Reevaluando los orígenes de la Guerra Civil de 1948

CONFLICTO DE CLASES, CRISIS POLÍTICA Y DESTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS EN COSTA RICA
REEVALUANDO LOS ORIGENES DE LA GUERRA CIVIL DE 1948

Fabrice Edoward Leboucq

Departamento de Ciencias Militas.
Universidad de Duke.

Nota: Los borradores inicíales (y principales) de este artículo los escribí mientras era Profesor Invitado de la Escuela de Historia e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica.

Fuente: Revista de Historia, enero-junio 1992, No. 25. Escuela de Historia Univeridad Nacional y Centro de Investigaciones Históricas Universidad de Costa Rica.

Introducción

La Guerra Civil costarricense de 1948 figura como el colapso más significativo de las prácticas democráticas en lo que muchos creen que es un país con un destino democrático.1 Ningún otro conflicto polarizó tanto al país ni cobró tantas vidas humanas. Ninguna otra guerra civil influyó tanto en la manera en que los estudiosos consideran y entienden el desarrollo de las instituciones democráticas en Costa Rica.2 Sin embargo, por qué los actores políticos de Costa Rica resolvieron sus disputas en el campo de batalla, es una pregunta que todavía no ha generado una respuesta satisfactoria.

El precedente inmediato a la guerra civil fue la anulación de las elecciones presidenciales por el Congreso Constitucional el primero de marzo de 1948. La elección, supuestamente ganada por el candidato de oposición Otilio Ulate, ocurrió en un ambiente caracterizado por el frecuente uso de la violencia y el fraude. Sin sorpresa alguna, el partido político oficial, el Partido Republicano Nacional (FRN), encontró difícil aceptar la derrota de su candidato, Rafael Angel Calderón Guardia (presidente de la República entre los años 1940-1944), en unos comicios con un gran número de irregularidades.

En las semanas siguientes, los intentos para negociar un compromiso entre la oposición y el gobierno resultaron infructuosos. Tales arreglos políticos se desvanecieron una vez que el ejército guiado por José Figueres aclaró a todos los otros políticos que su propósito era organizar una Junta para gobernar Cosía Rica por lo que eventualmente se convirtió en un período de dieciocho meses. Durante su breve gobierno, la Junta convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual transformó las instituciones políticas, entre otras cosas, creando un sistema electoral políticamente autónomo y concediendo el derecho al voto a todos los costarricenses mayores de veinte años.3

Las imágenes que estos eventos evocan en las mentes de los costarricenses son muy variadas.4 Muchos ven el año 1948 como la culminación de los intentos calderonistas por instalar una dictadura corrupta en Costa Rica5. El Partido Republicano Nacional también es severamente criticado por iniciar una alianza con el Partido Vanguardia Popular, el partido comunista costarricense, durante la presidencia de Calderón Guardia, la cual fue solidificada por su sucesor, Teodoro Picado. En esta perspectiva, José Figueres es considerado como el salvador de la herencia democrática costarricense. De hecho, los estudios más recientes en torno a la democracia costarricense acreditan a Figueres no solamente el derrocamiento del régimen caldero-comunista, sino también la toma de las decisiones claves que condujeron a la consolidación del régimen democrático, políticamente estable, presente en Costa Rica desde 1949.6 Es en este año. después de todo, cuando Figueres cede el poder al presidente electo Ulate Blanco, el primer individuo en ejercitar los poderes de la presidencia bajo la nueva constitución.

Muy pocas voces se han escuchado tan claramente como las de los Figueristas. Aunque varias personalidades prominentes del antiguo régimen han dejado memorias o han escrito sobre diversos aspectos relacionados con estos años, sus informes no han sido suficientemente difundidos o no han recibido la atención que merecen como interpretaciones alternas de los eventos ocurridos en la Guerra Civil de 1948.7

La clave para las imágenes más populares de la Guerra Civil de 1948 es la creencia de que los conflictos entre un gobierno reformista en lo social (aunque, muchos agregarían, corrupto) y una oposición conservadora, íntimamente alineada con la oligarquía cafetalera de Costa Rica, tenían que ser resueltos a través de las armas. Jorge Salazar Mora resume en forma muy clara esta creencia ampliamente aceptada, cuando escribe:

«Las elecciones de 1948 no pudieron resolver por la vía pacífica las disputas entre los dos bloques políticos de esa época, pues el grado de tensión social entre fracciones de clase y clase desbordó los límites de coexistencia pacífica y requirió de la vía de facto para reestructurar el aparato de Estado y reacomodar a las fuerzas sociales…».8

En este ensayo se investigará la veracidad de esta creencia. Para muchos el proponer siquiera esta pregunta es inútil porque supone un razonamiento contrario de dudosa utilidad. Sin embargo, la decisión de no plantear esta pregunta conduce a una consecuencia aún más problemática, como es el hecho de que la Guerra Civil sea percibida como algo que fue inevitable. Dado que la voluntad de los individuos es discutida, los proponentes de la tesis inevitabilisia ven a los individuos y otros agentes políticos como actores atrapados en un juego que, por definición, posee roles preestablecidos. Aunque quizás ninguna de las crónicas de la década de 1940 adopta abiertamente la inevitable tesis apoyada por Salazar Mora, todas comparten un número de corolarios esenciales, como se muestra en este ensayo.

Lo que es pernicioso en la tesis de los inevitabilistas es que ésta conduce a reportar únicamente parte de la evidencia y/o a la negación a explorar aspectos contradictorios con cualquier versión de esta tesis, la cual el estudioso está proponiendo abierta o cubiertamente. Asumir que la Guerra Civil de 1948 fue inevitable ayuda a opacar el papel desempeñado por diferentes actores políticos, apoya los imágenes falsas de la naturaleza y significado de la Guerra Civil de 1948 y estropea el estudio de los orígenes de las instituciones democráticas en Costa Rica. El hecho de que aquellos quienes se concentran en el comportamiento de los políticos y aquellos quienes buscan revelar las verdaderas raíces económicas de la Guerra Civil de 1948 son inevitabilistas, sugiere que el estudio de este conflicto podría beneficiarse de algunas reflexiones metodológicas.

El objetivo principal de este ensayo es sugerir qué razones existen para reinterpretar los orígenes y significado de la Guerra Civil de 1948. El artículo comienza discutiendo las más importantes crónicas políticas de esta guerra, luego examina los argumentos acá denominados interpretaciones de clase o económicas de los años cuarenta. Se argumentará que las formas de entender los orígenes de la Guerra Civil de 1948 son debilitadas por la existencia de recursos empíricos cuestionables y por dudosas conclusiones teóricas. Finalmente, se esboza una forma alternativa de conceptualizar un conflicto político que explica las inquietudes no resucitas por los estudiosos principales de la Guerra Civil de 1918.

Perspectivas Políticas

Las dos crónicas políticas más importantes de los eventos que condujeron a la Guerra Civil de 1948 son las de Oscar Aguilar Bulgarelli y John Patrick Bell.9 Aunque Miguel Acuna, Eugenio Rodríguez Vega y Jacobo Schifter (en uno de sus libros no analizados en este ensayo) han escrito sobre la política de este período, no se clasifican sus volúmenes junto con los de Aguilar Bulgarelli y Bell porque los tres autores anteriores persiguen objetivos diferentes.10 Acuña se interesa más en cuestionar ciertas opiniones sobre los eventos de 1948, a través del uso de entrevistas con individuos claves y de la lectura de documentos selectos. El libro de Rodríguez Vega es esencialmente una colección de recuerdos personales sobre los años 40, apoyado por algunos recursos primarios de investigación. Schifter delínea el curso tomado por las relaciones entre los Estados Unidos y Costa Rica durante los años 40, a través de lo cual suministra una información valiosa, no muy conocida, sobre los eventos de 1948. Los esfuerzos de Aguilar Bulgarelli y Bell ameritan una consideración especial porque son los únicos intentos comprensivos de investigar la política de la guerra civil de 1948.

A grandes rasgos, Aguilar Bulgarelli y Bell sostienen posiciones similares sobre las relaciones entre el gobierno y la oposición durante los años 40. Las diferencias entre ambos libros son mínimas. Estas se deben al hecho de que Bell, mientras realizaba la investigación para su tesis doctoral en la Universidad de Tulane, ofrece una perspectiva más analítica que la de Aguilar Bulgarelli sobre los años 40. Las descripciones de estos autores intentan revelar la multiplicidad de factores que influenciaron el comportamiento de las figuras políticas claves y de los partidos políticos durante esta década. A través del análisis de tales eventos y procesos, ambos intentan entender por qué el conflicto entre el gobierno y la oposición condujo al brote de hostilidades armadas en el año 1948.

Aguilar Bulgarelli y Bell encuentran el origen de la profunda división entre la oposición y los gobiernos de Calderón Guardia y Picado en los primeros años de la presidencia del primero. De entre una serie de eventos que todavía permanecen ambiguos y poco estudiados. Aguilar Bulgarelli y Bell sugieren que la declaración de la guerra a Alemania, Italia y Japón por parte de Calderón Guardia, durante las últimas semanas del año 1941, enfureció a miembros clave de la clase dominante de Costa Rica, muchos de los cuales fueron juzgados como inmigrantes alemanes e italianos -o como sus descendientes- y/o partidarios de los poderes del Eje. Estos individuos, junto con el presidente anterior del período 1936-40, León Cortés Castro, llegaron a ser firmes oponentes del gobierno una vez que Calderón Guardia comenzó una serie de reformas que dieron origen, entre otros, a la Caja Costarricense del Seguro Social (1941), al primer Código de Trabajo de la nación (1943). y a las reformas de la Constitución, conocidas como las Garantías Sociales (1943). El retiro del apoyo por parte de su antiguo y no muy convencido aliado, Cortés Castro, y la supuesta hostilidad de los sectores claves de la clase dominante costarricense, son vistas como las razones por las cuales Calderón Guardia formó una alianza con el partido comunista, guiado por el diputado legislativo, Manuel Mora Valverde. Esta alianza, también recibió el apoyo tácito de Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Arzobispo Católico Romano de Costa Rica.11

Sus interpretaciones luego describen la creciente polarización entre la oposición y el gobierno en Costa Rica. Las acusaciones hechas por la oposición respecto de la corrupción fiscal y el nepotismo de lo que comenzó a llamar «caldero-comunismo», pronto atrajeron el apoyo de Otilio Ulate Blanco, director de uno de los diarios principales, Diario de Costa Rica, y ex-diputado del Congreso Constitucional.12 El grupo de jóvenes intelectuales del Centro Para el Estudio de los Problemas Nacionales, que en 1945 combinó fuerzas con el pequeño partido político Acción Democrática (AD), para formar el Partido Social Demócrata (PSD), también se unió a las filas de oposición.13 En 1944, al regreso del exilio que Calderón Guardia le impuso en 1942, José Figueres comenzó a participar en los asuntos de ambos partidos, cuando no se dedicaba a organizar una insurrección armada en contra del calderonismo.14

Alrededor de 1945, la amenaza del uso de la violencia y otras formas de protesta por parte de la oposición llegaron a prevalecer, una vez que ésta comenzó a perder fe en la validez del proceso electoral. En 1942, los esfuerzos de la oposición fueron obstaculizados por un fraude oficialmente respaldado o permitido, un recurso frecuentemente empleado por los gobiernos costarricenses para manipular las resultados electorales. El uso de tal fraude se repitió en las elecciones presidenciales y legislativas que incitaron a Cortés Castro a competir en contra del favorito oficialista, Picado. Esta elección se caracterizó por irregularidades que, desde el punto de vista de la oposición, fueron suficientemente numerosas para sugerir que el fraude había evitado que Cortés Castro llegara a ser legalmente el próximo presidente de Costa Rica. Los cargos de que el gobierno usó rutinariamente el fraude para elegir a sus candidatos favoritos fueron repelidos por la oposición después de las elecciones presidenciales del año 1946. Desafortunadamente, ningún autor intentó organizar en forma sistemática los muchos y variados reportes de fraude existentes en los periódicos costarricenses, ni examinar otro material primario, para confirmar la veracidad de los reclamos de la oposición y, al menos, brindar declaraciones más completas de la naturaleza, magnitud y distribución del fraude electoral.

Para estos autores, la falta de fe. por parte de la oposición, en la buena disposición del gobierno para llevar a cabo unas elecciones justas llegó a ser el aspecto clave durante la huelga de brazos caídos a finales del mes de julio de 1947. Esta huelga, que tuvo éxito en la paralización de la mayoría del comercio de la nación, finalizó cuando el presidente Picado firmó un acuerdo comprometiéndose él mismo a no llevar a cabo elecciones fraudulentas durante el año 1948. Bell, particularmente, también discute la campaña publicitaria organizada por la oposición, dirigida a desacreditar al gobierno por medio de la repetición de cargos de corrupción fiscal y electoral y haciendo uso del anti-comunismo de la sociedad costarricense y de la Embajada Norteamericana, siempre receptiva a tales esfuerzos y más aún con el principio de la guerra fría.15 Finalmente, Aguilar Bulgarelli y Bell analizan los intentos del gobierno para reorganizar el registro electoral y transformar las prácticas electorales, como era requerido por el Código Electoral promulgado en 1946, a pesar del aparentemente poco tiempo para llevar a cabo todo esto.

Aguilar Bulgarelli y Bell dedican muchas paginas a describir los eventos más sobresalientes que condujeron al inicio de la Guerra Civil, una vez que los resultados electorales revelaron que el candidato de la oposición. Ulate Blanco (54.931 votos), había derrotado al gobierno, Calderón Guardia (44.438 votos). Ambos demostraron cómo los esfuerzos del Tribunal Nacional Electoral (TNE). el cual tenía la misión de presentar un veredicto provisional sobre las elecciones para confirmar los resultados electorales, fueron obstruidos por la destrucción parcial del material electoral en un incendio misterioso, y por la virtual imposibilidad de dar la decisión antes de la fecha límite, cuando los calderonistas, creyendo que la gran mayoría de sus votantes fueron privados del voto, presentaron una petición al TNE solicitando que estas elecciones fueran anuladas. Sus reclamos fueron ridiculizados por la oposición, además de que fueron tratados con indiferencia por parte de los miembros del TNE. Estos eventos, a los ojos de Aguilar Bulgarelli y Bell, solamente confirmaron la creencia de cada parte (gobierno y oposición) en la poca confianza que merecía el otro, acentuando así la polarización del sistema de partidos en Costa Rica.

Para Aguilar Bulgarelli y Bell no es sorprendente que el Congreso, dominado por los calderonistas, anulara esta elección el primero de marzo, fecha constitucionalmente designada para que el Poder Legislativo diera el veredicto final sobre la contienda presidencial en un año electoral. A pesar de los esfuerzos para mediar en la búsqueda de una solución entre el gobierno y la oposición de parte de Monseñor Sanabria y otros, se dice que la Guerra Civil se inició el 12 de marzo, cuando llegó a San José la noticia de que el ejército improvisado de Figueres había abierto fuego sobre las tropas del gobierno. Ambos libros también ofrecen argumentos de cómo Figueres había organizado un ejército para guiar tal insurrección, esbozan el curso tomado por la guerra y, finalmente, describen cómo los miembros claves del cuerpo diplomático ayudaron a negociar un cese al fuego de la guerra el 19 de abril. Los volúmenes de Aguilar Bulgarelli y Bell terminan discutiendo la marcha triunfante de Figueres a San José, el traspaso de poder de Picado al tercer designado presidencial, Santos León Herrera, y la consolidación del poder político en manos de Figueres el 8 de mayo, como líder de la Junta Fundadora de la Segunda República.

A pesar de su premisa implícita de que la Guerra Civil de 1948 provenía de diferentes causas, ningún autor dedica mucho tiempo a discutir, por ejemplo, los efectos del incremento en el costo de la vida producido por la Segunda Guerra Mundial o las consecuencias económicas de las reformas sociales. Aguilar Bulgarelli y Bell tampoco discuten, en forma detallada, la crisis fiscal claramente evidente al final de la presidencia de Calderón Guardia. Más aún, ambos autores asumen que Calderón Guardia y las políticas de reforma de Picado enajenaron los sectores claves de la clase dominante costarricense. Simplemente no intentan descubrir cómo estos fenómenos afectaban a los diferentes grupos sociales ni si estos grupos entraron a la arena electoral o si buscaron influenciar de otra manera la naturaleza de la política del estado. Así. la forma cómo Aguilar Bulgarelli y Bell explican el acontecimiento de una guerra civil en Costa Rica durante 1948, sugiere que las exigencias de las políticas electorales, tanto como el alineamiento de las fuerzas sociales, hicieron inevitable la guerra civil de 1948.

Perspectivas económicas y de clase

El deseo de distinguir los vínculos entre el desarrollo económico y el conflicto político es lo que motiva a Jacobo Schifter a escribir otro de sus libros. La fase oculta de la guerra Civil, y a Manuel Rojas Bolaños a publicar Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948. De hecho. Rojas Bolaños y Schifter proponen esencialmente que las condiciones económicas desfavorables y/o las contradicciones de clase, provocaron inevitablemente el estallido del conflicto armado en 1948. Schifter y Rojas Bolaños persiguen su objetivo suministrando información que no se había dado a conocer anteriormente, y también a través de una especulación teórica.

La principal contribución empírica de Schifter al estudio de las alianzas de clase durante los años de 1940, es un análisis ecológico de los resultados electorales durante las décadas de 1950 y 1960, originalmente producido por el politólogo norteamericano Robert Trudeau.16 El objetivo principal de Schifter en este esfuerzo es afirmar que el PRN, junto con sus sucesores, y no el PSD ni su sucesor, el Partido Liberación Nacional (PLN), recibieron apoyo de la clase trabajadora urbana y de los sectores populares así como del sector de los trabajadores en las plantaciones de banano poseídas por la United Fruit Company. Lamentablemente, Schifter no teoriza sobre las bases sociales de la oposición al calderonismo.

En el capítulo II, Schifter también se refiere al hecho de que el cierre del mercado alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, muy importante históricamente para las exportaciones costarricenses de café, no afectaron en forma negativa la economía o los intereses de los productores cafetaleros. Como Schifter señala, el valor de las exportaciones de café solamente bajó entre los años 1939 y 1940. Mientras que el valor total de las exportaciones agrícolas disminuyó entre 1937 y 1941, el valor de la exportación de café aumentó después del año 1940, cuando Estados Unidos sustituyó a Alemania como el principal consumidor del café costarricense. En este capítulo, Schifter también afirma que aún permanece incierto cómo la clase dominante reaccionó ante el encarcelamiento o extradición de los miembros de la comunidad alemana de Costa Rica a los campos de detención, efectuados por Calderón Guardia.

Rojas Bolaños también afirma en su libro Lucha social y Guerra Civil en Costa Rica que la promulgación de las reformas sociales entre 1941 y 1943 condujo a una disputa entre el gobierno de Calderón (más tarde el de Picado) y la oligarquía costarricense.17 Junto con la supuesta insatisfacción de la oligarquía con -su gobierno, Calderón Guardia también comenzó a sentir los efectos de la creciente y popular campaña electoral de Cortés Castro. Rojas Bolaños menciona que el costo de la vida se duplicó esencialmente entre 1941 y 1944, afectando más severamente los sectores sociales más pobres.18 Con base en esta evidencia. Rojas Bolaños concluye que «el campesinado estaba más dispuesto a seguir a Cortés, a quien recordaban como el hombre fuerte que había conducido una administración pública ordenada». El campesinado, debido a la inflación y a la escasez de productos de consumo básico durante la guerra, veía al gobierno con disgusto, ya que «… el desorden administrativo y la corrupción en el gobierno eran evidentes, y los beneficios de la reforma social no llegaban todavía a las masas, sobre todo al empobrecido campesinado».19 Desafortunadamente, esta interpretación provocativa no está complementada con un análisis de cómo los trabajadores urbanos, artesanos y otros fueron impactados por el aumento en el costo de la vida ni de cómo se movilizaron para promover sus intereses.

Los defectos del análisis de Rojas Bolaños sobre el comportamiento político de las clases más bajas señalan las dificultades asociadas con la perspectiva de que el conflicto de clases causó la Guerra Civil de 1948. Afirmar que la lucha de clases explica el estallido de las hostilidades armadas en 1948 requiere demostrar por qué y cómo las disputas por la distribución de recursos materiales generaron las principales divisiones políticas de la sociedad costarricense. Que la lucha de clases fue el motor de la historia política costarricense durante los años 40, según Rojas Bolaños, es confirmado por la existencia de una división entre el gobierno de Calderón Guardia y la oligarquía costarricense. De acuerdo con la visión de Rojas Bolaños sobre el mundo social, los estados protegen típicamente los intereses de la clase dominante, preservando de esta forma el modo de producción capitalista.20 Sin embargo, el hecho de que los oficiales del estado y los capitalistas no estén de acuerdo, sugiere que la teoría funcionalista del estado de Rojas Bolaños es dudosa, y no que el conflicto de clase fue el origen de las preferencias políticas durante los años 40 en Costa Rica. No es lógico asumir que las consecuencias -en este caso, políticas públicas benéficas para el sistema capitalista- de cualquier clase de instituciones, tales como el estado, puedan explicar su existencia en forma directa. El hacer esto requiere el uso de un análisis funcionalista en vez de uno causal, y ambos niegan, o no pueden explicar coherentemente, el papel desempeñado por los sujetos intencionales en los asuntos humanos.21

Una interpretación clasista de los años 40 debe mostrar que los intereses de las clases costarricenses y de las fracciones de clase fueron afectados en formas adversas y divergentes por los cambios económicos y/o por la política estatal. Finalmente, el estudioso que sigue un enfoque de clase necesita explicar cómo y por qué estas clases y fracciones de clase se llegaron a organizar como actores colectivos cuando (si es que fue así) sus intereses fueron amenazados.

Como lo admite Rojas Bolaños, los datos disponibles indican que los intereses de la clase dominante durante la presidencia de Calderón Guardia fueron no sólo amenazados, sino protegidos.21 La creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y de ciertas disposiciones en el Código de Trabajo requerían de patrones que tomaran medidas compensatorias cuando los empleados despedidos encolerizaban a industriales, comerciantes y agricultores.

¿Cómo respondieron, sin embargo, los capitalistas ante las políticas reformistas de Calderón Guardia? Confiando en las opiniones de Mora Valverde, líder del Partido Comunista costarricense por mucho tiempo. Rojas Bolaños afirma que, en 1942 aproximadamente, las reformas sociales de Calderón Guardia habían enajenado a muchos capitalistas del país. Esto sucedió durante los primeros meses de 1942 cuando Manuel Mora Valverde afirmaba que Mariano Cortés (diputado del Panido Republicano Nacional desde 1936) le había solicitado asistir a una reunión en la casa de Jorge Hiñe (Gerente General del Banco de Costa Rica), donde un grupo de capitalistas estaban organizando un golpe para derrocar al gobierno de Calderón Guardia.23 Confrontado con dicha oposición, Calderón Guardia decidió formar una alianza con el Partido Comunista costarricense, como una forma de incrementar su base social.» De acuerdo con Rojas Bolaños, también se revela la insatisfacción de los capitalistas por la inclinación de Calderón Guardia hacia la tendencia izquierdista, por el hecho de que los miembros claves de la clase dominante costarricense, como Jorge Hiñe, Federico Rohrmoser, Marco A. González Lahmann, Carlos Gutiérrez y Roberto Salazar M., apoyaron la candidatura presidencial de Cortés en el año 1943.25

Sin embargo, otros capitalistas no sintieron que el peligro planteado por las reformas de Calderón Guardia garantizara el apoyo suficiente para la candidatura de Cortés Castro a la presidencia. Un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Demócrata, el diputado Luis Calvo Gómez, argumentó que Cortés Castro perdió las elecciones de 1944 porque nunca obtuvo el apoyo de la clase dominante costarricense.26 Al menos en una ocasión, en agosto de 1943, otros miembros de la clase dominante costarricense, incluyendo a José Joaquín Alfaro, Tomás Malavassi, Mariano Cortés, Fausto Coto Monge, y Walter Dittel, firmaron una carta pública de apoyo al Código de Trabajo decretado para ese entonces.27 El hecho de que el diputado Mariano Cortés firmara esta declaración después de que estaba organizando un golpe en contra de la administración Calderón Guardia, indica que los proponentes del enfoque clasista no se han preocupado por construir una interpretación empíricamente consistente de la historia costarricense.

La aprobación o indiferencia de los capitalistas hacia el gobierno, indudablemente provenía del hecho de que los intereses de la clase dominante fueran afectados en formas divergentes por la política del Estado. Caficultores y exportadores se debieron haber alegrado cuando el Gobierno de Calderón Guardia anunció en 1940 que garantizaría un precio mínimo para las exportaciones de café, al mismo tiempo que eliminaría los impuestos a dichas exportaciones.28 Por tanto y no sorprendentemente, los conflictos en el sector cafetalero durante la década de 1940 decrecieron en importancia y número, una tendencia ya visible tras 1930.29 Este gobierno debió también haber hecho amigos entre los adinerados de Costa Rica cuando se decretó una ley en 1940, que abogaba por la protección a los nuevos industriales de la competencia foránea.30

Después de 1944, el gobierno de Picado desistió de someter al Congreso una ley monetaria, una vez que Manuel Francisco Jiménez Ortiz, un vocero clave del liberalismo costarricense, lanzó una campaña contra el proyecto de ley.31 Sin embargo, el gobierno de Picado provocó la ira en la mayoría de las asociaciones empresariales cuando su gobierno ganó la aprobación legislativa de nuevos impuestos sobre la renta y territoriales a finales de 1946.32 Los comerciantes también comenzaron a criticar la política económica del gobierno, cuando la administración de Picado no pudo resolver fácilmente la severa crisis de intercambio internacional producida por la reanudación de las importaciones a países industrializados, a finales de la Segunda Guerra Mundial.33

Sin embargo, el comportamiento colectivo de los capitalistas (o de cualquier otra clase), no se puede deducir únicamente de un análisis de sus intereses de ciase.34 Todavía es necesario mostrar cómo y por qué algunos capitalistas habrían organizado una campaña para buscar alguna solución a las políticas económicas perjudiciales para la clase capitalista en su totalidad. Delinear cómo los capitalistas, en busca de sus intereses comunes de clase, enfrentaron la posibilidad de represalias y la incertidumbre con respecto al comportamiento de sus colegas, aliados y oponentes es, pues, un componente esencial del análisis político.

Un examen de las consecuencias políticas de los impuestos sobre la renta y territoriales de la administración de Picado revela que los capitalistas y los profesionales de la clase media reaccionaron en formas divergentes hacia una política que marginalmente redujo sus ingresos tanto individuales como comunes.35 En los días posteriores a la declaración de estos impuestos como ley, los aferrados oponentes al calderonismo persuadieron a sus colegas de la clase media, en una asamblea de profesionales, no solo a abstenerse de pagar los nuevos impuestos, sino a participar en una huelga general.36

Los 300 de aproximadamente 1.500 miembros de las asociaciones empresariales, quienes fueron a una asamblea precipitadamente organizada, sólo pudieron declarar su deseo de considerar el incumplimiento del pago de los recientemente aprobados impuestos sobre la renta y territoriales. Los capitalistas presentes rehusaron tomar en consideración el consejo de los profesionales de la clase media. quienes también estaban tratando de obtener la aprobación de una moción en la que se pedía un boicot a los impuestos y una huelga general. Con respecto a las temidas sanciones gubernamentales, Alvaro Zúñiga, de la Cámara de Comercio de Costa Rica, habló por muchos cuando declaró que la poco concurrida asamblea no debía adoptar medidas ilegales. Un indicador de que esas opiniones de Zúñiga eran ampliamente aceptadas fue la poca habilidad de los organizadores de la asamblea para obtener la anuencia de los presentes para firmar una petición que contenía la moción aprobada. La decisión a favor de la moderación fue confirmada por la Cámara de Comercio en su Primera Asamblea General de 1947, cuando públicamente declaró que no adoptaría ninguna táctica ilegal ni violenta en sus esfuerzos para lograr el rechazo de las nuevas leyes de impuestos.37 El descontento con respecto a la administración presidencial de Picado tampoco impidió a los banqueros otorgar un préstamo fluctuante a este gobierno, a finales de 1947, ni los previno de actuar como intermediarios en busca de un compromiso pacífico entre el gobierno y la oposición en los meses siguientes al inicio de la guerra civil.38

Es claro que los intereses de la clase dominante fueron afectados tanto adversa como favorablemente por la política estatal durante la década de 1940. Es también indiscutible que un número desconocido de capitalistas a menudo criticaba al gobierno. Lo que permanece ambiguo (y probablemente, incorrecto) es la conclusión de que los capitalistas organizaron un movimiento colectivo dedicado al derrocamiento de un régimen supuestamente adverso a sus intereses.

Rojas Bolaños evita confrontar estos arduos temas en su libro, asegurando que los intereses económicos de las clases opuestas durante los años 40, hallaron expresión en diferentes partidos políticos. Por ejemplo, Cortés Castro y su partido demócrata fueron apoyados por «la gran burguesía agro-exportadora-cafetaleros y banqueros-, así como buena parte de los grandes comerciantes importadores De la misma manera, menciona que «alrededor de Otilio Ulate comenzaron a agruparse algunos empresarios medios y profesionales de renombre, de tendencias moderadas (los cuales, Rojas Bolaños considera que fueron agrupados por los sectores que apoyaron a Cortés Castro, debido a las consecuencias provocadas por las elecciones al Congreso de 1946, una vez que el expresidente muere). De acuerdo con Rojas Bolaños, el CEPN y la AD, tanto como su sucesor, el PSD, representaron una alternativa seria al reformismo oficial, impulsada por círculos de intelectuales de procedencia pequeño-burguesa, fundamentalmente, y empresarios medios cafetaleros o en ramas productivas diferentes a esta industria». Finalmente, en lo que respecta a la interpretación más innovadora de Bolaños, concluye que el calderonismo «… formaba una fracción de la burguesía nacional, diferenciada del resto de esta ciase social no por la rama productiva de inversión de sus capitales sino por sus ideas modernizantes» (énfasis en el original).39

Aparte de los embellecimientos teóricos, Rojas Bolaños fracasa en brindar cualquier evidencia de que los supuestos intereses de clase encontraron su expresión política en la forma en que él la esboza. Esto es una práctica imitada por otros historiadores y sociólogos influenciados por el marxismo, quienes analizan los años 40. En Los años cuarenta, Gerardo Contreras y José Manuel Cercas también conceptualizan los partidos políticos y otros vehículos políticos como proyecciones de intereses de clase pobremente definidos.40 En sus respectivos libros, Jorge Revira Mas y Jorge Mario Salazar, también afirman, cuando exploran los años 40, que el comportamiento de los políticos fue determinado por sus pobremente definidos intereses de clase.41 No tan explícito como Rojas Bolaños, Schifter también adopta tal perspectiva en su libro La fase oculta de la guerra civil.

Aunque puede ser cierto que los partidos políticos atrajeron partidarios de estas clases sociales, no es evidente si los conflictos partidistas representaban el enfrentamiento de los intereses de clase claramente identificados. Por ejemplo, el CEPN, el AD y el PSD podrían ser pequeños burgueses en sus orígenes, pero podría ser igualmente cierto que los heterogéneos individuos llamados a pertenecer a esta clase apoyaran diferentes partidos políticos por diferentes razones. La torpeza de las premisas teóricas de Bolaños se revela mejor en la inconsistente afirmación de que todos los partidos políticos representaban un grupo que poseía posiciones contradictorias en el modo de producción, excepto el calderonismo, cuyos intereses fueron localizados en el dominio de ideas. Desafortunadamente, Rojas Bolaños no resuelve esta anomalía en forma satisfactoria.

Irónicamente, Aguilar Bulgarelli y Bell también adoptan una variante de este retrato de la dinámica política y social. Sin sucumbir al uso de los peores aspectos de la perspectiva del reduccionismo de clase, ambos también visualizan la Guerra Civil de 1948 como el conflicto inevitable de sectores sociales competitivos. Aguilar Bulgarelli, por ejemplo, tiende a ver los años 40 como el período de aparición de presidentes reformistas que estaban obligados a formar una alianza con el partido comunista, debido a la oposición de la oligarquía. Para este autor, la alianza entre los intereses oligárquicos, el CEPN y el PSD, es un misterio, puesto que los últimos dos grupos representaban las aspiraciones de una frustrada clase social, cuyos intereses no se beneficiaban enteramente de tal alianza. Bell también emplea una serie de conceptos similares, identificando a este frustrado grupo social como el de los sectores medios emergentes de Costa Rica. Además, queda perplejo ante por qué esta clase media de la nación se negó a formar una coalición con el calderonismo y, por el contrario, decidió trabajar con los sectores económicos más conservadores de Costa Rica. Otros analistas parecen estar preocupados por este rompecabezas. Susanne Joñas Bodenheimer, Claudia Quirós V. y Jorge Rovira. Mas ni siquiera se molestan en dar la apropiada evidencia sociológica, cuando afirman que el resultado de la guerra civil de 1948 representó el triunfo de la clase media, o de lo que prefieren ver como una versión costarricense de la conquistadora burguesía industrial.

Hasta que se cuestione la creencia de que la guerra civil de 1948 surgió a raíz de un conflicto de clase, evidencias problemáticas sobre tal tema continuarán provocando una perplejidad innecesaria. Los estudiosos ignoran el hecho de que los intereses de la clase dominante fueron no sólo ayudados, sino también perjudicados por la política del Estado durante los años de 1940. El comportamiento de individuos y clases continuará siendo inferido inadecuadamente, debido a sus intereses de clase a menudo pobremente interpretados. Las alianzas políticas durante la década de 1940 también permanecerán como una paradoja sin resolver. Más importante aún, todavía sería inexplicable por qué la campaña electoral fracasó en seleccionar a un candidato presidencial en 1948, aceptable para el gobierno y la oposición; por qué se dieron numerosos intentos para negociar una transferencia pacífica del poder político finalmente colapsado, y por qué aquellos que habían triunfado en el campo de batalla ganaron poder sobre el Estado.

Un punto de vista alternativo de la Guerra Civil de 1948

Los internos para entender los orígenes de la guerra civil de 1948 podrían ser mejores si se comienza a visualizar este conflicto como un derrumbamiento de las instituciones electorales. La incapacidad de los actores políticos para aceptar los resultados de la elección presidencial de 1948 es, después de todo, una condición suficiente, aunque quizás no la necesaria, para el rompimiento de las hostilidades armadas en las semanas siguientes al período en que la elección se llevó a cabo.

Estructurado el asunto de esta forma, es importante preguntarse por qué los mecanismos electorales fueron cuestionados por los políticos en el período precedente a estas elecciones, y completamente desacreditados por los miembros del PRN y el PVP, una vez que éstas se llevaron a cabo.*5 Curiosamente, los miembros de la coalición política gobernante fueron quienes reclamaron que estos resultados electorales eran fraudulentos porque miles de votantes del PRN y cientos de votantes del PVP habían sido privados del sufragio. Mientras el fraude en contra del gobierno era inaudito en Costa Rica, el uso del fraude y otros recursos extraconstitucionales por todos los actores políticos no lo eran. Hasta finales del siglo XIX, los políticos en Costa Rica, así como en casi todos los pauses latinoamericanos, fueron seleccionados en contiendas militares o en elecciones a menudo fraudulentas/6 En el cambio de siglo, el acceso a los cargos públicos en Costa Rica se comenzó a determinar lentamente en contiendas electorales frecuentemente fraudulentas e intensa y públicamente competitivas, las cuales no excluían la amenaza y/o el uso de la violencia. De hecho, entre 1889 y la Guerra Civil de 1948 (un período al que nos referiremos como la Vieja República), al menos cuatro intentos de golpe y once revueltas se organizaron en contra del Gobierno Central.47

No solamente el gobierno y la oposición emplearon y/o amenazaron usar la violencia y el fraude para mejorar su posición en las justas electorales, sino que los bandos en cada campo político llegaron a la conclusión de que solamente el uso de la violencia les permitiría mantener o capturar el poder político. Por ejemplo, ciertos elementos dentro de las Fuerzas Armadas, supuestamente calderonistas, intentaron asesinar al Ministro de Seguridad Pública, Rene Picado (hermano del presidente Picado), a finales de agosto del año 1947, para provocar un golpe interno en contra de un gobierno que estaba otorgando demasiados privilegios a la oposición.48 De figuras de la oposición, como José Figueres, también se creía públicamente que favorecían el uso de recursos militares para derrumbar lo que consideraban que era un gobierno que nunca cedería voluntariamente el poder a la oposición.49

A pesar de la existencia de partidarios de linea dura en ambos bandos, la mayoría de los partidos políticos llevaron a cabo numerosos intentos para efectuar lo que a menudo era llamado, irrisoriamente, una transacción. Desde 1944, Cortés Castro, quien perdió la contienda por la presidencia ante Picado, intentó arreglar un convenio con Picado, especial. mente en las postrimerías de los comicios de 1944 y 1946. En efecto, al menos en una ocasión, manifestó públicamente que el uso de la fuerza militar para aniquilar al calderonismo no era viable, y así justificó los esfuerzos para negociar un convenio con el gobierno.’* Durante 1946, diversas tendencias dentro de la oposición intentaron negociar una transacción con el gobierno, algo que tanto el PD y el PUN estaban buscando, pero que cada uno negaba que estuviera ocurriendo. En los meses anteriores a las elecciones de 1948, muchos rumores se escuchaban al efecto de que se estaban verificando negociaciones entre miembros del gobierno y la oposición.

Desde el día en que se practicaron las elecciones, fueron hechos numerosos intentos para mediar en el conflicto entre miembros del PRN y la oposición. Una semana después del día de las elecciones, un grupo de prominentes caballeros costarricenses publicaron una carta abierta, solicitando a Monseñor Sanabria ayudarlos a organizar un esfuerzo para servir como mediadores en la emergente crisis política.51 (En el momento en que se dieron cuenta que serían incapaces de examinar toda la documentación electoral para la constitucionalmente definida fecha límite del 25 de marzo, miembros del TNE también estaban intentando un compromiso político. Tres días después, cuando el TNE, con dos votos a favor y una abstención, declaraba provisionalmente la elección de Ulate Blanco a la presidencia, se intensificaron los esfuerzos para negociar un convenio entre los calderonistas y la oposición. Después de la sesión del Congreso del primero de marzo, que rechazó la recomendación del TNE y en su lugar decidió anular los resultados de la elección presidencial, tanto Monseñor Sanabria como la Asociación de los Banqueros trabajaron día y noche para lograr un convenio.52 Mientras varias fórmulas estaban siendo analizadas, el 12 de marzo llegaba a San José la noticia de que José Figueres había atacado a las tropas del Gobierno que habían sido enviadas con el propósito de descubrir si eran verdaderos los rumores de que un ejército estaba congregado en su finca.

Este breve estudio de los numerosos intentos hechos para lograr un convenio, indica que era posible una solución pacífica de los conflictos entre el gobierno y la oposición. Los desacuerdos sobre los términos del compromiso no deberían opacar el hecho de que los actores políticos claves estuvieron dispuestos a sacrificar metas en función de una cooperación pacífica. A pesar de su severidad, muchos actores claves en ambos bandos estaban interesados en evitar el estallido de una guerra civil, que muchos temían que pudiera ocurrir. De hecho, a finales de marzo, tanto Calderón Guardia como Ulate Blanco decidieron que el nuevo Congreso, en su sesión inicial, debería designar al Dr. Julio César Ovares como primer designado para la presidencia. Bajo este acuerdo, el Dr. Ovares gobernaría como presidente interino por un período de dos años, durante el cual nuevas elecciones presidenciales se llevarían a cabo. Cuando este plan fue presentado a Figueres para que fuera aprobado, éste no aceptó sus términos, y continuó guiando el ejército que eventualmente se mostraría triunfante en la guerra civil. Los cuatro libros revisados no discuten estos eventos en detalle, implicando así que su curso era inevitable. Schifter, por ejemplo, en las diez páginas del capítulo III del libro La fase oculta de la guerra civil, se dedicó a explorar el período entre 1946 y 1948 y ni siquiera menciona algunos de estos esfuerzos para lograr un convenio político.

Bell se refiere a algunos de estos esfuerzos en los capítulos V y VI de su libro. Sin embargo, concluye precipitadamente que «los eventos del 1 de marzo cerraron la vía a cualquier alternativa más que a la insurrección».53 Tal conclusión puede ser justificada solamente si Bell puede demostrar que el período de negociaciones después del primero de marzo fue insignificante. Además, discute este período apresuradamente, refiriéndose apenas a los esfuerzos de Monseñor Sanabria y no ofrece un análisis de aquellos esfuerzos de la Asociación de Banqueros para efectuar una transacción. Bell menciona la candidatura de transición del Dr. Ovares sólo en una nota al pie de página.54

Rojas Bolaños sólo ocupa un pequeño número de páginas para analizar las relaciones entre el gobierno y la oposición entre los años 1946 y 1948.55 También discute rápidamente los esfuerzos hechos para alcanzar un convenio entre los calderonistas y la oposición. Aguilar Bulgarelli prefiere examinar solamente algunos de estos esfuerzos, a pesar de dedicar muchas páginas al análisis de este período.56 Por ejemplo, consagra solamente una página a los esfuerzos de Monseñor Sanabria después de la anulación de las elecciones presidenciales por el Congreso Constitucional. Tampoco menciona la participación de la Asociación de Banqueros en éstos u otros esfuerzos para lograr un convenio pacífico en torno a los conflictos existentes.

El análisis selectivo de los eventos políticos, evidente en estas narraciones, se ilustra con claridad en el extenso tratamiento que Aguilar Bulgarelli da a los motivos de Calderón Guardia para presentar una petición al Congreso Constitucional en la cual solicita que las elecciones presidenciales de 1948 sean anuladas. Afirma que si Calderón Guardia realmente pensaba que las elecciones fueron fraudulentas, él debió haber solicitado al Congreso no solo anular las elecciones presidenciales de 1948, sino también las legislativas. Desafortunadamente, la validez de este argumento se debilita por el simple hecho de que, según la Constitución, únicamente el nuevo Congreso, en su sesión inaugural del primero de mayo, estaba facultado para determinar la validez de la elección de sus nuevos miembros.57

Conclusión

Esta inclinación a no explorar los eventos y temas claves con el detalle que merecen, junto con una serie de suposiciones que privilegian las raíces económicas y sociales del conflicto político, llevan a la conclusión de que la guerra civil de 1948 fue inevitable. En combinación, ambas prácticas tienen éxito en obstaculizar una investigación académica y analítica sobre la guerra civil. También, quizás sin intención alguna, refuerzan aquellas interpretaciones de la guerra civil diseñadas explícitamente para glorificar el papel desempeñado por José Figueres Ferrer en los .eventos correspondientes a estos años. Esto es, de hecho, un resultado paradójico, ya que el libro de Schifter es algo antifiguerista en tono, la obra de Aguilar Bulgarelli es a menudo acusada de ser calderonista en inspiración, y el volumen de Rojas Bolaños, finalmente, no tiene la intención de elogiar el papel desempeñado por Figueres en los años 40.

Las explicaciones típicas de los orígenes de la guerra civil de 1948 permanecerán débiles a menos de que sean especificadas las relaciones entre los intereses de clase, el cambio económico y la acción política. Las narraciones políticas, como las de Aguilar Bulgarelli y Bell, serán limitadas si continúan apoyándose en una cuestionable comprensión de las dinámicas económicas y de clase, tanto como en un análisis selectivo de los fenómenos políticos. Las perspectivas económicas y de clase continuarán fracasando en explicar por qué los conflictos políticos de los años 1940 tenían que ser resueltos por medio de la fuerza armada, si emplean una serie de supuestos que conciben la dinámica política como una mera proyección de conflictos «reales» e inadecuadamente estudiados, ocurridos entre los fundamentos materiales de la sociedad. Ambos enfoques conducen a la conclusión, teóricamente dudosa y empíricamente no verificada, de que la violencia fue inevitable durante 1948 en Costa Rica.

Impugnar la creencia de que la guerra civil de 1948 fue inevitable, genera especulaciones contrafactuales, estimadas por muchos como menos que útiles.58 Sin embargo, estas especulaciones, en nuestra reinterpretación de los años 40, están enfocadas en las infructuosas oportunidades para negociar un compromiso pacífico con relación a los conflictos políticos existentes. Estas especulaciones no sirven como inspiración para la construcción de mundos hipotéticos, de lo que habría sucedido si ciertas decisiones no hubieran sido tomadas, o si se hubieran hecho otras escogencias. Entender el por qué los actores políticos no seleccionaron uno o más cursos posibles de acción, contribuye a explicar por qué tomaron las decisiones que tomaron. Reconstruir los cálculos hechos por los actores políticos para evaluar la eficacia de cursos alternativos de acción, es tal vez la mejor forma de comprender cómo el comportamiento de cada uno de los actores políticos fue condicionado por el de la mayoría.

Enfatizar el papel de la opción política en prevenir el derrumbe de un régimen es, de hecho, un rasgo central en importantes y recientes trabajos sobre el colapso y la reconstrucción de las prácticas democráticas.» Este enfoque también afirma que los conflictos de clase y/o las severas crisis económicas no obligan a los actores políticos a destruir las prácticas democráticas. Este artículo sugiere que los estudiosos del cambio político necesitan discernir si las instituciones animan o desaniman la cooperación, y explorar las oportunidades no malogradadas o ignoradas por los actores políticos para resolver sus conflictos pacíficamente.

La Guerra Civil de 1948 ocurrió porque los partidos políticos, así como los miembros y las instituciones del Estado, no pudieron alcanzar compromisos mutuamente satisfactorios en relación con la forma más apropiada para capturar o retener el poder del Estado. Tal falta de habilidad para negociar las diferencias acerca de la sucesión política dentro del marco institucional existente, no era inusual en Costa Rica. No fue sino hasta finales del siglo XTX que los actores políticos costarricenses comenzaron a confiar en el sufragio para elegir a los ocupantes de los cargos públicos. Aún cuando muchos estaban de acuerdo en competir por el poder del Estado en la arena electoral, aquellos que controlaban el Ejecutivo a menudo usaban el fraude para modificar los resultados electorales. La amenaza de emplear la violencia era frecuente, pocas veces se cumplía, pero nunca se desaconsejaba su uso como un recurso político legítimo, por parte de los elementos en el gobierno que eran de línea dura, y especialmente por parte de aquellos en la oposición que poseían la lealtad de unos pocos volantes.

Concentrarse en el comportamiento de las organizaciones electorales y de los funcionarios estatales para explicar el surgimiento de un conflicto armado en 1948, no implica que el comportamiento de los capitalistas no haya tenido consecuencias políticas. De hecho, para entender el papel de la contienda electoral dentro de la política costarricense desde finales del siglo XIX, se necesitaba comprender cómo los funcionarios públicos promovieron políticas que aplacaron los intereses de los exportadores de café, los importadores y los banqueros. Algunas décadas antes de la guerra civil de 1948, por ejemplo, los capitalistas costarricenses expresaron su descontento hacia las políticas financiero-económicas del presidente Alfredo González Flores (1914-17). apoyando un golpe organizado por ambiciosos oficiales militares y partidos políticos de la oposición.60

Lo que sugiere nuestro reexamen de la política costarricense durante los años 40, es que la clase dominante parece haberse negado a apoyar los intentos del golpe en contra del gobierno central. La falta de voluntad de la mayoría de los capitalistas en acoger las llamadas de los encargados del derrocamiento, por cualquier medio que fuera necesario, de los gobiernos de Calderón Guardia y Picado, son comprensibles porque estos gobiernos a menudo promovían políticas que favorecían tanto como perjudicaban sus intereses. También es claro que muchos capitalistas razonaron que la resistencia armada no era la forma más útil de alterar las políticas públicas que pudieron haber encontrado desagradables.

Centrar la atención en las decisiones hechas por los actores políticos, contribuye -entre otras cosas- a resolver las paradojas, más aparentes que reales, sobre los patrones de formación de alianza. El hecho de que el PVP trabajó con una «fracción modernizante de la burguesía nacional», y que los «sectores medios» estaban en la oposición con «el sector conservador de la política nacional», es solamente contra intuitivo desde una perspectiva que vincule, en una forma mecánica, los intereses de clase (pobremente definidos) a las organizaciones políticas. Todos los partidos diseñaron estrategias para capturar el poder del Estado porque precisamente distintos elementos del gobierno y de la oposición tenían intereses que divergían tanto como convergían. Formaron coaliciones inesperadas debido a las escogencias ya realizadas (o en vías de realizarse) por otros partidos políticos. Las reglas existentes que regulaban el acceso a los cargos públicos, junto con la distribución de preferencias políticas dentro de los grupos claves, produjeron las -a primera vista- extrañas alianzas que ocurrieron durante los años 40 en Costa Rica.

Notas

1. Para una evaluación de explicaciones alternativas de la democratización de la política de Cosía Rica, ver «Explicando los orígenes do los regímenes democráticos: Costa Rica en perspectiva teórica», Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 15, fase. 2 (1989). Para un vistazo de los periodos históricos mencionados en la siguiente oración, ver el libro de Orlando Salazar Mora. El apogeo de la República Liberal (1870-1914) (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1990) y Jorge Mario Salazar Mora, Costa Rica, la crisis de la República Liberal: 1914-1948 (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, de próxima aparición).

60. Las fuentes secundarias usuales sobre el derrocamiento de este presidente son: Carlos Luis Fallas Monge. Alfredo González Flores (San José, 1976); Eduardo Oconitrillo García, Alfredo González Flores estadista incomprendido (San José, 1980);Armando Rodríguez, Administración González Flores (San José. 1978); y Bernardo Villalobos Vega, Alfredo González Flores: políticas de seguros y de banca. 7970-/_977 (San José, 1981).