Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948

Siglo XX

Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948

Mercedes Muñoz Marín

Historia de Costa Rica en el siglo XX
Jaime Murillo Víquez Compilador
1990

N. del E.: por problemas originados en la copia del libro que tenemos de «Historia de Costa Rica en el siglo XX» (compilador Jaime Murillo Víquez); no podemos incluir la introducción de este excelente trabajo, pero dada su importancia decidimos publicarlo.

I. La amenaza comunista

El estallido de la Guerra Mundial en 1939 y la alianza pactada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hace que la contradicción entre capitalismo socialismo pase a un segundo plano en Costa Rica. Esto no quiere decir, que esa contradicción no sea parte de las preocupaciones norteamericanas en América Latina, donde los partidos comunistas han al­canzado grandes progresos entre las masas desde décadas atrás.

En el caso de Costa Rica, la activa injerencia del Partido Comunista. en los procesos electorales, permitió a esta agrupación ganar una mayor representatividad en el Congreso. Por esta razón, antes de asimilarse en el país la alianza entre esos dos bloques contradictorios, una fuerte cam­pana anticomunista impregnaba el ambiente político, con el fin de poner lí­mites al avance de este Partido.

A partir de lo anterior, puede sostenerse que en los primeros años de la década del 40, el principal desafío para las fracciones en el poder que­da establecido en la disputa planteada por el Partido Comunista, para ad­quirir una mayor cuota de representatividad.

La defensa de los ideales políticos del Estado-nación, expresadas en la Constitución Política y en los códigos, fueron cuestionadas por el Parti­do Comunista, según lo denunciaba el Partido Republicano. (La Tribuna, 11 de febrero 1940, p. 15).

Con el triunfo de éste a principios de 1940, pronto se aseguraron esos ideales. La fracción en el poder propuso al Congreso una reestructuración jurídica de las fuerzas armadas para defender la «patria en peligro». Como resultado de esta reestructuración los servicios policíacos de las coman­dancias, de los cuarteles de provincia, de los presidios y cárceles, de la Dirección de Investigación y de la Dirección General de Tránsito, pasaron a formar parte del cuerpo llamado Policía Nacional.

La nueva institución de vigilancia y seguridad tuvo funciones tanto de carácter policíaco como militar, y estuvo sujeta a lo prescrito en la Ley de Organización del Ejército; o sea, en lo referente al disfrute de sus miembros del fuero militar o derecho a ser juzgados por tribunales militares.

El fin primordial de este cuerpo, consistió en sostener el imperio de la República, de la Constitución, y en velar por el cumplimiento de las leyes y de las disposiciones emanadas de los poderes del Estado, que rigen en la República y, en general, cuanto tienda a la conservación de la vida y pro­piedades de los ciudadanos. (Costa Rica Leyes y Decretos, Decreto No. 114, set. 1940).

Esta reorganización unificadora de los cuerpos de seguridad facultó a cualquiera de ellos para asumir funciones de defensa. Así, el Presidente Calderón Guardia sobrepasó los cambios hechos hasta ese momento, por sus predecesores, a las fuerzas armadas. Sin embargo, él no eliminó «la costumbre» de nombrar a su parentela y a hombres de su entera confianza como oficiales. (Foreign Relations, 29 julio 1940, vol IX, File 818. 20/37)4.

II. La lucha antifascista

Los cambios en las fuerzas de seguridad coincidieron con momentos de gran presión, por parte de las autoridades alemanas que pretendían alejar a las naciones centroamericanas dé los acuerdos del sistema intera­mericano. (Schifter:. 1986 p. 70). Estos esfuerzos de los nacional-socialis­tas resultaron infructuosos por la consolidación para entonces de este sistema, a través del cual se pretendió marginar a América del conflicto europeo5.

Las autoridades costarricenses, estrechamente vinculadas a los nor­teamericanos, -líderes del interamericanismo- sacaron ventajas de la co­yuntura gt:1errerista para fortalecer sus fuerzas de seguridad. Y ante los posibles ataques de los alemanes solicitaron la colaboración de una mi­sión militar al Departamento de Estado.

La necesidad mutua de cooperación entre los gobiernos de Costa R­ca y los Estados Unidos, aligeró las negociaciones para la aprobación de la misión militar americana para Costa Rica. En julio de 1941, se firmó el convenio por un período de cuatro años.

De acuerdo con el proyecto militar continental, el interés básico de los norteamericanos consistió en el fortalecimiento de los ejércitos, para que estos contribuyeran en los planes de defensa en las cercanías del Canal de Panamá. Sin embargo, ésta no fue la idea que animó a la fracción he­gemónica en el poder, pues sus miembros aspiraban a crear una fuerza especializada para el servicio personal del Presidente de la República; de la concreción de esta idea surgió la Unidad Móvil

Las divergencias en cuanto al cuerpo que debía prepararse no tras­cendieron como para interrumpir el acuerdo. Los- norteamericanos consi­deraron importante mantener la seguridad interna del· país, porque en caso de emergencia podía ser más f&cilla movilización de tropas al Canal por un país en orden. (Schifter 1986, p.82)

Las tareas orientadas a la asesoría de nuestras fuerzas de seguridad se inicia con una evaluación previa del ejército y de la policía costarricense, hecha por funcionarios del Departamento de Guerra norteamericano acantonados en Panamá. (F.R. 1940 f 818.20/37).

La firma del convenio entre ambos gobiernos garantizó el financia­miento para la compra de armas y para el aumento del número de hom­bres. (La Tribuna, 5 julio 1940, p. 1). Parte del equipo pesado adquirido por medio de la ayuda militar consiste en cuatro jeeps, veinticuatro cañones ‘Tommy’, seis morteros, dos cañones de campaña, seis ametralladoras rayadas, dos camiones artillados, doscientas bombas lacrimógenas. (Montero: 1969, p. 114).

La instrucción militar impartida por los norteamericanos reforzó la la­bor que en ese aspecto cumplieron algunos instructores nacionales. Una academia militar se instaló en Guadalupe -en las instalaciones del ex-Club Alemán- donde los miembros de la ‘misión militar del ejército estadouni­dense prepararon la Unidad Móvil. Este cuerpo integrado por 65 hombres y dos oficiales conservó ta idea de que fuera aumentado en un futuro a tres unidades móviles, de 112 hombres y 21 oficiales cada una. (Embassy of The U.S.A. Febrero 20, 1945. File 818.20.misione 2 /2045).

La misión militar dio cursos especiales a la oficialidad costarricense sobre defensa antiaérea (La Tribuna, 7 febrero 1942, p. 1) lo cual hizo preciso que técnicos norteamericanos vinieran al país para asesorar la construcción de los emplazamientos, donde se instalaron baterías antiaé­reas. (La Tribuna, 19 de mayo 1942, p. 5).

La instrucción de un grupo pequeño de oficiales costarricenses se completó con visitas y cursos a centros militares norteamericanos en don­de se enseñó el manejo de armas, disciplina y tácticas modernas. (Costa Rica, Memorias de Seguridad Pública 1940, p. 6; 1944, p. 107).

De acuerdo con lo establecido, en el convenio se autorizó el estable­cimiento en nuestro país de bases navales y aéreas y el funcionamiento de una radio de largo alcance en Parrita. El Gobierno se comprometió a facilitar todo tipo de información sobre posibles agentes encubiertos de las potencias enemigas. Esto fue lo que facilitó la aplicación de las medi­das represivas contra los alemanes y otros simpatizantes del Eje.

Las condiciones del convenio aseguraron, por una parte, que Costa_ _ Rica no contratara personal de ningún otro gobierno para prestar servicios a sus fuerzas armadas, excepto mediante mutuo acuerdo entre las partes firmantes. (Department State. 194, Fie 318.24 /1-1642). Al ser aprobada esta condición y renovarse el convenio de 1945, las autoridades costarri­censes quedaron: nuevamente, inhibidas para aceptar o solicitar refuerzos en hombres o cualquier otro tipo de ayuda para su defensa a otros países amigos. Por otra parte, el convenio garantizó medios fluidos de comunicación e información entre la potencia y su aliado.

De esta manera, las fuerzas de seguridad que se disciplinaron bajo los cánones de la defensa continental, o sea, de los ideales políticos y es­tratégicos de la potencia se encargaron, a partir de entonces, de rechazar todas aquellas amenazas capaces de perturbar la paz continental.

Al plan de asesoramiento militar impartido por los norteamericanos, deben agregarse las medidas internas que lo complementaron, por ejem­plo, en relación con la seguridad del espacio aéreo, fue fundamental el es­tablecimiento de la aviación nacional como un organismo del Estado, a fines de 1941 (Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación 1941, Documento #23818, F 116-120)6, porque en los contratos de las compañías privadas de aviación (TACA, TAN, Panamerican) se dispuso entre otras cosas, que en caso de guerra o perturbación de la paz, o cualquier otra calamidad, las compañías debían cooperar en la forma que el gobier­no lo dispusiera, cobrando solo el precio de costo por el traslado de la po­licía y del ejército.

Con respecto a la defensa de las aguas territoriales del Pacífico, cabe hacer referencia a la cooperación brindada al Estado por la Compañía Ba­nanera de Costa Rica. Esta pagó a los agentes policíacos, los dotó de armas y a raíz de su contribución se pudo incrementar el número de éstos.

Ellos cumplieron funciones de vigilancia a lo largo de la costa, para evitar actos de sabotaje sobre los tanques de petróleo y las reservas de dinamita de la Compañía; cercanas a Golfito.

La Compañía contribuyó de esta forma en el mantenimiento de la es­tabilidad del Pacífico Sur, lugar en donde el trust tenía un proyecto de de­sarrollo, que se había visto hasta ese momento obstaculizado por el conflicto limítrofe con Panamá.

Sin embargo, el asunto de limites se resolvió sin problema, al igual que el trazado de la carretera interamericana. Ambos asuntos estuvieron estrechamente vinculados con los objetivos de defensa continental lo que, garantizaba la fluidez de la movilización de hombres y recursos desde y hacia el Canal de Panamá.

Al tratado de límites se llegó en abril de 1941, justo cuando se estaba en los últimos detalles de la negociación del convenio de financiamiento y trazado de la carretera interamericana. Fueron razones estratégicas las que privaron en el trazado definitivo de esta última, porque los ingenieros militares norteamericanos se preocuparon por dotar a este proyecto de la mayor seguridad; esto explica que hayan desechado otras propuestas al­ternativas como la que hacía discurrir la carretera en forma paralela a la costa del Pacífico.
La financiación aprobada por el Gobierno norteamericano, en agosto de 1941, favoreció al Estado costarricense, puesto que no sólo reducía el aporte que debía dar Costa Rica para su construcción, sino que le permi­tió la utilización de nueve millones de colones para la apertura de carrete­ras y caminos tributarios, además de asegurar empleo a cuatro mil hombres aproximadamente (Schifter, 1986, p. 119).

Por último, es necesario mencionar la creación de un comité de defensa civil para proteger a la población de las posibles secuelas de un ataque desde exterior o del peligro de los quintacolumnistas que constantemente acechaban la estabilidad interna. (La Tribuna 11 de enero 1942, p.1).

Las garantías individuales fueron suspendidas frecuentemente de 1942 a 1945, porque éstas entraban en cierta contradicción con la lista de delitos considerados violatorios de la seguridad nacional y continental. Inclusive mediante una ley aprobada en noviembre de 1942, se introdujeron nuevas disposiciones al Código Penal para juzgar a los infractores de la ley. (ANCR. Serie Gobernación 1942. Documento #11261).

El sentido de todas estas medidas tuvo en el ámbito interno repercu­siones de carácter político. Por la alianza de la fracción hegemónica con un sector de las clases subalternas, que enfrentó a aquélla con las otras fracciones del mismo bloque. La alianza estuvo compuesta por el Dr. Ra­fael Ángel Calderón Guardia, representante del grupo en el poder; el Lic. Manuel Mora, líder del Partido Comunista; y por Monseñor Sanabria, máxi­ma autoridad de la Iglesia Católica.

Frente al grupo descrito -llamado por algunos autores la «alianza inverosímil»- se conformó otro opositor integrado por sectores medios con as­piraciones reformistas, que se unieron a las víctimas del antifascismo y a un sector de la oligarquía cafetalera. A partir de esta correlación la lucha contra el fascismo y contra el comunismo sirvió para desprestigiar al adversario. Por una parte, el grupo oficial utilizó el mote de fascistas para cat­alogar a sus opositores y, por otra, los últimos tildaron de comunistas a la coalición en el poder. Es dentro de este ambiente que las fuerzas arma­das ejercen su papel coercitivo en defensa de una seguridad, ahora de carácter ideológico.

III. El impacto de la guerra fría sobre las fuerzas armadas

La nueva connotación del concepto de «seguridad nacional» emplea­do en el período de la guerra, pone de relieve el cambio que se suscitaría al interior de las fuerzas armadas; las cuales pasaron de ser defensoras de la frontera geográfica constitucional a guardianes de la frontera, ideoló­gica continental. (Sandoval, 1979, p. 171).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial le escalada anticomunista tomó mayor vigor en las democracias de Occidente. Pero en la América La­tina esta campaña ya se daba desde anos atrás. En Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, originó cambios sustanciales tanto en el pa­pel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas.

Esas funciones por detener el avance del comunismo y los requisitos que se exigieron a los cuerpos represivos, se demandaron también a las débiles fuerzas de seguridad del Estado costarricense. De ‘esta manera, por ejemplo, se han encontrado evidencias desde 1934 de destituciones hechas en el cuerpo, policíaco por razones de carácter ideológico, al ser acusados de «comunistas» algunos de sus miembros (ANCR. Serie Ministerio de Seguridad. 1934. Doc. #9767).

En la década del 40, se impulsa una intensa campaña ideologizante sobré las fuerzas de seguridad, La coyuntura de la guerra propició la Transmisión de valores de la potencia. Los intereses- políticos y estratégi­cos de ésta se defendieron conjuntamente con las fuerzas de seguridad nacional. El poderoso aparato militar de tierra, aire y mar norteamericano se desplazó parcialmente hacia el sur para brindar protección y asesoramiento a los países latinoamericanos.

Los instructores del ejército estadounidense cumplieron esa función ideologizadora. La Unidad Móvil y la Policía Militar fueron en Costa Rica los principales receptores de ese programa. La ausencia documental de los instructivos empleados por los asesores norteamericanos y dé los con­tenidos que se impartieron a los becarios en los centros militares de los Estados Unidos, son requisitos de los cuales puede prescindirse para re­conocer en el programa de cooperación militar continental el interés esta­dounidense, de sembrar en la mente de sus pupilos la necesidad de rechazar todo tipo de injerencia ideológica de otra potencia.

La interiorización en la fracción en el poder costarricense de los idea­les político-estratégicos. norteamericanos queda claro en el apoyo incondi­cional a los planes de defensa y en la declaración de guerra a los países del Eje. Estas decisiones se dan a partir de la ilimitada confianza -ya creada de antemano- en la capacidad militar y económica de los Estados Uni­dos de América y, de las intenciones de ese país por defender «a los más débiles». (Memoria de Seguridad, 1940, p. 6). En este aspecto, la política. de la Buena Vecindad, dio saldos positivos en favor de los norteamericanos.

En Costa Rica, la ayuda directa a los ministerios de Seguridad y Go­bernación se dio a través de sus ministros, y para esto se requirió de la permanencia en estos puestos de hombres de gran confiabilidad para el Departamento de Estado, porque en colaboración con estas de­pendencias se llevó a cabo el intercambio de información y el espionaje orientado a conocer las actividades de los enemigos de las potencias aliadas.

Los programas de preparación de las fuerzas de seguridad, que en principio se dieron con el fin de contrarrestar el peligro de un ataque ale­mán, y de la influencia interna de sus agentes, luego se continuaron, des­pués para contrarrestar la amenaza comunista ya que la misión militar norteamericana continuó prestando sus servidos técnicos e ideologizan­tes en el país.

Sin embargo, la función de los cuerpos armados nacionales se vio atenuada por lo siguiente:

Primero al hecho de que la campaña anticomunista fuera impulsada principalmente por los grupos de oposición al Gobierno; dada la alianza en principio entre iglesia y el Partido Vanguardia Popular (PVP), se convirtió en un impedimento para la desarticulación de la izquierda costarricense, toda vez que el PVP neutralizó en su favor a las fuerzas que, al interior del Gobierno y la Iglesia, se manifestaron en contra de esa alianza.

Segundo lugar, la carencia de un aparato militar profesional bien dotado materialmente, como lo tuvieron os países vecinos, por ejemplo: Panamá y Nicaragua, influyó en la función ejercida por las fuerzas policía­cas del país contra los comunistas. Estas, bajo las órdenes de José Tavío -reconocido anticomunista- arremetieron en contra de. los militantes del PVP, ero el hecho de que las fuerzas armadas estuvieran bajo las órde­nes del Presidente, inhibió sus funciones en este aspecto. (Aguilar: 1969, p. 351); o sea que el gobierno fue incapaz de contrarrestar las acciones de los cuerpos de autodefensa, denominados «brigadas de choque’ crea­dos por parte del PVP, para rechazar la a agresión tanto de las fuerzas poli­cíacas, como de las brigadas de los partidos de oposición. (Montero: 1988, entrevista).

IV. La Guerra Civil:

El ambiente previo al conflicto armado

La situación descrita anteriormente cobra mayor significado si se les ubica en el ambiente previo a las elecciones presidenciales de 1948, cuando la lucha anticomunista se une a los efectos de la crisis fiscal pade­cida por la Administración Picado, a las demandas de los sectores populares ante el deterioro de las condiciones de vida, a las acusaciones de corrupción en las esferas de Gobierno, a la carencia de garantías electo­rales, y en definitiva, a la pérdida de confianza en el gobierno aliado al PVP; lo cual quedó demostrado en los resultados de los comicios electora­les. (Rojas: 1979, p. 127).

La alianza, pese a su deterioro, fue renovada para las elecciones del 48 con fines meramente electorales. Esto contribuyó a alimentar la campa­ña de los opositores y del Departamento de Estado, cuyo aval seguía siendo de gran valor para cualquier partido político. Rafael Ángel Calderón Guardia, candidato del Partido Republicano Nacional (PRN), con el fin de congraciarse con la potencia acudió a mostrar sus posiciones anticomu­nistas y a justificar incluso la alianza con el PVP. Con este propósito, Cal­derón llegó a señalar a los hermanos Mora como interesados solamente en formar un partido nacionalista, mientras que a otros lideres de ese Par­tido los presentó como prosoviéticos, contra quienes sería implacable aj nuevamente retornaba al poder. (Department State. American Embassy, S.J., CR., 1948, File 818.24 p. 2)

El Presidente Teodoro Picado, definió en la prensa su posición con respecto a la alianza: «El Gobierno por él presidido, no era ni había sido ­nunca comunista’, y al referirse a la ideología y al espíritu del país, lo identificaba con la política exterior de los Estados Unidos y con la doctrina de­mocrática profesada por el bloque de naciones occidentales (Rojas: 1979, p. 136).

En el contexto nacional e internacional, poco podía hacer una agrupa­ción política para oponerse a las tendencias de la Guerra Fría, puesto que las presiones eran muy fuertes. A nivel internacional el sistema interameri­cano, a través de las continuas conferencias y acuerdos se convertía en un vocero que advertía sobre las nuevas amenazas que se cernían sobre el continente. La carta constitutiva de la OEA, en ese momento en discu­sión, y el TIAR (1947) fueron dos de las armas que sirvieron para rechazar la penetración de las potencias enemigas y de otras ideologías en Améri­ca.

Por otra parte, el acuerdo anticomunista firmado entre los gobiernos. de Nicaragua, El Salvador Honduras y Costa Rica (abril de 1947), com­prometió a los gobiernos a prestar servicios de información secreta, sobre las actividades comunistas -labor que quedó asignada a las direccione de la policía-. Además, el convenio preveía la necesidad de dictar medidas de-migración tendientes a controlar el tránsito de los agentes del comunis­mo, que se desplazaban de uno a otro país. (The Foreign Service of the U.S.A. Nicaragua. Abril 1947, File 818.00/4-248 #172. p. 2).

En relación con la política norteamericana, si bien ésta Proclamó su oposición al «intervencionismo» en los asuntos internos de los países por parte del Departamento de Estado, los diplomáticos sí intervinieron condenando actos o girando instrucciones acerca de los papeles que debían cumplir sus funcionarios contra la amenaza comunista. Esta situación fue muy notoria a raíz, por ejemplo, de la «huelga de brazos caídos», a partir de la cual se habló de la complicidad del Gobierno en los actos de sub­versión realizados por los comunistas. (Contreras y Cerdas: 1988, p. 137). Es entonces cuando empieza a observarse una actitud más cautelosa en los funcionarios norteamer1Canos. Un nuevo embajadores designado en el país _-Nathaniel Davis-, de quien se dijo que era hombre de gran experiencia para enfrentar a los comunistas.

De esta circunstancia se benefició el candidato de la oposición Otilio Ulate, quien contó previamente, sino con toda el respaldo, sí con la acep­tación de las autoridades norteamericanas. (Schifter: 1986, p. 255). Po otra parte la suspensión de la ayuda militar al gobierno de Picado, fue quizás una de las medidas que más perjudicó a esta administración, por los rumores ya circulantes en torno al contrabando de armas propiciado por la oposición y a los preparativos militares de ésta.

Al sobrevenir las elecciones y declararse la nulidad de los resultados favorables a Ulate, se puso en evidencia la ineficacia de la alianza para atraer hacia el candidato oficial a los electores. Un clima de gran conflicti­vidad y de violencia creció día con día, e hizo necesaria la continuidad de la alianza. Esta ahora debía mantenerse bajo una nueva perspectiva; evitar el triunfo militar de la oposición alzada en armas en distintos puntos del país, para salvar la legislación social.

Las urnas electorales dejaron de ser. una opción de cambio para la oposición. El llamado de ésta a sus integrantes y a los voluntarios fue para que defendieran los resultados de las pasadas elecciones y a la patria en peligro. En otras palabras los motivos del levantamiento en armas fueron -según la oposición- romper con los vicios electorales y con la injerencia del PVP en la vida del país

El enfrentamiento armado y sus secuelas

Las fuerzas revolucionarias de aproximadamente 700 hombres conta­ron con la contribución de un grupo de líderes militares de diferentes paí­ses de Centroamérica y El Caribe. Estos habían firmado un pacto con don José Figueres en diciembre de 1947 con el propósito de poner fin a las dictaduras de la región.(Argüello: s.f., p.113-114).0

Armas, municiones y pertrechos se adquirieron en el mismo país, pe­ro principalmente provinieron de Guatemala. El proyecto de Unión Centroamericana, el cual era compartido por Figueres, influyó en la colaboración prestada por el gobierno guatemalteco. Una red informativa se desplegó a nivel internacional para apoyar el movimiento de los revolucionarios. Raúl Haya de la Torre -líder de la socialdemocracia peruana­ desempeñó un importante papel como difusor de esta campaña. (Ameringer: 1978, p. 56).

La eficacia de las tácticas y estrategias de los revolucionarios contri­buyeron al triunfo militar de estos. Algunos avances de la puestos en práctica en la pasada guerra mundial fueron empleados en la ­Guerra Civil costarricense. Esta, al igual que la llevada a cabo contra Tinoco, se inició en la periferia del Valle Central. Sólo que ahora, el avance de la tecnología, acortó las distancias para la movilización de hombres y armas. Así, la aviación, empleada por primera vez como arma da también para el lanzamiento de bombas contra objetivos militares.

El embajador Nathaniel Davis solicitó protección al Gobierno de Pica­do para las inversiones hechas por una compañía norteamericana en las propiedades de José Figueres (Memoria de Relaciones Exteriores de EE.UU. 1549-415/43, marzo 1948, p. 12). Esta recomendación, que mues­tra los vínculos existentes del líder militar costarricense con el capital estadounidense, difícilmente podía ser acatada por el Gobierno, debido a que esos terrenos eran objetivos militares en ese momento.

Las fuerzas del Gobierno concentradas en los cuarteles, en las co­mandancias de plazas de provincia y en la Academia Militar, se reforzaron con la instalación de un cuartel en el local de la Confederación de Traba­jadores de Costa Rica (la OTCR) y con voluntarios de distintos sectores de la población, principalmente «mariachis», vanguardistas y funcionarios de la dependencia del gobierno dados de alta.

El Estado mayor se integró con representantes de los partidos alia­dos. Esto explica por qué algunos autores se refieren a tres ejércitos, obe­dientes a mandos distintos y no al Estado mayor. Según ellos, las fuerzas gobiernistas estuvieron al mando de tres distintos jefes;: Rafael Ángel Cal­derón Guardia, René Picado y Manuel Mora. Se sostuvo que un 7s% Ge las fuerzas las integraron los vanguardistas. (Obregón L.: 1981 p. 329).

Con la sola excepción de los miembros de la Unidad Móvil, el resto de las fuerzas gobiernistas -«regulares», «mariachis’ y otros voluntarios- ca­recían de una verdadera disciplina militar. (Fernández, 1988, entrevista). Al Gobierno se le acusó de indolencia para restablecer el orden. La nega­tiva del Ministro de Seguridad René Picado, para entregar armas a los vanguardistas, quienes se mostraran como las más interesados en la con­tienda, no es misterioso ni inexplicable, (Schifter, 1986, 276), sino que esto respondió a la pérdida de control en la dirección de las acciones bélicas de las fuerzas gobiernistas y a las implicaciones de la Guerra Fría.

Vista la situación anterior, deben considerarse otros factores en las decisiones-gubernamentales. Estos tienen que ver, en primer lugar, con la cruzada anticomunista liderada por los representantes norteamericanos en la 9a. Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, del 30 de marzo al 2 de mayo del 48. En ella estos funcionarios hacen ver, que los Estados Unidos podrían ser forzados a tomar acciones en el momento en que las actividades comunistas pusieran en peligro la seguridad de la so­lidaridad latinoamericana. (FR, 1948, vol 1, p. 195). Las advertencias de los norteamericanos coincidieron con los sucesos que ocurrían en Costa Rica. Por eso no resulta extraño el giro de algunos funcionarios del Gobierno de Picado_ quienes trataron de dar una imagen distinta ante las au­toridades norteamericanas. Así, por ejemplo, el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con, Tapley Bennet, Director de la Ofici­na de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el­ peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comu­nista para el Gobierno. (Schifter: 1986, p. 265).

En segundo lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior, están las dos intervenciones de las fuerzas nicaragüenses en territorio costarri­cense durante el conflicto. Somoza, solidario con el gobierno de Picado, trató de ayudar militarmente a éste, con dos objetivos muy claros: primero, para que rompiera con los comunistas, de quien era acérrimo enemigo y, segundo, para protegerse del peligro que para él entrañaban los revolucionarías al mando de José Figueres.

En tercer lugar, las noticias alarmantes acerca del control militar de los vanguardistas de puntos estratégicos de San José -el aeropuerto, la central telefónica- y del control que ejercían los revolucionarios sobre e puerto de Limón (La República, 8 febrero, 1973, p. 6), inquietaron al em­bajador norteamericano. Y por eso éste, al conocer las noticias de la inva­sión de fuerzas nicaragüenses a suelo costarricense (el 17 de abril), record6 a los miembros de la Comisión Diplomática a cargo de las nego­ciaciones el compromiso adquirido por las repúblicas americanas cuando un país invade a otro; y sostuvo que «sin haber tenido tiempo de consultar con los gobiernos, éstos no permitirán el quebranto de la paz y sabrán castigar a los responsables de esa acción». (La República, 11 de febrero 1973, p. 14).

Somoza, se vio presionado también, por las autoridades diplomáticas norteamericanas en su país. Estas lo amenazaron con no otorgarle el reco­nocimiento a su gobierno. Sin más preámbulo Somoza retiró las tropas de suelo costarricense. La inhibición de «la ayuda nicaragüense» al Gobierno de Picado, concluyó con la última posibilidad que los hermanos Picado Michalsky y Calderón Guardia tuvieron para recuperar el control político y militar del país. (Picado: 1950, p. 5-6 y Obregón L.: 1981, p. 340-345).

A partir de la dimensión internacional adquirida por el conflicto costa­rricense el Presidente Picado decidió dimitir y firmar el acuerdo de paz, el 19 de abril de 1948. El Pacto de la Embajada de México -como se le cono­ce- puso fin al peligro inmediato que se cernía sobre los intereses a más largo plazo de la potencia; o sea, aquéllos relacionados con la reproduc­ción del sistema capitalista y con el control del punto de mayor prioridad estratégica en la región: el Canal de Panamá.

Los intereses puestos en peligro por la Guerra Civil costarricense fue­ron hábilmente defendidos par el Departamento de Estado. El organismo rector de la política exterior norteamericana, por un lado, pregonó el no in­tervencionismo, condicionó el reconocimiento, y por otro, no descartó la posibilidad de movilizar los barcos de guerra anclados en la Zona del Ca­nal, o bien el recurrir a los convenios interamericanos para poner fin al conflicto.

A nivel interno la guerra puede interpretarse como una proyección de la acción política; o sea, que con ella se lograron las metas no alcanzadas a través de las urnas electorales. En este sentido, la ola de subversión, de terrorismo y el conflicto armado en sí, que la precedieron pusieron en en­tredicho el mito clásico de la no violencia del costarricense, creado por cierta corriente historiográfica nacional con amplio eco en el extranjero.

La violencia fue muestra de la incapacidad del Gobierna de Picado para dar solución tanto a los viejos problemas, como aquellos nuevos creados a partir de la Guerra Fría.

Los pactos firmados entre Picado y el cura Núñez (representante de los alzados en armas), entre Núñez y Manuel Mora, entre José Figueres y Ulate, pretendieron devolver la paz al país. Sin embargo, ésta no dejó de ser una paz armada, porque si bien es cierto entre las medidas de más peso; la Junta Fundadora de la Segunda República aprobó un decreto mediante el cual puso fuera del marco de la legalidad al Partido Comunista. (C.R. Leyes y Decretos, Decreto #105 de 17 de julio 1948), con eso no concluyeran las problemas de seguridad nacional y continental.

Al concluir la Guerra Civil la Policía de Orden y Seguridad, el cuerpo de Detectives y el Resguardo Fiscal fueron reorganizados. El Ejército de Liberación Nacional, con el nombre de Ejército de Costa Rica, pasó a ocu­par el lugar dejado por su antecesor. Y al igual que todos los ejércitos concentró tres funciones básicas: la defensa de la soberanía, la represión de los sectores populares y la de arbitraje entre las fracciones, que se disputaron el poder.

Finalmente, cabe señalar que la misión militar norteamericana conti­nuó por espacia de varias décadas su labor sobre el aparato represivo costarricense, pese a la abolición constitucional del ejército permanente. Sin embargo, la influencia de los asesores estadounidenses perdura hasta hoy día, concretamente sobre la «Policía Militar», la- cual hace suyo acrítica­mente el instructivo de la Policía Militar norteamericana y hasta reproduce para sí misma la insignia del Ejército de ese país (Uba: 1982. Pp 13)7.

Conclusiones

  • Costa Rica, a partir del momento en que se abre e: Canal de Pana­má, pasó, a formar parte de los planes de seguridad del estado norteamericano.
  • La importancia estratégica del Canal de Panamá para los Estados idos y la cercanía de Costa Rica a éste, ameritan los esfuerzos tendientes. a asegurar también desde este país la protección de esa vía interoceánica.
  • La Segunda Guerra Mundial, -al igual que la Primera- y la Guerra Fría potenciaron la importancia geopolítica del istmo y contribuyen a consolidar la hegemonía estadounidense en la región.
  • Las alianzas inverosímiles que se configuraron en el escenario po­lítico nacional; así como su rompimiento denotan el impacto 1e las grandes tendencias mundiales en la vida política del país.
  • La instrucción de los asesores militares norteamericanos a las fuer­zas de seguridad del Estado costarricense, contribuyeron en la ideologización de éstas, o sea, en la inculcación de los valores del f6rcito norteamericano. A partir de entonces esta tendencia ideologizante se mantiene.
  • Finalmente cabe señalar que la Guerra Civil de 1948 sirve de ejemplo, para demostrar el peso del factor geopolítico sobre los asuntos internos del Estado costarricense y de sus vecinos. su vez el clima de violencia que precede a este conflicto así cama la guerra misma pone en entredicho el mito de la no violencia en el ser costarricense, que sostienen algunos autores.

Citas

  1. La idea de la Unión Centroamericana impulsada en varias oportunidades en la historia de la región, es abalada en la década del 40 por el empresario y líder militar de la Guerra Civil de 1948 José Figueres Ferrer.
  2. La disminución de la capacidad represiva del Estado costarricense es parte de un proceso que se inicia en 1919, cuando el ejército es inhibido por las presiones norteamericanas, para ejercer la función de arbitraje entre las frac­ciones que se disputan el poder. Segundo, cuando en 1921 en la Guerra limí­trofe con Panamá, la intervención estadounidense en ese conflicto, pone fin a la función de defensa externa. Después de 1921 es notorio el carácter policial de la represión y un incremento de la tensión social. Más detalles en: Muñoz, 1988, O. 213-238.
  3. La política de seguridad implementada por los norteamericanos no sólo abar­có la ayuda militar, sino que también el sector económico y el cultural.
  4. Esta cita en adelante se abrevia así: F.R. año. Vol. File.
  5. La influencia de los alemanes en Costa Rica se había proyectado en distintos ámbitos. Se destacaron sus vínculos con el sector nacional impulsor de la eco­nomía cafetalera, y del comercio tanto de exportación como de importación.
  6. En adelante esta referencia se abrevia así: A.N.C.R. serie, año, No. del docu­mento. f.
  7. La insignia de las pistolas cruzadas de la Policía Militar son un constitutivo de las que fueron aprobadas en 1922 para el Ejército de E.E.U.U. Esta insignia está compuesta o se basa en una «pistola de llave de chispa, modelo 1806, calibre 54, de la fábrica Harper’s Arsenal». La misma fue la primera pistola de Reglamento con piezas intercambiables. Representa una arma de distinción y simboliza las normas elevadas y precisas del Ejército de los E.E.U.U. de Nor­teamérica. Todo policía militar debe estar orgulloso de poder usar, puesto que ello significa un honor y un privilegio’.

    Bibliografía

    A) Documentos del Archivo Nacional de Costa Rica.
    Serie Gobernación año 1941. Documento No. 23318. f. 116-120.
    Serie Gobernación año 1942. Documento No. 11261.
    Serie Ministerio de Seguridad 1934. Documento No. 4767.

    B) Entrevistas.
    Fernández, P. Mario. El Ejército de Costa Rica en /os años .40. San José: Oficina, 30 de mayó de 1988.
    Montero V. Alvaro. El anticomunismo antes y después de la Gue­rra Civil. San José: Oficina, 19 de setiembre 1988.

    C) Periódicos
    La República. Ano 1973.
    La Tribuna. Años 1940-1942.

    D) Documentación norteamericana.
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    Memoria de Relaciones Exteriores de EE.U!,J. 1549-415/43. Año 1948. P. 12.
    Foreign Relations del· 29 de julio de 1940. Vol. IX. File 818.20/34. Foreign Relations. Department of State. Año 1948. Vol. 1 p. 195. The Foreign Service of U.S.A. Nicaragua. 2 abril 1947. File 818.00/4-248. No. 172. p. 2.

    E) Bibliografía General
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