesivas fases del desarrollo legítimo del derecho, ha de tener un principio, y este principio tendrá un primer eslabón o peldaño que no se apoyará en otros anteriores”.

“En el fondo de la explicación y justificación de que tales hechos (de solución de continuidad en la historia jurídica) puedan crear con arreglo a determinadas condiciones nuevo derecho, late el sentido de certeza y seguridad, que es raíz vital del derecho”.

“En efecto, una vez que se ha derrocado el ordenamiento jurídico anterior, queda la sociedad sin derecho, y entonces, la necesidad que crea este vacío es llenada por el nuevo orden jurídico que funda la revolución, el golpe de estado o la conquista. Y, desde un punto de vista estimativo, puede resultar preferible el nuevo orden jurídico surgido de ese acontecimiento violento, aunque no se le considere bueno, que la ausencia de todo orden jurídico, que implica la anarquía y la arbitrariedad”.

“Claro que para que pueda registrarse una producción originaria de derecho son precisos esencialmente dos requisitos: 1º.- Que el nuevo producto posea los caracteres esenciales del concepto formal de la juridicidad, es decir que se trate de mandatos con forma jurídica y no de mandatos arbitrarios; y 2º.- Que la voluntad social predominante esté de acuerdo con el nuevo régimen, en virtud de una adhesión a él y no por el mero influjo aplastante de la fuerza bruta”.

“La raíz de la vigencia de un sistema jurídico ha de consistir en una resultante de las voluntades que forman la textura social. El mando jurídico tiene a su disposición la mayor concentración de poder que hay en la sociedad, a fin de hacer cumplir inexorablemente sus preceptos. Pero su instalación como mando jurídico no se funda en ese hecho de poseer la fuerza pública material, sino en el apoyo de la opinión de los mandados”.

“Esta adhesión de la opinión pública puede darse en muy diversos grados. Pero un mínimum de adhesión que represente la tranquila y normal aceptación de la mayor parte de las gentes, es siempre indispensable para que pueda decirse que ha nacido un nuevo régimen jurídico, porque de lo contrario nos hallaríamos tan sólo ante un mero fenómeno de brutalidad”.

“El nuevo régimen puede surgir apoyado desde el primer momento por la inmensa mayoría popular, o por una simple mayoría. Pero también puede suceder, y a menudo ocurre que el nuevo gobierno cuente tan solo con la conformidad pasiva de las gentes, sin ninguna devoción. Este sería el mínimum indispensable antes referido. La aceptación pasiva pero pacífica y normal -conformista- constituye un acatamiento sin identificación con lo que el nuevo régimen representa, inspirado en motivos distintos del entusiasmo, pensando, por ejemplo que sería peor vivir sin derecho”.

A la luz de la doctrina y jurisprudencia citadas, no cabe duda alguna de que el gobierno de la Junta, que contó desde un principio con el apoyo entusiasta de la mayoría ciudadana y que ha venido ejerciendo sus poderes con la aprobación expresa del Presidente Electo, constituye un gobierno de facto, cuyos actos legislativos, por reunir todas las condiciones de “mandatos de forma jurídica”, tienen plena validez legal. Sin embargo, al solicitar que se reconozca por esa Asamblea la legitimidad de los poderes legislativos de que está investida, quiere con ello rendir homenaje a la altísima categoría de la labor que a ese alto Cuerpo ha sido asignada, y que la Junta Fundadora de la Segunda República tiene plena seguridad de que será brillante y patrióticamente realizada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Al pedir también a la Asamblea la ratificación de la elección verificada por la Junta de los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, no lo hace porque dude de su facultad jurídica para llevar a cabo tal nombramiento, sino como especial manifestación de respeto para las personas de tan dignos jueces, así como de consideración a la trascendencia y beneficio de las funciones que ejercen.

Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos de vosotros que, previamente al conocimiento del proyecto de Constitución que en su oportunidad os someteremos, tengáis a bien dar aprobación a los siguientes proyectos de resolución:

I.- Ratificáse la elección de don Otilio Ulate Blanco, como Presidente Constitucional de la República, según los sufragios obtenidos en las elecciones celebradas el 8 de febrero de 1948. El señor Ulate ocupará el poder por un período de cuatro años que comenzará a contarse a partir de la fecha en que expire el período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República;

II.- Prorrógase, hasta las 12 horas del día 8 de mayo de 1950, el período durante el cual la Junta Fundadora de la Segunda República ejercerá los Poderes que asumió el día 8 de mayo de 1948;

III.- Ratifícase la elección verificada por la Junta Fundadora de la Segunda República de los Magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia.

VI.- Reconócese la plena validez jurídica de las facultades legislativas ejercidas por la Junta Fundadora de la Segunda República desde el 8 de mayo de 1948, hasta la fecha en que se instale el primer Poder Legislativo que se elija popularmente de conformidad con la Constitución que promulgue esta Asamblea. La Comisión que redactó el proyecto de Constitución, en uno de los artículos transitorios de ésta, dispone que la Junta ejercerá el Poder hasta el 8 de mayo de 1950. Creemos que de igual modo una vez que promulguéis la Constitución de la Segunda República, podrían ser agregadas a ésta, como artículos transitorios, las resoluciones que aquí os solicitamos.

San José, 15 de enero de 1949.- J. FIGUERES, Presidente.- F. Valverde, Ministro de Gobernación y Policía.- Benjamín Odio, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.- Gonzalo J. Facio, Ministro de Justicia y Gracia.- F. J. Orlich, Ministro de Obras Públicas.- U. Gámez Solano, Ministro de Educación Pública.- R. Blanco Cervantes, Ministro de Salubridad Pública.- Bruce Masís D., Ministro de Agricultura e Industrias.- E. Cardona Q., Ministro de Seguridad Pública.- Rev. Benjamín Núñez, Ministro de Trabajo y Previsión Social.- Daniel Oduber Q., Secretario General de la Junta.

Artículo 6º.- Se conoció de la ratificación de elección de don Otilio Ulate Blanco, como Presidente de la República. El señor representante Licenciado don Everardo Gómez Rojas, sometió a consideración de la Asamblea la siguiente moción:

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Considerando:

1º.- Que en las elecciones verificadas el día 8 de febrero de 1948 resultó electo Presidente Constitucional de la República don Otilio Ulate Blanco, según aparece del fallo pronunciado por el Tribunal Nacional Electoral a las 10 horas y 30 minutos del 28 de febrero de 1948.

2º.- Que aun cuando se pretendió anular dicha elección por una mayoría de veintisiete diputados que, olvidando el compromiso de honor que habían contraído, dictó el vergonzoso acuerdo de 1º de marzo de ese mismo año, es lo cierto que en la conciencia nacional se mantuvo incólume la convicción de que el resultado de la elección había favorecido al señor Ulate Blanco.

3º.- Que el resultado de las elecciones del 8 de diciembre último significa una ratificación plena al señor Ulate de la confianza y de la voluntad nacionales.

4º.- Que desaparecido el régimen nefasto que propició la burla del sufragio popular, es imperativo reconocer la absoluta legalidad de la elección del señor Ulate, y declarar la inexistencia e ineficacia del mencionado acuerdo de 1º de marzo de 1948.

5º.- Que el reconocimiento de la legalidad de esa elección, y la ratificación de la misma, es función que corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente, según el Decreto-Ley de convocatoria, número 151 de 3 de setiembre de 1948.

DECRETA:

Artículo 1º.- Se declara inexistente y, en consecuencia, sin ningún valor ni efecto, la nulidad de la elección presidencial del 8 de febrero de 1948, decretada por el Congreso Constitucional el 1º de marzo del propio año; y con vista del resultado de esa votación y acatando el fallo pronunciado por el Tribunal Nacional Electoral a las 10 horas y 30 minutos del 28 del mismo mes de febrero, declárase constitucionalmente electo a don Otilio Ulate Blanco para ejercer la Presidencia de la República por un período de cuatro años.

Artículo 2º.- Como el período presidencial del señor Ulate fue modificado, en cuanto a su fecha de iniciación, por el Pacto de Honor suscrito el 1º de mayo de 1948 entre don José Figueres y don Otilio Ulate, dicho período comenzará el día en que el señor Ulate tome posesión de su alto cargo.

El Representante, Doctor ALBERTO OREAMUNO, presentó la siguiente moción de orden: “Que la votación para la ratificación del Presidente Electo don Otilio Ulate sea nominal”, moción que fue aprobada por gran mayoría.

Fue sometida a votación la moción de don Everardo Gómez Rojas, con el siguiente resultado: dijeron Sí, los siguientes Diputados: Rodríguez Conejo, Vargas Fernández, Ortiz Martín, Jiménez Núñez, Volio Sancho, Montealegre Echeverría, Baudrit Solera, Bonilla Gutiérrez, Oreamuno Flores, Vargas Castro, Pinto Echeverría, Trejos Quirós, Acosta Jiménez, Zeledón Brenes, Guzmán Calleja, Gómez Rojas, Arroyo Blanco, Dobles Segreda, González Luján, Herrero Herrero, González Flores, González Herrán, Guido Matamoros, Brenes Mata, Montiel Gutiérrez, Sotela Bonilla, Acosta Piepper, Leiva Quirós, Monge Ramírez, Solórzano González, Madrigal Jochs, Desanti León, Ruiz Solórzano, Brenes Gutiérrez, Lobo García, Volio Jiménez, Gamboa Rodríguez, Facio Brenes, Fournier Acuña, Monge Álvarez, Valverde Vega, Esquivel Fernández.

El Representante JIMENEZ Quesada razonó su voto de la siguiente manera: “Voy a dar mi voto para que el señor don Otilio Ulate Blanco ocupe la Presidencia de la República, pero quiero razonar mi voto en el sentido de que no lo doy por la vía de la “ratificación de su elección”, según reza la orden del día.

Considero que usar así el término “ratificación “significa quedar situados en un campo vulnerable a diferentes dudas jurídicas, las cuales, tanto como su análisis pueda ser considerado una simple discusión bizantina frente a las fuerzas que consuman la elección del señor Ulate Blanco para Presidente, no por eso dejarán de constituir también precedentes, o al menos serias objeciones que significarían fuerte quebrado a mi pura fe republicana. Por eso doy mi voto en el sentido de elegir pura y simplemente al señor Ulate Blanco para que sea inmediatamente Presidente de los costarricenses.

Creo que éste habría sido el camino más conveniente que habría podido tomar la Asamblea. Es de la esencia medular de toda Asamblea Constituyente organizar la vida de un país, y por eso tiene amplísimas facultades para hacer una elección sin otra consideración legal, y solamente con el compromiso de acertar con una designación que interprete, hasta donde sea posible, la voluntad de la Nación.

Al razonar en esta forma, dentro de la brevedad que me impone la solemnidad de una sesión protocolaria como es ésta, lo hago situándome en la doctrina constitucional sostenida por algunos autores que saben distinguir entre la legalidad y la legitimidad de un Gobierno. La totalidad de la Asamblea parece preocuparse al usar el término “ratificación”, de la legalidad de esta situación. Como dije antes, exactamente este es, a mi juicio, el mejor camino para dejar en pie una serie de dudas también de índole legal, entre las cuales no es la menor, por ejemplo, esa de que en la exposición de hoy, se diga de la ratificación de la elección que del señor Ulate hizo el pueblo para que fuese Presidente por cuatro años. Eso de los cuatro años es verdad, pero ese período fue bien delimitado por la respectiva convocatoria de elecciones, que conformaba la voluntad popular para un mandato que debía vencer el año 1952. Repito pues, que la legalidad es una condición en los Gobiernos, de forma, y que al efectuarse una ratificación se deja en pie una serie de dudas, apenas bonificadas por ser una mayoría tan bien intencionada y honorable quien las allana. Por eso yo prefiero tomar la vía de la legitimidad, que es solamente una cualidad de fondo, o sea la conformidad del acto con la opinión pública. Por eso yo pongo mi mano sobre mi conciencia, y nada más que por lo que a mí mismo me consta, por lo que yo he palpado, y porque deseo de todo corazón paz para Costa Rica, sin distingos de banderías políticas o ideológicas, voto por el señor Ulate Blanco para Presidente inmediato de todos los costarricenses”.

Artículo 7º.- Inmediatamente después de ratificada la elección de don Otilio Ulate Blanco, el señor Presidente Electo entró al Salón de Sesiones de la Asamblea, acompañado de sus delegados personales, don Mariano Sáenz y Licenciado don Mario Echandi Jiménez (2), y de los Representantes, Licenciado don Rodrigo Facio y Doctor don Alberto Oreamuno Flores.

(2) Ver anexa a esta Acta, carta del Sr. Ulate de 13 de enero de 1949, dirigida al Presidente del Directorio Provisional, designando sus delegados a los debates de la Asamblea.

Artículo 8º.- El señor Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, don José Figueres Ferrer, procedió a dar lectura a su Mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente, que dice así:

Señores Constituyentes:

Hemos tenido que recorrer un largo camino para llegar hasta este recinto. Venimos a inclinarnos reverentes ante la augusta imagen de la Patria y a rendir nuestro respeto a los nobles Representantes del pueblo de Costa Rica que integran hoy la Asamblea Nacional Constituyente. Tras esa larga jornada de todo un pueblo, llegamos a este momento solemne con el espíritu purificado por los sufrimientos del pasado y con el corazón cargado de esperanza para lo porvenir.

Nos encontramos aquí reunidos con el objeto de definir nuestra situación política y de dar al país una nueva Constitución.

Los últimos ocho años constituyen un período anormal de nuestra historia Aunque los hechos ocurridos en dicho período son ampliamente conocidos de los costarricenses de hoy, debemos hacer una breve reseña de esos acontecimientos para legarla a la posteridad en este mensaje que ahora tenemos el honor de dirigiros.

Un régimen legalmente establecido en 1940 rompió la tradición gubernativa nacional, distinguiéndose desde el principio por su irrespeto a la Hacienda Pública, que fue convertida en negocio particular de las familias gobernantes. En 1942 el sentimiento público de desaprobación era tan fuerte, que el régimen se vio en la necesidad de entrar en alianza política con el Partido Comunista Internacional, entonces bien asentado en Costa Rica, para mantenerse en el Gobierno. Inmediatamente se hizo clara a los costarricenses la intención que tenía la nueva coalición de fuerzas políticas imperantes, de irrespetar también el derecho del sufragio popular y perpetuarse en el Poder. A ese efecto se trató de obtener de un Congreso disciplinado y sumiso, una reforma a nuestra Legislación Electoral que abriese los caminos del fraude. Esto trajo como resultado el primer gesto de protesta colectiva enérgica, señalándose así la primera de las fechas gloriosas de la presente Campaña de Liberación: el 15 de mayo de 1943. Tocaba a su fin el mandato legal de la administración y vino la campaña electoral llena de violencia y amargura. El ilustre ex-Presidente don León Cortés Castro fue candidato de la oposición, contando con las simpatías de todo un pueblo. Fue favorecido por una enorme mayoría de sufragantes en la trágica fecha del 13 de febrero de 1944. Sin embargo el régimen declaró electo a su propio candidato y lo instaló como Presidente marioneta para el cuatrenio 1944-1948. Hoy que el derecho electoral está restablecido en Costa Rica, y que por primera vez en muchos años se reúne en este recinto una Asamblea verdaderamente representativa, sería un hermoso desagravio póstumo al prócer desaparecido, y una justa satisfacción al sentimiento nacional, si este Cuerpo Constituyente se dignara declarar de modo oficial, durante el curso de sus deliberaciones, que el 13 de febrero de 1944 León Cortés Castro fue electo Presidente Constitucional de Costa Rica.

* * *

El segundo período de cuatro años del régimen ahora depuesto transcurrió en un ambiente de ilimitada agitación política y de constante protesta nacional. El 10 de febrero de 1946 se realizaron unas nuevas elecciones deshonestas, que permitieron al régimen seguir contando con un Congreso sumiso y servil. En señal de protesta los Diputados de la oposición se abstuvieron de asistir a las sesiones durante largo tiempo.

En 1947 vino la campaña electoral presidencial en la que fue jefe y candidato de la oposición don Otilio Ulate Blanco. El pueblo escéptico ya por las burlas anteriores concurrió, sin embargo, virilmente a esta lucha política, deseoso de agotar los recursos civiles para la restauración de sus libertades perdidas. Libróse la campaña en un clima de verdadera tormenta. Los hampones que el Gobierno llamaba autoridades, y las fuerzas de choque comunistas cometieron toda clase de atropellos imaginables, en un afán de amedrentar al pueblo e impedirle expresar su voluntad.

A raíz de uno de los tantos atentados, que se perpetraron contra la ciudadanía de Cartago, se produjo la Huelga Nacional de Brazos Caídos que paralizó al país durante las últimas semanas de julio de 1947. El 2 de agosto millares de damas costarricenses fueron ultrajadas frente a la Casa Presidencial, marcándose con esto otra de las fechas negras de nuestra historia. Terminó la Huelga con la celebración de un pacto en que el Poder Ejecutivo, el candidato oficial, los militares y los Diputados, se comprometieron a respetar el fallo que sobre el resultado de las elecciones próximas vertiera el Tribunal Nacional Electoral. La oposición aceptó esa promesa, que no era sino la de cumplir con el deber, en aras de la paz que se veía crecientemente amenazada por el desarrollo de los acontecimientos.

Celebráronse las elecciones y la fuerza numérica de la oposición se impuso a pesar de todos los fraudes y de todas las violencias. El señor Ulate obtuvo una mayoría de diez mil votos que era apenas una fracción de la que realmente existía a su favor en el electorado, pero que constituía un amplio margen de victoria, como fue oportunamente reconocido por la mayoría honorable del Tribunal Nacional Electoral.

Vino entonces otro gigantesco atropello al derecho del sufragio el 1º de marzo de 1948, cuando veintisiete Diputados indignos de su investidura, arrebataron al señor Ulate Blanco la legítima credencial que le había sido concedida en las elecciones del 8 de febrero. El mismo 1º de marzo fue ametrallada la residencia del Doctor Carlos Luis Valverde, insigne ciudadano que cayó bajo las balas de aquel régimen de satrapía, y se convirtió en el primer mártir de la Guerra de Liberación Nacional.

Estos acontecimientos fueron la chispa que encendió la guerra. Dos grandes verdades deben quedar claras ante la historia en relación con esta acción bélica. La primera es, que los costarricenses agotaron todos los medios pacíficos antes de recurrir a las armas en defensa de sus derechos. La segunda, menos conocida quizá es que la guerra tuvo una larga gestación, de casi seis años, durante la cual se prepararon simultáneamente los elementos bélicos y los planes constructivos que debían servir para edificar una nueva Costa Rica en caso de que llegara la hora de una hecatombe nacional. Desde el día que fue exilado del país el que hoy tiene el honor de hablaros, el 8 de julio de 1942, muchos ciudadanos comprendieron que la era de las libertades públicas había concluido en Costa Rica, y que probablemente no se conquistarían de nuevo sin recurrir a los más grandes sacrificios. Muy dura fue la transformación de gentes que siempre habían sido pacíficas, en guerreros potenciales.

Así fue como se registraron brotes revolucionarios, a veces prematuros, pero siempre valientes y patrióticos, tales como el golpe que un grupo de caballeros y jóvenes arrojados intentaron desde la estación radioemisora Alma Tica.

Mientras se desarrollaban las gloriosas campañas cívicas durante meses y años, un conjunto de hombres, a quienes ofrecían valioso aporte las decididas mujeres, creímos necesario ir preparando los medios para hacer efectiva, si las circunstancias lo demandaran, una promesa que se venía dando insistentemente a los costarricenses, de respaldar sus votos hasta con la acción armada. Esas circunstancias, se presentaron inevitablemente. Tuvimos que convocar al pueblo de Costa Rica a una dolorosa guerra civil, que hoy se llama con justicia la Guerra de Liberación Nacional.

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Con el triunfo del Ejército Libertador, que era el triunfo de todo un pueblo en lucha contra la tiranía, se acabó de romper por completo el orden constitucional que sólo en apariencia venía manteniendo el régimen derrocado. Se produjo entonces un vacío jurídico, ya que el ordenamiento fundamental, del cual dimana la fuerza de todas las instituciones legales, había perdido su vigencia normal. Quedaba el hecho escueto de la soberanía popular sin instituciones jurídico-positivas a través de las cuales se pudiera ejercer esa soberanía en forma de gobierno de la Nación.

Este fenómeno, por supuesto, no constituía una novedad en la historia política del mundo. En la vida de casi todas las naciones no han faltado golpes de estado o revoluciones que hayan roto la continuidad del orden constitucional y que hayan planteado ante los pueblos respectivos la necesidad de resolver, en forma inmediata, el problema de la ausencia de instituciones jurídicas para el ejercicio de la autoridad. En todas esas circunstancias la solución ha sido la misma: un grupo de hombres asume de hecho la representación popular, y con tal carácter establece un gobierno provisional.

No podíamos proceder en otra forma nosotros, los que habíamos asumido la grave responsabilidad de levantarnos en armas contra un orden de cosas inaceptable para el pueblo de Costa Rica, si queríamos llevar hasta sus últimas consecuencias la liquidación de un régimen corrompido en todas sus arterias, antes de que surgiera el nuevo orden jurídico e institucional que debería sucederlo.

Afortunadamente para la República, al triunfar la revolución había un ciudadano a quien la mayoría del pueblo había entregado un título indiscutible a asumir en su oportunidad la Primera Magistratura de la Nación. En don Otilio Ulate Blanco tenía el pueblo de Costa Rica su Presidente Electo. Gracias a esa condición, el señor Ulate Blanco podía ser considerado, a pesar de las extraordinarias circunstancias que mediaron entre su elección y el triunfo de la guerra civil, como el depositario de la voluntad popular. Creímos correcto contar con su aquiescencia para la solución que se debía dar a la situación nacional planteada. Esa aquiescencia nos fue otorgada con un alto espíritu patriótico, y con una profunda comprensión del momento histórico que vivía Costa Rica. Firmamos entonces el pacto Ulate-Figueres, que se ha venido cumpliendo fielmente, y que ha sido la guía de los sucesos políticos acaecidos desde entonces. Así fue como el 8 de mayo último un grupo de ciudadanos, que en una u otra forma habíamos estado en la lucha por la libertad de Costa Rica, nos constituimos en gobierno provisional, bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República. Fuimos honrados en aquel acto con la presencia de las Honorables Representaciones Diplomáticas acreditadas en nuestro país y recibimos la aprobación que en diversas formas nos manifestaba la ciudadanía.

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La Junta Fundadora de la Segunda República se encontró ante dos tareas esenciales a realizar: Primera, afianzar el triunfo militar, devolviendo la seguridad a todos los habitantes del país y haciendo sanción contra todos los delincuentes que bajo el régimen derrocado habían cometido cualquier clase de crimen. Segunda, preparar el advenimiento de un nuevo orden que garantizara la vida institucional y las libertades cívicas, y promoviera a la vez el bienestar del mayor número. Todos nuestros esfuerzos se han dirigido a la realización de esas tareas fundamentales.

Para el cumplimiento de la primera de estas faenas fue preciso proceder varias veces a detenciones de personas que por sus conocidos nexos con el régimen derrocado, siempre en actitud de contrarrevolución, podían ser un peligro para el afianzamiento de nuestro triunfo. Todavía en estas últimas semanas hemos tenido que venir de nuevo a la lucha armada. Unos cuantos dirigentes sin alma, del régimen derrocado, invadieron nuestro territorio por la frontera Norte, y tuvimos que aprestarnos a rechazarlos. Todo el país se puso en pie de guerra. Sufrimos diecisiete muertes muy valiosas, y sobre ese nuevo sacrificio quedó reafirmado el movimiento regenerador nacional. La sanción de los que se habían hecho en alguna forma culpables de atropello de los bienes del Estado o de la dignidad ciudadana nos exigió, como consecuencia necesaria de un período revolucionario, establecer tribunales especiales, integrados por hombres de absoluta probidad y sereno juicio, en cuyas manos puso la revolución esa parte de su programa tan importante como su aspecto militar. No llevar en ese plano la revolución, hubiera sido dejar incompleta la tarea que el pueblo y la historia nos habían encomendado.

Hondamente preocupados por el restablecimiento de la legalidad, creímos necesario mantener provisionalmente el régimen de garantías individuales, sociales y nacionales que otorgaba la Constitución antigua, así como la vigencia de casi la totalidad del orden jurídico hasta entonces en vigor. También procedimos a darle al país un Poder Judicial, absolutamente independiente, e integrado por Magistrados de intachable probidad.

Interpretando una aspiración jurídica y social costarricense, decidimos sustituir la Constitución que con muchas reformas nos venía rigiendo desde 1871 por una nueva, en la que se pudieran conjugar los principios esenciales de nuestra vida política con las modernas corrientes de pensamiento que han venido convirtiéndose en postulados fundamentales de las naciones. Dotar al país de una Carta Política que recogiera preocupaciones que se ha dado en llamar revolucionarias y que no son sino las propias del programa humano, llevadas a la organización social de los pueblos, tenía que ser la verdadera obra de fundar una Segunda República. Las aspiraciones comunes al pueblo de Costa Rica de libertad individual, de justicia social y bienestar económico para todos, tenían que cristalizarse en esa plataforma de la vida jurídica nacional.

A una comisión técnica integrada por hombres de reconocida moralidad y capacidad jurídica y social, confió la Junta de Gobierno la delicada tarea de preparar el proyecto de Constitución de la Segunda República. Tuvieron los integrantes de esa Comisión la preocupación de consultar cuanto organismo o persona juzgaron capacitados para emitir opinión en tan difícil materia.

Oportunamente procedimos a convocar al país a elecciones para la Asamblea Constituyente que hoy tenemos la satisfacción de inaugurar solemnemente. Si de alguna cosa podemos enorgullecernos por nuestra gestión administrativa, es por las recientes elecciones verificadas el 8 de diciembre, que en forma clara vinieron a decir al país que no se había derramado en vano la sangre por reconquistar el derecho electoral. Esta pronta inauguración de la Constituyente Nacional es testimonio de la sinceridad con que hemos querido devolver a Costa Rica su vida institucional, que había dejado el régimen anterior en total bancarrota. Las condiciones propicias en que se ha producido hoy la ratificación del mandato de don Otilio Ulate, son una nueva prueba de la buena fe con que pactaron, y de nuestro vehemente deseo de que vuelva el país a su republicanismo tradicional.

Muy afortunado fue que los hombres que durante varios años planeamos en secreto una posible acción bélica, pensáramos en todo momento en las graves responsabilidades con ella conexas. La guerra y la post-guerra eran inseparables en nuestras mentes. No se podía ensangrentar al país si no era para darle una vida nueva. Las victorias militares por sí solas valen poco. Lo que sobre ellas se construye es lo que importa. La Guerra de Liberación Nacional no fue más (en los planes de largos años primero, y después en las ejecuciones) que un medio desagradable y primitivo de abrir el camino hacia la fundación de la Segunda República. Insistimos en que ni una cosa ni la otra, ni la guerra ni la paz, fueron improvisadas. Afirmamos también que ninguna de las dos fue concebida como un medio de satisfacer ambiciones o ansias de Poder. Un genuino espíritu de sacrificio prevaleció durante todo el planeamiento, y es muy satisfactorio sentir aún ahora, en el Poder, que los hombres de la revolución no están disfrutando de ninguna prebenda, y que siguen siendo víctimas de un espíritu de servicio público y humano que los lleva al abandono de su bienestar personal, en aras del bien general. Dentro de ese espíritu, y a nuestro entender, en cumplimiento de una aspiración nacional, es que estamos empeñados en fundar la Segunda República. Y a esta Asamblea venimos a pedir que proceda a dar las bases supremas jurídicas de esa nueva concepción nacional.

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La Concepción de la Segunda República es una cosa sencilla, al alcance de todas las mentes de buena voluntad. Cuatro orientaciones principales la distinguen. Primera: restablecimiento de la moral. Segunda: introducción de la técnica en la administración, y eliminación de la politiquería. Tercera: progreso social sin comunismo. Cuarta: mayor conciencia de solidaridad con los otros pueblos del mundo, especialmente de América.

Describiremos por separado estas cuatro aspiraciones de la Segunda República, reconociendo claramente que algunas de ellas no son más que orientaciones, y una simple colocación de bases. Las realizaciones correspondientes necesitarán un largo período de trabajo de todo el país.

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La primera de estas orientaciones, el restablecimiento de la moral, es la única en que se puede ser radical. Demasiado tiempo han sufrido las democracias el irrespeto de los bienes del Estado por parte de los funcionarios públicos; el irrespeto al derecho electoral, cuyo ejercicio suele convertirse en una farsa; el irrespeto a la independencia judicial, que mina las bases mismas de la sociedad. No puede haber vida colectiva satisfactoria entre los hombres si los principios por que esa vida debe regirse son irrespetados precisamente por quienes llevan la misión de darles validez y fuerza. En esta materia se debe ser ilimitadamente estricto. Ni una sonrisa de condescendencia, ni un centavo mal habido, ni un voto burlado, ni la sombra de una insinuación a un juez.

En todos esos aspectos tenemos conciencia de que la Junta Fundadora de la Segunda República se está conduciendo a la altura de las expectaciones nacionales, y de su enorme responsabilidad histórica. En cambio, tenemos el dolor de admitir que las circunstancias turbulentas en que gobernamos no han permitido mostrar siempre aquel alto grado deseable de respeto a la libertad individual, a la inviolabilidad de los hogares, al derecho de asociación de los ciudadanos, y a algunos otros derechos. Desgraciadamente la opinión pública, herida por los atropellos de los últimos ocho años, ha estimulado las flaquezas de algunas autoridades llevándolas a cometer abusos que la Junta de Gobierno reprueba. No nos queda más remedio, como gobernantes, que asumir nuestra parte de responsabilidad por esos hechos. Pero consideramos justo que esa responsabilidad sea compartida por esa opinión pública, que es quien verdaderamente manda en Costa Rica. Estamos haciendo lo posible porque esta época de anormalidad termine. Consideramos como una de las más pesadas cargas que la Patria nos ha impuesto, la de gobernar en este ambiente de pasiones encendidas. Esperamos que renazcan pronto la paz completa y la cordura, y que el Poder Público de Costa Rica vuelva a ser uno de los más respetuosos y respetados de la tierra.

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Es la segunda aspiración de nuestro programa la introducción de un criterio técnico en la administración pública, contrapuesto a las normas puramente políticas que a menudo nos han regido. Semejante transformación es lenta y difícil. Nosotros estamos haciendo lo posible por dejarla principiada. Hemos tenido la suerte de encontrar una generación joven, amante del estudio y dispuesta a asumir responsabilidades. Ingenieros, economistas, médicos, abogados, especialistas de muy diversas ramas de la técnica, han llenado gran número de puestos de la administración pública y los están desempeñando con un criterio nuevo. Cualesquiera que sean sus limitaciones, nadie puede negar su sinceridad y su entusiasmo. Se está preparando así en el terreno mismo de la experiencia vivida, una generación idónea para el Gobierno del país, que será de valor inestimable para las administraciones venideras. Ojalá que ellos a su vez preparen a sus sucesores cuando llegue el momento, para que el país no tenga en el futuro que hacer improvisaciones en su vasto tren de funcionarios. No menospreciamos por otra parte, el aporte de madurez que puedan darnos en esta hora los hombres que han llevado a cabo otras luchas anteriores a las nuestras, demostrando la amplitud de sus capacidades y la solidez de sus principios.

Obedece siempre nuestra actitud a un planeamiento general, modificado según las circunstancias. Dentro de ese planeamiento, creemos que es de la mayor importancia en nuestro tiempo el enriquecimiento del país, tanto para proporcionar mayor bienestar a sus moradores, como para sufragar el costo de una cultura colectiva superior. El país no puede enriquecerse de la noche a la mañana, ni solucionar rápidamente los problemas de un gran número de sus habitantes que viven en la estrechez, sólo la producción trae la abundancia. Sólo el ahorro nacional acumula la riqueza. Un análisis de nuestra economía nos ha revelado que hay unas cuantas fuerzas principales que deben encauzarse con miras de bienestar común, para que venga en el futuro un verdadero aumento de producción y de riqueza. Así es necesario un sistema bancario nacional que lleve a todos los rincones del país su espíritu de servicio público, no solamente facilitando créditos reproductivos, sino también captando los depósitos y estimulando los ahorros. Es necesario un sistema eléctrico nacional que lleve también a todas partes el bienestar que pueden proporcionar nuestras corrientes hidráulicas, y que impulse con espíritu social la grande y la pequeña industrias nacionales. Es necesario disminuir la cantidad de artículos elaborados en el exterior que consumimos, sin producir aquí lo equivalente en mercancías exportables para pagarlos. Es necesaria una organización nueva de nuestra agricultura, que rara vez ha alcanzado en el pasado a llenar las necesidades nacionales. Es necesario mejorar para nosotros las condiciones económicas en que opera aquí la Compañía Bananera de Costa Rica, que constituye un importante renglón en nuestra economía. Es necesaria la exploración petrolera, rápida y concienzuda, del territorio nacional.

Esas son algunas de las principales preocupaciones de nuestro planeamiento para la producción de riqueza. Ese es uno de los aspectos de lo que nosotros llamamos la orientación técnica de la administración.

Procúrase también dentro de esa orientación técnica, que las obras, las instituciones, y todos los esfuerzos gubernativos, se encaminen a satisfacer necesidades de carácter general y no particular, sin miras políticas superficiales. La técnica es nuestra aspiración, y esperamos que sea la guía de las administraciones futuras.

La tercera orientación general de la Segunda República en el orden en que hoy las estamos exponiendo, es la que busca un progreso social que sea el fruto de las filosofías cristiana y democrática, y no de las tendencias ideológicas comunistas y dictatoriales que nosotros consideramos retrógradas. En eso tal vez nos separamos, por razón de la época en que vivimos, de los sentimientos conservadores y patriarcales que animaron a la primera República. La República de nuestros padres representada un adelanto sobre las estructuras más típicamente feudales de otros países. Su pensamiento económico, dentro de los resabios del pasado, podría decirse que era el liberalismo manchesteriano. Estímulo al instinto de lucro individual, que es el equivalente del instinto del individuo en la selva, y abandono de la economía a las fuerzas naturales, como se abandonan las corrientes de los ríos mientras no hay ingeniería, son las características del sistema liberal. Cuando intervienen en algo los sentimientos humanitarios, el sistema toma cierto aspecto patriarcal. En ese estado de cosas, el comunismo hace fácil presa de los menesterosos, de los descontentos, de los intelectuales, y constituye un excelente aliado para los políticos oportunistas. Eso pasó en Costa Rica. Contra esa alianza tuvimos que luchar. Para que no se repitan los efectos, debemos procurar que desaparezcan las causas, por larga y penosa que nos parezca la tarea transformadora.

La economía moderna considera que el trabajo de las naciones puede ya producir suficiente bienestar para todos sus habitantes, si la producción se planea con miras generales. Esa tendencia científica hacia la disminución de la miseria y hacia el aumento del bienestar de todos, coincide con el espíritu cristiano de amor al prójimo que la humanidad ha aceptado como la mejor norma de conducta moral, y coincide también con el espíritu democrático de estimular la dignidad, que se considera como la mejor norma de conducta cívica. Todos estos sentimientos son gratos al corazón de los costarricenses, y cuanto más los generalicemos y más los ahondemos, mejor estaremos conduciendo a nuestro pueblo hacia el género de vida que todos amamos.

El mal de la pobreza existe. Es imprescindible que le busquemos remedio. Pero en vez de un comunismo que encienda la lucha fratricida, queremos un espíritu social que nos una a todos en la lucha por la producción para todos. En vez de una mal entendida limosna patriarcal que humilla al pobre, queremos una actitud científica que tienda a enriquecerlo, y un concepto superior de justicia que lo dignifique.

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La cuarta de las aspiraciones nuestras que venimos enumerando, ha sido la de ensanchar los círculos de contacto de nuestro pequeño país con el resto de América y del mundo, y de disminuir el aislamiento en que hemos vivido en el pasado, cuando los medios de comunicación eran más imperfectos. Nuestra Guerra de Liberación Nacional despertó enorme interés en los países hermanos. Nuestro movimiento de transformación hacia ese tipo de administración que llama- mos la Segunda República está siendo observado en todas partes por hombres y mujeres que aspiran a una solución más o menos semejante de sus propios problemas, en esta época de conmoción social. Los malos hijos de la República que tanto daño nos hicieron desde adentro, están intentando ahora hacernos, todo el que pueden desde afuera, propalando embustes y desacreditando el país y a su Gobierno. Algunas gentes juzgan superficialmente nuestro movimiento como una lucha vulgar por el Poder, en donde un dirigente político trata simplemente de quitar a otro para subir él, y en donde el ejercicio de las elevadas magistraturas es una satisfacción de vanidades, en vez de ser el apostolado martiano que nosotros predicamos. El nombre de Costa Rica se menciona casi a diario en todos los periódicos del Continente. Hemos dejado de ser el rincón desconocido de la América Central que éramos hasta hace poco en los países grandes. En todas partes hay conciencia de que aquí se está llevando a cabo un movimiento importante, aunque ese movimiento se juzgue en las más diversas maneras, según las informaciones de que se disponga o la propaganda a que se esté sujeto.

Se está creando la conciencia, en el interior y en el extranjero, de que un país pequeño puede contribuir eficazmente con ejemplos morales a la causa del mejoramiento estructural de las sociedades humanas. Nuestro gobierno se da cuenta del papel que la Providencia ha querido que desempeñemos en América, y procura en todas sus relaciones con otros países, y con los grandes organismos internacionales, comportarse a la altura de lo que de nosotros se espera.

Nos complace anunciar este propósito nuestro en presencia de los Honorables representantes Diplomáticos acreditados en el país, que hoy honran esta Asamblea con su presencia. Creemos cumplir con un deber de justicia al expresar una vez más y en esta oportunidad solemne, la gratitud que el pueblo de Costa Rica guarda para el Honorable Cuerpo Diplomático en general, y para aquellos de sus Miembros muy ilustres que en medio de la azarosa lucha civil prestaron toda su asistencia a nuestra Patria, a fin de apresurar la hora de la paz basada en la justicia.

Señores Constituyentes:

Hemos narrado sucintamente la historia de los acontecimientos que condujeron a la fundación de la Segunda República. Hemos descrito las principales aspiraciones de esa nueva estructura nacional. Debemos ahora pediros que procedáis al desempeño de la sagrada misión que os ha sido encomendada con la altura que os caracteriza, y con vuestros corazones libres de las pequeñas pasiones políticas del momento.

Para el cumplimiento de esa tarea ponemos en vuestras manos un instrumento que ha costado mucho conquistar: la libertad. Esperamos que sabréis usarla.

En nombre de los mártires de toda la campaña os rogamos, nobles Padres de la Patria, que en todo momento tengáis presente solamente el interés general de ese pueblo que tanto espera de todos nosotros. Dios y la Patria os observan. Si en vuestros pechos quedare algún resabio de humana pequeñez, desechadlo al llegar a este recinto. Aquí sólo grandeza debe haber. La hora de inaugurar la Constituyente ha llegado. Los héroes caídos os dicen: “¡La puerta está abierta, pasad!”.

Artículo 9º.- El señor Presidente Electo, don Otilio Ulate Blanco, pronunció el siguiente discurso:

Señor Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, Señor Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Señor Presidente del Poder Judicial, Excmos. Señores Embajadores y Ministros Plenipotenciarios y Honorables Señores Encargados de Negocios, Excmo. Señor Arzobispo, Señores Ministros, Miembros de la Junta de Gobierno, Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Señores Miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, Señores Diputados Constituyentes:

He pedido al señor Presidente de la Asamblea que me permita dar rienda suelta a mi emoción y a mi agradecimiento, que estoy tratando de que no se arrimen al orgullo, porque no se me esconde, para mi enseñanza, que la hora del triunfo es también la del peligro para los hombres que no alcancen a hacer vencer la humildad sobre la soberbia, y que tengan como logro propio lo alcanzado, sin acordarse de que el mayor contingente a la obra común suele darlo generosamente la gran masa oscura y abnegada que se queda en el olvido, la indiferencia y la pobreza.

Mi agradecimiento por la declaración que aquí ha sido hecha, en acatamiento a la voluntad popular, lleva implícito el testimonio de mi respeto a la Asamblea y de personal consideración a cada uno de sus miembros.

El día es de júbilo y pasará a ser memorable. La instalación de esta Convención significa que el pueblo costarricense vuelve a encontrarse consigo mismo, en los caminos de la historia, después de ser sometido o pruebas que pusieron en evidencia su magnífica calidad humana y revelaron que no sólo no padecía de insuficiencia moral sino que, de generación en generación, ha ido acrecentando sus virtudes.

Los señores Diputados Constituyentes tienen sus poderes del más limpio origen, obtenidos en elecciones que han honrado por igual a los gobernantes y a los gobernados. Este origen y la calidad de ciudadanos ilustres de quienes tienen en sus manos la tarea que comienza, no permiten esperar que de este recinto, juntando estrechamente lo moral a lo jurídico, saldrá para todos los costarricenses una Carta, con sustancia de perennidad y que, habiendo contado con el concurso de la promisoria vanguardia ideológica y con el caudal de muchas e invaluables experiencias, por esa razón y por plasmada en el dolor, la meditación y la sabiduría, nos librarán del desamparo jurídico en que estuvimos por años angustiosos y, devolviéndonos la seguridad colectiva y la individual y la estabilidad política, contribuirá -amplío aquí un concepto ajeno-, a que cada uno sienta garantizada su libertad, garantizada su justicia y garantizado su pan.

La nuestra es una nación de trabajadores que durante varios años no han podido trabajar. La violencia los dejó sin paz y los apartó de su trabajo en tanto que dejaba desolados sus hogares. Volver al trabajo, bajo un régimen de libertad, con el espíritu tranquilo, es una aspiración y es una premiosa necesidad. Para lograrlo ha dado los primeros pasos la Honorable Junta de Gobierno, en la cual me complazco en reconocer un desvelado afán al servicio de la Patria y el propósito -que compartimos todos-, de que el país se sienta seguro de que no irá a la deriva por entre aguas tormentosas. El máximo exponente del presente régimen político a quien los combates lo elevaron a la Magistratura, dio pruebas de que hizo tales combates no por otro motivo que el que quería ser un ciudadano libre y que lo fuesen también sus compatriotas.

Volveremos a trabajar en paz y al amparo de la ley. Tenemos que apagar los odios y que encender las esperanzas. Estamos en el remate del proceso político más largo, más difícil y más laborioso de nuestra vida republicana. Los costarricenses tenemos larga y provechosa experiencia de la espera y lo que vamos ganando hasta ahora se completará con la consolidación definitiva de las instituciones. En Costa Rica se volverán a complacer sus hijos, nutridos con los jugos de sus suelos.

Me satisface decir este mensaje de fe ante las eminentes personalidades que con distintas y altísimas representaciones honran este acto. Reincorporándose nuestro país al concierto de los pueblos libres y a la unidad espiritual de América, a América y al mundo les ofrece el concurso de su retorno a la vida democrática. No podrá haber unidad espiritual del Continente si no prevalece la democracia. En la comunidad americana se proyectan necesariamente, para el bien o para el mal, para la democracia o para la dictadura, los movimientos que se operan en cada uno de los pueblos del Continente. Nuestro movimiento se lo entregamos a América como una colaboración y como una ofrenda, al mismo tiempo que expresamos nuestros votos por la paz y por el bienestar de todos los pueblos de la tierra, señaladamente aquéllos que nos honran en el trato internacional y que están aquí tan dignamente representados.

Permítaseme agregar un recuerdo a la memoria de todos los que han muerto al servicio de la República”.

Artículo 10.- Se despidió el Pabellón Nacional con el ceremonial acostumbrado.

Artículo 11.- El señor Vicepresidente comunica que a continuación se pasará a la Iglesia Metropolitana, donde se oficiará un Te-Deum, ofrecido por el señor Arzobispo, Monseñor Sanabria.

A las 17 horas se levantó la sesión.- Marcial Rodríguez C., Presidente. Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario. F. Vargas V.- Fernando Volio.- José J. Jiménez Núñez.- Hernán Vargas C. Ramón Arroyo B.- Nautilio Acosta.- Enrique Montiel G.- Luis Dobles S.- A. V. Guzmán.- Rodolfo Castaing.- A. González L.- Juan Trejos.- Fernando Pinto.- Juan José Herrero H.- Everardo Gómez.- M. Leiva Quirós.- Juan Guido M.- E. Madrigal.- Rafael Sotela.- Alberto Oreamuno.- Luis Felipe González. Andrés Brenes.- Otón Acosta.- Ricardo Esquivel.- Fernando Fournier. R. Facio.- Rogelio Valverde V.- Fernando Baudrit S.- M. A. González H. Arturo Volio.- Celso Gamboa.- José María Zeledón.- Miguel Brenes G.- C. Monge A.- A. Chacón Jinesta.- Arnulfo Lee C.- C. Elizondo C.- Vicente Desanti L..- E. Rojas V.- Jorge Rojas.- Luis Alberto Monge a.- Edmundo Montealegre. Mario Alberto Jiménez.- Rubén Venegas.- A. Morúa.- Gonzalo Solórzano. M. Ant. Lobo.

ANEXO (3)

(3) La correspondencia de la Constituyente pudo ser objeto de un apéndice especial, pero la Comisión ha creído mejor seleccionar las comunicaciones más indispensables y anexarlas a las respectivas actas.

San José, 13 de enero de 1949.

Señor
Lic. Don José María Vargas,
Presidente del Directorio Provisional de la Asamblea Nacional Constituyente,
Pte.

Muy respetado señor Presidente:

Conforme al decreto Nº 287 de la Junta Fundadora de la Segunda República, fechado el 7 de diciembre de 1948, estoy facultado para designar dos representantes que, con el carácter de delegados personales, asistan a los debates de la Asamblea Constituyente, pudiendo hacer uso de la palabra pero sin el derecho de voto.

Tengo el honor de poner en su conocimiento que he designado como delegados para el ejercicio de esas funciones a los señores Licenciados Mario Echandi Jiménez y Mariano Sáenz Soto.

Con sentimientos de mi más distinguida consideración, soy de Usted muy atento servidor y afectísimo amigo,

(f) Otilio Ulate