Reflexiones sobre algunos aspectos de la Guerra Civil de 1948
Jorge Enrique Romero Pérez
Introducción
La guerra civil de 1948 es un parteaguas en la historia del siglo XX de nuestro país.
Su vigencia institucional sigue gravitando en los destinos nacionales. A los 50 años de ese hecho histórico, es preciso realizar un esfuerzo por analizar el significado y las consecuencias de la guerra civil de 1948 y sus efectos inmediatos más visibles: la Asamblea Nacional Constituyente y la Carta Magna de 1949.
En este breve ensayo haremos varias reflexiones sobre algunos aspectos que nos llaman la atención, indicando que era un niño en ese entonces y que mi padre Jorge Romero Romero fue una de las primeras personas que llegó a la finca la Lucha Sin Fin de José Figueres Ferrer, con el pequeño grupo que provenía de Desamparados (San José), con Domingo García, los hermanos Tista, Miguel Flores, Carlos Gamboa y Domingo Chacón, por ejemplo.
Fue en la batalla de San Cristóbal Sur cuando Figueres y mi papá quedaron atrapados en medio de las acciones, por ello se metieron en un tubo de concreto, pero a mi papá le cogió hipo y Don Pepe le dijo que se tomara una ‘pastilla, porque si no se iban a morir los dos y se terminaba la guerra. Mi padre creyó que era una estricnina y se la tomó. Al rato, el hipo había desaparecido y seguían vivos, entonces Don Pepe, dijo: «mirá Jorge, lo que te di fue una aspirina»(1).
De este modo crecí en una familia figuerista y mi visión de la guerra civil del 48 fue del lado de los que la ganaron, viendo en los perdedores calderocomunistas «a los malos de la película».
Cabalmente, cuando Figueres gana esa guerra, mi padre con cientos de combatientes son enviados a La Cinchona, para no tenerlos en la capital, pues inmediatamente después del Desfile de la Victoria, empiezan a formarse corrientes encontradas al interior del «ejército de liberación», cuyos signos relevantes pueden ubicarse en los motivos que tuvo Frank Marshall, para retirarse, en el cardonazo, la salida de la Junta de Gobierno del abogado Alberto Martén, amén de los conflictos en el seno propio de esa Junta de Facto.
También en La Cincho na se armó un lío, porque había un sector de combatientes que sostenía que Figueres había traicionado los ideales por los que se fue a la guerra y que el poder de los extranjeros nicaragüenses, dominicanos y otros, era muy grande y había que echarlos del país. En esta intentona de levantamiento contra Figueres, mi papá jugó un papel importante, pues lidereó el grupo de apoyo a Don Pepe y logró aplacar ese motín.
Mi abuelita me llevó a La Cinchona para visitar a mi padre. De este viaje en bus tengo un recuerdo que pudo ser fatal, pues al regreso varios chiquitos le tiraron piedras al bus, con tan mala suerte que un proyectil le pegó en la cabeza a un recién nacido que venía en los brazos de su mamá, a la par mía, razón por la cual el rumbo que tomamos fue el del hospital más cercano.
Por estas circunstancias, este ensayo versa sobre un tema que vitalmente me ha interesado y preocupado mucho, lo cual explica el porqué escribí varios libros sobre la década de los años 40, y la sigo estudiando con tesón(2).
Seleccioné algunos aspectos de estos acontecimientos cruciales del país, para presentar el análisis respectivo.
1. Guerra civil de 1948
Como observación preliminar hay que tener presente que Figueres siempre sostuvo la salida militar a los conflictos de la década de los años 40 y que la vía electoral le parecía inútil por los fraudes evidentes. A pesar de esa convicción, cuando fue preciso con los votos de sus seguidores, logró que Ulate fuera el candidato a la presidencia de la República, venciendo al otro precandidato conservador Fernando Castro Cervantes, pasando Figueres a ser jefe de acción del ulatismo (Partido Unión Nacional) para las elecciones de 1948.
La guerra civil de 1948 fue calificada por los vencedores como una «revolución», lo cual fue parte de la carga ideológica de los ganadores. Esta calificación de las acciones bélicas del 48 como una «revolución», es explicable en el ambiente político de la época.
Sin embargo, de lo que se trató fue de una guerra civil, no de una revolución. Efectivamente, el país se dividió en dos grupos: a) los que apoyaron la guerra civil, y b) los que apoyaron al gobierno de Picado.
Esta guerra civil contó con el apoyo de los cafetaleros, aglutinados en torno a la figura del periodista Otilio Ulate Blanco, candidato a la presidencia de la República en 1948. También entre los grupos políticos de oposición al régimen Calderón-Picado-Manuel Mora, estaban el Acción Demócrata, cuyo líder fue el abogado Alberto Martén Chavarría -fundador del solidarismo- y el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales; siendo su dirigente el abogado Rodrigo Facio Brenes, los cuales se funden en 1945 para dar lugar al Partido Social Demócrata, nombre adoptado el mismo domingo 11 de marzo de 1945, en el Teatro Latino, Paseo de los Estudiantes, pues habían acordado que se llamara Social Republicano, pero evidentemente ese nombre no servía, pues estaban atacando al Partido Republicano Nacional, de Calderón Guardia. Por ello, en los discursos de ese domingo, al cambiar en el mismo acto de fundación del nuevo partido, su nombre (aunque siempre con la guaria morada como símbolo, por ser la flor nacional) dijeron que eran socialistas (porque querían la justicia social), demócratas (ya que deseaban esa justicia en democracia). De ahí que Figueres, en su discurso dijera que un nombre nos bautiza, social demócrata y un lema nos dirige: la conquista de la segunda república(3).
En América Latina, el país donde por primera vez los comunistas estaban en el poder fue el nuestro, a partir del pacto (nace en 1942 y se consolida en 1943) entre el abogado Manuel Mora Valverde, líder del comunismo en este país y el Presidente de la República, el médico Rafael Angel Calderón Guardia, del Partido Republicano Nacional.
Esta situación de colaboración entre los comunistas y el gobierno de Calderón Guardia, no la aceptaba la oligarquía cafetalera, sus medios de comunicación colectiva y sus grupos políticos, tampoco a los Estados Unidos les agradaba este hecho.
En este contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, era fácil sacar del poder público a lo que se llamó, por la oposición, el «calderocornunismo».
Un papel destacado, cualitativamente, jugaron los extranjeros en esta guerra civil, tanto de un lado como del otro. La lista que indicamos es a título de ejemplo, ya que hay más en ambos bandos.
En las filas del gobierno
Juan José Tavío
Enrique Somarribas Tijerino
Aureo orales
Juan Leiva
Abelardo Cuadra
Modesto Soto
Coronel Kruger
López Masegosa
En las filas figueristas
Horacio Ornes
Miguel Ramírez Alcántara
Marcos Ortega
Jorge Rivas
Mario Sossa
Jacinto López
Rosendo Argüello
Francisco Sánchez(4)
La presencia del grupo de extranjeros fue polémica (provocó discusiones y problemas) tanto dentro de sus propias filas como respecto del bando opuesto, aunque siempre cabe la pregunta acerca del aporte positivo de esta presencia extranjera y, respecto del punto: si sacamos de la escena a estos extranjeros, cuál sería el nuevo panorama de esta guerra civil y su eventual resultado (pero, esto nos lleva al conocido argumento teórico del tipo «que hubiera pasado si…»).
Como lo indicaremos posteriormente, cuando tratemos el tema de la abolición del ejército, el elemento extranjero fue clave para entender esta eliminación del ejército como institución permanente, al decir de la Carta Magna, numeral 12. Sería muy interesante ver esta parte de nuestra historia desde el ángulo de estos extranjeros, de uno y otro bandos. Sería una importante contribución al conocimiento y comprensión de esta guerra civil y de la década de los años 40.
2. Reforma del Estado
Dada la euforia del triunfo, los ganadores calificaron esa guerra civil como «revolución» y de cambios revolucionarios sus efectos. Mediante la Asamblea Nacional Constituyente, que dio como fruto la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, se dieron cambios relevantes en la estructura y el funcionamiento del Estado o Administración Pública costarricense.
En el lenguaje neoliberal actual, se dio una reforma del Estado o transformaciones cualitativas en la red institucional estatal, ensanchando la estructura y conformación de la Administración Pública.
En ese contexto conservador, dominado por la oligarquía del café, el llamado «ulatismo», el partido electoral y político (Unión Nacional), jefeado por el periodista Otilio Ulate Blanco (1891-1973), se enfrenta en las elecciones del 48 al Partido Republicano Nacional, al mando del médico Calderón Guardia (1900-1970)(5). Parece evidente que las elecciones las ganó Ulate, por la cantidad de personas que apoyan el movimiento bélico de Figueres (1906-1990), mayoritaria respecto de la minoría que estaba a favor del gobierno de Picado y de Calderón Guardia.
Se recuerda que el Tribunal Nacional Electoral no terminó de contar los telegramas del resultado de las elecciones y que, por otra parte, muchos sacos o bolsas donde venían los votos se perdieron o destruyeron de camino hacia el Tribunal. Así las cosas, el Tribunal declaró provisionalmente electo Presidente de la República a Ulate, pero uno de sus tres miembros, Max Koberg Bolandi salvó su voto, razón por la cual le remiten este delicado asunto al Poder Legislativo, el cual tenia mayoría del partido de Calderón Guardia, el Republicano Nacional, motivo por el que dan por nulas las elecciones presidenciales, el 1o de marzo(6).
Los motivos centrales que condujeron a la guerra civil fueron: anular las elecciones de 1948 (lo cual se suma -ya cualitativamente- a lo que cuantitativamente se venía agregando en cuanto a elecciones fraudulentas desde hacía años, pero con un significado especialmente grotesto en los comicios de 1942, 1944 Y 1946) Y sacar del poder político a los «calderocornunistas».
Esta guerra civil duró desde el 13 de marzo hasta el19 de abril de 1948 y tuvo como consecuencia, aproximadamente, unos dos mil muertos.
En cuanto a la reforma del Estado costarricense, que se hace posteriormente a esta guerra civil, habría que enmarcarla dentro del constitucionalismo imperante:
A. La Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, establece la descentralización administrativa, contra el presidencialismo heredado desde la Constitución Política de 1871 (sello de Tomás Guardia, 1831-1882).
Así, se pasa de un sistema centralista a otro descentralizado, con una gama de instituciones que la Carta Fundamental llamó autónomas, por servicio, ya que la idea del constituyente fue descentralizar en relación con el Poder Ejecutivo aquellas entidades que tenían a su cargo la prestación de servicios públicos(7), como por ejemplo: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Costarricense de Electricidad y los bancos del Estado (numerales 188 a 190).
Esta tesis la expuso el constituyente Rodrigo Facio Brenes (1914-1961), del Partido Social Demócrata, tomando en cuenta la experiencia de Uruguay en este campo de las instituciones autónomas.
B. Se le da rango constitucional al Tribunal Supremo de Elecciones (artículo 9), como una réplica a lo que los ganadores llamaron la corrupción electoral o el fraude en las elecciones.
C. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia jurídica contable de la hacienda pública (numerales 183 y 184), como respuesta a la corrupción administrativa que la oposición triunfante denunció en el régimen del «calderocomunísmno» de 1940 a 1948.
D. A la licitación pública se le da rango constitucional como sistema de elección del contratista con el Estado (artículo 182, concordado con los votos de la Sala Constitucional Nos. 998 y 5947 de 1998), como contestación a lo que la oposición victoriosa en la guerra civil, calificó de corrupción en la Administración Pública de los años 40, generada por los contratos sin licitaciór(8).
E. El servicio civil (artículos 191 a 193) se constitucional iza también como respuesta a la corrupción administrativa del «régimen de los ocho años»(9), que convertía los puestos del gobierno en un botín político del grupo que llegaba al poder público.
La tesis del grupo ganador dominante en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (pues los perdedores -calderonistas y comunistas-, quedaron excluidos del proceso político por un tiempo), era debilitar el presidencialismo heredero de la Constitución Política de 1871. Sin embargo, mantuvieron esta Carta Magna como referencia inmediata para redactar la nueva Constitución, rechazando el proyecto que la Junta de Facto les proponía. Dándose en el interior de la Constituyente un enfrentamiento entre la tesis conservadora mayoritaria de los partidos Unión Nacional y el Constitucional, por un lado, y el grupo minoritario progresista del Social Demócrata, por el otro(10).
De esta manera, lo que se gesta es una transformación de la Administración Pública, con la incorporación de los bancos estatales, que fue un negocio grande en las dos vertientes: compraron a un excelente precio bancos privados quebrados y la cúpula del país tuvo en la banca estatal una fuente de fortalecimiento financiero seguro, que convertía a los políticos en empresarios y a los empresarios en políticos. Ahora, la banca privada puede captar depósitos del público, se financia con inversiones extranjeras, de las cuales el que da el aval es el Estado. Además de que la voracidad de esa cúpula política, social y económica llegó al extremo de liquidar el Banco Anglo en su provecho, por supuesto, impunemente.
3. Eliminación del ejército
El ejército como tal no existía en la época de la guerra civil, pues se trataba de civiles que habían engrosado las filas a cargo de Figueres Ferrer, con un grupo de extranjeros que según se decía tenían entrenamiento militar. Esto lo afirmó un ulatista que fue a esta guerra y que se mantuvo en las filas del Partido Unión Nacional, Fernando Ortuño Sobrado, en el vespertino La Prensa Libre hace unos diez años. Recuerdo que la explicación que dio me pareció convincente. Además, es obvio, que las personas armadas del gobierno derrocado ya no contaban. Ortuño fue ulatista, se mantuvo en el Partido Unión Nacional, saliendo diputado por este partido en el gobierno liberacionista de Francisco Orlich (1962-1966).
También, contribuyó a la eliminación del ejército como institución permanente, como expresa el artículo 12 de la Carta Magna, el hecho de los conflictos que provocaban los extranjeros dentro de los cuadros del «ejército de liberación nacional», siendo el «cardonazo»(11) -2 Y 3 de abril de 1949- un detonante, a la par de la renuncia de Frank Marshall Jiménez de esos cuadros militares del alto mando y su regreso provisional a favor de Figueres y en contra del alzamiento de Edgar Cardona. También influía el hecho de que los ulatistas querían que Figueres entregara el mando del país a Ulate y que sus hombres se desarmaran, lo que a los ojos de los intereses de los Estados Unidos era igualmente deseable, ya que la denominada Legión Caribe, según se decía, quería exportar la guerra a los países donde había dictadores en la región, lo cual no les interesaba a los ulatistas, a los cafetaleros ni a los responsables de la política exterior de los Estados Unidos.
Por ello, se explica que el1 o de diciembre de 1948, se hace un acto público de disolución del ejército, en el cual Figueres con un mazo en el cuartel Bellavista así lo declara, convirtiéndose este cuartel en el Museo Nacional.
Ya para el 3 de abril de 1949, se disuelve el grupo armado llamado «ejército» y se crea la guardia civil(12).
institución permanente ha sido positivo en el desarrollo histórico nacional, ya que impidió la formación de una casta militar como ocurre en los demás países de América Latina.
4. Incumplimiento del pacto de la Embajada de México
Este pacto se firmó en la Embajada de México, el 19 de abril de 1948 entre Teodoro Picado, Presidente de la República y el sacerdote Benjamín Núñez, por los alzados en armas, ya triunfantes.
Los ganadores violaron este pacto, por cuanto incumplieron las cláusulas relativas a:
• la garantía de vidas y haciendas de los perdedores,
• las indemnizaciones de muertos y víctimas de la guerra sin distinción de colores políticos,
• decretar una amnistía general,
• no ejercer represalias de ninguna especie,
• se respetarán y mejorarán las garantías o los derechos sociales de todos los trabajadores.
Precisamente, los ganadores hicieron todo lo contrario. Se establecieron los tribunales de probidad y de sanciones inmediatas. Hubo persecución, más muertos, exiliados, confiscación de bienes, despidos de los puestos de trabajo en el sector privado y en el Estado(13). Por decreto-ley del 22 de junio de 1948, la Junta de Facto, da por resuelto ese pacto de la Embajada de México, el cual calificó de «provisional».
Es explicable y entendible que los ganadores actuaran como los amos de la situación frente a los perdedores.
Hoy, 50 años después, los hijos de los líderes de la década de los años 40, han desplazado lo ocurrido en esos años, para hacer alianzas estratégicas en empresas y negocios, teniendo en sus respectivos partidos políticos una influencia muy marcada y determinante, lo cual también es comprensible. Los muertos y las víctimas las pone siempre el pueblo; las alianzas y los pactos, los hacen las cúpulas, los que mandan, porque para eso tienen el poder.
Entender las cosas de modo inverso carece de sentido.
5. Indemnizaciones de guerra
El decreto-ley 80 (26 de junio de 1948) de la Junta de Facto, sesión Nº 15 del 25 de junio de 1948, mandó que se fijara en la suma de seis millones de colones (el dólar estaba a 5,62 colones; en 1998 estaba a 262 colones por dólar), pagando al Chase National Bank la cantidad de $125.000 (dólares US) por armas de la revolución; de un total que se destinó de $250.000 (dólares US) por un viaje que se hizo a Estados Unidos, en agosto de 1948, calificado de misión confidencial, cubierto por dos cheques por esa suma, del 24 de ese mes y año.
Esa suma de dinero, en colones, se dividió en cuatro capítulos para gastos:
I. de preparación de la guerra de liberación: un millón
II. de campaña: dos millones
III. por movilización del ejército de liberación: dos millones
IV. para indemnizaciones, auxilios a las víctimas de la revolución y excombatientes: un millón.
Los encargados de hacer los pagos fueron Daniel Oduber Quirós, que venía originalmente del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, y Eloy Morúa Carrillo, co-fundador del grupo Acción Demócrata(14).
De acuerdo con el documento citado en la nota 14, se les pagó a los extranjeros (más de 200 personas) la suma de 244.500.05 colones (íd., pág. 36).
El contador público autorizado que encontró los pagos hechos con base en el decreto-ley 80 del 26 de junio de 1948, «de conformidad», fue Mario Jiménez Royo, de acuerdo con la certificación del 22 de marzo de 1949 (cit., pág. 69).
Entre otros recibieron indemnizaciones: José Figueres Ferrer, Antonio Figueres Ferrer, Mario Esquivel, Alex Murray Jr., Cornelio Orlich, Julio Esquivel.
6. Consecuencias de la guerra civil de 1948
Es sumamente difícil hacer un balance adecuado de los efectos, las consecuencias o los legados de esa guerra, 50 años después.
El clima posterior a esta guerra, estuvo marcado por el período que siguió a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, al nuevo orden político, militar, económico y social que se construye ya con los Estados Unidos como la primera potencia del mundo y la configuración de los bloques socialista y capitalista. La presencia del Estado de bienestar, la aplicación de las políticas keynesianas, la complejidad y conmoción mundial en la década de los años 60, son entre otros muchos factores importantes de esta etapa de la historia mundial.
Para nuestro país un factor importante en el desarrollo económico y social, fue el impacto de los profesionales graduados por la Universidad de Costa Rica y su efecto en la configuración de las clases sociales.
Sin duda, después de esa guerra, nuestro país tuvo un desarrollo socioeconómico relevante, observable en los índices de lo que ahora llamamos «desarrollo humano».
Sin embargo, a partir del problema de la deuda externa(15), los grupos de poder han atacado al Estado de bienestar o desarrollista, para propugnar por un Estado neoliberal, privatizador y de espaldas al sector social (salud, vivienda, empleo, alimentación, educación). La corrupción en la cúpula política es gigantesca comparada con la que se denunció en los años 40, y con un grado de impunidad e inmunidad escalofriante. Todo parece indicar que el ciclo de la guerra civil del 48 se ha terminado. Los grupos políticos que fueron actores en esos años pasados, han abandonado las banderas de la justicia social y de la democracia efectiva y participativa. El descontento popular se refleja pálidamente en un tercio de la población electoral que rechaza la opción política de la cúspide del poder.
A nivel colectivo y de las mentalidades, se define la situación futura como de prequerra civil, en donde el papel de una personalidad fuerte que fije los rumbos del país se hace sentir. Esto se aclarará en los tiempos que vienen, en el siglo XXI.
A modo de conclusión
En 1998 el clima que se vivió respecto de la guerra civil del 48, parece que era de no hablar de ese tema. Un poco de esto se dijo en los meses de noviembre y diciembre de 1997, en los medios de comunicación colectiva.
La cúpula política no quiere que se revivan los hechos del 48, por la sencilla razón de que los herederos de esos grupos, en el pasado en pugna, hoy son socios en empresas y negocios que el disfrute del poder político les permite hacer, para acumular enormes fortunas que los consolide como los nuevos ricos.
Por ello, el gobierno del hijo de Calderón Guardia (1990-1994), pudo festejar lo que se ha dado en llamar «las garantías sociales» (1943 a 1993, los 50 años del Código de Trabajo, el Seguro Social, la apertura de la Universidad de Costa Rica, el capítulo de las garantías sociales en la Carta Magna); pero el gobierno del hijo de Figueres Ferrer, no pudo celebrar los 50 años de la guerra civil del48 a todo dar, porque se levantaba el polvo de hechos sangrientos y trágicos que dividió a la comunidad nacional y podría poner en peligro esa red valiosa de negocios ya pactados y en ejecución.
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Notas
1. Cf. entre otros: José Rafael Cordero Croceri, Ah, las cosas de Don Pepe (San José: Rei, 1994) y los libros de Guillermo Villegas Hoffmeister, Testimonios del 48 (San José: Ed. Costa Rica, 1989) y San Isidro de El General en llamas (San José: Mesén Eds., 1996); Rafael Obregón Loría, Conflictos militares y políticos en Costa Rica (San José: Imprenta La Nación, 1951).
2. Acción Demócrata. Orígenes del Partido Liberación Nacional (San José: Nueva Década, 1983); Partidos, poder y derecho (Costa Rica) (San José: Universidad de Costa Rica, 1984); La social democracia en Costa Rica (San José: EUNED, 1982) y Notas sobre el problema de la Constitución Política (San José: EUNED, 1993).
3. Mis libros ya citados La social democracia en Costa Rica, págs. 109 a 121 y Acción Demócrata, págs. 220 a 233. También hay que recordar que la consolidación de la primera República la hizo el Dr.José María Castro Madriz en 1848, ya que a partir de 1821 se funda la República, al darse la independencia respecto de España.
4. Miguel Acuña, La Junta y los mitos del 48 (San José: Eds. Sanabria S.A., 1997), págs. 138-139; Carlos María Jiménez, La legión Caribe (San José: Ed. Borrasé, 1948).
5. Orlando y Jorge Salazar Mora, Los partidos políticos en Costa Rica (San José: EUNED, 1991), págs. 70 y 71.
6. Eugenia García y Victoria Amador, Costa Rica en la década de 1940-1950 (Heredia: UNA, 1984), págs. 22, 23; Gerardo Contreras, Cronología histórica del Partido Comunista de Costa Rica-Vanguardia Popular, 1929-1983 (San José: Eds. Guayacán, 1989).
7. Jorge Enrique Romero Pérez, El servicio público (San José: Universidad de Costa Rica, 1983); Antología sobre el servicio público (San José: Universidad de Costa Rica, 1982) y Derecho administrativo (San José: EUNED, 1993).
8. Cf. mi libro Los contratos del Estado (San José: EUNED 1993).
9. Alberto Cañas Escalante, Los ocho años (San José: Ed. Liberación Nacional, 1955).
10. Actas de la Asamblea Nacional Constituyente (San José: Imprenta Nacional, 3 tomos, 1951, 1955 Y 1957).
11. Guillermo Villegas Hoffmeister, El cardonazo (San José: Casa Gráfica, 1986); Mercedes Muñoz Guillén, El Estado y la abolición del ejército 1914-1949 (San José: Ed. Porvenir, 1990), págs. 148 a 178.
12. Miguel Acuña Valerio, El 48 (San José: Imprenta Lehmann, 1974), capítulos 28 a 31.
13. Claudia Quirós, Los tribunales de probidad y de sanciones inmediatas de junio de 1948 a noviembre de 1949 (San José: Ed. Costa Rica, 1989); Teodoro Picado, El pacto de la Embajada de México (Managua: Ed. Centroamericana
14. Movimiento Liberación Nacional, Los pagos de la guerra de liberación nacional (San José: Ed. Liberación Nacional, 1953), págs. 7 a 17.
15. Jorge Enrique Romero Pérez, La crisis y la deuda externa en América Latina (San José: Universidad de Costa Rica, 1993).
Fuente: ABRA Ideario Costarricense págs. 40-47
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