¿Fue el período de la Junta de Figueres una dictadura?

¿Fue el período de la Junta de Figueres una dictadura?

Por Carlos Revilla Maroto

la historia política de Costa Rica, pocos periodos generan tanto debate como el comprendido entre mayo de 1948 y noviembre de 1949, cuando gobernó la Junta Fundadora de la Segunda República, liderada por José Figueres Ferrer. Surgida del conflicto más sangriento del siglo XX costarricense, esta Junta asumió el poder tras el triunfo militar del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno del presidente Teodoro Picado, quien había sido electo constitucionalmente en 1944.

El detonante del conflicto fue la anulación de las elecciones presidenciales del 8 de febrero de 1948, en que el candidato de la oposición Otilio Ulate Blanco había resultado ganador. Esta anulación fue decidida por el Congreso —con base en sus atribuciones según la Constitución de 1871—, pero se hizo en un clima de polarización política, desconfianza en las instituciones y bajo acusaciones de fraude por parte de uno de los bandos. Aunque la decisión fue legal en forma, fue ampliamente percibida como ilegítima y arbitraria, lo que llevó al estallido de la guerra civil.

Desde un punto de vista jurídico y formal, la Junta fue indiscutiblemente un gobierno de facto. No surgió del voto popular, sino de las armas. Su legitimidad no vino de las urnas ni de un ordenamiento constitucional vigente, sino de su victoria militar y del apoyo de parte importante de la ciudadanía, ansiosa por un cambio luego de la hegemonía política y deterioro institucional del conocido como el régimen de los ocho años (Calderón-Picado).

La concentración de poder fue evidente. La Junta gobernó sin Congreso ni Corte Suprema independientes. José Figueres Ferrer fue el rostro visible y, aunque la Junta estaba compuesta por miembros de distintas tendencias, era él quien ejercía la jefatura real del gobierno. Además, durante ese periodo se registraron violaciones a los derechos civiles y políticos, especialmente contra comunistas, sindicalistas y sectores afines al calderonismo. Hubo exilios, encarcelamientos, censura a la prensa y una atmósfera de vigilancia política.

Estos elementos permiten afirmar que la Junta tuvo rasgos dictatoriales, en tanto suspendió la democracia representativa y centralizó el poder. La pregunta clave, sin embargo, no es solo si tuvo rasgos autoritarios, sino qué tipo de gobierno fue en su intención, duración y resultado.

A pesar de lo anterior, reducir a la Junta a la categoría de dictadura convencional sería una simplificación. Las dictaduras, por definición, buscan perpetuarse en el poder, consolidar una élite dominante y restringir libertades para sostener su control. La Junta Fundadora no hizo nada de eso.

Por el contrario, estableció un mandato claro y limitado, cual fue gobernar durante solo 18 meses para estabilizar el país (poner orden), redactar una nueva Constitución y entregar el poder al presidente electo Otilio Ulate, a quien Figueres le había prometido el traspaso desde el inicio del conflicto armado. Y cumplió. En noviembre de 1949, la Junta se disolvió y Ulate asumió la presidencia. El poder volvió al cauce institucional.

Más aún, durante su breve mandato, la Junta impulsó una serie de reformas estructurales sin precedentes en Costa Rica:

• Abolió el ejército, convirtiendo al país en una excepción regional.
• Nacionalizó la banca, con el objetivo de democratizar el crédito.
• Garantizó el sufragio femenino y estableció el voto como un derecho universal.
• Fundó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras instituciones clave.
• Creó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pilar de la democracia moderna costarricense.
• Convocó una Asamblea Constituyente, que promulgó en 1949 la Constitución aún vigente.

Estas medidas no son típicas de una dictadura conservadora o autoritaria. Al contrario, revelan un proyecto transformador profundamente democrático en su horizonte, aunque autoritario en su ejecución temporal.

Evaluar a la Junta fuera de su contexto es un error frecuente. En 1948, América Latina era una región convulsa, con dictaduras militares, golpes de Estado y represión que eran la norma. Frente a ese panorama, Costa Rica emprendió una revolución institucional sin baños de sangre prolongados ni dictadores perpetuos. La Junta fue, en este sentido, una excepción histórica, y su legado sigue marcando la vida política costarricense hasta nuestros tiempos.

Tampoco es correcto comparar este régimen con dictaduras como las de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana o Stroessner en Paraguay. Aquellos regímenes duraron décadas, fueron sistemáticamente represivos y se perpetuaron mediante el miedo y la censura. La Junta de 1948 no buscó el poder para sí, sino para refundar el sistema político costarricense.

¿Entonces, qué fue? Podríamos decir que la Junta Fundadora fue una dictadura transitoria, o un autoritarismo revolucionario con vocación democrática. Fue un régimen autoritario en sus medios, pero democrático en sus fines. Gobernó sin legitimidad electoral, pero con legitimidad histórica y popular. Suspendió derechos, pero al mismo tiempo sembró las bases para una de las democracias más estables del continente.

La historia no se acomoda fácilmente en definiciones binarias. Por eso, más que etiquetarla simplemente como dictadura o democracia, es más útil entender a la Junta Fundadora como lo que fue, una anomalía democrática nacida del conflicto, que marcó el inicio de una nueva era institucional en Costa Rica.

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