La corrupción fiscal y administrativa (Calderón-Picado)

Capítulo IV del libro “Guerra civil en Costa Rica, los sucesos político de 1948” de John Patrick Bell

Capítulo IV

LA CORRUPCIÓN FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La corrupción fiscal, y la mala administración de los fondos del Estado entre 1940 y 1948, eran asuntos de importancia suficiente como para contribuir a las condiciones que hicieron posible la revolución. No eran iguales en magnitud a otros asuntos de primera importancia, pero se sumaron de manera significativa a la difundida falta de confianza en el gobierno y en el Partido Republicano Nacional. Como asuntos políticos, tuvieron el efecto de contribuir a la declinación de la popularidad de Calderón Guardia.

Uno de los resultados más importantes del supuesto abuso del poder por parte de funcionarios del gobierno fue el alejamiento de éste de muchos jóvenes, que se sumaron a los grupos de oposición a fin de hacer oír su protesta, o, si ya eran militantes, activaban aún más su resistencia al gobierno. Probablemente había personas en las filas del Centro y de Acción Demócrata que simplemente buscaban atacar a Calde­rón Guardia y, sin importar las razones, hubieran encontrado algún punto sobre el cual poder enfocar su disensión. Siendo que el Centro y, en una menor medida, Acción Demócrata, compartían la preocupación de los calderonistas por la justicia social y la modernización, su manifiesta indignación por la corrupción fiscal bien pudo haber suministrado la única racionalización para no apoyar un programa al cual de otro modo se habrían adscrito con entusiasmo, en particular el Centro. La mayor parte de sus miembros, no obstante, aceptaba como hechos los abusos de que se acusaba al gobierno, y su alejamiento del mismo estaba motivado sinceramente.

Antes del cierre del primer año de la administración Calderón Guardia, sus rivales políticos comenzaron a acusarlo de prácticas de corrupción fiscal y de mala administración de las finanzas del gobierno. El propio Calderón Guardia admitió posteriormente que algunos miembros de su gobierno habían sido deshonestos (1). La malversación fue presentada como el equivalente fiscal del fraude electoral. Con éxito considerable, los enemigos del gobierno crearon la imagen de los caldero­nistas como egoístas depravados que perseguían los cargos públicos principalmente para enriquecerse a expensas del país.

La supuesta corrupción fiscal de su sucesor motivó en parte al ex-presidente Cortés a organizar al Partido Demócrata. Entre 1940 y 1942, los ataques comunistas contra la deshonestidad, la malversación y la mala administración, anteriormente dirigi­dos contra Cortés, fueron aplicados a Calderón Guardia.
Los más reveladores ejemplos de abusos fueron hallados en el Ministerio de Fomento y en el Ministerio de Obras Públicas durante el período comprendido entre 1940 y 1943. La práctica viciosa consistía principalmente en conceder contratos sin hacer licitaciones previas (2).

Si bien todos los elementos de la Oposición acusaban a los republicanos nacionales de abuso del poder de gobierno, eran los socialdemócratas quienes dirigían el ataque. Se horrorizaban ante la corrupción gubernamental. Su idealismo la categorizaba como un aspecto más del orden decadente, y como uno más de la multitud de pecados de que acusaban a la «oligarquía civil» (3). Estos jóvenes profesaban la creencia de que la «oligarquía civil.» ignoraba las necesidades del país. Creían que le faltaba rectitud y que abusaba del poder de gobierno para crear riqueza privada para sí misma: por ejemplo, sus miembros aceptaban sobornos. Intentaban perpe­tuar su poder a fin de enriquecerse, olvidándose del sufri­miento de los pobres y de la perversión de las sanas tradiciones nacionales. Para los socialdemócratas, no eran sólo los econó­mica mente poderosos y los políticos profesionales, es decir la «oligarquía civil», los que negaban las oportunidades econó­micas, sino el sistema que sustentaban. En vista de que la oligarquía controlaba el gobierno y la economía, su destro­namiento era una condición necesaria para que el país posibilitara una realización más plena de las aspiraciones económicas y de los talentos de sus ciudadanos.

La acusación de corrupción fiscal fue particularmente eficaz a causa del estado financiero del país entre 1940 y 1948. A fin de implementar su legislación social, el gobierno dio lugar a gastos públicos de gran magnitud y, al expandir sus funciones, pareció crear un gran número de puestos guber­namentales con los cuales podía beneficiar a sus allegados y a otras personas a su conveniencia. Las estrechas condiciones del tesoro público durante el período de la posguerra y la lenta aprobación de medidas tributarias adecuadas contribuyeron a dar la impresión de que el régimen incurría en obligaciones que excedían sus posibilidades económicas. En general, los gobier­nos costarricenses anteriores se las habían arreglado para equilibrar sus presupuestos. Los costarricenses estaban orgu­llosos de su frugalidad (4). Por lo tanto, parecía lógica, a los ojos de muchos ciudadanos, la· conclusión de que los gobiernos que excedieran o agrandaran sus presupuestos más allá de lo «normal» de algún modo debían estar comprometidos en actividades ilícitas.

La corrupción fiscal no se presta a ser medida, ya que es relativa a lo que una sociedad dada tolera en un período determinado de su desarrollo. En este sentido, como en muchos otros, Costa Rica evolucionó de una manera distinta a aquellas partes de Hispanoamérica en donde «la situación era .. : de corrupción normal y esperable» (5). Costa Rica esperaba mucho de sus funcionarios públicos, y daba magras compen­saciones monetarias a cambio de dedicados servicios. La frugalidad, la casi austeridad practicada por el cultivador de la tierra, servía también como ideal para el servidor público. Sus conciudadanos lo premiaban con su estimación, pero no con su dinero.

Esta tradición decimonónica fue haciéndose cada vez menos adecuada para las condiciones del siglo XX. El constante aumento de las funciones gubernamentales deman­daba un número creciente de servidores públicos preparados para ocupar posiciones especializadas, funcionarios que pudie­ran permanecer establemente en el servicio público. Para los funcionarios del siglo pasado, extraídos en su mayoría de la clase alta, no importaba tanto la compensación recibida; ello no era así para los funcionarios públicos del siglo veinte, que provenían principalmente de los sectores medios de la socie­dad. Estos encontraron que los escalafones de salarios estable­cidos para el viejo orden eran inadecuados a sus reque­rimientos. Para complementar estos magros salarios, hallaron diversas maneras de producirse ganancias: por medio de la asignación de contratos de gobierno, o desempeñando varios cargos simultáneamente. No obstante, estas prácticas habían sido llevadas a cabo en un nivel modesto, y el gobierno funcionaba todavía en pequeña escala. Hasta 1940, prevalecía la impresión general de frugalidad. Los estadistas costarricenses no hacían fortunas por medio del servicio en el gobierno, ni directa ni indirectamente. El crecimiento de las empresas privadas, y de funciones gubernamentales más elaboradas, dio a los funcionarios la oportunidad de practicar la malversación y la corrupción fiscal en una escala mayor.

Tanto el «ambiente» como las circunstancias contri­buyeron a la mala administración y a las dificultades fiscales durante el gobierno de Calderón Guardia. El hecho mismo de que el candidato obtuviera la presidencia con un apoyo avasallador en las votaciones estimuló su actitud de «dejar hacer» una vez en funciones: no aparecía en el horizonte ningún reto de importancia contra él o su partido. Nuevas orientaciones y pretensiones, y la súbita aparición de nuevas oportunidades, junto con las crisis, cargaron la atmósfera de la administración Calderón Guardia y dieron lugar a una dismi­nución de la tradicional frugalidad costarricense. Era un gobierno en tiempo de guerra; se trataba de una administración dedicada al rápido desarrollo económico y al cambio social. El Presidente se enfrentaba con grandes dislocaciones en la econo­mía, e intentaba compensarlas por medio del gasto público. La carestía del período de guerra y las escasas importaciones no solamente causaban fricciones internas sino que además suministraban un camino abierto para el abuso del poder de gobierno.

El apoyo a la industrialización, junto con abruptas reducciones de las importaciones, suministraban oportunidades financieras a los empresarios que tenían posiciones en el gobierno o bien otra clase de vínculos con éste. Estos hombres monopolizaban las oportunidades de producir bienes que antiguamente se importaban, de desarrollar industrias secun­darias y terciarias, y de suministrar los servicios y los productos que demandaba un mercado interno en expansión, relacionado con los ambiciosos programas de construcción de carreteras de las administraciones Cortés Castro y Calderón Guardia. Las ganancias resultantes, y la ascensión económica de unos cuantos miembros de la clase media que percibían las oportunidades y explotaban sus conexiones con el gobierno a fin de asegurárselas, molestaban a muchos costarricenses. El aumento en la magnitud de las empresas, y la malversación sugerían a algunas personas que todas las nuevas fortunas y sus factores concomitantes representaban ganancias obtenidas ilícitamente. Muchos consideraban que la ascensión económica de hombres cercanos al gobierno era una evidencia incon­trovertible del deterioro de los valores nacionales.

El Centro y Acción Demócrata hicieron las más deci­didas campañas para exhibir las prácticas deshonestas existen­tes en la administración de Calderón Guardia. Sin embargo, los hechos que lograban revelar no parecían guardar proporción con la frecuencia y la vehemencia de sus acusaciones. La construcción de una comunidad suburbana moderna, el Barrio Escalante, en lo que en ese entonces era el borde oeste de la ciudad de San José, generó ataques particularmente irraciona­les. Una hoja suelta de carácter político, distribuido en 1946, ilustra su profunda desaprobación, teñida con un poco de envidia:

Deberíamos llevar este nefasto producto tropical (Calderón Guardia) al banquillo de los acusados para que allí rindiera un informe del dinero recibido y pagado por él y por sus seguidores; de manera que explique cómo es que entraron (al gobierno) sin dinero y salieron con depósitos en bancos extranjeros, con grandes terrenos cerca de Chomes, y con chalets y ricos palacios en Barrio Escalante: barrio mil veces maldito porque es una bofetada en el rostro del honor de Costa Rica, y que representa una burla y una vergüenza nacional, Las ricas mansiones de Barrio Escalante significan una montaña de cuerpos de niños desnutridos, grandes masas de gente enferma y hambrienta … de la misma hambre que explota Manuel Mora (6).

La condenatoria a los calderonistas hecha por el Centro y por Acción Demócrata tendía a ser total, pero no específica. Un-líder de la Oposición, José Figueres, caracterizó a la época diciendo que «todos los vicios de la deshonestidad adminis­trativa, el oportunismo y el favoritismo se salían de sus cauces, pero no especificó los actos deshonestos (7). Había constantes referencias al «nefasto Calderón Guardia», pero la enume­ración de las faltas se quedaba corta en relación con lo que las revelaciones parecían prometer.

Acción Demócrata comenzó a publicar una serie de artículos en agosto de 1944, bajo el título «Regalos Oficiales» (8). En la introducción a la serie se afirmaba que tales «regalos» totalizaban una suma de 800.000.00 colones durante los cuatro años de gobierno de Calderón Guardia. La mayor parte de los gastos que Juego se enumeraban eran viajas oficiales de representantes del gobierno costarricense a actos tales como las tomas de posesión de jefes de otros países latinoamericanos, y a reuniones culturales, científicas y edu­cacionales efectuadas fuera del país, a las cuales Costa Rica enviaba un delegado. El periódico consideraba que tales viajes eran superfluos, poco menos que excursiones de recreo. No obstante, no los analizaba uno por uno de manera que su opinión pudiera ser juzgada más de cerca por la ciudadanía.

Los «servicios especiales prestados al gobierno» seguían a los viajes en la lista de gastos anotados y en el porcentaje que representaban de la suma total de los supuestos «regalos oficiales». Acción Demócrata afirmaba que las listas publicadas habían sido redactadas por empleados del Banco de Costa Rica y certificadas por el Centro de Control, una dependencia del gobierno nacional (9).

Acción Demócrata llegó a verdaderos extremos para tratar de ilustrar la falta de frugalidad de Calderón Guardia, cosa que le parecía indistinguible de la corrupción fiscal. Un ejemplo de ese esfuerzo fue la crítica que lanzó sobre el salario de 950 colones pagado a Santos León Herrera como Ingeniero Jefe de Obras Públicas. Consideraba que el salario era excesivo porque sólo estaba cien colones por debajo del de un miembro del Gabinete (10).

La dificultad de suministrar pruebas de la supuesta corrupción, o incluso de formar una fuerte conciencia comu­nitaria contra ella, se reveló claramente en el caso de Alberto Martén. Martén, que era profesor de economía de la recién establecida Universidad de Costa Rica, y cercano amigo personal del exiliado Figueres, recibió diez mil colones del gobierno por concepto de servicios especiales en noviembre de 1941. El hecho de que el nombre de Martén apareciera entre los de aquellos que habían recibido dinero a cambio de servicios especiales prestados al gobierno era particularmente embarazoso, ya que él colaboraba en la edición de Acción Demócrata y se encontraba en primera fila entre los jóvenes del Partido Demócrata. Martén reaccionó enérgicamente pero, al defenderse a sí mismo, debilitó la posición de quienes condenaban al gobierno por su falta de integridad. Afirmó que había razones perfectamente válidas para que su nombre apareciera en las listas. Había recibido los diez mil colones para su padres. Ernesto Martén Carranza, quien había tenido que viajar a los Estados Unidos por razones de salud (11). Pero si había razones perfectamente válidas para que Alberto Martén recibiera dinero para su padre por servicios prestados al gobierno ¿por qué no iba a haber razones perfectamente válidas para que otros recibieran fondos del mismo origen?

Martén debilitó aún más la campaña de Acción Demó­crata para exponer la supuesta corrupción del gobierno de Calderón Guardia, al endosar globalmente la integridad per­sonal de Carlos Manuel Escalante, que había servido como Ministro de Hacienda bajo Calderón Guardia y que había aprobado el pago. Martén declaró que Escalante había mos­trado una incuestionable honestidad como Ministro (12).

Hechos similares acontecidos a lo largo del período debilitaron el argumento de supuestos malos manejos fiscales. Casi todos los miembros del Gabinete de Calderón Guardia tenían destacados defensores entre los dirigentes de la Oposi­ción. Las cortes funcionaban normalmente, pero las acusa­ciones de deshonestidad administrativa fueron en una gran medida aserciones no probadas, publicadas en periódicos opositores del régimen, principalmente con propósitos polí­ticos. Ello, por supuesto, no implica que la corrupción estuviera ausente del gobierno de Calderón Guardia; más bien indica que la Oposición no fue capaz de documentar plenamente un alegato en ninguna instancia significativa. Al asociar la co­rrupción con la mala administración, la Oposición asumía que probar la existencia de la última equivalía a probar la de la primera .

Calderón Guardia era mucho mejor político que adminis­trador. Era descuidado y dio a sus ministros demasiada rienda suelta durante su administración. Durante la campaña presi­dencial de 1948 él mismo admitió que la administración inadecuada de las finanzas públicas cuando él había sido Presidente había servido para enriquecer a algunos de sus seguidores a expensas de Costa Rica (13). Los resultados de esta falta de supervisión contribuyeron no solamente’ a desprestigiar su propia reputación sino también, por asocia­ción, a desacreditar a su programa de reformas.

Hay evidencias incuestionables de que los errores admi­nistrativos dañaron seriamente el prestigio de Calderón Guar­dia y le restaron apoyo popular. Hemos tenido ya en cuenta la actitud predeciblemente adversa de la Oposición. Sin embargo, la Cartilla Histórica de Costa Rica contiene una afirmación aún más condenatoria, por provenir de Ricardo Fernández, quien era favorable a Calderón Guardia. Dice así: «A los dos años el gobierno del Dr. Calderón Guardia había perdido mucho de su prestigio a causa de la liberalidad y del desorden administrativo que se atribuía principalmente en la Secretaria de Fomento» (14). Y proseguía afirmando que Calderón Guardia se sintió abandonado por sus amigos políticos y acudió a Vanguardia Popular antes de ver paralizado su programa de reformas (15).

Las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Costa Rica, Robert M. Scotten, eran una indicación más de que la mala administración fiscal verdaderamente se había convertido en un asunto de importancia. En abril de 1942, hizo el siguiente comentario sobre asuntos relacionados con la mala administración del presupuesto fiscal, la malversación, y la pérdida de prestigio que en consecuencia había experi­mentado Calderón Guardia:

Si bien las dificultades financieras del gobierno se deben desde luego, en parte, a la baja en las fuentes de ingresos causada por la guerra, también la mala administración gubernamental parece ha­ber producido una gran parte… Calderón está enfrentado a una situación seria, si bien quizá no peligrosa, debido a la situación financiera hasta cierto punto precaria del gobierno, pero también a las difundidas acusaciones de malversación y de malos manejos que· se dirigen casi diariamente contra él y en especial contra su hermano, Ministro del Interior (16).

Scotten recomendaba más adelante que el Departamento de Estado solicitara que el Export Import Bank diera una consideración favorable a las negociaciones que en ese mo­mento se llevaban a- cabo con Carlos Manuel Escalante, Ministro de Hacienda. Ello implicaba que Scotten no conside­raba corrupto a Calderón Guardia a pesar de las «muchas acusaciones», ya que había aceptado prestamente la oferta de expertos norteamericanos que le ayudaran a resolver los serios e inusitados problemas fiscales de su gobierno en tiempo de guerra (17).

Las dislocaciones internas de la economía costarricense hacían más plausible el cargo de deshonestidad pública. La resultante falta de estabilidad daba lugar a un aumento de la actividad económica del gobierno central y daba a la ciuda­danía la impresión de que la economía se estaba resquebrajando. Las improvisaciones necesarias para contrarrestar los efectos de la guerra condujeron a déficits en el presupuesto nacional. Los cambios súbitos de mercado y de utilización de la mano de obra causaban desbalances, tanto fiscales como económicos, que las fuerzas de la oposición atribuían a corrupción por parte del gobierno. Los sectores de la población que sufrían las consecuencias de las dislocaciones eran sensibles a los alegatos anticalderonistas.

Costa Rica era el país centroamericano con mayor volumen de comercio exterior (18). Los trastornos del comercio ocasionados por la segunda guerra mundial afectaron a Costa Rica ya en 1939, en vista de que mucho de su comercio había sido con Europa Occidental. En octubre de 1939, Costa Rica recibió su primer préstamo del Export Import Bank para ayudarse a enfrentar las exigencias de la nueva situación por medio de la compra de bienes en los Estados Unidos. Hacia julio de 1942, Costa Rica había recibido préstamos de los Estados Unidos por un total de más de dieciséis millones de dólares, los cuales provenían en partes más o menos iguales del Export Import Bank y de la Administración de Obras Públicas (Public Works Adminis­tration) (19).

Los ingresos normales del gobierno costarricense pro­venían de los aranceles aduaneros, del monopolio de la fabricación de licores, de las ganancias de los ferrocarriles, y de los impuestos a la exportación, a la propiedad y a la conversión. De los tres factores que más ingresos propor­cionaban: los aranceles aduaneros, el monopolio de los licores, y los impuestos a la exportación, solamente el monopolio de los licores no fue afectado adversamente por la guerra (20).

El gobierno costarricense se vio obligado a hacer gastos inusitados a causa de las demandas tanto de la guerra como del programa de reformas, este último iniciado en un momento en que las fuentes regulares de ingresos se encontraban gra­vemente afectadas y en declinación. El gobierno de Calderón Guardia registró déficits presupuestarios considerables en cada uno de sus cuatro años. La situación se complicó aún más a causa de la inflación monetaria (21).

EI costo de la construcción de la Carretera Intera­mericana contribuyó al déficit acumulativo del régimen más que cualquier otro factor singular. Este gasto era atribuible al apoyo prestado por Costa Rica a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial (22). Se necesitaban carreteras, es cierto, pero la más alta prioridad, en cuanto a las metas estrictamente nacionales se refiere, debió ser la construcción de caminos de penetración que ligaran a las zonas alejadas con las áreas más pobladas del país. La construcción de la Carretera Interamericana fue esencialmente dictada por la necesidad militar de suministrar una comunicación entre los Estados Unidos y la Zona del Canal de Panamá. Fue por esta razón que hubo fondos financieros disponibles para un enorme proyecto de construcción que no representaba la mejor colocación de los escasos recursos de que disponía Costa Rica para su desarrollo económico (23).

Si bien las acusaciones de deshonestidad lanzadas contra Calderón Guardia se relacionaban con asuntos fiscales, su espíritu a menudo desdeñoso en relación con el espíritu, si no con la letra, de las leyes, fortalecía aún más la posición de quienes lo atacaban. Quizá el más claro ejemplo de esta conducta característica del gobernante se dio en 1944, cuando el Presidente otorgó amnistía a algunos de sus seguidores que habían sido hallados culpables de delitos electorales y de infracciones relacionadas con asuntos fiscales. Los decretos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema Y sirvieron, principalmente, como prueba de la inclinación del Presidente a abusar del poder ejecutivo (24).

Teodoro Picado heredó la reputación de su predecesor cuando asumió la Presidencia en mayo de 1944. Se dio cuenta de que, a fin de aplacar las pasiones políticas del momento, su gobierno tenía que reestablecer l:a imagen de integridad fiscal que el país esperaba. Solamente un programa audazmente innovador de reforma tributaria y de procedimientos presu­puestarios podía salvar a Costa Rica del desastre financiero.

La difícil situación económica que enfrentó Picado se empeoró rápidamente conforme se redujeron los precios internacionales del café, disminuyendo el poder adquisitivo del dinero tanto interna como externamente (es decir, en relación con las compras que el país debía efectuar en el exterior) (25).

La disminución en el volumen del comercio redujo los ingresos provenientes de impuestos sobre las importaciones y las exportaciones, de los cuales dependía en gran medida la situación financiera del Estado. A fin de cumplir con los pagos del Gobierno, Picado tuvo que recurrir a préstamos de bancos privados costarricenses (26).

La paz internacional comportó un nuevo conjunto de dislocaciones en la economía costarricense. Los acreedores extranjeros de Costa Rica renovaron sus presiones sobre Costa Rica, cuando la victoria de los aliados estuvo asegurada, para que satisficiera sus deudas (27). El interés de los Estados Unidos por completar el trecho costarricense de la Carretera Interamericana disminuyó conforme se fue haciendo más remoto el peligro de que la Zona del Canal fuera atacada, y conforme el tráfico de barcos llegó a ser suficiente en volumen, y en general seguro, en el área del Caribe. El oneroso proyecto fue llevado entonces a un ritmo más pausado. El resultado neto de todo ello fue que el régimen siguió enfrentándose a déficits crecientes, según el valor del colón en 1936, a pesar de la reducción en sus gastos.

Picado enfrentó el problema de impedir el desastre financiero de tres maneras distintas. La primera fue una reforma administrativa tendiente a fomentar un control y una ubicación más efectivos de los recursos financieros existentes. La segunda contemplaba una reforma de largo alcance en las bases de las rentas estatales, a fin de hacerlas menos suscep­tibles ante las fluctuaciones del comercio mundial y más compatibles con la expansión de los servicios ofrecidos por el Estado. La tercera fue un intento de solucionar la situación a corto plazo por medio de un préstamo del Export Import Bank para la creación de obras públicas parcialmente autosos­tenidas y para crear nuevas fuentes de ingresos por medio de cambios menores.

Entre los legados que había recibido de la administración precedente, Picado contaba con el estudio sobre la organización fiscal de Costa Rica llevado a cabo en 1943 bajo la supervisión de Thomas Kekicht, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Presidente nombró un comité compuesto de antiguos ministros de Hacienda para desarrollar una reorganización basada sobre las propuestas hechas por Kekicht. Este recomendó tres leyes que los diputados del Republicano Nacional aprobaron en el Congreso con el apoyo de Vanguardia Popular. La primera fue la Ley Orgánica de la Contraloría General que creó, efectivamente, una institución que reemplazara al ineficiente Centro de Control. La Contra­loría debería ejercer una supervisión general sobre los asuntos fiscales. La segunda fue la Ley Orgánica de Presupuesto, que apuntaba directrices «científicas» para la confección y la puesta en práctica del Presupuesto Nacional. La tercera fue la Ley Orgánica de la Tesorería Nacional, cuyo propósito era la centralización de las actividades económicas de todas las oficinas gubernamentales que recibieran ingresos (28).

Estas leyes suministraban una buena base para ordenar las finanzas de la nación y para abrir sus asuntos financieros a un posible escrutinio. Sentaban las bases para el desarrollo de una recolección y una ubicación más modernas y eficientes de los recursos financieros. No obstante, gran parte de la opinión pública que en un principio había clamado por el orden y la reforma fiscal, comenzaba ahora a deplorar las nuevas leyes como simples estratagemas para convencer al país de la necesidad de crear nuevos impuestos (29).

Los esfuerzos a corto plazo efectuados por el régimen para crearse nuevos ingresos mostraron ser en general poco exitosos. La eliminación dé algunas exenciones aduaneras produjo ingresos nuevos pero no muy significativos, lo mismo que un aumento del 1 por ciento sobre el valor total de toda mercadería importada (30).

La gran esperanza de la administración para aliviar la crisis económica y fiscal estaba en la obtención de un préstamo de varios millones de dólares del Export Import Bank. Los fondos se necesitaban para un plan de desarrollo económico que incluía obras públicas, estímulo al turismo, y desarrollo agrícola (31). El programa no fue presentado en la prensa nacional. Según Fernández Guardia, el proyecto había sido aprobado en principio y sometido a un estudio detallado cuando estalló una revuelta en pequeña escala (32). Las informaciones inexactas y exageradas sobre la fallida revuelta tuvieron como resultado que el préstamo no se aprobara; se asumía que no existía la estabilidad necesaria para el éxito del plan (33).

El establecimiento de impuestos directos progresivos representaba la esperanza de la nación de lograr un progreso ordenado y la oportunidad de derivar beneficios de las nuevas leyes fiscales. Para los republicanos nacionales, la más impor­tante y políticamente peligrosa de éstas era la ley del impuesto sobre la renta. Mientras no se aprobara la ley del impuesto sobre la renta, los republicanos no podrían hacer viable su programa de reformas, ni contrarrestar las acusaciones de la Oposición en el sentido de que los déficits presupuestarios demostraban su corrupción y falta de capacidad para seguir gobernando el país.

Los regímenes anteriores habían considerado deseable el impuesto sobre la renta pero nunca habían logrado instituirlo. El Presidente Alfredo González Flores (1914-1917) hizo el primer y más serio intento de establecerlo, y ello contribuyó a su derrocamiento (34).

En mayo de 1924, en su segundo discurso de toma de posesión, el Presidente Ricardo Jiménez, que había llegado al poder con la ayuda del Partido Reformista, propuso el establecimiento de un impuesto sobre la renta. Percibió que el sistema tributario existente en Costa Rica pesaba sobre todo sobre los hombros de los· menos capaces de sobrellevar la carga. También se dio cuenta de que la gran dependencia del Estado de los impuestos sobre el comercio exterior hacía que el desarrollo de los programas de gobierno fuera demasiado susceptible a los cambios de la situación internacional (35). No obstante, Jiménez no llevó a cabo su propuesta. León Cortés (1936-1940) llegó hasta a solicitar a un experto chileno la redacción de una ley que envió al Congreso para su consi­deración, para luego retirar la propuesta antes de que fuera tomada ninguna disposición.

El esfuerzo organizado del Partido Republicano Nacional para convertir en ley una reforma tributaria significativa suministraba la base para la ruptura final con la mayoría de los capitalistas del país y· para la coalescencia final de la Oposición. La propuesta de Picado de un nuevo impuesto aseguró a la Oposición una campaña holgadamente financiada, diseñada para derrotar al partido en el poder, ya que los sectores empresariales del país consideraban que la legislación tributaria era una amenaza para sus· intereses. No fue la tasa propuesta lo que despertó la ira .de tantos ciudadanos costarricenses importantes, sino la idea misma de un impuesto sobre la renta. Las tasas propuestas eran modestas, y oscilaban entre el 2 por ciento para ingresos desde 6,000 hasta 25,000 colones hasta el 20 por ciento para ingresos por encima de 500,000 colones (36).

Cuando el proyecto de ley tributaria presentado por Picado llegó al Congreso, inmediatamente se convirtió en el tema del momento. Los legisladores de la Oposición, que habían estado boicoteando el funcionamiento del Congreso en protesta contra un fraude electoral, regresaron para luchar contra la propuesta (37). Si bien la corrupción fiscal y la mala administración continuaban siendo temas políticos, no cabía duda de que para la mayoría de los lideres de la Oposición, la malversación tenía mucho menos consecuencias que la cada vez mayor posibilidad de que se creara un impuesto directo progresivo sobre la propiedad y la renta.

Dentro de las filas de la Oposición, los socialdemócratas se encontraron en la posición más incómoda de todas. Muchos de sus dirigentes, de acuerdo con su ideología socialista, se habían manifestado anteriormente en favor de los tributos directos y en contra de los indirectos (38). Sin embargo, encontraron una variedad de «razones» para seguir siendo miembros de la Oposición en buena ley y al mismo tiempo adversar activamente la reforma tributaria. Alegaban que el proyecto era solamente una cortina de humo usada por el gobierno para ocultar los verdaderos problemas y para encubrir sus malas prácticas fiscales. Tenían objeciones contra la ley específicamente, pero no contra el concepto de tributación directa. De las declaraciones de Alberto Martén se deducía que, en el caso de que la reforma hubiera sido sometida a un estudio más amplio, los socialdemócratas pudieron haberla apoyado (39): «Lo que realmente tenemos enfrente es un intento de consolidar de una vez por todas el régimen social-cristiano por medio de financiación para sus acciones progresistas que constantemente han amenazado a los calde­ronistas con la bancarrota» (40). Teóricamente la reforma era necesaria, pero políticamente los socialdemócratas tenían que tomar partido contra ella.

Picado vinculó astutamente la necesidad de una reforma tributaria a una necesidad de ingresos específica: el alza de los salarios de los maestros. La educación goza de un sitial casi sagrado en las mentes y los corazones de los costarricenses, y los salarios de los maestros no habían subido al ritmo del permanente aumento en el costo de la vida durante los períodos de guerra y de posguerra. La Oposición no podía negar lo justo del alza; fue reducida al débil argumento de que, si se hubiesen usado procedimientos apropiados, las fuentes regulares de ingresos del Estado hubieran sido suficientes para aumentar no solamente los salarios de los maestros sino también los del resto de los servidores públicos.

Grupos, organizaciones e individuos que anteriormente habían evitado entrar en las discusiones públicas se sintieron obligados a manifestarse en relación con la nueva cuestión tributaria. El Eco Católico, vocero de la jerarquía católica costarricense, salió a defender la reforma: «Las proporciones establecidas por el gobierno son justas y equitativas» (41). La Cámara de Agricultura y el Sindicato Patronal del Café se opusieron a ella a pesar de que hasta ese momento habían guardado silencio en relación con la política fiscal ( 42). Los periódicos del país contenían muchas declaraciones de grupos e individuos, algunas a favor y otras en contra de los nuevos impuestos (43).

Los republicanos nacionales controlaban el Congreso y lograron aprobar la medida luego de un ardoroso debate. Esta promulgación completaba su programa legislativo básico. Una vez que la ley fue aprobada se aplacó el debate sobre la misma, ya que la Oposición se dio cuenta de que la ley contaba con un amplio apoyo por parte de las masas populares.

No obstante, la reforma tributaria continuó indirec­tamente conmoviendo al país en la medida en que la Oposición reanudó sus ataques contra el gobierno a propósito de la corrupción fiscal y la mala administración. Para muchos dirigentes oposicionistas, los impuestos progresivos sobre la renta y la propiedad territorial representaban un serio aleja­miento de la tradicional frugalidad gubernamental, y eran en sí mismos elementos de mala administración fiscal que suminis­traban al gobierno aún más fondos que malgastar.

En la campaña presidencial de 1947-48, la malversación y la ineptitud administrativa fueron asuntos importantes, pero el gobierno de Picado sufrió menos críticas que el de Calderón Guardia. La Oposición se dio cuenta de que el debate público sobre las reformas tributaria y fiscal, que el Presidente había defendido con éxito, habría actuado en- contra suya en sus esfuerzos por atraer a los votantes no comprometidos. De nuevo los socialdemócratas publicaron listas de «extrava­gancias» y de supuestas malversaciones. Algunos cargos pare­cían estar justificados, si bien tenían poca importancia, tales como el de que el Cónsul de Costa Rica en Brownswille, fexas, pasó más tiempo en San José trabajando para el Republicano Nacional que en Texas ( 44). Otras acusaciones parecían ser simplemente pequeñas maniobras. Se cuestionaba la necesidad de enviar representaciones a las tomas de posesión del gobernador de Nueva Orleans y de los presidentes de Chile y de Cuba ( 45), y se criticaba el presupuesto de la Embajada de Costa Rica en México ( 46).

Algunas de las críticas de menor importancia hechas por los socialdemócratas parecían ser innecesariamente crueles, incluso en el contexto de una dura campaña política, y bastante especulativas al exponer prácticas deshonestas del gobierno. Ejemplo de ello fue la propuesta de descontinuar la «botella» (puesto obtenido por medio de influencia política) de Moisés Vicenzi. Como Director General de la Biblioteca Nacional, recibía un salario de menos de cien dólares por mes. Los socialdemócratas alegaban que el puesto había sido una consabida «botella» para «intelectuales viejos» durante varias administraciones. En tiempos de problemas fiscales, los social­demócratas favorecían la abolición de práctica tan innecesaria y «corrupta» ( 47).

Sin embargo, en la discusión política, la Oposición prefería hacer énfasis en las transgresiones de Calderón Guardia. El era el candidato, y la Oposición podía documentar mejor sus errores. El propio Calderón Guardia había admitido que hubo varios funcionarios deshonestos en su gobierno, y se sumó a la denuncia general de la malversación, el favoritismo, y cualquier uso de una posición o un privilegio de gobierno para intereses privados.

Durante los cuatro años de la administración Picado se hizo mucho para asegurarle al ciudadano costarricense el alto grado de integridad fiscal que esperaba de los funcionarios públicos. Habían sido aprobadas medidas para facilitar el ejercicio de la rectitud tradicional, dentro de· un esquema más moderno y con un gobierno que había ampliado y hecho más complejas sus funciones.

Las polémicas de la campaña oscurecieron lo que para los costarricenses constituía el verdadero problema: la necesidad de una administración más eficiente. En el calor de la contienda electoral, muy pocos se dieron cuenta de cuánto se había logrado. Habían existido las prácticas corruptas, pero éstas difícilmente eran dominio o invención exclusivos de los calderonistas. La Oposición puso un énfasis desproporcionado en la supuesta corrupción fiscal y trató de convencer al público de que todas las dificultades financieras de Calderón Guardia y Picado eran resultado de sus prácticas deshonestas. Los críticos de ambos regímenes dejaron de reconocer que esas dos ad ministraciones se habían enfrentado con circunstancias’ extraordinarias, muchas de las cuales estaban fuera del control de Costa Rica. El intenso debate sobre los asuntos fiscales y la corrupción en el gobierno produjo algunos resultados positivos para el desarrollo político y económico a largo plazo del país, pero en su momento la controversia lo que hizo principal­mente fue agravar la división política en el seno del pueblo costarricense al disminuir su confianza en el gobierno.

Citas Capítulo IV

47. Ibid., 18 de enero de 1947, p. 1.