Revista Surco No. 40

• Antecedentes ideológicos del movimiento cooperativo en Costa Rica
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EDITORIAL

¡Ya es mucho!

¡Ya es mucho! Ante la constante repetición de agresiones, de atentados contra la libertad y la integridad física de los costarricenses, perpetrados en medio de la tolerancia sonriente de quienes mandan, la ciudadanía honrada y consciente no puede ni debe hacer otro comentario que este: ¡Ya es mucho!

¡Ya es mucho! Nosotros nos hacemos eco de esa protesta, la acogemos, la hacemos nuestra como ciudadanos costarricenses, y repetimos esas tres palabras para que las oigan aquellos que por satisfacer un mezquino capricho, una mera cuestión de resentimiento personal, amenazan ensangrentar impunemente a los costarricenses y nos tienen al borde de la intervención extranjera.

Porque cuando las hordas armadas cercan, sitian y agreden el lugar donde un sector de la ciudadanía se ha reunido, y cuando las autoridades contemplan fríamente el suceso, y haya disparos, y hay heridos, y hay muertos, ya no puede limitarse la conciencia de los costarricenses a lamentarse ni a hacer un llamado a la cordura; tiene que protestar y tiene que gritar muy duro, muy fuerte, y decir a los irresponsables: ¡Ya es mucho!

¡Ya es mucho, Partido Vanguardia Popular¡ ¡Ya es mucho, Partido Republicano Nacional! ¡Ya es mucho, Gobierno de la República!

¿A donde se nos quiere llevar? Es que se considera que la satisfacción del deseo expresado por el señor Presidente de la República de que no llegue al Poder su enemigo personal, de que las fuerzas de oposición -que no son tales por la legislación social sino por el desorden administrativo, fiscal y político- no asuman el Poder, es justificativo suficiente para que se desintegre l seguridad personal de los ciudadanos, para que se hiera y se mate impunemente?

Pedimos que caiga la ley, que caiga duramente, con toda la fuerza que tiene, sobre los responsables: si sobre los Cortesistas por haber provocado, sobre ellos; si sobre los comunistas, que hicieron cordón de garrotes donde nada tenían que hacer, sobre ellos; sí sobre las autoridades que permitieron el cordón comunista, sobre ellas. Sobre el que provocó, sobre el que agredió primero, sobre el que disparó primero.

Sobre quienes trataban de impedir el libre tránsito en la carretera de Heredia, sobre quienes quebraban los vidrios de los automóviles que por la misma circulaban el domingo 1, sobre las autoridades que tales hechos vandálicos permitieron. Sobre todo lo que huela a desorden, sobre todo lo que huela a destrucción del historial de paz, de democracia y de libertad de los costarricenses.

Porque ya van siendo muchos los atentados impunes: los que destruyeron la estación Titania están sueltos; los que echaron los ejemplares de Diario de Costa Rica al mar están sueltos; los que quebraron las vidrieras y pintaron swásticas en las casas de Heredia, están sueltos. Que se proceda a capturar a los asaltantes del 17 de octubre; y a los que quebraron vidrieras; y a los que pintaron swásticas; y a los que echaron la prensa al mar; y a los que destruyeron la estación radioemisora. Que de no procederse a esas capturas y a esas sanciones, tendrá que cargar el Gobierno de la República -con justicia- con la responsabilidad de cómplice y hasta de instigador, de cuantos hechos de violencia y de irrespeto ocurran en el futuro.

¡Ya es mucho! Costa Rica tiene una historia democrática. Y el Gobierno de Tinoco, único que trató de liquidar la libre expresión del pensamiento, lo hizo abiertamente, y no legando legislación social que en un país como el nuestro, esencialmente agrícola y poco desarrollado económicamente, de grandes clases medias y apenas embrionarios conflictos colectivos, hubiera podido ser establecido con el consentimiento unánime, libre y consciente de todo el pueblo y con fines de su mejoramiento integral, sin necesidad de que se la tomara como pretexto por un gobierno en bancarrota aliado al pequeño grupo extremista, para escarnecer y agredir a sus enemigos políticos.

Haya orden de una vez. Garantícese a la ciudadanía que las autoridades están para protegerle sus derechos y no para allanar sus propiedades y amenazar sus vidas.

Considérese de un vez que una campaña política, dentro de un régimen democrático, no es más que una campaña política, y que debe haber respeto.

Respeto: eso es lo que pedimos. Respeto para la dignidad de los ciudadanos. Respeto para su modo de pensar. Que no se obligue, palo en mano, a los individuos, gritar vivas a determinados líderes, so pena de garrote y mojicón.

Vivimos en el siglo XX. Hemos declarado la guerra a los gobiernos totalitarios. Hemos declarado oficialmente nuestro repudio por la Gestapo y sus métodos coactivos y los hemos condenado como indignos de nuestra civilización. No los imitemos.

Porque ya los estamos imitando. La irresponsabilidad gubernamental llega hasta el extremo de permitir que elementos fanatizados se hagan dueños de las carreteras públicas.

El país está harto. El país quiere oír la protesta de los elementos honrados del gobierno; y la voz del Arzobispo, y la de los ex-Presidentes. Porque hasta los mismos amigos del Gobierno reconocen ya la ineficacia de las autoridades para mantener el orden público. El mismo líder comunista Ferreto, en su discurso del 17, dijo que sus copartidarios se habían armado para proteger sus casas, y la frase, por sobre lo que intenta tener de justificatorio para el atropello contra el cortesismo, refleja es sensación de caos y ausencia de autoridad que a todos nos afecta.

Ya ni ellos mismos tienen confianza ni fe en las autoridades del país. Ya nadie la tiene. Hay un sentimiento ampliamente generalizado -que es termómetro de la quiebra de nuestro régimen democrático- de que cada uno debe confiar su defensa a sus propias fuerzas.

Y ya se señala como causante de todo al Presidente de la República. Su desmedida beligerancia en la actual contienda abona la suposición. Pero él debe recordar que la Patria está por encima de sus caprichos personales y de sus pasiones políticas.

Por eso le pedimos que restablezca el orden público hoy inexistente. Por eso le pedimos que devuelva su tradicional sentimiento de seguridad a los costarricenses.

Que las autoridades no sean instrumento en manos de partidos políticos. Que la declaratoria de guerra no sea un simple pretexto para mantener atemorizados a los habitantes del país; que las simpatías del Presidente por uno de los candidatos, no se traduzcan más en sangre de costarricenses.

Ya hay un saldo considerable de muertos y de heridos; ya hay hogares de campesinos destrozados; hogares de trabajadores, de esos mismos trabajadores para quienes la legislación social se promulgó.

Porque la legislación social es para todos, no solo para los obreros comunistas, sino también para los campesinos cortesistas. Para todos, como las leyes represivas que son para los que agredieron y para los que provocaron la agresión, que eso será cuestión que determinen los jueces penales.

Porque las leyes penales son la defensa de la sociedad, y la sociedad se siente agredida, se siente insegura y corresponde a los gobernantes devolverle la seguridad a que tiene derecho.

¡Ya es mucho! Ya es mucho querer imponer un capricho personal a todos los costarricenses.

Recuérdelo el señor Presidente: porque pasará él, y pasará don León Cortés, y pasará Teodoro Picado, y hasta don Manuel Mora.

Pero Costa Rica quedará, aunque parezca que el deseo es que no quede. Y Costa Rica de no cambiar las cosas, tendrá que avergonzarse, al hacer el recuento de su Historia, de aquel de sus hijos al que dió mayor número de votos e hizo su Presidente allá en el año 1940, dentro del más grande y prematuro de los entusiasmos.

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Posición recta y ejemplar del demócrata ante el comunista

Los republicanos somos anti-comunistas. Los comunistas son anti-liberales. La pugna de los sistemas es irreprimible y a ello obedece nuestra posición antagónica; nunca a personalismos.

Habría que advertir la rectitud de nuestro proceder. Los comunistas no nos buscarían a nosotros porque son imperialistas, dictatoriales, autocráticos y responden a inspiraciones extranjeras. En Rusia nadie puede combatir el régimen de Stalin y en España ocurriría lo mismo si un día se estableciese el comunismo.

Nosotros somos demócratas, hablamos con todo el mundo, admitimos todas las contradicciones, repudiamos los hechos criminales pero admitimos todas las ideas, aun las que más nos desagradan. De modo que, por ser nosotros lo que somos, llamaríamos a los comunistas a nuestro seno parlamentario, a pesar de ser ellos lo que son.

Angel Ossorio, líder antifascista español,
Repertorio Americano, 11 de setiembre de 1943.

EDITORIAL

Ante el Pacto Republicano Nacional-Vanguardia Popular

Hace unos meses apenas, el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, consideró deber cívico suyo afirmar ante la ciudadanía costarricense su posición de neutralidad electoral y beligerancia cívica. Dijimos que nos separaba de los partidos en lucha, su origen y su constitución: tales, la doctrina clasista y dictatorial, anti-democrática y revolucionaria del partido comunista y el origen personalista, la constitución oligárquica, irresponsabilidad y fraude político de los otros dos. De este modo, nuestra posición quedó claramente definida y nos permitió continuar nuestra campaña de dilucidación objetiva de los problemas nacionales. Continuamos también nuestra crítica responsable y clara de todo lo que nos parecía irregular en la administración presente, o burla de los principios que rigen para la vida auténtica del sistema republicano y democrático de gobierno. Pero no nos hemos mantenido en el fácil plano de la crítica. Hemos proclamado en nuestras campañas de prensa y radio, insistentemente, la necesidad de una reorganización total de nuestras instituciones sociales, económicas y políticas. Por esta razón hemos apoyado cuanta medida nos ha parecido útil a ese logro en la presente administración. Sobre todo, hemos puesto el acento de nuestra campaña por la recuperación económica de las mayorías, en un punto esencial: las cooperativas apoyadas técnicamente por el Estado. Recordamos que en esa campaña el comunismo estuvo contra nosotros. Hemos estado por la reorganización tributaria, y concretamente, por el impuesto progresivo y directo a la renta, como el más justo para las mayorías. Hemos estado con intransigencia, por el destierro de la politiquería, de instituciones como la enseñanza, la hacienda, la banca del Estado, los servicios de agricultura, los seguros sociales; que deben todos organizarse para extender hasta el límite de sus posibilidades económicas el régimen nuestro. Hemos defendido las organizaciones sindicales apolíticas en atención a nuestra recta inteligencia de lo democrático. Hemos apoyado y explicado los alcances de justicia social contenidos en las Garantías y en el Código del Trabajo. Cuando juzgamos que la Caja del Seguro Social se desorientaba y pervertía sus fines estuvimos atentos a nuestra conciencia, que nos llevaba a buscar para ella, por la polémica un camino más recto y justo. En todo esto, hemos hecho un apoyo leal y patriótico a la gestión gubernativa, y una oposición también leal y patriótica.

Pero hemos hecho más: colocados en nuestro puesto de beligerancia cívica, hemos combatido sin piedad, pero con razones abundantes, el malgasto de los fondos públicos, el desorden fiscal, los empréstitos improductivos, el congreso inepto y polítiquero y sus reformas electorales impopulares, el uso de la fuerza pública contra la libertad de expresión, cuando no los actos de gansterismo y violencia que avergüenzan a la República. Esta es la hoja de nuestra labor. Que se nos señale un momento de debilidad o falseamiento de uno de nuestros principios para servir los intereses de grupo, de clase o de partido.

Hemos realizado, además de un constante desenmascarar y exhibir el impudor del político de oficio, una firme revisión de los postulados políticosociales del comunismo, lo mismo que de su acción, y hemos condenado, por encima de todo, su sumisión incondicional a al línea política de la nación rusa. Este análisis ha servido para aclarar ante la ciudadanía, los puntos que separan la teoría y práctica comunista, de la verdadera concepción democrática y liberal de la vida, que con mucha maña los comunistas tratan de confundir en este momento. Mas por otra parte, estimamos, y lo hemos afirmado así varias veces, que no puede el ciudadano honesto condenar a ultranza al comunismo costarricense. En su lucha de doce años, ha dado sucesivas pruebas de sacrificio, de honradez y aún de sinceridad con su propia línea política. Y esto no lo podemos negar, aunque nos opongamos sin reservas a su tesis extremista y denunciemos su falso democratismo. Al comunismo nos opone radicalmente nuestro pensamiento democrático; nos acerca a él nuestro interés profundo por la felicidad económica, por la justicia que debe hacerse sin tardanza a las mayorías. (Mayorías que no son solo obreros y campesinos). Nos aleja de él su sumisión política a Rusia; nos acerca a él su interés por el bien del pueblo. Nos aleja de él su concepto dictatorial y clasista del gobierno; nos acerca a él su labor de oposición al poderoso inhumano y sin escrúpulos. Pero nuestros estudios sobre el comunismo, encaminados defender la más moderna concepción democrática y liberal de la vida, han sido aprovechados por los vanguardistas para presentarnos malévolamente como enemigos de las conquistas sociales del pueblo. Que se nos entienda bien, eso pedimos. Que se nos combata lealmente, con razones a nuestras razones. Eso exigimos, sobre todo del comunismo, por su tradición, hoy al parecer abandonada, de partido doctrinario y no burdamente politiquero.

Ahora bien, dada esta posición nuestra, acaba de producirse, el 22 de setiembre pasado, un documento político de la mayor importancia: el pacto Vanguardia-Republicano Nacional, al cual acompaña un programa de conquistas a realizar para nuestro progreso democrático, que no puede pasar desapercibido ni puede dejar de ser analizado por la ciudadanía costarricense. Los puntos esenciales del pacto son: compromiso del Republicano Nacional para iniciar una depuración de la vida política del país, y continuar hacia al realización de las conquistas sociales incluidas en la Constitución Política y en el Código del Trabajo. Compromiso de Vanguardia para someter su acción a un moderado socialismo. Independencia orgánica de ambos partidos y libertad de crítica. El partido vanguardista, en este sentido, exigirá invariablemente el cumplimiento de lo pactado. El documento, pues, quiere ir más allá de la simple alianza electoral; quiere fundamentar y asegurar una serie de conquistas reales para nuestro pueblo y para nuestra vida política. En efecto, acompaña al pacto, un programa que viene a ser el intento de respuesta a la insistencia con que la opinión pública exige una base económica y política que garantice la realización de los principios propuestos en la legislación social por el presente gobierno. El Centro está en tesis general con ese programa, porque contiene en mucha parte lo que ha venido propugnando, aun a veces contra los partidos que ahora lo ofrecen. Hemos planteado en lo económico la diversificación necesaria de los cultivos, el equilibrio de la producción de artículos de primera necesidad por medio de control técnico, de oficinas estadísticas, de planes, de crédito, de almacenes de depósito en poder del Estado. Sobre todo, hemos proclamado -para acabar efectivamente con el especulador y asegurar la existencia de la pequeña propiedad- la necesidad de organizar cooperativas garantizadas por el Estado. Ya hemos dicho que el comunismo hizo oposición recia a la campaña que el Centro ha venido librando en este sentido de la extensión de las cooperativas. Nos satisface verle caer en la razón. Mas, para Vanguardia, seguimos siendo reaccionarios. Así como, sin duda, por haber proclamado la necesidad de resguardar y alentar la existencia de la pequeña propiedad, se nos dijo pequeños burgueses y se nos aplicaron otras etiquetas tan estúpidas como inofensivas. Hemos propugnado también la coordinación adecuada de la economía costarricense, la necesidad de revisar científicamente los presupuestos, sobre todo para librarlos del pulpo politiquero. Nuestra política educacional ha sido ampliamente explicada y coincide en lo esencial y en la mayoría de los detalles, con l enunciada por el pacto. Hemos venido exigiendo la promulgación urgente de una ley de Servicio Civil. Desde el primer momento hemos apoyado las Garantías Sociales y el Código del Trabajo, con el empeño y la altura de una agrupación políticamente desinteresada. Mas, si hemos luchado y seguiremos luchando porque la legislación social se cumpla, porque se le dé cuanto antes verdadero contenido económico, seguiremos luchando también porque en su nombre no se vayan a tirar por la borda las conquistas democráticas del sufragio secreto, la seguridad personal, la libertad irrestricta de pensar y creer conforme a la propia conciencia, la defensa de las minorías políticas -y por esto último hemos propugnado la abolición del sistema de arrastres, que en último término considera el pacto, y que también vienen a última hora a proponer los pactantes.

La ciudadanía concede un carácter puramente electoral al pacto, tomando como base la oportunidad en que se le ha suscrito. Mas, si nadie duda que por parte del partido Republicano Nacional la única finalidad es eternizar la oligarquía civil en el poder, por parte del Vanguardismo se asegura pretender defender -a costa de ciertas concesiones- una legislación beneficiosa para el pueblo. Es el Picadismo al que toca la responsabilidad de realizar tal programa. Pero nada nos garantiza que tal suceda, dado en primer lugar, el régimen presidencial costarricense, en que el Jefe del Poder Ejecutivo tiene un poder incontrastable; dada en segundo lugar, la reconocida ideología totalitaria, hoy discretamente olvidada, del jefe actual del Partido Republicano Nacional dada, en fin, la historia de este partido político. El partido oficial, lo mismo que el partido cortesista, que en cierto aspecto no es más que el ala caída del republicano Nacional, reúne como dirigentes a los responsables de nuestra decadencia cívica, moral, política y económica. Es el mismo que a la sombra de don León Cortés hizo cuanto pudo por minar la base de nuestra tradición democrática. Y es esa misma camarilla palaciega la que se compromete -y pretende que se la crea- a cumplir un programa que necesita, no solo de jefes idóneos, sino de todo un material humano nuevo. El programa nos satisface porque plante principios sociales y económicos avanzados, pero la mentalidad, el sentido de la política, la concepción democrática, ni amplia ni humana, ni sincera, faltan por concepto a los personeros del Partido Republicano Nacional. Lo prueba sí toda su trayectoria. El líder Mora ha prometido que absolutamente se cumplirá el programa. Lo cual quiere significar que el Vanguardismo lo hará cumplir. ¿Podrá deshacerse el oficialismo de todos los vicios y secuelas de l presente administración? ¿Serán excluidos para siempre de una administración saneada y patriótica el politiquero inmoral y mediocre, el apadrinado inepto, el pariente desvergonzado, que son hoy los pilares del oficialismo? Las palabras de Mora suenan más a amenaza contra el gobierno del Sr. Picado, que como expresión de fe en él.

Y a este propósito, hay una afirmación en el articulado del pacto, que es muy significativa: la depuración de nuestra vida política empezará «cuando el Republicano Nacional inicie su período». Existe además una significativa ausencia de afirmaciones categóricas sobre el respeto a l libertad. el programa adolece del mismo vacío, aunque ahí, al final, en un rincón, aparezcan dos o tres afirmaciones rápidas y generales. No se enuncia la libertad con el fervor que cabe a agrupaciones políticas de una democracia, que dicen luchar por ella El Centro está de acuerdo en romper el liberalismo manchesteriano, por cuanto el régimen democrático necesita de otros medios para hacer cierto el bienestar colectivo, pero todo ello debe ser planeado precisamente para hacer más efectiva l libertad. Ninguna conquista social dentro de la democracia, implica, ni menos justifica, la enajenación de la libertad política. Para el Centro, la Democracia es el único régimen de gobierno que puede sintetizar felizmente las dos corrientes del moderno pensamiento político: intervención del Estado en el desarrollo de una justa organización social y económica en bien del pueblo, de todas las clases; y segundo, libertad como base del régimen representativo de gobierno, el cual está en el deber de dar todas las seguridades necesarias para que la soberanía sea función verdadera del pueblo. Pero tales garantías no aparecen en el programa. Dado el hecho de que es el Partido Republicano Nacional el que hoy esta en el poder y el que quiere asegurarse por medio del Pacto su permanencia en él, no se explica la afirmación de que tales garantías serán dadas «cuando llegue al poder». Creemos que no nos equivocamos si afirmamos que se intenta aun, como se ha dicho algunas veces, ganar las elecciones «a como haya lugar». Creemos entender que eso quiere decir que seguirá l violencia contra el pueblo agrupado en derredor del otro candidato, y contra los que como ciudadanos independientes y neutrales, analizamos objetivamente la gestión gubernativa actual. Los signos de fanática intolerancia vanguardista, y los hechos de descarada violencia de la autoridad contra ciudadanos de la oposición, aumentan día con día en una forma alarmante. La ciudadanía neutral, no enloquecida por el fanatismo partidarista, se pregunta perpleja: ¿Sabrán mantenerse los candidatos, y mantener a sus partidos, en la justa línea de tolerancia, de libertad, de honradez democrática? Ni lo garantizan los jefes firmantes del pacto, porque esta es línea a que ninguno de los dos ha mostrado ser afecto, dada la conformación politiquera del señor Picado y su tendencia totalitaria defendida durante mucho tiempo contra el pueblo español, y la dictatorial doctrinaria del señor Mora. Y decimos que ninguno de los candidatos es garantía, desde la presidencia, porque, incluimos en este espíritu muy particularmente al señor Cortés. El programa del Partido Demócrata contiene, ciertamente, claras y amplias recomendaciones sobre l libertad. La ausencia en el programa del pacto, de tales afirmaciones, y la abundancia de éstas en el programa demócrata, está revelando claramente cómo tales programas son confeccionados a última hora por los partidos politiqueros, sin sinceridad, sin creer en ellos, en vista de lo que pide el mercado electoral.

El Vanguardismo, por otra parte, obediente a su formación sectaria comunista, persigue violentamente todo aquel que intente siquiera sugerir una leve y patriótica crítica, ya no a la legislación social, que es dogma y evangelio para ellos, sino a quien se atreva proponer la menor sombra de crítica sobre cualquier gestión que parezca merecerlo, en la actual administración. ¿Pero, no es acaso este mismo Vanguardia el que se reserva en el pacto, «el derecho de libre crítica»? ¿Y si reclama y se asegura ese derecho, con qué lógica y sentido democrático osa a negárselo a los demás grupos?

Mas, dada esta situación del tablero político, es lo cierto, por otra parte, que el programa convenido en el pacto, es de gran interés como teórico punto de partida de una transformación social, económica, política y aún moral, de Costa Rica. Por primer vez, un gobierno desprestigiado por sus errores en muchos otros aspectos, tiene el apoyo de una agrupación popular poderosa, aunque clasista y anti-democrática en sus fundamentos.

Por primera vez, un partido personalista irresponsable e impopular en su origen, se ve constreñido a soportar el duro freno mular de un programa y de una obligación concreta. Por primera vez, también, frente a la legislación puesta en vigencia van empezar agruparse y definirse los grupos conservadores, los falsos demócratas, los fascistas embozados. Unos, ocultos hoy tras las banderas del Picadismo, esperando que este dé a l legislación social y al comunismo el golpe de gracia, una vez ganadas las elecciones; otros en el cortesismo, intentando por medio de subterfugios innobles y egoístas, burlar desde ahora las disposiciones del Código de Trabajo.

En síntesis, creemos ser honrados con nuestra línea moral con nuestro pensamiento y acción cívicos, declarando que apoyamos las finalidades y gran parte del programa del pacto, en cuanto tienden realizar la transformación social y l reorganización económica del país, y porque el programa propuesto conviene asimismo, en sus lineas generales y en una gran mayoría de sus detalles, con los principios que viene defendiendo el Centro desde su fundación aun contra el consumismo en sus partes económico-sociales, y contra el Republicano Nacional en sus reinvidicaciones políticas.

No obstante, desdichadamente para quienes se hayan acercado a analizar el pacto con objetividad e interés como nosotros lo hemos hecho, existe una circunstancia que no puede ser ajena a la seriedad con que se pretende haberlo suscrito ni a las probabilidades de su cumplimiento: el programa del pacto es simple y llanamente el programa del Partido Vanguardia Popular, tal como él aparece publicado en Trabajo de 26 de junio último, con las siguientes variaciones cuyas causas nos permitimos atribuir a razones puramente politiqueras: desaparece la expropiación de tierras incultas sobre quinientas hectáreas, (ello indudablemente con el fin de no asustar a los terratenientes picadistas, si bien comprometiendo toda la política agraria que se propugna); desaparece, (por las mismas razones y con el mismo sacrificio mencionados, el impuesto progresivo sobre las tierras sin cultivar; desaparece el impuesto directo sobre la renta, (para no alarmar a los «nuevos ricos», contratistas sin licitación, grandes especuladores y testaferros de grandes personajes que acompañan al partido «progresista», sacrificando así por su base la reforma hacendaria que se anuncia); desaparecen los contratos con los Estados Unidos para la defensa de nuestra soberanía económica y política «en previsión de que las fuerzas democráticas de los Estados Unidos, caudilladas por Roosevelt y Wallace, puedan ser derrotadas en cualquier momento por las grandes fuerzas de la reacción norteamericana», (ello indudablemente para no dejar en mal al presunto Presidente Picado con el hipotético gobierno republicano imperialista que puede venir después de Roosevelt, comprometiendo así la política de defensa nacional que se pregona); desaparece la revisión de «todos los tratados y contratos que obstaculicen el desarrollo de nuestra economía y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo», (es decir, para que la United, la TAC y las Compañías Eléctricas, que al fin y al cabo desplazan fuerza política y económica, no se alarmen y se echen encima del partido «progresista», se renuncia a uno de los postulados imprescindibles para ir a la recuperación económica y social de Costa Rica); desaparece el voto femenino, (porque hubiera sido risible y contradictorio propugnar derechos a favor del «histerismo»…); y desaparecen algunas otras cosas de menor importancia. En resumen, que el tan traído programa de bloque, no es sino el programa del comunismo, cuidadosa y politiqueramente purgado de sus puntos fundamentales y realmente importantes por los pactantes, para ano arriesgar la pérdida de algunos votos y algunas influencias.

Sin embargo, aunque apoyamos tales coincidencias con nuestro pensamiento y acción, seguiremos, a despecho del mote de reaccionarios tan grato a los vanguardistas, y haciendo uso del derecho de libre crítica que el ciudadano de un democracia ostenta como primero de sus derechos, afirmando nuestra oposición a las tesis de extremismo, sea éste comunista o fascista; nuestro combate contra todo lo que en la presente administración o en la siguiente, signifique desbarajuste fiscal, ruina económica del pueblo, enriquecimiento inmoral e inexplicable de personas al servicio, del gobierno, nepotismo, derogatoria de legislaciones liberales sobre educación, burla al sufragio, intento de acallar la libre conciencia de los ciudadanos, y tantos otros excesos incalificables que son los que han puesto contra la presente administración, contra el partido oficial y también contra el partido Demócrata, habida cuenta del historial político de don León Cortés, a una fracción considerable, respetable y numerosa, de ciudadanos, hoy neutrales, junto a quienes está el Centro.

Finalmente, los partidos pactantes, ofrecen tomar desde ahora medidas enérgicas para combatir la especulación y abaratar la vida. el centro ofrece en este punto, como lo ha ofrecido en otras ocasiones, su incondicional apoyo. Por una patria mejor, más feliz, más justa y más libre, esa es nuestra lucha, y en ella estamos dispuestos colaborar con cualquiera que demuestre honradez, seriedad y verdadero espíritu de servicio social.

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Información sobre las secciones

Se celebra la primera reunión general de Secciones centristas

Conforme se había anunciado en el anterior número de SURCO, el domingo 26 de setiembre último se celebró, en las horas de la tarde y en el local del CENTRO en San José, la Primera Reunión General de Secciones Centristas de todo el país. El acontecimiento asumió una gran importancia porque, por primera vez, desde la fundación del CENTRO PARA EL ESTUDIO DE PROBLEMAS NACIONALES, se reunían en una sesión conjunta delegados de los diversos grupos centristas de provincias y la capital.

Desgraciadamente, los compañeros de Puntarenas no pudieron asistir por dificultades de ultima hora y debieron confiar su representación a uno de los miembros josefinos. Los compañeros de las Secciones en formación de Liberia, Santa Cruz y Nicoya se habían excusado de antemano por las dificultades del traslado. De modo que estuvieran presentes únicamente Delegaciones de Heredia, Cartago, de la Asamblea de Miembros Activos y de los Socios Ordinarios de San José.

A las dos de la tarde, bajo la presidencia del compañero Jorge Rossi se declaró abierta la Primera Reunión General de Secciones Centristas. Hizo uso de la palabra en primer lugar el compañero Rodrigo Facio, Encargado del Movimiento de Secciones, explicando los objetivos de la reunión: «La ratificación, por el apretón de manos y la discusión de caminos a seguir en el futuro, de la fe común en una Patria mejor que nos anima a todos los centristas de Costa Rica», y haciendo notar que «mientras la República confronta en todos sus aspectos: el moral, el político y el económico, un franco proceso de relajamiento, una joven generación unida y fortalecida por claros conceptos sobre la realidad nacional, se yergue decidida y entusiasta, dispuesta a conducir a la Nación por mejores derroteros».

Inmediatamente hizo uso de la palabra el compañero Presidente de la Sección de Heredia, quien dirigió un saludo a la Primera Reunión. «Aceptamos -dijo- la invitación para esta Asamblea porque vimos en ella la oportunidad de renovar nuestros votos de lealtad y de civismo. Tenemos a orgullo el formar parte de esta juventud tan consciente de su función histórica». Y terminó diciendo: «La labor es dura y dolorosa. Hay mucho prejuicio que desterrar. Hay mucho interés que vencer. Muchas sonrisas que afrontar. No es de exaltación de masas; es de despertar la conciencia ciudadana y forjar una Patria. No es cómodo agachar la cabeza; es difícil mantener erguida la frente. Pero no podemos eludir esa responsabilidad y en afrontarla se fundará nuestro orgullo».

Luego, el compañero Carlos María Campos, de la Sección de Cartago, quien hizo una bella interpretación del lema del escudo de Cartago: «Fide et pacem», desde el punto de vista del CENTRO: «Somos fieles a todo aquello que represente el sentir verdaderamente costarricense. Fieles a toda idea de mejoramiento para Costa Rica. No queremos una paz que sea producto de la inacción, la pereza o la cobardía. Buscamos la paz que sea el producto de una lucha bien lograda. Esperamos que -tal como lo dice el escudo de nuestra ciudad- se nos tenga a los miembros de la Sección de Cartago siempre en la lucha como leales».

De seguida, el compañero Eugenio Rodríguez Vega habló en nombre de los Socios Ordinarios del CENTRO, exaltando la fundación de éste como llamada a encauzar y dirigir las inquietudes cívicas de las nuevas generaciones. Sintetizó en la siguiente forma los ideales centristas: «Política limpia; Economía planificada, Justicia social sin demagogia, iniciación de una nueva era de moralidad ciudadana», y concluyó haciendo saber que la juventud estudiantil de la capital cada vez se siente más ligada a la labor y los objetivos del CENTRO.

Luego se dio lectura al Mensaje de la Sección de Puntarenas, por el cual la misma se adhiere a todas las recomendaciones que la Reunión General acuerde. Transcribimos los siguientes párrafos de dicho mensaje: «No desconocemos ni lo arduo del camino ni el peligro de la lucha, y es precisamente por eso que enfáticamente declaramos que la Sección de Puntarenas ratifica su adhesión a los principios centristas, se solidariza con todos los compañeros que hayan sido o sean vejados de hecho o de palabra constituyendo las víctimas propiciatorias no de la incomprensión, sino de la mala fe, y reclama su puesto de combate en la línea de fuego, en esta lucha por la dignidad y el decoro de nuestra querida Costa Rica. para todos los compañeros, nuestro cordial saludo».

Llevados a cabo los saludos, la Presidencia dio lectura y puso en discusión las mociones o ponencias presentadas, lo cual dio lugar a un interesantísimo cambio de impresiones, caracterizado esencialmente por la posición centrista de cuantos hicieron uso de la palabra.

Dos conclusiones fundamentales pudieron extraerse de lo dicho: 1) que los centristas de todo el país se sienten dispuestos a continuar la lucha pese al matonismo con que se ha amenazado al CENTRO y a las procacidades anónimas de que se le ha hecho objeto últimamente; y 2) que la reunión acogió convencidamente el derecho de auto-crítica en el seno del grupo, como principio esencial para el mejoramiento y perfeccionamiento progresivo de la organización y las labores del mismo.

Las recomendaciones aprobadas fueron las siguientes:

a) Que el CENTRO, superando la etapa académica, entre a la organización inmediata del Partido Político Centrista, el cual, sin embargo, no deberá participar en la actual campaña eleccionaria, tomando especialmente en cuenta el éxito y el fracaso de otros partidos políticos nacionales, el consejo que personas sanas y experimentadas puedan darle al grupo, y los posibles métodos de financiación del partido.

b) Que se coordine y se organice en forma eficiente y orgánica la labor de las Secciones con la de los grupos josefinos, a fin de constituir un solo gran cuerpo cívico con adecuada especialización de funciones y división del trabajo, y para ello, se cree una Comisión integrada por representantes de los diversos grupos y el Encargado de Secciones.

c) Que se emprenda un estudio serio y concienzudo del régimen municipal costarricense, a fin de presentarle al país un gran plan de reorganización de dicho régimen, dentro del propósito de dotarlo de mayor eficiencia y probidad.

Estas recomendaciones fueron aprobadas todas por unanimidad, y una vez leídas por la Secretaria, que estuvo a cargo del compañero Manuel Antonio Quesada, se levantó la sesión, no sin antes haberse acordado celebrar en el curso de este mismo año una Segunda Reunión, cuya fecha y programa serán dados a conocer en su oportunidad.

Al dar cuenta de esta reunión, no dudamos en calificarla como uno de los pasos de mayor importancia que el CENTRO ha dado últimamente, dentro del propósito de r organizando y dándole carácter verdaderamente nacional al movimiento de regeneración cívica emprendido.

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Sócrates: «Pues, si creéis que matando a la gente evitaréis que quede alguno que os reproche vuestro mal vivir, estáis equivocados. Esta manera de librarse de los censores es, además, oídme bien, tan ineficaz como deshonrosa. Una sola es honrosa y desde luego muy fácil: consiste, no en cerrar la boca de quienes nos censuran, sino en volverse verdaderamente hombres de bien. Esto es lo que tenía que predecir a quienes de vosotros me habéis condenado». (Platón: «Apología de Sócrates»).

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Lo que pasa en el mundo

Planes de Post-guerra

En las últimas semanas se han ido perfilando los planes que algunas de las Naciones Unidas comienzan a fraguar para la organización del mudo de post-guerra. El Comité de Alemania Libre, fundado en Moscú, ha condensado sus propósitos en una unión de las clases medias con los trabajadores de Alemania para reconstruir su país, libertarlo del Hitlerismo y capacitarlo para concertar con los Aliados una paz sólida con miras a la formación de un régimen democrático fuerte y progresista, que garantice el respeto a la propiedad bien adquirida. Auspiciado calurosamente por el Gobierno Ruso, este Comité de Alemania Libre aún no ha tenido el menor reconocimiento ni aceptación por parte de los anglosajones.

El Gobierno canadiense también ha dado a conocer varias de sus finalidades de guerra: una conferencia previa de Rusia, Estados Unidos y el Imperio Ingles, formación de un organismo internacional que garantice el desarrollo de las relaciones internacionales por vías de legalidad y concordia, colaboración en la defensa de América, ingreso a la Unión Panamericana y prevención de guerras tarifarias.

Variaciones en el Plan Financiero propuesto por los Estados Unidos a las Naciones Unidas y Asociadas

Durante varios meses los funcionarios del Tesoro Norteamericano han sostenido conversaciones con representantes de todas las Naciones Unidas y Asociadas, incluso don Julio Peña, Gerente de nuestro Banco Nacional. Resultado de esas conversaciones llevadas a cabo sobre el Plan White de organización financiera mundial, ha sido un segundo proyecto que viera la luz pública en días pasados. Las principales variaciones son un cambio en la forma de contar la mayoría la cual ahora, para poder imponer sus decisiones, tendrá que estar integrada por las tres cuartas partes de los votos presentes; y la obligación de entregar en oro el 50% de la cuota. La primera variación viene a subsanar en gran parte uno de los defectos del plan primitivo que habíamos considerado más objetables, ya que permitía a las grandes potencias ejercer un absoluto control sobre la organización que se planea fundar.

Continúa la comedia argentina

El régimen fascístoide instaurado en Argentina continúa jugando a gobierno: han dictado leyes para determinar, desde la calidad del azúcar que se fabrique, hasta la forma de los rayos que debe dejar el sol que ostenta el escudo nacional. Las tiendas instaladas en calles impares deben cerrar en las fechas impares de cada mes con una hora de adelanto; y en las fechas pares deben hacer otro tanto las que tengan sus puertas abiertas a las calles pares. Verdaderos Calvinos contemporáneos, los hombres del nuevo régimen han llegado hasta exigir que un tango titulado «Pa contentar a la vieja» debía llevar en adelante el nombre de «Para alegrar a la madre», ya que consideraron que el primer título era contrario al buen gusto y la buena dicción.

Lucha racial en Estados Unidos

Como secuela obligada del estado de guerra y de la incertidumbre social y moral que trae consigo, los Estados Unidos han venido experimentando un conflicto racial. Latente por mucho tiempo, ha tenido ya sus brotes sangrientos. La ciudad de Detroit y el barrio neoyorquino de Harlem han sido los principales teatros de esos encuentros, cuyo saldo han sido muchas vidas de blancos y negros y cuantiosos destrozos. Nos inclinamos a creer, como decíamos al comienzo, que todo no ha sido más que el resultado natural de la psicosis de guerra en que hoy vive la Humanidad toda; acostumbrados estamos a ver cómo el pueblo y el gobierno norteamericanos resuelven sus problemas sociales con seriedad, sin demagogias y con inteligencia, tal como desearíamos ver a algunos pueblos latinos resolver los suyos. De otro modo las consecuencias de ese conflicto que hoy comienza pueden llegar a ser gravísimas para la tranquilidad y progreso de los Estados Unidos.

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El Centro y la campaña pro-cooperativización de la propiedad enemiga

Rodrigo Madrigal Nieto

No fue sino después del 4 de julio, para muchas personas diferentemente productivo por cierto, que se oyó en el país la primera voz, que con un criterio netamente democrático y desinteresado y ante todo netamente costarricense, le señalaba al Ejecutivo una solución acertada y acorde con su política de legislación social, para que diera buen fin a la propiedad enemiga. Era esto, en lo Internacional también, justificación propicia a la precoz política por nuestro gobierno. Sin embargo, a tales insinuaciones no solo no se les prestó atención, sino que, y esto es lo peor, se les trató de boicotear. Y nos boicoteaban, era la voz del Centro, precisamente quienes por etiqueta convencional son los que más se preocupan por el bienestar del país: el Comunismo y el Gobierno.

En el Editorial de nuestro órgano Surco Nº 31, ya lo dijimos, y hoy lo repetimos, que «si el Gobierno quisiera dar la más elemental seña de previsión social, debería organizar la cooperativización de los ingenios y beneficios incluidos en las listas negras, a favor de los pequeños propietarios que hacen uso industrial de los mismos»; y nos expresamos así, porque nuestro ideal máximo es lograr una realidad nacional y verdaderamente estructurada sobre bases de justicia y de bien social y económico.

Conocida es la timidez del capital nacional, y conocida es también la reñida situación existente entre el comerciante y el consumidor. Pues bien, al impulsar este ensayo social nos guiaba en gran parte, la necesidad, que se hace sentir, de librar al mercado local de esas continuas variaciones en los precios, incluyendo los de los artículos de primera necesidad y de librarlo también de una serie de medias ficticias, como las Juntas de Abastos, Control y Regulación de Precios y de tanto ineficaz reglamento y decreto, de tanta incómoda fijación de precios máximos y mínimos que a poco conducen. Queremos, y lo necesita así el país, una situación libre y segura en el mercado nacional, porque esto es reflejo de economía sana y organizada, es precisamente reflejo de lo que hoy día nos falta y que tanto se hace sentir en los más amplios círculos sociales.

Pero además del aspecto económico, la cooperativización puede ser contemplada desde otro punto de vista, del educacional, ya que es factor unificante y constructivo de la vida misma ciudadana.

Bien conoce el Centro los riesgos de este ensayo social, y por eso nunca lo propuso en tiempos normales, pero en una situación imprevista como la actual, se debía aprovechar en forma extensa su realización, cubriendo con sus beneficios al mayor número de pequeños agricultores posible, que por razones de índole geográfica son los clientes naturales de uno de los más grandes ingenios del país.

El problema a abordar era netamente costarricense, y por lo tanto había que recurrir a medidas netamente costarricenses. Nuestra situación no se resuelve con difíciles teorías de fabricación extranjera, sino con una intensa organización nacional. Creemos, como Haya de la Torre, que «reconocer la relación de Espacio y Tiempo para apreciar esas fases o grados de evoluciones, es imperativa». Y admitimos «que siendo las realidades diversas, diversos han de ser sus problemas y por ende sus soluciones. En síntesis ubicar nuestro problema económico, social y político en su propio escenario y no pedir de encargo para resolverlo doctrinas o recetas europeas como quien adquiere una máquina o un traje. No reincidir en la palabrería demagógica de nuestros comunistas y fascistas criollos que sólo producen hasta hoy «lugares comunes de la mayor vulgaridad». Hasta aquí las palabras del líder peruano. En eso nos empeñamos. Era preciso eliminar a los propietarios alemanes, sin que esto fuera en detrimento de la producción agrícola, con un sentido económico, o en detrimento del pequeño productor, con un sentido social. Pasar la propiedad enemiga a manos de capitalistas costarricenses, con una única credencial, su ciudadanía, no era lo propio; se trataba de aprovechar una oportunidad para elevar la economía patria y con ella el nivel de vida de un sector popular; no de formar nuevos ricos o de acrecentar el capital de los recientemente formados. El Centro cree positivamente en la evolución social como factor del progreso; de aquí su afán en mejorar el marco de vida nacional; otros sectores creen íntimamente en la revolución social y de aquí que sus esfuerzos se encaminen a crear el descontento en las masas obreras y no a luchar en forma progresiva por una alza en su cultura y un mejoramiento en su economía. De aquí, los diferentes puntos de vista: nosotros nos situamos desde un principio tomando en cuenta la realidad nacional, observándola cuidadosamente para tratar de introducirle las mejoras pertinentes. Otros, para más claridad, el partido comunista, recordaban para esta ocasión también los principios de Karl Marx. Este partido, que con algunos empleados públicos llena hoy las barras del Congreso y organiza manifestaciones que llegan hasta la mansión presidencial, en los precisos momentos en que se aprueba el Código del Trabajo con un largo capítulo sobre cooperativización, el que el Centro elaborara hace algún tiempo, es el mismo que boicoteaba la campaña de Organización Cooperativa de la Propiedad Enemiga, cuando el Centro trataba de llevarla a cabo en los últimos meses del año pasado. Igual actitud asumió el Ejecutivo, que entonces no tenía, como la espada de Damocles, las elecciones a seis meses vista. La próxima presencia de febrero, ha traído intensa preocupación por la vida del pueblo.

Efectuamos repetidas reuniones en Grecia con todos los pequeños productores de aquella zona, se dieron amplias explicaciones y los puntos de vista del centro tuvieron cálida acogida.

Las reuniones que comenzaron el 4 de octubre del año 1942, se llevaron a cabo de manera en extremo satisfactoria. Nos satisfacía no solo nuestra labor, sino, y esto ante todo, las consecuencias inminentemente prácticas y positivamente beneficiosas que para los pueblos griego y Poaseño se iban a lograr.

Según el «Boletín Cooperativo» publicado en nuestro órgano Surco Nº 29, en la reunión efectuada el 18 de octubre de aquel año, «se acordó también invitar al señor Secretario de Agricultura al estudio del asunto para tratar de interesar a un elemento serio y constructivo que, como él, parece dispuesto a afrontar con realismo y valentía nuestros grandes problemas agrícolas». Así decía ese boletín cooperativo de nuestra revista Surco más el Gobierno, de «descentradas» actuaciones, no oyó la invitación que nuestro organismo le hacía a tal dependencia administrativa, ara que prestara su apoyo inmediato y desinteresado a un movimiento que no venía más que a justificar en parte, el enorme alboroto que armó el Ejecutivo cuando dio a conocer sus garantías sociales.

En otra de las reuniones efectuadas en aquel lugar, conocimos un plan enviado por el diputado Sr. Riggioni. En su parte agrícola estaba bien, pero en lo referente a la parte industrial del negocio, su plan no era aceptado por los agricultores de aquella zona. Se trataba de ponerla en manos de la Fábrica Nacional de Licores, «que la administraría y llegaría hasta a instalar allí una destilería de alcohol». Hacemos esta brevísima relación histórica, para hacer resaltar, como atemorizaba a estas gentes de labor, el recuerdo, no lejano por cierto, de que la Fábrica Nacional de Licores en tiempo de elecciones, no recibía panela a los agricultores que no acompañaban al partido oficial. Cabe aquí hacer mención de lo que ya dijéramos en otra oportunidad, que en Costa Rica cualquier institución es puesta al servicio de la más baja politiquería electorera. El Centro por su parte, tratando precisamente de salvar la integridad de tal movimiento, proponía en aquella ocasión, que tal control quedara en manos del Banco Nacional. Propusimos por su seriedad a esta institución, y el tiempo vino, en la realidad, a confirmar nuestra presunción.

Más tarde, y dicen que nunca es tarde, hemos visto a nuestro Ejecutivo, ceñirse un laurel ajeno quizá, por la integración de la cooperativa cañera de Grecia, formada según ley Nº 49 del veintidós de julio de este año. No sólo en la designación de una institución bancaria acertamos; las medidas que desde el año pasado propusiéramos eran buenas y no tenían mas que un único defecto, venir del Centro. Y óigase bien, no somos nosotros los que lo decimos, es la mencionada ley de 22 de julio la que así lo afirman. Concretemos:

Propugnaba el Centro en su Columna II sobre Cooperativización publicada en Diario de Costa Rica y como ya lo hemos hecho ver anteriormente, porque tal organización se pusiera en manos del Banco Nacional de Costa Rica. Lo mismo reza el artículo 1º de la ley citada.

Agregábamos también, que debería permanecer bajo ese control «al menos mientras no se hubiera amortizado el capital», y sugeríamos en la columna siguiente que «durante el período de amortización todas las ganancias deben dedicarse a hacer los abonos correspondientes». En forma semejante lo contempla también esta ley N 49 en su artículo 5º.

Su artículo 3º es de simple procedimiento taxativo, y en el 4º autoriza lo que los cañeros de Grecia pidieran en un memorial enviado al SR. Presidente de la República, y que aparece en Surco Nº 30, expresándose concretamente en los puntos 7 y 8 de la manera siguiente: 7) «Apoyan la iniciativa del Centro para poner «bajo la custodia y la administración del Banco Nacional de Costa Rica las propiedades que, como el ingenio de la firme Niehaus en Grecia, son determinantes de una serie de problemas sociales y económicos de importancia local o nacional; 8) su idea de que el Banco podría encargarse de la posibilidad de hacer pasar el ingenio, previos los estudios consiguientes, a manos de una Cooperativa de Producción Industrial integrada por todos los cañeros de la zona».

En sus artículos 6º y 7º autoriza en principio medidas de orden económico competentes al Banco Nacional.

Al Centro le parecía conveniente y así lo había hecho sentir, que la forma de pago debería hacerse por medio de valores del Estado, con lo que el dinero quedaba, de hecho, congelado.

En nuestra Columna IV sobre Cooperativización, publicada también en diario de Costa Rica, concretamos nuestro pensamiento en cinco puntos que son los siguientes:

1) Prohibición de traspasar la propiedad enemiga a manos de capitalistas costarricenses.

2) Que el Poder Ejecutivo decrete de interés público las expropiaciones de las gentes de la Lista Negra.

3) Envío por el Poder ejecutivo del proyecto de Ley general de Cooperativas a las extraordinarias del Congreso.

4) Estudio financiero y económico de cada negocio nazi por la Junta de Custodia de la Propiedad para ser entregado luego a la cooperativa. Se asesorará por grupos de esos empleados.

5) Creación del Departamento del Banco Nacional de Costa Rica que vigile y cuide de las cooperativas mientras no haya sido amortizada.

Con esta ley que enviara el Ejecutivo al Congreso, ha llegado a buena meta, en el terreno jurídico, el movimiento cooperativo. Y seguirá adelante porque es bueno, porque se está desarrollando sobre bases técnicas y esta el cuidado de él, lo repetimos una vez más, una institución responsable y ante todo apolítica. Lástima sí, que el Señor Presidente mirara en aquel entonces la fuente del proyecto y no éste como tal; que de haberlo hecho, mucho se hubiera adelantado ya en el terreno económico-social de la República, que tanto parece preocuparle. Pero no lo culpamos, sabemos bien que no lo inspiró ninguna mala intención, sino que, por motivos ajenos a su voluntad, no supo palpar el alcance de nuestras miras.

Mas no sólo en esa ocasión concretamente hemos colaborado para forjar el cooperativismo como realidad económico social en la República. Y no luchamos embriagados de fantasía, como sí lo hacen otros sectores, creyendo tener «la felicidad de un pueblo en nuestras manos», para copiar a Ulate; no luchamos para rehabilitarnos ante una escarmentada ciudadanía, hemos luchado por el cooperativismo y lo hacemos constantemente todavía, porque es un imperativo en la nación luchar porque el pueblo logre todas sus libertades, y en e caso concreto su bienestar económico. Y en esta situación por la que atravesamos, y para el mundo de la post-guerra, el cooperativismo es factor de trascendencia, lo repetimos, para el mejoramiento cultural y económico del país.

Y así, dentro de nuestras escasas posibilidades, hemos seguido una trayectoria firme en pro de la cooperativización, y la mantendremos en pro de cualquier otro movimiento de evolución social que venga a beneficiar el nivel de vida popular, sin ocuparnos, porque esto es base de nuestra posición, de donde viene el movimiento, si vamos a lastimar intereses creados y sin revisar día a día el almanaque para realizar a qué distancia estamos de las próximas elecciones, y hacer virajes de mal timonero en nuestra vida pública. Nuestra posición es seria, es el producto de una ideología constante y sincera y nunca la faceta con que se encubre una alegre e irresponsable mascarada que va tornándose diferente, conforme soplan los vientos fríos de diciembre, los cálidos de marzo, o los tibios e inquietantes vientos de febrero.

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Importancia del sistema cooperativo en Costa Rica

Raf. Alb. Zúñiga

(Discurso trasmitido desde la estación «La Voz de la Democracia», el lunes 13 de setiembre de 1943).

El centro para el Estudio de Problemas Nacionales, fiel a su consigna de formar una conciencia ciudadana que dé respaldo y fortifique la estructura democrática del país, fiel a su consigna de analizar los problemas nacionales bajo un punto de vista exclusivamente costarricense, sin personalismos ni poses demagógicas de ninguna especie, inicia hoy una serie de comentarios de divulgación sobre las nuevas leyes sociales que comenzarán a regir el próximo 15 de setiembre. No es nuestra posición de propaganda politiquera: no aprovechamos la coyuntura para ensalzar y denigrar a persona alguna, eso sí -y esa ha sido nuestra norma durante nuestra corta vida cívica- El Centro trata de llevar al conocimiento del público mayoritario del país los principios y fundamentos ideológicos de la nueva legislación, con la cual en principio, siempre ha estado de acuerdo. Y actuamos en esta forma porque creemos que es divulgando estos principios, porque creemos que es dando a conocer estos fundamentos, porque estamos seguros que es haciendo una crítica sana de la nueva legislación social, como contribuimos efectivamente a formar una verdadera conciencia ciudadana que respalde y mantenga las normas sociales que comprende el nuevo código.

La conversación radiada de esta noche, se destina especialmente a hacer presente la importancia del movimiento cooperativo en Costa Rica, y a dar a conocer como este sistema es, en nuestro concepto, el que verdaderamente calza a la articular estructura económica del país y al espíritu costarricense individualista, entre otras causas, por herencia; a hacer conocer la importancia que el cooperativismo tiene como organización social, y a hacer el comentario de los principios y normas establecidas, a este respecto, en el Código de Trabajo.

Queremos decir ante todo que nuestro convencimiento de la excelencia del ideal cooperativo es absoluto, y que, consecuentes con nuestra ideología, hemos propugnado siempre -dentro de las posibilidades económicas y sociales del país- la formación de cooperativas, mucho antes de que apareciera la actual legislación social. en efecto, deseosos de dar a conocer estos principios, que creíamos y creemos de gran beneficio para el país, comenzamos hace mucho tiempo una campaña de divulgación sistematizada de los fundamentos ideológicos en que se fundamenta el ideal cooperativo, al mismo tiempo que emprendimos una campaña real y efectiva de fomento e impulso, de colaboración y de ayuda, a todos los grupos que deseaban o intentaban la formación de una cooperativa. Nuestra campaña, hecha palpable en publicaciones y comentarios, por la prensa y a través de nuestra revista surco, provocó ataques que nos vimos obligados a contestar. Dijimos entonces afirmando nuestra posición ante el movimiento cooperativo, por qué lo considerábamos beneficioso para el país, y escribimos en Surco Nº 28 de octubre de 1942, en arte lo que sigue: «El Centro… está luchando por armar el imprescindible y grande movimiento de reivindicación democrática. Considera el deber primero, la organización popular en grupos coherentes y vigorosos de opinión pública y de solidaridad económica; cree, por eso, en la importancia democrática del sindicato obrero la corporación de pequeños industriales, la federación de educadores y estudiantes, la cooperativa de campesinos y consumidores, la asociación de profesionales, y en la de cualesquiera otras formas de organización que sirva de instrumento a los costarricenses -hasta hoy más o menos desunidos- para expresarse y actuar eficientemente en defensa de sus intereses y en beneficio de los intereses generales del país. Y el Centro está empezando a luchar por esa organización popular que responde inmediatamente a las necesidades de ordenamiento político, económico y social de la República.

El consumidor y el pequeño productor, aislados, son víctimas del especulador: hay que ir entonces a su organización en cooperativas de consumo y de producción y disminución respectivamente; el obrero, solo, es víctima de la explotación de los patronos; debe surgir entonces el sindicato profesional; el pequeño industrial, el pequeño importador, aislados, no resisten la competencia de la gran empresa; urge formar la corporación respectiva; los maestros y profesores, desunidos, son objeto del abuso político: su federación vendrá a darles vigor para la defensa: la opinión popular es burlada por el fraude electoral: hay que ir a la formación de núcleos de opinión pública y finalmente al partido ideológico permanente.

Donde haya injusticia, abuso, abandono de la norma democrática, allí deben fusionarse los esfuerzos de los ciudadanos afectados, para hacerse oír enérgicamente, procurar el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas de vida, y en fin, tomar parte en la gran tarea de organizar, equilibrar e imprimirle robustos a las fuerzas económicas del país. Este es el ideario fundamental de la democracia costarricense -buscar equidad para las relaciones sociales, dignificar y fortalecer al débil, levantar el nivel de vida general, depurar las prácticas republicanas- y por él lucha el Centro y luchará entusiastamente siempre».

«…La Cooperativa de Consumo -por ejemplo- que es la que nosotros propugnamos en una forma general e inmediata, tiene la virtud de alzar efectivamente el nivel de vida de sus socios, y por allí la de hacer comprender a estos la posibilidad de un reajuste evolutivo de su posición social, y la de ponerlos a trabajar por ese reajuste. Para el Centro -que busca ese equilibrio económico y social para nuestra democracia- la Cooperativa de Consumo tiene que ser entonces, como lo es, un instrumento progresista y que merece todo apoyo».

«…La Cooperativa de Producción de Obreros Industriales y Agrícolas -otro ejemplo- cuya formación nosotros nunca planteamos en épocas normales, conscientes de sus dificultades y de sus riesgos, y que hemos propugnado únicamente en relación con la propiedad nazi que, por motivos de la guerra, forzosamente ha de salir de manos de sus actuales propietarios, tiene una serie de virtudes económicas, sociales y educativas, si se pone su dirección en manos técnicas y serias. Eleva efectivamente el nivel de vida de los obreros y peones, al hacer pasar a ellos los beneficios que antes fueran a manos del empresario, las entrena y educa en las prácticas de cooperación y solidaridad económica, y desde luego, los liga con el régimen existente, dentro del cual descubren un amplio radio de mejoramiento y elevación para su posición económica y social. Por tanto la Cooperativa de Producción será para el Centro, en los casos en que sea posible organizarla una formación de tipo progresista, que responde bien a las necesidades de perfeccionamiento de nuestra democracia…«.

Pero el ideal cooperativo, la realización práctica de la teoría cooperativa no interesa ni conviene exclusivamente a grupos aislados, desde su particular interés. La formación de cooperativas, la adopción de un sistema de cooperación en nuestro medio social y económico conviene e interesa al país entero, a la Costa Rica que ha de tener una unidad económica y social por la cual el Centro lucha y luchara en todo momento. La adopción de un sistema cooperativo traería la resolución de una serie de problemas de carácter general que hoy confronta la República, y los cuales se ve en la imposibilidad de remediar por los medios corrientes en uno. La reinante desorientación económica, manifestada por una serie de disposiciones, aisladas, inconexas a veces contradictorias y siempre incompletas, que hemos llamado el reglamentismo, sustituida por una decidida política cooperativa, llevada a cabo integralmente, vendría a ser la resolución orgánica ara remediar las deficiencias de nuestro mercado interno.

En efecto, «al capital costarricense es tímido y cobarde; no se arriesga en empresas difíciles, por mucho que ellas tienten con la posibilidad del éxito; rehuye las inversiones no amparadas por el monopolio de hecho o de derecho; le repugna especialmente el papel de pionner, creador valeroso de nuevas fuentes de riqueza patria. Es francamente conservador: explota su control sobre las máquinas que elaboran industrialmente los productos agrícolas, haciéndose retribuir en forma excesiva sus servicios, por productores y consumidores; especula con los artículos importados; acapara la producción nacional de granos para exprimir al que los cultiva y al que los consume; últimamente: colabora en la defensa continental, comprando la propiedad del enemigo…

No es quizás su culpa. Es esa -la indecisión- la tonalidad esencial del espíritu costarricense. Ya los próceres de la independencia le ensañaron al país que antes de tomar resolución alguna, debía esperar a que aclarasen los nublados del día»… Y dentro del plano económico, un país como el nuestro, de estructura semi-colonial, de industrialización incipiente y escasa población, atravesados los cuatro costados por un imperialismo bien educado para inflexible, no es, por cierto, tampoco el mejor para estimular la iniciativa capitalista. Los capitales constituidos, grandes o pequeños, tenderán necesariamente entonces mientras nada se haga por impedirlo, a la inversión de tipo comercial, especulativa y rápida, o de tipo monopolista, lenta pero segura, que en la mayoría de los casos ninguna riqueza efectiva nueva la produce al país, y más bien tiene resultados económicos y sociales nocivos.

Es pues, una tarea fundamental para el país cerrarle o restringirle, al capital, por un lado las posibilidades de actuar especulativa y monopolísticamente; por el otro, estimularlo racionalmente para la acción de auténtica creación de riqueza nacional.

«…País de pequeños propietarios -como tanto se pregona-; he aquí que los pequeños propietarios viven todos en una situación de inseguridad social y de estrechez económica grandes; resulta que el dueño de las fábricas, de las máquinas, de los medios de transporte, el gran propietario vecino, el prestamista hipotecario, el gran comerciante especulador en granos, el latifundista arrendante, se queda con la mayor parte de sus legítimas ganancias, en el acto de cobrarle intereses o de comprarle sus productos para la transformación industrial o la venta. País fundamentalmente de clase media -como se pregona tanto también-; he aquí que los miembros de esta clase y junto a ellas, los obreros y los peones, viven en una situación de inferioridad social y de permanente angustia económica terribles; resulta que el dueño de las fabricas, de las máquinas, de los medios de transporte, el gran propietario, el gran comerciante especulador, le cobra más del valor real al venderle los artículos de consumo naturales o elaborados. En tan injusta como irracional labor, deprimente para la producción agrícola que es el fundamento de la economía patria, flagelante para las clases media y obrera que son el fundamento de la democracia patria, está invertida la mayor parte del capital costarricense. Y esa es la causa del mortificante problema de los precios, que son exiguos para el que labra la tierra, y prohibitivos para el que consume sus productos.

Vemos y hacemos las diferencias, claro; sobre el comerciante que multiplica sus colones con sólo tener guardados por un tiempo unos frijoles o un maíz en sus bodegas, y el dueño de ingenios o beneficios que presta atención a una gran empresa, hay una distancia larga; pero en cuanto se prevalen de la inferioridad del productor agrícola para pagarle mal, y de la necesidad del consumidor para cobrarle en desproporción con el verdadero servicio que le prestan, unos y otros son condenables como usufructuarios de un negocio socialmente improductivo.

¿Cómo ir cerrando ese campo al capital constituido para aliviar la situación de agricultores y consumidores, y a la vez para obligarla a lanzarse a la inversión creadora de nuevas fuentes de riqueza patria? ¿Mediante la nacionalización de la industria, los transportes y el comercio? ¿O sea, por la prolongación y la extensión del régimen de intervencionismo estatal adoptado últimamente con motivo de la guerra? ¿Por la extensión y prolongación de ese régimen expuesto a las grandes equivocaciones? ¿Por una nacionalización que convertiría en clientes del estado -prácticamente en empleados públicos- a todos los agricultores del país? ¿Por una nacionalización que multiplicaría el número de puestos inútiles, todo ello a costa del contribuyente? ¿Por una nacionalización que dejaría, a fin de cuentas y con seguridad, mil resquicios por donde entraría sigiloso a hacer de las suyas el mismo capitalista especulador que se trataba de excluir, entonces, entonces en connivencia con el funcionario poco escrupuloso? No, rotundamente, no.

La actual intervención estatal, que debido a la situación de guerra se justifica, y aún se justificaría hasta en forma más general e intensa, sólo es y puede ser una medida de emergencia ante una situación gravísima que no se previó. La organización del mañana ha de ser muy otra; orgánica en su concepción, democrática en sus fundamentos y en sus proyecciones; eficaz, rápida y barata en sus métodos económicos.

Mañana, serán los agricultores, por un lado, y los consumidores, por el otro, los que habrán de unificarse y organizarse en forma permanente al margen del estado aunque bajo la supervigilancia y con la ayuda de algunas instituciones técnicas del mismo, para contrarrestar la acción monopolista y especulativa del capital. Mañana, un mañana que no puede estar muy lejos, cuando las garantías sociales inicien el perfeccionamiento social de nuestras instituciones, los productores y los consumidores se entenderán directamente, al margen de juntas de custodia y de defensa, de reglamentos y de decretos, de rígidos precios máximos y mínimos, para la planificación orgánica de la economía patria. Lo harán por medio de sus Cooperativas de Producción, de Transformación Industrial, de Crédito, de Distribución, de Compras y Ventas, y de Consumo de sus Federaciones Cooperativas Regionales y de sus Acuerdos Cooperativos. Con tales democráticos instrumentos lucharán ordenadamente por eliminar al intermediario industrial, comercial o financiero, o al menos por lograr una situación de unidad social y de solidez económica, desde la cual tratar de igual a igual con él». (Surco Nº 31 de enero de 1943).

El desarrollo del cooperativismo impedirá la proletarización de las clases medias y la depauperización de los asalariados -fundamento ambas de nuestro relativo equilibrio social; este desarrollo preservará y garantizara los rendimientos de la actividad agrícola modesta -fundamento de nuestra economía- y será por eso el mejor estimulante para el incremento de la producción nacional; él hará posible la distribución entre productores y consumidores de las ganancias que hoy se engulle satisfecho el especulador; él abrirá la mejor posibilidad para ir a una elevación acentuada de los salarios en el campo, sin temor al alza paralela de los precios; él hará que circule en las propias zonas donde ha sido creado, el beneficio agrícola e industrial en provecho de los oficios, las profesiones y el comercio locales; él salvaguardará la pequeña propiedad rural; él reforzará las bases sociales de nuestro régimen político y tendrá grande influencia en la dignidad cívica y la independencia política del costarricense; él en fin, responderá en forma conveniente al ritmo de rectificaciones democráticas de post-guerra.

Así pues, el Centro cree que el cooperativismo es beneficioso particularmente para cada uno de los distintos sectores de costarricenses -agricultores, obreros, empleados- porque eleva su standard de vida, hace comprender la posibilidad de un reajuste evolutivo de su posición social y económica, y educa llevando a la conciencia ciudadana el convencimiento del ideal democrático como norma de gobierno. Colectivamente porque es la forma de estimular al capital nacional, pequeño y sobre todo tímido, para que emprenda en forma constructiva eliminando al mismo tiempo la posibilidad de que actúe en forma especulativa. Es decir cortando en sus orígenes las causas que hoy mantienen el equilibrio y el desorden de nuestro mercado interno.

Trataremos ahora de hacer un breve comentario sobre la parte del Código de Trabajo dedicada a las organizaciones sociales, especialmente a las cooperativas que es el punto que esta noche nos hemos propuesta tratar. Nuestro comentario, dadas las circunstancias, tiene que ser de simple divulgación y muy breve, insistiendo en algunos puntos que nos parecen de interés general para la formación y estructuración de una conciencia ciudadana que es lo que lo que nos hemos propuesto, y que en el caso presente se concreta a lo que podríamos llamar el ideal cooperativo.

El título V del Código de Trabajo, está dedicado a las organizaciones sociales, o sea concretamente a los sindicatos y a las cooperativas. Su capítulo primero abarca las disposiciones generales que cubren ambas organizaciones. Resumiendo podemos decir de esta primera parte lo siguiente: anteriormente a la promulgación del Código de Trabajo no existían formas propicias para la constitución legal de las cooperativas y de los sindicatos. Esta situación era incómoda e inconveniente porque dejaba fuera de la ley, cualquier organización social del tipo sindical o cooperativo. Ahora ya se han hecho las normas legales necesarias. Las cooperativas y los sindicatos tendrán personería jurídica, podrán adquirir derechos y contraer obligaciones. Las cooperativas que verdaderamente respondan a este nombre por su organización serán las únicas que podrán usar el nombre libremente y han sido declaradas de utilidad pública. Se les han concedido ciertos privilegios como la exención del pago de impuestos nacionales y municipales que pesen sobre sus bienes, pero al mismo tiempo se establecen restricciones para evitar el abuso de estos privilegios. En efecto, la ley otorga a la Secretaría del Trabajo, por medio de la Inspección General del Trabajo, la vigilancia suprema de todas las organizaciones sociales, ya sean sindicatos y cooperativas. Limita su actividad al fomento de los intereses económico-sociales, prohíbe los privilegios o ventajas especiales, dando así fundamentación en favor de la cultura popular y vigorizando el régimen democrático mediante el establecimiento del predominio de las mayorías. Del voto secreto y unipersonal con absoluta independencia del aporte de capital.

El capítulo segundo, del título V del Código, está dedicado a los sindicatos. Siendo nuestra conversación de hoy dedicada exclusivamente al movimiento cooperativo, pasemos directamente al capítulo tercero que se dedica íntegramente a esta clase de organizaciones sociales.

La cooperativa, dice el artículo 293 del Código, «es toda sociedad de duración indefinida, de capital y personal variables e ilimitados en que los asociados organizan en común y con objeto determinado sus actividades e intereses individuales a fin de realizar su progreso económico social, sin ánimo de lucro y sobre la base de distribución de los saldos o excedentes a prorrata de la utilización que cada uno haga de la función social«.

Tiene pues la sociedad cooperativa diferencias fundamentales con el tipo corriente de sociedad hasta ahora conocida en Costa Rica. No es posible para una cooperativa, dado su fundamento ideológico, establecer limitaciones para el ingreso de nuevos socios; como una consecuencia, tampoco les es permitido a las cooperativas limitar el monto de su capital, normas ambas que le dan un carácter democrático quitándole el monopolista que caracteriza a la sociedad actual de tipo capitalista. Estas dos circunstancias, unidas a la de que la votación ha de hacerse a razón de un voto por persona, sea cualquiera la participación que esta persona tenga en el haber social, garantizan a las cooperativas el control por una mayoría y eliminan la posibilidad de un monopolio ejercido por el capital.

Finalmente, si es libre la entrada a una cooperativa, también es libre la salida, y son prohibidas las disposiciones que tiendan a impedir el retiro voluntario de los miembros, permitiéndose eso sí ciertas limitaciones destinadas a ordenar y reglamentar este retiro.

La clasificación de las cooperativas, según el código costarricense, se efectúa en dos formas: atendiendo a la clase de actividades a que se dedican y atendiendo a la responsabilidad de los socios que la integran. En el primer caso, las cooperativas más corrientes son las de consumo, compra y venta producción, crédito y habitación. Las cooperativas de consumo, que como ya lo dijimos son las que el Centro ha propugnado abiertamente desde hace mucho tiempo, tienen por objeto la provisión, venta y distribución entre los asociados y sus familiares, de artículos de alimentación, vestuario y consumo doméstico en general. Su funcionamiento, sin embargo, está sujeto a ciertas limitaciones tales como: la venta estrictamente al contado, los aportes de los socios tienen que ser efectuados siempre en efectivo, no podrán negociar con bebidas alcohólicas o drogas, ni con artículos de lujo. Esta clase de cooperativas son la de más fácil organización, necesitan un capital pequeño, y su funcionamiento no requiere grandes conocimientos técnicos.

Las cooperativas de compra y venta tienen por objeto principal impulsar el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, mediante la adquisición de materias primas, en seres, maquinarias, accesorios, herramientas, o la venta de productos naturales o elaborados, e indistintamente ambas operaciones realizadas en provecho de sus asociados.

Las cooperativas de producción, tienen por objeto la manufactura o transformación de artículos naturales o elaborados, o la iniciación y desarrollo de toda clase de explotaciones agrícolas o ganaderas. Su organización es compleja, y justamente en previsión de esto, la ley establece que deberán formarse de preferencia adscritas a una o varias cooperativas de consumo.

Las cooperativas de crédito tienen por objeto procurar a sus asociados préstamos o servicios de garantía para fines de explotación agrícola, ganadera o industrial; fomentar el ahorro y suministrar a los asociados servicios bancarios. Esta clase de cooperativas están regidas por una serie de disposiciones, tendientes a asegurar el fiel cumplimiento de su propósito tales como la fijación de plazos prudenciales, la declaración del objeto del préstamo, etc. Igualmente, como instituciones de crédito que son, están sujetas a una futura reglamentación en la cual el Poder Ejecutivo determinará los privilegios o preferencias que tengan los créditos de las cooperativas de esta clase, así como los requisitos a que estará sujeta la concepción de estos créditos, con el fin de que en la práctica no resulten desvirtuados el espíritu protector de la ley, ni la estabilidad económica de las cooperativas.

Finalmente, las cooperativas de habitación son aquellas que tienen por objeto facilitar a sus asociados la adquisición o el arrendamiento de viviendas higiénicas y baratas. Esta última clase de cooperativas, difícil de llevar a la práctica, necesita gran capital, y una educación cooperativa muy arraigada.

Atendiendo a la responsabilidad de los socios con independencia de la actividad a que se dediquen las cooperativas, el Código de Trabajo las divide en sociedades de responsabilidad limitada, suplementada e ilimitada. En las primeras la responsabilidad se concreta al monto de los aportes individuales; en el segundo caso los socios pueden constituir una garantía adicional, subiendo proporcionalmente su responsabilidad, y finalmente en el caso de las cooperativas de responsabilidad ilimitada cada socio responde solidariamente con la totalidad de sus bienes a la satisfacción de los compromisos sociales.

La sección segunda del capítulo tercero que comentamos está dedicado al fomento, control e inspección de las cooperativas. El primero se establece mediante la concesión de ciertos privilegios, especialmente para las cooperativas de consumo consistentes en el acarreo preferente para los artículos alimenticios, en la rebaja de un 10% en los fletes de los artículos del giro de las cooperativas que transporten las empresas nacionales, en una rebaja del 50% en los impuestos de papel sellado, timbre y registro, en la exención de impuestos y recargos de aduana para ciertos artículos, y otros privilegios, todos desde luego controlados y reglamentados por el Poder Ejecutivo para evitar que puedan presentarse abusos que desvirtúen el fin social con que han sido concedidos estos privilegios. Como un medio de ayuda existe también la autorización para que todos los tesoreros o encargados de pago en oficinas públicas o privadas, retengan a la orden de las cooperativas, las sumas que terceras personas les deban, con sólo que reciban de aquellas una solicitud escrita en ese sentido. Paralelamente al fomento cooperativo, esta sección establece el control de las instituciones por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la cual estarán obligadas a informar de sus actividades y la cual podrá en cualquier momento ejercer el derecho de fiscalización.

La parte dedicada a la constitución y administración de las cooperativas, contiene disposiciones en las cuales se consignan los datos que es necesario detallar en los estatutos, el procedimiento para legalizar dichos estatutos, mínimo de socios en una cooperativa, mínimo de capital pagado necesario para dar comienzo a las operaciones, reglamentación del voto, y en fin, una serie de disposiciones que si bien son de gran importancia en la formación práctica de la cooperativa no creemos del caso pormenorizar en este discurso dedicado especialmente a divulgar la parte doctrinaria e ideológica del cooperativismo. Para otra oportunidad dejamos la exposición detallada de estos y otros aspectos, como el relacionado con los socios y el capital de las cooperativas, la distribución de saldos o excedentes, la disolución y liquidación de las sociedades, las uniones de cooperativas, etc.

El Centro cree que es dando a conocer estas cosas como mejor colabora en la formación de una recta y estable opinión pública y es por esto que se propone hacerlo sin escatimar esfuerzo alguno. Así como en nuestra revista Surco, sistemáticamente hemos venido informando mediante nuestro Boletín Cooperativo, acerca del desarrollo siempre creciente del cooperativismo, así trataremos de llevar al conocimiento de todos los interesados mediante una campaña estable y también metodizada los principios de la legislación social. Para terminar quiero renovar a mis oyentes el ofrecimiento público, que muchas veces ha hecho el Centro, de colaborar con cualquier grupo de costarricenses entusiastas; en la formación de cooperativas o en el desarrollo y engrandecimiento de las ya existentes. Nuestra labor en este sentido es ya conocida, pero está comenzando, y no terminará hasta no ver en Costa Rica, surgir una nueva era más justa y más humana, donde sean realidad las garantías individuales, las garantías sociales, y sobre todo la garantía económica, vale decir, el derecho de todo costarricense a vivir decorosamente en un ambiente digno, libre de politiquerías, libre de miedos. Las generaciones jóvenes que integran el Centro, fieles a su ideario, conscientes de su misión, luchan y lucharán por conseguir estos propósitos, y con nosotros estarán, estamos seguros, todos aquellos que quieran una patria más culta, libre y democrática.

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El Derecho Social
Como necesidad jurídica contemporánea

Lic. Paul Chaverri R.

(Discurso leído el lunes 13 de setiembre desde la estación radioemisora «Titania»).

De un tiempo a esta parte se ha observado que lo más intimo de los conceptos que antes hemos tenido como dogmas de fe, invariables y fijos, ha venido sufriendo una veloz mutación, un vertiginoso movimiento de transformación. La ciencia, el arte, la historia, la justicia en fin, han ponderado nuevamente muchos de sus postulados; pareciera que una lluvia de acontecimientos imprevistos ha saturado el ambiente de nuevas ideas y que, con los albores de una próxima era de paz -dichosamente no muy lejana- el mundo empezará a vivir mejores días, fruto de las experiencias pasadas.

El Derecho, supremo conciliador de intereses antagónicos, término medio entre la anarquía y despotismo, o como quiera considerársele, no ha podido, ni jamás hubiera podido, escapar a esa revaluación de sus principios. Sobre él radican las estructuras sociales y constituye la plataforma sobre la cual se han ubicado todas las relaciones humanas, por manera que le ha tocado en esta hora sentir su más aguda prueba, porque, alrededor de sus postulados, se han venido discutiendo dos arduos problemas de diferente orden aunque muy entrelazados el uno al otro, a saber: en el orden político: si los principios de derecho, justicia y libertad sobre los cuales se ha modelado la civilización democrática y cristiana, han de prevalecer sobre el credo racista, de «unidad» e «integración» vinculado a la persona de un líder, que propugna la absorción del individuo y de los grupos sociales en su estatismo absoluto; y en el orden privado: si el individuo ha podido y puede, con justicia, gozar de sus intereses económicos aun cuando vaya en contra del interés de los más, o si la colectividad, mediante restricciones impuestas en cada caso a la libre acción del individuo, ha podido y puede hacer prevalecer sobre él los intereses del conjunto. Alrededor de estos asuntos se ha suscitado también la discusión de saber cuál será la organización de los estados y de las sociedades del futuro; si el «principio de la autonomía de los pueblos -como dice Rodrigo Beyle -ha de tomar forma de estatuto de Derecho Internacional para establecer de una vez para siempre que ningún pueblo tiene derecho de gobernar a otro pueblo», y, en el orden interno, se discute en estos momentos si mediante una justa y adecuada organización social, económica y legislativa, es posible llegar a la tan deseada, buena y sana convivencia de los hombres.

Las discusiones jurídicas, en lo que se refieren a la organización interna de los pueblos -asunto éste objeto del presente desarrollo- data de la época en que la gran industria, o al maquinismo por mejor decir, vino a complicar las relaciones sociales. A partir de entonces, los problemas económicos e industriales que el capital produjo al competir en los mercados internacionales mediante el sistema de producciones en gran escala y de una manufactura desenfrenada y al poner a su servicio exclusivo fuerzas mecánicas, explosivas y eléctricas cuya potencialidad él mismo desconocía, vinieron a alterar la tranquilidad y seguridad sociales. Intervino entonces el Derecho como supremo conciliador de intereses opuestos y se ha llegado a considerar, con base en la naturaleza misma del hombre, que su existencia no se concibe en contraposición de la sociedad en la que si bien se exigen al individuo limitaciones, es en pro de la consecución de fines colectivos que la actividad disgregada y no controlada de cada uno puede estorbar, sin que por ello el individuo quede imposibilitado para desarrollarse y perfeccionarse dentro de la esfera permitida. Nace, así una doctrina intermedia de Derecho, entre el individualismo y el estatismo absoluto, llamada por algunos de «acción social» la cual se mueve según feliz expresión de Félix Betancourt mediante la conciliación y el equilibrio de estas dos manifestaciones de la actividad humana: la libertad y la solidaridad. A esta nueva concepción del Derecho pertenecen las nuevas leyes sociales que el día de mañana tomarán entre nosotros caracteres de obligatoriedad ineludible y que en el fondo, en el campo de la filosofía jurídica, implican la resurrección moderna del Derecho Natural, eclipsado desde mediados del siglo XIX, porque los nuevos fenómenos sociales no podían ser explicados sino a merced del reconocimiento de determinadas condiciones físicas y morales comunes a todos los hombres, condiciones éstas que reconocía en su favor el antiguo Derecho Natural, ya fuera éste estoico, clásico o cristiano. Por eso, precisamente, se ha llamado «Resurrección Moderna del Derecho Natural», a las nuevas tendencias sociales, calificadas de «Derecho Justo» según denominación que ha dado un jurista de los últimos tiempos.

Hay que atribuir el desafío al orden existente a fines del siglo XIX, que hubo de modelar el nuevo Derecho Social, al movimiento ascendente del proletariado que, a fines de esa época, comenzó a organizar sus fuerzas en todo el mundo bajo la bandera de la doctrina marxista. Como era natural, este movimiento -según palabras casi textuales de Edgar Bodenheimer, de su libro «Teoría del Derecho» -desencadenó un ataque frontal a orden económico, social y jurídico existente. El individualismo, el liberalismo, el capitalismo, y todos los valores reconocidos hasta entonces -refiere dicho escritor- fueron objeto de una seria crítica y no queda otra alternativa que aceptar el reto o admitir -sin decirlo- que toda la cultura hasta entonces reconocida no merecía la pena de ser defendida. De la lucha surgió ese nuevo Derecho, desprovisto de la tendencia extremista del marxismo y de la pasividad estatal predicada por el liberalismo clásico, origen del moderno capitalismo, y hoy, sabiamente organizado en leyes, constituye el instrumento de paz y de armonía sociales más acabado de que se pueda dar cuenta en los anales de la codificación.

Costa Rica, país pequeño y de economía incipiente pero abierto a las más avanzadas conquistas, no ha podido, por ese mismo motivo, sustraerse a las consecuencias de todo género que en el mundo han originado las nuevas circunstancias sociales y económicas. Aunque parezca paradógico, es exacto decir que, así de pequeño como es, en él han fructificado las más modernas conquistas, sean éstas morales, culturales o materiales. En ello buena parte ha tenido el liberalismo político de nuestros gobernantes.

En relación ya con el movimiento o evolución del Derecho Social en Costa Rica, como conjunto de normas que favorecen a las clases trabajadoras, cabe decir que la codificación recientemente acordada constituye una obra que ha podido encontrar suficiente arraigo en el corazón y espíritu de nuestros hombres. Digo esto así, porque si bien hoy ha venido a constituir esa legislación un cuerpo armónico, completo y ajustado a las diferentes necesidades del país, y toma la característica de principio constitucional, su implantación se ha venido preparando de un tiempo a esta parte, merced a la promulgación de muy variadas y minuciosas leyes de tendencias eminentemente sociales de cuyos beneficios antes hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Así, la legislación que hoy toma cuerpo de Código de Trabajo, tiene la virtud de haber ido de lo simple a lo complejo, pues partes sustanciales del mismo se han ido emitiendo a medida que las necesidades lo han ido imponiendo y se han votado tantas leyes como las situaciones lo han exigido, pero sin que hasta ahora se haya enfocado el conjunto; por otra parte, no son esas leyes el resultado de graves convulsiones sociales, sino que cuentan con la experiencia de un movimiento social en Costa Rica, o más propiamente hablando, de un movimiento obrerista. No constituye por consiguiente, el nuevo Código de Trabajo que como ya se dijo, el día de mañana toma caracteres de obligatoriedad absoluta, el fruto de ideologías extrañas, sino el justo remedio de muy diversas y antes no solucionadas, injusticias sociales. Cierto es, que en él se observa una preocupación preferente por resolver los conflictos posibles de un industrialismo que aún no tenemos, pues el que se nota apenas va recién estructurándose, y esto, a causa de la guerra; pero tal es, más bien, una característica meritoria, en primer término, porque el acrecentamiento económico del país se desarrollará conforme a las nuevas condiciones sociales, y en segundo lugar, porque la legislación social es esencialmente previsora; por eso, precisamente sus preceptos tienen la suficiente elasticidad capaz de obrar ante cualesquiera circunstancias futuras, sin limitarse al mantenimiento de la situación presente.

En el orden positivo, es innegable que la ciencia jurídica -esta vez al servicio del trabajo que no del capital- ha creado un nuevo orden de conocimientos que han originado una nueva legislación. El criterio de «colectividad civil» aplicado a los contratos de trabajo ha dado paso al concepto de «colectividad social», con lo cual se da a entender que la igualdad ante la ley civil hay que circunscribirla a aquellos problemas en los cuales los individuos gozan, por igual, de determinadas condiciones -legales y materiales- para obligarse o contratar, por manera que en los problemas del trabajo, en donde median una multitud de factores económicos, físicos y sociales que restringen esa libertad de acción, quedan sujetos a una serie de leyes relativas a la «colectividad social». A su vez, la responsabilidad patronal en los casos de accidentes, sujeta antes a la prueba de la culpa por parte de los patronos, ha dado paso, desde hace más de una década, y a virtud de determinadas presunciones y de una reversión en el peso de la prueba, a la teoría llamada «objetiva» o del «riesgo profesional», según la cual, la simple explotación del riesgo en provecho del capital hace que recaigan sobre éste, aún cuando no haya habido culpa de su parte, las consecuencias de todo accidente de trabajo, inclusive aquellas que tienen por causa el simple descuido profesional del obrero. Y en lo que al régimen de la propiedad se refiere -asunto éste que obedece también a la nueva tendencia social del Derecho -se ha estimado que el derecho de propiedad, sobre el cual se ha asentado y se asienta nuestra organización, ha de ser garantizado en su uso, y no en su abuso, a efecto de que reúna caracteres utilitarios en beneficio de la colectividad. De ese modo, ya no podrá el propietario mantener ociosa su tierra sobre la base de un título que la garantiza a su favor; es preciso que la cultive y trabaje a fin de que ella constituya un instrumento que dé vida y fuerza al conglomerado. Todos esos cambios fundamentales de nuestra vida jurídica no son otra cosa que el resultado de las nuevas tendencias sociales que tienden a reintegrar al trabajador a la categoría de un verdadero «homo democraticus» con un mínimo de salud que constituye además de su más preciado bien, la garantía de la tan deseada paz y prosperidad.

Hasta hace un tiempo, fue cómodo en quienes dirigían las cosas públicas, ignorar el verdadero origen de los problemas sociales y todo brote de rebeldía se atribuía a una pertinaz obcecada divulgación intelectualista. Ha sido preciso el advenimiento de una mayor comprensión de los problemas, de más claridad y sobre todo de más certeras interpretaciones de los problemas sociales, para que los hombres de Gobierno hayan estimado que el trabajo asalariado no debe preocupar menos al Estado que la seguridad de la «propiedad privada», pues ambos son factores de la producción que sabiamente reglamentados no sólo se complementan sino que garantizan una mayor justicia social y económica tan útil al trabajador como al propietario, y se llega así, mediante esa adecuada reglamentación de lo uno y de lo otro, a que la democracia sea un régimen de gobierno que ofrece al individuo un medio social propicio para su desenvolvimiento espiritual y material.

De esas ideas resultan las que se ha dado en llamar «nuevas funciones de la democracia», se quiere que ésta sea un método que consista en «poder avanzar sin que nadie quede atrás», un sistema de gobierno en el que haya libertad, pero libertad económica y jurídica, para que pueda haber cooperación; un régimen, en fin, en el que el trabajador no sea, como lo dice el escritor Beyle, el individuo que en tiempos de paz suda y en tiempos de guerra sangra. Para todos esos fines, era y es preciso la codificación en examen; es la pieza jurídica necesaria sobre la cual descansará la nueva organización. Por eso, precisamente, el Centro ha apoyado con toda decisión las nuevas leyes sociales promulgadas por el Gobierno actual.

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Legislación Social en una democracia

Prof. Carlos Monge A.

(Discurso leído el martes 14 de setiembre desde la estación radioemisora «La Voz de la Democracia»).

Vivimos en la época de las rectificaciones; de las luchas sociales. Los hombres y los gobiernos plantean en estos críticos tiempos reformas con el objeto de resolver el problema de la solidaridad y equilibrio humanos. Nuestra agrupación -el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales- nació como respuesta a interrogaciones hechas por nosotros a la historia y a la política nacionales; nos preguntamos si la forma como entendían nuestros compatriotas la política calzaba exactamente con la necesidad nacional. Costa Rica apegada al liberalismo marcaba el paso sin abrir sus puertas a las nuevas ideas sociales que en otras latitudes constituían base de lucha de muy diversos partidos políticos. Conscientes de la necesidad en que estamos los costarricenses de comprender la política como un arte y una ciencia, capaz de crearle a la nación una estructura social y económica más justa, iniciamos hace tres años el análisis de la patria.

Hoy, cuando el gobierno ha promulgado el Código de Trabajo con el objeto de proporcionarles a los obreros los legítimos derechos a que son acreedores y con los cuales puedan defenderse de los patronos, lo apoyamos y lucharemos con todas nuestras fuerzas para hacer de él un medio de efectiva redención no sólo proletaria sino nacional, pues el bien de unos debe ser necesariamente el bien de todos. Apoyamos el Código de Trabajo por cuanto es un punto de partida para iniciar la revisión social, económica y política de Costa Rica; revisión que en distintas oportunidades hemos puntualizado como fundamental para el progreso espiritual y material de Costa Rica. Apoyamos el Código de Trabajo por cuanto consideramos que debe irse a la regulación de los dos más importantes factores del proceso de la producción: capital y trabajo. Nuestros pensamientos, nuestros deseos siempre han tenido la finalidad de coadyuvar en todo intento de rectificar la estructura del país. Conscientes, pues, de la importancia que la legislación social tiene en el planteamiento y desarrollo de una democracia vitalizada; de que bien llevada a la práctica beneficia los intereses de los más sin perjudicar los de los menos, contribuiremos a que sea de verdad una adquisición completa e integral del pueblo:

La Democracia Liberal

Antes de abordar la importancia de las leyes sociales en el funcionamiento de la democracia, analizaremos brevemente las razones por las que el régimen liberal, aun cuando marcó paso trascendental en la historia humana, fracasó desde el punto de vista del bienestar social y del equilibrio económico. Nació la democracia liberal durante la revolución francesa. Tres principios planteados al mundo de esa crisis histórica crearon nueva forma política: igualdad, fraternidad y la búsqueda de la igualdad (esta última preposición enunciada por los norteamericanos). Se consideró desde el punto de vista filosófico y humano el pensamiento liberal como la más grandiosa creación de los tiempos modernos. ¿Cómo no iba a ser estupendo un régimen o un concepto político-social basado en la libertad y en la soberanía popular? En efecto los individuos pudieron hacer, después de caer el «ancien regime», lo que en gana les viniera siempre que no comprometieran la moral y las buenas costumbres. Por otra parte, los miembros de los tres poderes debían ser la expresión fiel de la voluntad popular. Los ciudadanos pudieron escoger libremente sus candidatos y cumplir con los deberes que la constitución les brindaba. La misión del gobierno o del Estado era velar por el orden público, resguardar la propiedad privada y hacer cumplir exactamente los principios liberales. No obstante tan formidable organización político-social y económica, los tres principios de libertad, igualdad y fraternidad no se desarrollaron con exactitud en la democracia. Más aún: podríamos decir que la historia social del siglo XIX demuestra cosa muy distinta a la enunciada por los filósofos y políticos del siglo XVIII. El liberalismo en vez de coordinar las fuerzas humanas promoviendo un progreso espiritual en cada ciudadano; de apoyar y defender a miles de hombres que caían bajo el peso del capitalista, constituyó una concepción perjudicial para la tranquilidad y felicidad de los pueblos: éstos no fueron soberanos, ni felices, ni ricos, ni de verdad libres. La Libertad, a pesar del matiz mágico que esta palabra sugiere, dejó al individuo y a la sociedad en el más criminal abandono; obreros y campesinos vivieron en situación peor que sus compañeros de la monarquía capeta y de la edad media. Y nos preguntamos: ¿por qué la libertad en vez de unir a los hombres en una sola unidad, en vez de fortalecer la solidaridad humana más bien ha contribuido a la humillación de los pueblos? Porque la libertad tal como se la entendió en el siglo XIX se aplicó de preferencia y con singular éxito a las actividades económicas. En ella el capitalismo encontró las condiciones necesarias ara su gran desenvolvimiento. Así el magnate pudo vender sus artículos a precios elevados en perjuicio evidente de la gran masa consumidora sin que el Estado interviniera en la regulación de precios; libertad de explotar minas, bosques, mares, costas, ríos, a entera satisfacción del empresario, aunque semejante actitud determinara en obreros y campesinos inferior situación social. El liberalismo ortodoxo debe considerarse como un régimen que favorece principalmente el desenvolvimiento de la economía capitalista. Entonces nos preguntamos: ¿los ciudadanos obtuvieron ventajas económicas, sociales y políticas del uso de la Libertad? Ninguna. ¿A qué se redujo entonces la intervención de los pueblos en la gestión política? A elegir cada cierto número de años representantes que velaran por sus intereses. Sin embargo sus elegidos no comprendieron la función del pueblo en el Estado, ni la función de éste con respecto a aquel. Tampoco esos representantes fueron capaces de valorizar el trabajo de obreros y campesinos en el proceso de la producción. En síntesis podemos afirmar que numerosos sectores ciudadanos de las democracias liberales, vivieron y viven al margen de la civilización sin recibir ningún beneficio del llamado «progreso». Los hombres cayeron bajo el peso del yugo capitalista. ¿Podía hablarse de progreso en países en que el pueblo era vejado, explotado? ¿Qué autoridad moral tenían y tienen los grandes magnates de tratar al campesino y al obrero como si fuesen esclavos? Absolutamente ninguna. A ello debe agregársele que los partidos políticos, en donde los hubo, y los politiqueros, aparentemente actuaban en defensa de los intereses del pueblo, pero en la mayoría de los casos constituían avanzadas de los capitalistas y en América especialmente del imperialismo yankee e inglés. Pero el liberalismo seguía adelante y con él la más injusta organización social y económica.

Lo que el obrero y el campesino son para la vida económica

Olvidan políticos y capitalistas que los elementos fundamentales que intervienen en el desarrollo de sus capitales y riquezas son en su mayor parte individuos componentes de las masas populares; olvidan que mientras ellos comen y duermen bien y visten mejor, la fuerza real y verdadera de la economía, compuesta también de seres humanos, carece de los más elementales medios de vida; esto en Costa Rica y en el mundo entero (excepto Rusia). Indudablemente el trabajo, que es energía humana y muy distinta de la eléctrica y la mecánica, es factor indispensable en la elaboración de productos. Día y noche muchos hombres, miles de trabajadores extinguen sus vidas y las de sus hijos en minas, campos de labranza, desiertos, etc. Esto se ha dicho muchas veces; pero es necesario repetirlo para todos aquellos que censuran la promulgación de leyes sociales; puede admitirse críticas a la mayor o menor sinceridad de políticos que apoyan esa clase de medidas para obtener ventajas personales, pero la legislación en sí misma y su necesidad, deben apoyarlas todos los ciudadanos conscientes de la República.

¿Por qué siendo decisivo el trabajo humano en todos los procesos económicos, no se le retribuye al obrero de acuerdo con el valor esencial de su esfuerzo? Porque en las democracias tipo republicano-liberal el régimen jurídico faculta al capitalista para determinar la forma y la cuantía de la retribución o participación que a los trabajadores corresponde en la producción de riqueza. Así los capitalistas «a gusto y sabor» han explotado desde hace años de años a los trabajadores sin importarles nada la suerte de esos hombres que dan sus vidas a la empresa o al taller. Ninguna consideración ara el obrero; ni del patrón, insensible al dolor ajeno e incapaz de gestos humanitarios; ni del Estado que reducía y en muchos casos reduce su función a «resguardar el orden público y velar por el fiel cumplimiento de las leyes». El siglo XIX es el siglo de la injusticia social, de la miseria y de la infamia por culpa de ricos que sólo han pensado en enriquecerse cada vez más. Y como si las leyes no fueran por su naturaleza insuficientes para hacer felices a los hombres, los magnates con sus riquezas, con su poder financiero dominan el Estado; y a algunas leyes que podrían favorecer a los trabajadores las desnaturalizan hasta quitarles sentido social. De este modo la democracia liberal basada en la soberanía popular no ampara ni protege al pueblo. Al lado de ese principio de soberanía popular, se ha desarrollado un ordenamiento jurídico basado en la propiedad privada y de los medios de producción, la libertad contractual y la libre concurrencia. Estas tres fuerzas o factores favorecen directamente a los capitalistas en contra de los obreros y campesinos. En esas condiciones el salario o precio del trabajo es determinado en forma más o menos arbitraria por el poderoso o empresario. Como los obreros carecen de leyes que los protejan de la voracidad de los capitalistas, el trabajo por ellos realizado es una simple mercancía que tiene su oferta y su demanda y en ese sentido circula en el mercado. Esto es verdaderamente injusto. El trabajo humano no debe tratarse de modo tan deshumanizado; el obrero, el campesino son seres humanos provistos de deseos, de ambiciones, de sentimientos, de emociones. El trabajo es una manifestación natural de sus vidas. Había necesidad de que una nueva concepción social elevara a esos seres al nivel que les corresponde como a «hijos de Dios». Creemos que sólo la materialización del mundo durante el siglo XIX explica estos dos fenómenos: 1º) los bajos salarios que mantienen a los trabajadores en un nivel de vida miserable. 2º) la consideración del trabajo humano como mercancía. En la democracia del futuro el trabajo debe considerarse como actividad profundamente humana que se valoriza por su significado económico y social. ¿Tiene precio el trabajo de un sabio? ¿Es acaso mercancía?

La situación del obrero con respecto al patrón ha llegado a ser tan ultrajante que no puede protestar por las injusticias de que es objeto, por cuanto la réplica es el despido.

El trabajador comienza a crear conciencia de clase

La importancia de Carlos Marx ha sido la de despertar en los obreros de todo el mundo conciencia de su función en el proceso de la producción y del papel que deben jugar en la sociedad. La verdadera revolución de la historia contemporánea, no es la francesa, sino la de 1848, la cual todavía está en vías de realización. De ese año en adelante hasta el presente los obreros se han organizado en muy diversas agrupaciones políticas con el objeto de luchar por ocupar en el mecanismo gubernamental sitio importante; por obtener salarios que correspondan al valor económico de su participación en el desenvolvimiento de la riqueza. De este modo, en la época en que vivimos se ha producido el hecho más trascendental de la vida pública de las naciones: la rebelión y advenimiento del proletariado al primer plano de la política. Los obreros aspiran no sólo a mejorar su condición de vida, sino que proclaman también la necesidad de poner término a un ordenamiento jurídico que faculta al capital para distribuir los bienes económicos mediante la conquista del poder político. Consideramos justas esas aspiraciones de la gran masa trabajadora, ya que si las democracias han caído en manos de oligarquías; si las leyes favorecen a los poderosos, es indiscutible que los obreros actúen por su cuenta y riesgo y obtengan mejores salarios y puestos avanzados en la vida política de los países.

El campesino en la democracia republicano-liberal

No sólo el obrero ha sido el único perjudicado con un ordenamiento juridico-individualista; no sólo el obrero ha sido explotado de modo inhumano en un régimen democrático, que se decía basado en la libre voluntad popular. También el campesino ha vivido agobiado, recibiendo salarios de hambre, principalmente en América el labrador, desde el punto de vista económico, se puede equiparar con el antiguo indio de encomienda; la situación del trabajador del campo debe considerarse inferior a la del obrero urbano. En nuestro país el campesino, pequeño propietario hasta el último tercio del siglo pasado, vivió en un plano de relativa bondad económica. hoy día es un asalariado que vive en la miseria. ¡Hambre, enfermedades, ignorancia, vicios! ¿Y la democracia? Hasta hace pocos años los hombres de gobierno imbuidos en ideas liberales cerraban los ojos ante semejante catástrofe nacional -que no otra cosa es la pobreza de grandes sectores de la sociedad.

La lucha de clases como consecuencia necesaria

En un sistema económico en que los factores que concurren al proceso de la producción son contrapuestos o antagónicos (capital y trabajo) fatalmente tenían que enfrentarse en una lucha a muerte, las dos clases sociales poseedoras de cada uno de esos factores. En los países altamente industrializados el fenómeno se presentó con caracteres de suma gravedad; en América ha sido en los últimos años que se ha presentado de modo decisivo. En Costa Rica, a causa de tradición democrática, de su economía colonial y desorganizada, de gobiernos hasta cierto punto sin definición ideológica, la lucha de clases en realidad no se ha presentado. No quiere decir lo anterior que la desigualdad que producen los regímenes liberales no haya tenido consecuencias sociales en nuestra patria. Claro que sí; hoy día los trabajadores tanto del campo como en la ciudad no ganan lo suficiente para vivir ni siquiera un nivel inferior. La economía agrícola no ha desarrollado altas burguesías, ni grandes capitales, ni consorcios; ello puede ser motivo que explique la falta de odios de clases. Anotemos de aso el muy interesante hecho de que desde la época colonial el pueblo costarricense se caracteriza por su marcada tendencia igualitaria. Por otro lado, el Estado constituye la más fuerte empresa económica y da trabajo a un gran número de ciudadanos los cuales viven más o menos bien.

En otras latitudes la lucha de clases rebasa el simple interés del salario para tornarse en lucha por cambiar el ordenamiento jurídico existente a fin de reemplazar el actual sistema, que faculta al capital para hacer a su arbitrío la distribución de la riqueza. El obrero trata de hacer la venta de su fuerza de trabajo al mejor precio posible que le permita el mercado de la libre concurrencia, en tanto el capitalista ve la manera de hacer su adquisición al menor costo posible. Desde luego la propiedad de los medios de producción y la libertad contractual son aliados decisivos del propietario en la fijación del precio de compra de la fuerza de trabajo. El hecho de estar supeditada contractualmente una clase por otra ha traído por consecuencia en la conciencia del trabajador, la pérdida de su confianza en la eficacia de los medios legales existentes y en las fórmulas de arreglo ofrecidas e impuestas por patronos o propietarios. De ahí que hayan entregado irreflexivamente la realización de sus aspiraciones en brazos de cualquier doctrina que les ofrezca el cambio de la situación reinante por descabellada que ésta sea ante los ojos de la razón.

Actitud de la burguesía

De la misma manera que los trabajadores han organizado cuadros de choque o resistencia para el sostenimiento de la lucha de clases y para su pronto desenlace, la burguesía ha organizado milicias y partidos armados con el objeto de ahogar las tentativas revolucionarias del obrero a fin de mantener la inconmutabilidad de su prepotencia económica y social. También en el terreno estrictamente económico utiliza métodos tendientes a inhibir o paralizar toda rebelión de la clase trabajadora, pudiendo citarse entre ellos: las cesantías colectivas, el «Lock-oxi» o paralización de las faenas, la corrupción de los dirigentes obreros mediante elevadas recompensas monetarias, la persecución y el despido de los cabecillas. Sin embargo este cuadro ultrajante para los obreros poco a poco se aclara pues la actual guerra entre otras manifestaciones presenta la de romper con la inconsciencia de los ricos y el miedo de los asalariados.

Rectificaciones a la Democracia-Liberal

La democracia liberal por la naturaleza misma de sus bases estaba incapacitada para resolver la lucha planteada entre capital y trabajo. Conscientes de ellos, los obreros crearon partidos comunistas y socialistas que predicaban el exterminio de la clase burguesa, de la propiedad privada, y en general de la democracia. Avanzaban los años y el abismo entre las dos principales clases era cada vez mayor. Se veía que la civilización rallaba en sus bases mismas, constituidas por el hombre y la sociedad; como la libertad había impulsado el poder de los capitalistas y éstos humillado hasta extremos increíbles a los obreros, las masas populares no creían en ella. Pero, de ese modo se pierde la perspectiva vital del ser humano; si la libertad no se toma en cuenta como principio de cultura, se corre el riesgo de hacer caso omiso de una cualidad esencial al ser humano y queda sometida la humanidad al despotismo socialista. El comunismo debe considerarse como una primera etapa en la lucha del proletariado contra un régimen jurídico adverso al bienestar colectivo, como advertencia hecha a los hombres de la necesidad de llegar a un avenimiento entre las dos fuerzas indispensables de la economía moderna: trabajo y capital. De la lucha misma, del odio de clase, ha probado en la actualidad una tendencia y un pensamiento más humano, para darle a la democracia bases consistentes. Tal como salió de la revolución francesa la democracia era una organización magnífica desde el punto de vista teórico, pero sin fuerza para desarrollar la armonía y solidaridad entre los hombres. Su lineamiento se basaba en abstracciones, lógicas ante la razón, pero sin relación con la vida misma. La democracia formal filosofada a fines del siglo XVIII carecía de vitalidad, de sentido humano; era un producto de la razón, de la filosofía de la ilustración. De ahí que se concibiera al hombre como una abstracción en sí mismo, sin darse cuenta de que el hombre es hombre en cuanto está íntimamente ligado a la sociedad y que ésta debe resolverle todos los problemas a la humanidad doliente y miserable. La libertad también se concibió como abstracción, como algo racional; no nos extraña, pues que se entendiera por libertad «hacer cuanto viniera en gana al individuo», sin tomar en cuenta la perspectiva social. No puede ser libre un pueblo en que causa del exceso de libertad de unos yacen en esclavitud los otros. Podríamos aun examinar los derechos del hombre y llegaríamos a idéntica conclusión: esos derechos jamás se convirtieron en riqueza social, en base de bienestar colectivo. La democracia liberal asiste hoy a una revisión integral; tanto el concepto de hombre como de sociedad distan de comprenderse de modo tan superficial y abstracto como a fines del siglo XVIII. Después de tantos años de miseria, de hambre, de contradicciones vitales: después de observar y vivir el fracaso del liberalismo, después de presenciar hechos inauditos, inhumanitarios, como el de arrojar al mar productos cuya elaboración requirió la energía de miles de trabajadores, al par que muchos de éstos morían de hambre, se observa en la mayor parte de los países deseos de proponer bases para la organización de una democracia funcional, capaz de superar al comunismo y al liberalismo ortodoxo; de proteger a todos los miembros de la sociedad mediante la colaboración y solidaridad de todos los hombres.

Nuevo sentido de la Democracia

Se debe conservar la denominación de democracia al régimen político, social y económico que hoy día se empieza a estructurar por cuanto el pueblo será siempre la base de la existencia colectiva. Es necesario plantear desde otro ángulo el problema de la libertad: ésta debe ser aptitud del individuo para forjarse una personalidad como síntesis de valores espirituales; actuar en beneficio de la sociedad y aceptar libremente por comprensión íntima lo que «se debe a sí mismo» y lo que «se debe a la sociedad». Valorizar ambos sentidos sólo es factible en un ser libre, espontáneo, creador. No sería justo que la sociedad se impusiera al individuo hasta el extremo de eliminarle su libertad interior, su capacidad crítica, su diferenciado sentido de las cosas. Esta proposición es desde luego un ideal. En la democracia del futuro ambas realidades deben integrarse en un sistema de vida amplio y profundo. Mientras tanto, mientras la humanidad puede adquirir el plano moral necesario para llegar a ese ideal, es imprescindible rectificar la democracia de tipo republicano-liberal mediante una sabia y lógica legislación social. Podemos decir que un paso histórico y necesario para resolver el problema social es crear leyes tendientes a controlar, aunque sea en parte, el poder y desmanes de los capitalistas. Legislar en ese sentido significa humanizar la democracia, procurarle al pueblo una existencia que corresponda al progreso alcanzado por la civilización. Todo avance de la historia es nulo si los beneficios no se reparten de modo equitativo entre todos. El único modo de que los obreros obtengan salarios elevados es creando leyes que regulen las relaciones entre capital y trabajo; ello significa dotar a los trabajadores de derechos nuevos que, hasta el momento no tenían. Es necesario comprender el dolor y la miseria de tantos individuos en desgracia, para darse cuenta de que todo hombre tiene derecho a pan, abrigo y techo» como elementos mínimos para vivir. Las leyes del Seguro Social corresponden a ese nuevo sentido de la democracia, el Código de Trabajo constituye en el mismo una adquisición maravillosa de aquel país que lo ponga en práctica. Por tal razón el Centro apoya en tesis general esa legislación y apoya y apoyará las medidas tendientes a fortalecer la base social y económica de la democracia. Apoyamos esa legislación pero es necesario advertir que la creación de una Costa Rica de distinto tono y acento históricos apenas ha comenzado. A todo precepto legal debe dársele su inmediata y prudente realización. Debemos guardarnos de caer en el error de muchas otras naciones de América, más ricas que nosotros, tanto o más demócratas. Oigamos a Ciro Terán Acui comentando estas cosas en su libro intitulado «Política social en América»: «Como una observación general consigamos el hecho de que la mayoría de los problemas que plantea el capitalismo en relación al trabajo permanecen sin solucionar. En el Congreso Regional del Trabajo celebrado en Chile en el verano del año 1938, el delegado obrero por el Ecuador Sr. Naula dijo a través de las conversaciones que he tenido con muchísimos de los delegados obreros aquí presentes, he observado que lo mismo que ocurre en mi país sucede también en los demás; es decir, hay una enorme distancia entre la ley escrita y la realidad nacional. En las repúblicas latinoamericanas ha echado profundas raíces la creencia de que los males que afectan a la convivencia colectiva se solucionan con la sola promulgación de medidas que se estimen necesarias para remediarlos. Es una verdad de valor continental, decir que entre nosotros la cuestión social ha sido solucionada espléndidamente en el papel». Es nuestra idea que Costa Rica no se encuentra en situación social y económica tan atrasada como ciertas repúblicas de América y que con un poco de buena voluntad los resultados de la legislación social en nuestra patria serán muy superiores. En todo caso evitar que la legislación social se quede en el papel es la tendencia del Centro para el Estudio de Problemas Nacionales. Particularmente creemos que si en América las leyes sociales no han pasado de la letra y solo han servido para hacer demagogia ha sido porque el problema de la vitalización de la democracia no solo es un problema social sino también económico y moral. Las leyes sociales sólo enfocan un aspecto del problema de una nación. Es lógico proceder a estudiar la economía y presentar un panorama total del país y proyectar un delineamiento de rectificaciones económicas. Ambos aspectos están íntimamente ligados. No hacerlo, significaría tapar una rendija y dejar otras. La riqueza de una nación depende directamente de lo que produzca. Costa Rica es un país eminentemente agrícola; es lógico entonces no quedarse contento con la ya aprobada legislación social, sino organizar la producción de modo científico. Así la ley social determina una retribución justa al trabajador del campo y de la ciudad correspondiente a su trabajo; y las leyes económicas, para obtener un máximo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales y una organización científica y democrática de la producción.

Nuevo concepto de Estado. Del Estado pasivo, al Estado funcional

El régimen burgués concibe al Estado como «mero guardador» del orden público limitándose a mantener la paz y la armonía entre los diferentes sectores sociales. Esto se desprende de los postulados de todas las constituciones liberales del mundo. No obstante lo dicho, el Estado no ha mantenido la paz ni la armonía colectivas, pues ha tolerado el engrandecimiento de una clase. Es innegable que una democracia tipo republicano-liberal persiga como finalidad primordial el resguardo de la libertad individual dentro de las relaciones de producción. El ideario liberal hecho gobierno mantendrá una actitud meramente contemplativa respecto de intereses sociales se pugna frente a la distribución de la riqueza. Precisamente, esa actitud pasiva del poder público frente a los acontecimientos que se producen en la colectividad ha traído como consecuencia el estado de desequilibrio social de carácter agudo que presenciamos y que se materializa en la prepotencia capitalista. La legislación social que lentamente se filtra en el edificio liberal nos indica que el Estado ha abandonado su actitud contemplativa y ha extendido su radio de acción y sus iniciativas a los más variados aspectos de la actividad humana, sea ésta económica, social, etc. Según el concepto liberal-individualista el Estado es el órgano de expresión de la voluntad de la sociedad organizada políticamente, a la que representa. Entonces el derecho o la facultad de intervenir en la vida de los asociados amparándolos y legislando para su felicidad no se contrapone con la definición liberal.

Compenetrado el Centro de que el Estado debe propender al bienestar de todos sus asociados, de que ya no es un simple poder pasivo o abstracto, sino una fuerza que orienta, coordina, e inicia a veces la cuestión social, estima que el Código de Trabajo realizado de modo lógico y serio beneficia a la clase trabajadora y por tanto lo apoya para que se complemente con leyes de carácter económico y de este modo tenga sentido en relación con la vida nacional.

Creer que Costa Rica se salva con la promulgación del Código de Trabajo es tan absurdo, como creer que la democracia se define sólo desde un plano. Si el Centro tiene entre sus objetivos el crear una generación capaz de darle al país nuevo sentido histórico, capaz de perfeccionar las instituciones debe apoyar todas aquellas medidas que tiendan a fortalecer la situación social de los trabajadores, pero también promover una organización económica científica que explote los recursos del país y desenvuelva el espíritu de empresa y de industria entre los costarricenses. También creemos que otro aspecto democrático que no debe olvidarse es la libertad política base del régimen representativo y fundamento esencial que coloca al pueblo en condiciones de llegar a vivir con profundidad y exactitud la democracia. El Centro lucha porque la soberanía popular sea una verdad y una función del pueblo; -y ello es posible armonizando lo económico, lo social y lo político.

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Legislación Social y organización económica

Lic. Rodrigo Facio B.

(Discurso leído el martes 14 de setiembre desde la estación radioemisora «Titania»)

Desde que en su mensaje al Congreso de 1º de mayo de 1942 se anunció por el señor Presidente de la República el envío de un capítulo constitucional de Garantías Sociales y de un proyecto del Código de Trabajo, el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales hizo saber inmediata y enfáticamente que apoyaba la iniciativa.

«No es que ignoremos -decíamos en nuestra columna de Diario de Costa Rica de 6 de mayo de 1942- que se trata por el momento de una simple reforma en el papal, cuya sola realización es incapaz por sí misma, desde luego, de producir ningún cambio efectivo en la organización social de Costa Rica. Pero es que estas reformas en el papel, estos actos puramente declarativos son, dentro de un régimen de derecho como el nuestro, la condición imprescindible, el instrumento necesario para estimular y encauzar todo movimiento de orden social. POr todo eso -añadíamos en la misma oportunidad- y porque como auténticos demócratas costarricenses estamos convencidos de la necesidad de procurar mediante un claro ideario nacional vigoroso y progresista, pero serio y constructivo, el reajuste de nuestras nacientes problemas sociales, apoyamos irrestrictamente el proyecto comentado de reforma constitucional. Así como el proyecto de un Código de Trabajo que servirá para reglamentar los principios generales que se incluyan en la Constitución y para adaptarlos a las necesidades reales y concretas del país«.

Tal actitud era la única lógica en un grupo como el nuestro, nacido como respuesta a la necesidad hondamente sentida en los últimos años de darle bases morales y sentido social a la vida pública costarricense.

Nosotros, que siempre hemos creído convencidamente en el régimen democrático como la más humana y más inteligente forma de organización política; nos dábamos cuenta de que ese régimen necesita, para accionar más eficientemente y más en consonancia con los intereses y las aspiraciones de las mayorías populares, de una serie de rectificaciones políticas, económicas y sociales -y entre ellas, de una legislación social- que nosotros mismos habíamos venido propugnando desde los primeros días de la fundación del grupo. Como gente de la nueva generación, no podíamos dejar de darnos cuenta de que el régimen de libre opinión pública en que la democracia política descansa, no podría tener cabal y productivo ejercicio, mientras extensas zonas del pueblo se encontrasen en condiciones económicas miserables, ganando salarios o sueldos ridículos, comiendo mal y viviendo peor. Teníamos clara conciencia de que mientras no se llegara a una más equitativa distribución de la riqueza nacional, la opinión pública no podría organizarse y manifestarse en forma adecuada para hacer verdadero gobierno del Pueblo para el Pueblo y por el Pueblo. Que para ello es necesario contar con independencia económica y seguridad social.

Teníamos, pues, necesariamente que estar por las Garantías Sociales y el Código de Trabajo; en general, por la legislación social llamada a realizar esa imprescindible redistribución más justa de la riqueza nacional.

Ahora bien, por otro lado, nos dábamos cuenta -ello como producto de nuestra persistente actitud de observación objetiva de los problemas nacionales- de que la legislación social en Costa Rica, para ser efectiva en beneficio de las mayorías y constituir un estímulo para el progreso económico del país, tenía que ser planeada y llevada a cabo en forma distinta a como se la había planeado y se la llevaba a cabo en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y en algunos de Latinoamérica, parcialmente industrializados.

En los países donde la industrialización es ayuda y ésta se ha extendido a todas las actividades económicas, donde el empleo de los recursos productivos es total, donde la producción ha alcanzado un grado tal de volumen y eficiencia que el problema más grave es el de una aparente superproducción por falta de capacidad adquisitiva en las masas, donde la desocupación obrera es crónica, donde, frente a una clase definidamente burguesa que monopoliza todos los medios de producción, se extienden grandes masas asalariadas víctimas de la explotación; donde, en fin, el capitalismo ha llegado a un punto insostenible por la contradicción entre su voluminosa producción y la injusta distribución de la misma; en esos países -repito- la política social tiene un carácter esencialmente legislativo: se trata en ellos, de dar leyes que garanticen a las clases laboriosas una mayor riqueza producida que es, en todos los casos, enorme, y a veces, super abundante.

En otras palabras: en esos países de capitalismo sumamente desarrollado, la economía está ya perfectamente organizada desde el unto de vista de producción; lo que falta únicamente para hacer justicia social es organizar democráticamente su distribución; se produce bien y suficiente, todos los recursos naturales están aprovechados, el trabajo es hábil y eficiente, las empresas están bien montadas, es decir, la organización económica está ya realizada; lo que falta solo es la organización social adecuada, para que el pueblo pueda consumir y hacer uso total de la riqueza producida, y eso se consigue, en general, mediante la emisión de disposiciones legales que obliguen a los patrones a pagar salarios altos, conceder vacaciones remuneradas, limitar la jornada de trabajo diario, reconocer las asociaciones gremiales y contratar colectivamente con ellas, etc. etc.

Pero el caso nuestro es muy otro: Costa Rica es un país esencialmente agrícola -el 80% de su población depende directamente de las labores agrícolas-, pobre -no produce siquiera los artículos de primera necesidad que han menester sus 650.000 habitantes- desorganizado -a la par que padece desocupación y estimula el envío de trabajadores a la zona del Canal de Panamá, a la par que cuenta con grandes extensiones de tierras incultas, importa del exterior los artículos que esos hombres laborando sobre esas tierras habrían podido perfectamente producir- de grandes recursos no aprovechados -cuatro quintas partes de su tierra laborable permanecen sin cultivarse-, explotado libérrimamente por compañías extranjeras -las compañías nacionales de electricidad y transportes aéreos son absorbidas por el capital extranjero, los finqueros bananeros expoliados por la compañía frutera foránea, etc. etc-, y finalmente, país de clases sociales difusas y no bien deslindadas, preponderando numéricamente las clases medias rurales y urbanas -pequeños propietarios, aparceros, arrendatarios, colonos, ocupantes, peones de mentalidad individualista, empleados públicos, artesanos, profesionales, pequeños industriales y comerciantes, etc. y existiendo solo un incipiente proletariado en la incipiente industria urbana.

Costa Rica no es, pues un país cuyo desarrollo económico esté cumplido y en el que por lo tanto la política resolutiva de los problemas sociales pueda consistir simple y llanamente en una reforma jurídica, como las propugnadas o realizadas en grandes países industriales, llamada a dejar un mayor remanente de la riqueza nacional en manos de las clases trabajadoras. Una legislación social, por muy buena y avanzada que sea, no puede ser capaz de crear un estado general y efectivo de bienestar económico para el pueblo, en un país pobre, desorganizado, de recursos en su mayor parte desaprovechados, y explotado inmisericordemente por el imperialismo extranjero.

O sea, que en un país como el nuestro, la justicia social sólo puede lograrse por la doble vía de la legislación social que garantice jurídicamente a las clases humildes su derecho a la vida, y de la organización económica que garantice materialmente, en términos de una producción incrementada y diversificada, que las clases humildes podrán efectivamente ejercer ese derecho.

Por eso, desde que el año pasado, comenzó a hablarse de Garantías Sociales y de Código de Trabajo, y a la par que les otorgaba su franco apoyo a dichos proyectos, subrayaba el Centro la necesidad de iniciar paralelamente un ambicioso programa de recuperación económica nacional.

Más aun, en un país como el nuestro, la imposición mecánica de una legislación social sin base económica, puede: o bien quedarse en el papel, si su aplicación queda en manos de círculos conservadores, o bien tener efectos contraproducentes: paralización del desarrollo económico y creación de nuevos problemas sociales, si su aplicación queda en manos de círculos radicales o extremistas. En efecto, en este último caso, la exigencia de obligaciones sociales excesivas a cargo de las empresas pequeñas y débiles que forman la mayoría en nuestra industria, y sobre todo en nuestra agricultura, bien podría tener por resultado el abandono o la reducción de ciertos negocios o actividades económicas, con la consiguiente reducción de la riqueza nacional y el correspondiente despido de amplios grupos de obreros y peones. Esta es una verdad por los cuatro costados, y si la decimos así, crudamente, no es con el fin de criticar la legislación social que entrará mañana en vigencia, sino con el más constructivo de hacer ver la necesidad imprescindible de complementar esa legislación con un plan de reorganización económica nacional, y de que se la aplique con la cordura que el problema merece.

Porque rechazar la legislación social invocando la urgencia del incremento de nuestra producción, sería estúpido, aún desde el punto de vista de los círculos capitalistas que puedan resultar más afectados con ella, pues sería sencillamente desaprovechar la oportunidad de conjurar nuestros problemas sociales cuando apenas están en vía de desarrollo, para encontrarse abocado a ellos, dentro de unos cuantos años, ya amplificados y agudizados por el propio desarrollo económico realizado anárquicamente. No: la posición democrática, y además de democrática, inteligente, es la de ir inmediatamente a la solución de esos problemas, pero atacándolos en tal forma y con tales complementos, que no sirvan de rémora al progreso económico, sino por el contrario, de estímulo para el mismo.

En el editorial de Surco Nº 24 de 1º de junio de 1942, pedíamos al Gobierno que «sirviéndose de todos los elementos idóneos se disponga a crear las bases materiales para sentar la Justicia Social prometida por las Garantías que ahora se otorgan: fomento de la pequeña propiedad, mediante un vasto plan de colonización y crédito agrario: combate efectivo a la especulación de los comerciantes, más técnica y más autonomía para los departamentos administrativos que tienen la responsabilidad de orientar la agricultura y las industrias; regulación equitativa de las finanzas nacionales».

Y esa ha sido y tendrá que ser en el futuro la actitud del Centro. La misma, por lo demás, que antes del año 1942, estuviera con muy buenas razones don Manuel Mora, Secretario General del Partido Comunista. Oigámosle en su discurso de 13 de noviembre de 1935, pronunciado en el Frontón Jai Alai ante la Asamblea de su Partido.

«Veamos nuestra política obrera. Pedimos por ejemplo el alza del salario mínimo, pero tomando de antemano las disposiciones necesarias para que esa alza no sea arruinadora para los pequeños finqueros ni para los pequeños patrones del país… (señala luego el señor Mora una serie de disposiciones sociales, todas las cuales están hoy incluidas en el Código de Trabajo, y agrega)… Pero, repito, para pedir todo esto hacemos ver que al mismo tiempo abogaremos por la resolución del problema económico de los productores, industriales y patrones pequeños y medios que podrían arruinarse con perjuicio para la economía si las leyes obreras se diesen a tontas y a locas… Ahora bien -continúa diciendo- es evidente que este capítulo de nuestra plataforma que dejo esbozado a grandes rasgos, sería utópico si no estuviera ligado con otro capítulo, el que traza nuestra política agrícola y agraria. Resolver el problema de la producción es el primer paso que hay que dar para tratar de resolver los demás problemas sociales de nuestro país. Con una producción deficiente, con una agricultura arruinada, sería estúpido pretender legislar en favor de las masas de obreros y campesinos. Lo primero es arreglar nuestra producción: lo segundo es arreglar las condiciones de vida de nuestro pueblo, pero ya contando con la base de una producción ordenada» (págs. 16 y 17).

Es una verdad por los cuatro costados: la misma que ahora estamos sosteniendo, no más que con una diferencia: nosotros no calificamos de estúpida la legislación social que mañana entrará en vigencia, pese a que la misma va a establecerse -para usar las palabras del señor Mora- sobre «una producción deficiente y una agricultura arruinada». Nosotros estimamos que esa legislación es buena, muy buena, a condición -eso sí- de que se emprenda de inmediato una política de auge agrícola e industrial. Lo estúpido, lo criminal, lo anti-patriótico, sería que no se emprendiera esa política.

Pero en cuanto a la defensa de los pequeños agricultores e industriales sí estamos completamente con lo dicho por el señor Mora, por eso se nos ocurre que el éxito del Código de Trabajo o su fracaso estará en manos de quienes sean llamados a aplicarlo, porque el Código en sí es flexible y por tanto adaptable a los diversos grados de solidez económica de las empresas; pero sí -ignorándose estas diferencias y en un afán de demagogia- se le pretenda aplicar mecánicamente, bien puede darse al traste con esas empresas débiles que en la industria, pero especialmente en la agricultura, constituyen el fundamento mayoritario de nuestra economía y la base social de nuestra relativa democracia.

Pero volviendo a la tesis de la relación íntima entre los problemas sociales y económicos, hemos de decir que ella resulta incluso aplicable, en última instancia, a los grandes países capitalistas, ricos e industrializados. Nos lo confirma así el Dr. Paul Van Zeeland, ex-premier socialista de Bélgica, y de cuyo discurso pronunciado el 20 de marzo último ante el Congreso de Costa Rica, extractamos los siguientes conceptos dichos en relación con las leyes de seguridad social en general.

«Me parece que la tendencia que domina es una aspiración potente, general y profunda hacia la seguridad. La seguridad en los grandes dominios en donde se resume la vida del hombre en sociedad. En el dominio político, en el dominio social y en el dominio económico. (Y agrega más adelante)… Pero así como el orden político no puede mantenerse mucho tiempo sin el orden social, así también esa seguridad con que debemos proteger al trabajador no puede establecerse ni mantenerse si el orden económico no ha sido a su vez asegurado. La organización de la seguridad social -escúchese bien- no es más que un modo de introducir más justicia en la distribución de los ingresos personales. Pero evidentemente no se puede distribuir sino aquello que ya está producido. Conforme la producción, ordenada siguiendo las leyes de lo económico, sea más abundante, será posible elevar más el nivel de vida y la seguridad del obrero. Por otra parte, todos reconocen que la seguridad social, por bien reglamentada que esté, se afecta inevitablemente si la producción se desorganiza, si la crisis económica comienza de nuevo… Lo político, lo social, lo económico están estrechamente unidos. Para avanzar verdaderamente y de una manera durable en uno de estos 3 dominios, es necesario que la solución propuesta contemple las exigencias de los otros y las satisfaga inmediatamente… Los progresos de la ciencia, del maquinismo, de la economía han puesto en nuestras manos medios de acción extraordinarios. Estamos en capacidad de producir lo suficiente para alojar, alimentar y vestir decentemente a todos los hombres dándoles lo que necesitan. La política indicada -concluye- es una política de expansión: al desarrollarse la producción siguiéndose los métodos apropiados, no solamente será posible una elevación en el niel de vida de las masas, sino crear al mismo tiempo los mercados necesarios. Asegurar la paz, elevar el nivel de vida de las masas y asegurar al trabajador contra los riesgos que le amenazan: perseguir una política económica que cree la prosperidad».

Tomando en cuenta estas razones, ninguna persona honrada para consigo misma y para con su país; puede dejar de asegurar que en Costa Rica todo está por hacerse en materia económica, y que, en consecuencia, la legislación social por muy avanzada que ella sea, no puede por sí sola realizar la justicia social; de donde resulta la lógica de la posición asumida por el Centro al apoyar enfáticamente -como lo ha hecho siempre- las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, e insistir, a la par, con igual énfasis, en la urgencia de lanzarse a una campaña inmediata de incremento y diversificación de nuestra riqueza.

Si tomamos en cuenta la situación económica que vive el país desde hace, más o menos 20 años, hemos de afirmar que ella es definitivamente mala: la agricultura menor, la de pequeña propiedad, ahogada por el prestamista, el arrendante, el dueño de ingenios y beneficios, el comerciante especulador, en fin, por todos aquellos que se interponen entre su actividad agrícola y el consumidor; las extensas clases medias rurales y urbanas y las clases asalariadas explotadas por toda clase de intermediarios, soportando una situación constante de estrechez económica; el capital extranjero, libre de todo control estatal, terminando con nuestras riquezas naturales y nuestra fuerza de trabajo, deformando la producción encareciendo los servicios fundamentales, desequilibrando el mercado de trabajo con la atracción engañosa y espejista de sus salarios en dólares; el monocultivo cafetalero polarizando peligrosamente todas las energías y los recursos nacionales; los precios fluctuando anárquicamente en el mercado externo; decayendo día a día nuestra producción y creciendo en la misma proporción nuestra dependencia del extranjero; alcanzando cifras fantásticas nuestra deuda externa; desequilibrándose año con año, en términos cada vez más peligrosos, nuestra balanza de comercio exterior, por el aumento acelerado y no compensado de nuestras importaciones. Y a esa situación, agreguemos los errores de última hora: el despilfarro de los fondos públicos y el déficit en los presupuestos, la contratación de numerosos empréstitos para fines fiscales y la consiguiente desvalorización de la moneda nacional, el colón, que ya no alcanza para comprar ni la mitad de lo que compraba hace 3 ó 4 años; la política autoritaria de precios mínimos y máximos, sin base de estadísticas y dirigida por empíricos, que ha terminado de deprimir y anarquizar la producción nacional, etc., etc.

Y ahora sumemos aquella situación que es permanente con ésta de última hora que ha venido a agravarla, y tendremos que llegar a lo mismo a que, sin argumentaciones ni discursos, ha llegado el jefe de familia y el ama de casa: a que la carestía de los artículos indispensables hacen ya invisible la vida para el pueblo de Costa Rica, y a que la aspiración de una real justicia social sólo podrá satisfacerse por la aplicación de una sabia legislación social a una Costa Rica económicamente recuperada.

Por eso, como que el Centro tiene esa aspiración apoya el Código de Trabajo y clama a la vez por un plan de organización económica nacional, para el cual ofrece en esta oportunidad -como ya lo ha hecho en anteriores- la colaboración de los ciudadanos estudiosos de la realidad, patria que lo integran.

Las organizaciones obreras han comprendido bien el problema; nos satisface verlas en una posición realista llamando a la ciudadanía al apoyo del Código de Trabajo y a la lucha por el abaratamiento de la vida; es decir, al apoyo de los derechos jurídicos del trabajador y a la lucha por darles contenido económico a esos derechos. Ambos elementos son imprescindibles para que la justicia social sea una realidad de bienestar social para el pueblo; cada uno de ellos aisladamente es incapaz de lograrlo. Nosotros -el Centro- respondemos a ese llamado declarando nuestro respaldo al Código y nuestra disposición para luchar por el abaratamiento de la vida, o en una fórmula más general, por la recuperación económica del país.

En ese sentido, nos satisface saber de los proyectos del señor Presidente de la República sobre repartición de tierras y ofrecimiento de crédito agrícola; esperaremos para pronunciarnos concretamente al respecto, el conocer al detalle esos proyectos; en principio estamos con ellos, el bien hemos de adelantar que nuestro convencimiento es el de que medidas parciales o fragmentadas, por muy buenas que ellas sean, están llamadas a fracasar en el intento de hacer resurgir la riqueza nacional, y que lo que urge es un gran plan de conjunto, armónico y bien meditado, que nos ponga en camino, aunque sea a largo plazo, aunque sea a un plazo mucho más lejano que el de las próximas elecciones, de la deseada organización de la economía nacional.

Queremos decir, también lo siguiente: el Código de Trabajo, por sí solo, en cuanto simple regulación legal de las relaciones entre obreros y patrones, está llamado a determinar ventajas inmediatas a favor de ciertos sectores de nuestra población y especialmente de los grupos asalariados de la naciente industria rural y urbana. Salarios mínimos, jornada máxima, vacaciones remuneradas, derecho sindical y otras tantas instituciones defensivas del trabajo incluidas en el Código, vendrán pronto a resolver, por lo menos en cierta parte, la situación de franca explotación a que muchos de esos grupos han estado sometidos por patrones incomprensivos e inhumanos. Y es verdad también que esas disposiciones tendrán inmediatamente una influencia saludable en los problemas que confrontan los otros grupos laboriosos del país; mas es lo cierto que algunos problemas propios de estos grupos han menester de ciertas medidas especiales que corresponden a las particulares condiciones en que se encuentran colocados. Nos referimos concretamente a los trabajadores de la agricultura.

El problema, social del campo no es sólo -como el de la ciudad industrializada- el de la organización profesional de una clase asalariada y su protección por el Estado, para regularizar y equilibrar sus relaciones con una clase patronal, sino que es mucho más complejo y de mayor importancia para Costa Rica, por lo menos en cuanto abarca las zonas más extensas de nuestra población: el problema social del campo consiste en una verdadera transformación económico-social del medio, tendiente a la extensión, defensa y organización de la pequeña propiedad campesina, para impedir la acción absorcionista o expoliadora de los intermediarios financieros, comerciales e industriales, garantizarle seguridad social y ganancias equitativas al pequeño agricultor, incrementar la producción nacional y sentar así las bases materiales para la protección del trabajo asalariado rural. Y he aquí cómo, por distinto camino, hemos llegado a la misma conclusión sostenida atrás la íntima relación que en nuestro país debe existir entre la legislación social y los planes económicos. El problema social del campo es el problema del resurgimiento económico del campo.

Mas la verdad es que, aunque el Código contiene una serie de regulaciones, como las expresadas arriba, de aplicabilidad inmediata sólo a ciertas situaciones del trabajo industrial, que es el que asume un volumen menor entre nosotros, y en ese sentido podría considerársele como poco adecuado a la gran realidad nacional; la verdad es -repito- que en cuanto tales regulaciones vienen a cobijar a importantes, aunque minoritarios sectores del trabajo nacional y a constituir un acto de previsión inteligente en una época en que se ve próximo un gran desarrollo industrial, son dignas de respaldo, y así lo ha manifestado el centro en varias ocasiones.

Por lo demás, el Código haciéndose cargo de la realidad nacional actual, ha estatuido una serie de excepciones a las mencionadas reglas, que implican una adaptación razonable a las necesidades y las posibilidades económicas del día de hoy en el país. En el caso, por ejemplo, de la negación del derecho de huelga en los servicios que desempeñan los trabajadores ocupados en la siembra, cultivo o recolección de productos agrícolas, pecuarios o forestales. Lo mismo que su elaboración cuando de no realizarse su beneficio inmediato se deterioraren dichos productos, (art. 369, inciso b); es el caso también del derecho que se otorga al patrón para demandar del trabajador jornadas extraordinarias por más de cuatro veces a la semana «cuando haya evidente carestía de brazos en tiempo de siembra o de recolección de cosechas» (art. 141, párrafo 2º); el de la posibilidad de exigir jornales extraordinarios sin pagar remuneración extraordinaria en las explotaciones propiamente agrícolas o ganaderas (art. 139, párr. 3º); el de la posibilidad de pagar trabajadores en días feriados «por razones fundadas en la conciencia de evitar notables perjuicios al interés público, a la agricultura, a la ganadería o a la industria».

Y además de eso, el Código, a la par de esas regulaciones relativas al trabajo industrial o semi-industrial, contiene otras que sí son aplicables en forma inmediata a todas las clases de trabajo hoy existentes en la República.

Y que, además de eso, implican no solo la tendencia, general en todas las normas incluidas en el Código de lograr una mayor equidad social, sino además, la creación de una amplia base para hacer más productivo el trabajo nacional, y por allí tienen que merecer de parte del Centro, que tanta importancia concede al aspecto de la organización económica nacional, un especial apoyo y una particular exaltación. Nos referimos a las cooperativas. El propio señor Presidente de la República, en su exposición de motivos del Código, lo reconoce así, al hacer ver que en el mismo «solo el capítulo sobre cooperativas va más allá del vínculo patro-obrero y estatuye sobre producción, consumo y otras actividades propiamente de carácter social», y al expresar su aspiración de que «las cooperativas sirvan para la defensa de los consumidores y para el incremento de la agricultura y demás ramas de la producción nacional».

En efecto, la cooperativización, por un lado, cobija a todos los costarricenses en cuanto a consumidores, y es por tanto la norma que puede otorgar beneficios más generales o extensos al país; por otro lado cobija a todos los pequeños propietarios agrícolas y a todos los pequeños industriales, y es por tanto, a la par que la mejor garantía para la estabilidad de la pequeña propiedad y el pequeño capital, importante estímulo para la deprimida y desorganizada producción de artículos de consumo doméstico.

Para el Centro, cuya campaña cooperativista es bien conocida de la ciudadanía, este capítulo tiene máxima importancia. En nuestro concepto, él está llamado, en cuanto probable estimulante de la riqueza nacional, a acercarnos más a la justicia social costarricense -legislación social sobre una Costa Rica económicamente recuperada -que muchas de las otras regulaciones del Código de Trabajo. Así lo dejó.

Y llegamos al final de nuestras palabras: llegamos al final con la satisfacción íntima de haber enfocado el problema con plena objetividad y absoluta buena fe como corresponde a un integrante del grupo que no tiene otro interés que el de orientar a la opinión pública por la expresión de la verdad absoluta sobre todos los problemas nacionales, y que no tiene otra pasión que su encendida pasión por una Costa Rica más justa, próspera, democrática y moral.

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La Patria desfigurada

Argos

En 1939 el mundo capitalista hizo surgir las contradicciones de su seno, y el mundo, de nuevo, otra vez, con repetido gesto trágico, se volcó en la sima del horror y la muerte. ¿El Derecho Internacional? Una reliquia, un fósil; un motivo tan solo para que los figurones hicieran pose e hicieran cátedra barata y aburrida. El Derecho Internacional, no. El pueblo con hambre, el pueblo llevado a las líneas de fuego, tirado por el cordel de un mundo más justo y cristiano, no cree en el Derecho Internacional. Nosotros, los ticos, ¿qué hicimos cuando el Derecho de los Internacionalistas fue declarado insolvente por la horrible realidad social y humana? Nosotros, nos pusimos a hacer frases y nos pusimos también a adoptar poses. A los totalitarios, cuyos sistemas de liquidación de la libertad política y de pensamiento, algunos de por acá han imitado, les declaramos la guerra. ¡Claro que sí! Nosotros rompimos las hostilidades; nosotros hicimos en el Congreso, -donde la estulticia y el fraude se apacientan somnolientos-, discursos ampulosos con citas de la historia nacional, cuyos valores no hemos sabido imitar; nosotros corrimos presurosos a ofrecerla al extranjero los puertos, los aeródromos, los bosques y las costas, vale decir, le ofrecimos una soberanía que hace tiempo los gobiernos y los mismos internacionalistas habían entregado en servil imitación de Judas Iscariote. Todo lo dimos, hasta lo que no teníamos. Todo, absolutamente todo, lo entregamos, hasta lo que no podíamos entregar. Mientras tanto, el campesino se moría de hambre y el estafador de sus ansias, llamado politiquero, se embriagaba de inconsciencia y amasaba los dineros ajenos con sus manos afiladas, huidizas y sucias…

Por todo lado, con morbosa persistencia, los tontos. Por todo lado, con agresiva generalidad, los mediocres. Por todo lado, ensorbecidos y fatuos, los hombres que tienen a Costa Rica en este pantano moral en que la quiebra de la ética y de los valores, es un largo y repetido lugar común.

En las noches, yo me ponía a pensar con odio en tanto simulador, en tanto pillo, en tanto insolvente moral, en tanto irresponsable. Pobre patria más digna de una situación mejor! Yo los detestaba, me los encontraba en la calle, y les negaba el lado interior de la acera, aunque fuesen conocidos por la gente como ilustres personajes; veía sus retratos en los diarios, y me mofaba de sus actitudes, y si leía sus pésimos artículos, lo hacía tan solo para provocar con masoquismo el derrame de las bilis; si los oía en las plazas públicas, me llenaba de contento al notar sus faltas de síntaxis y su escasísima cultura histórica; en fin, en cualquier momento que los viera, los oyera o los soportara, -a veces tenía que hacer lo último-, yo pensaba en la silla eléctrica, en la guillotina o en el cianuro de potasio…

Pero ya no. Ahora los desprecio, y en ciertas oportunidades hasta me inspiran tristeza y conmiseración. Son tan irresponsables, son tan producto histórico y biológico antes que hombres, que se les debe mirar pensando en las taras hereditarias, o en la hipertrofia de ciertas glándulas endocrinas, que en las modernas corrientes penales constituyen eximentes de responsabilidad o atenuantes de la misma. Ellos son, al igual que los hombres que Eduardo Mallea enjuiciaba enardecido, los que pasan por sus hombres. «Todo el país parece hoy configurado en la pequeña danza de unos cuantos administradores vetustos que hacen las veces del gobierno, en unas cuantas ambiciones que hacen las veces de la nación, en unos cuantos filisteos que hacen las veces de la cultura. Y el país no es eso. El país sufre eso con disgusto. El país mira eso con asco. El país no es la insignificancia que esos hombres revisten. El país es justamente lo que esos hombres no tienen. El pais está lleno de manos y misión. El país está esperando. El país es un gran pájaro adormilado que necesita sacudirse y levantar el vuelo». La patria, desfigurada por ellos, escarnecida por ellos, por ellos envilecida y por ellos entregada, tiene que buscarse su destino perdido, tiene que reaccionar y darse cuenta vitalmente que si no lo hace se abocará a su liquidación extrema. Todos esos hombres, que pululan por todas partes, (en el gobierno, en la Universidad, en la industria, en la política, en todo lugar en donde las ansias de significación y el profundo amor a la publicidad puedan canalizarse) tienen que barrerse de la escena de sus actuaciones. La patria no son ellos. La patria quiere algo más que eso. La patria no quiere lugares comunes, y esos hombres son nada más que lugares comunes, son un sórdido amasijo de idiotez y de actitudes, que todavía recitan La Marcha Triunfal de Darío, saben la historia que les enseñaran los gruesos novelones de Alejandro Dumas, y votan por los gobiernos que roban y que mienten. Ellos no son la patria.

Lo que algunos llaman patria es una sangrienta distorsión de la patria auténtica. Esta, -la verdadera, la no mentida-, se encuentra oculta bajo la palabrería y el pillaje de los figurones. Se encuentra oculta bajo el gesto anodino de nuestro endémico estafador de conciencias, que no siempre tiene ocho o más lustros de edad, sino que a veces ostenta menos años. Por eso no se crea que los responsables de la desfiguración del país pertenecen a una generación determinada. No. El responsable se caracteriza por una actitud y esas actitudes se descubren en muchas clases de hombres. Las vemos en los ministros, en los banqueros, en los clérigos, en los políticos, en los politiqueritos, en los profesores universitarios, en todos aquellos seres cuya única preocupación es figurar, y figurar.

Dichosamente, una nueva personalidad del costarricense comienza a delinearse, comienza a pensar en su patria con amor y no con interés. Ese hombre, cuyos caracteres es más fácil halar en las generaciones actuales, siente el deseo de seguir el camino opuesto al que transitaron sus antecesores. Ese hombre piensa que ha comenzado a sonar la hora de sus realizaciones. Y ese hombre está en marcha. Camina. Tiene objetivos. Quiere una patria diferente, moral y limpia.

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Hará ahora 15 años…

Octubre de 1928. Ya entonces los costarricenses vivían en función de la política: del «quien elige a quién, quién vota por quién y quién da la adhesión a quién»; en ese entonces, lo que preocupaba era la próxima elección municipal, que debía celebrarse en diciembre. Todavía quedaban rezagos de partidos recién derrotados: el Reformismo, el Echandismo, el Carlismo, (¿quién hablaría ahora de Beechismo, o siquiera del Ricardismo o Confraternidad del 39?); y unos y otros se aprestaban a participar en elección municipal. A ese efecto, firmaron un pacto al Echandismo y el Carlismo, con el fin de presentar una papeleta conjunta; el Reformismo se presentaría a las elecciones solo, y diremos que fue rotundamente derrotado, pues las transacciones constantes comenzaban a sembrar la desconfianza en las huestes del General Volio.

Decíamos en otra ocasión que en 1928; como gobernaba don Cleto, había en nuestra tierra, democracia política. Un ejemplo: el Ministro de Fomento, don Enrique Fonseca Zúñiga, anunció públicamente que él no votaría por la papeleta cletista, sino por la reformista. Sin embargo, el Ministro no cayó por eso de su puesto (como el doctor Peña Chavarría, como el ingeniero Alfredo Volio). Al contrario, algunos meses después fue nombrado Ministro en Panamá.

Porque fue también en octubre de 1928 cuando se reanudaron nuestras relaciones diplomáticas con Panamá.

Era en octubre de 1928: cuando todo el mundo cantaba y silbaba «Ramona»; cuando se inauguró el Teatro Raventós por la Compañía de Esperanza Iris, fueron muchos los que habiendo visto a Esperanza Iris poco menos de 20 años antes, salieron decepcionados, porque esta vez, en lugar de traernos operetas y zarzuelas nos trajo revistas, vaudeville. Y la gente no quería eso: para vaudeville tenía las compañías de segundo orden que continuamente pasaban por el América.

Terminaba la danza de los millones; todavía tenía dineros el Estado y se propuso a construir carreteras; muchas carreteras; fue en octubre de 1928, ahora hará 15 años, cuando se firmó el contrato con la Simmons; ¡nunca sospechó el buen don Cleto lo que se le esperaba al país con esa compañía! Y entre las carreteras que se comprometió a construir, estaba la de San José-Puriscal. Han pasado 15 años y todavía la carretera no está lista; pasó la Simmons, pasó don Cleto, pasaron dos gobiernos más, va a pasar otro, y todavía no hay carretera a Puriscal.

Revisando periódicos de la época puede uno encontrarse dos fotografías muy curiosas, perdidas dentro de un montón de noticias ya sin vida; por allí en una segunda sección, un retrato de un hombre erguido, pelado a rape, con uniforme; abajo dice «Chian Kai Shek, que acaba de ser nombrado Presidente de China», y todavía más perdido, otro de un hombre aún joven, sonriente, de cara agradable y atractiva, que dice: «Candidato a Gobernador de Nueva York», se trata de Franklin Roosevelt, candidato a ocupar la silla vacante que acababa de dejar Alfred Smith, que por aquel entonces terminaba la campaña; imperaba el Big Stick, y sabíamos que ninguno de los dos candidatos era capaz de cambiar tal política.

Sin embargo, había alguna conciencia anti-imperialista. La Liga Cívica, de que hablábamos el mes pasado trataba de hacerla, y la campaña de prensa contra la United, que encabezaba don Víctor Guardia, seguía en un todo su esplendor, cuando llegó -también en octubre de 1928- a nuestra tierra, uno de los mas notables paladines del antiimperialismo: Haya de la Torre.

Una selecta minoría de intelectuales acudió a escucharle y lo comprendió. Pero los residuos liberales del 89, que entonces imperaban (en el gobierno o fuera de él) no supieron de qué se trataba. Se vivía en aquella época de transición en que toda idea nueva, toda intención renovadora era calificada inmediatamente de «bolsheviquismo». Para muchos, Haya de la Torre era un bolshevique; y por eso le fue negado el salón de una escuela para una de sus conferencias, que tuvo subsiguientemente lugar en el Templo Bíblico. Pasó Haya de la Torre por Costa Rica, fugitivo, como siempre; huyendo entonces de la dictadura de Leguía; venía organizando su APRA en todos los países. García Monge, Omar Dengo (que poco tiempo después murió), y otros, constituyeron el APRA costarricense; entre ellos muchos estudiantes. Haya de la Torre permaneció dos meses en Costa Rica; participó -inclusive- en un mitín reformista en el Templo de la Música; porque en esa época podría muy bien situarse lo que cabría llamar «la edad de oro del Templo de la Música».

Y por allí, casi desapercibido para la mayoría del público, un Concierto. Eran raros en 1928 los conciertos. Guillermo Aguilar Machado daba sus primeros recitales a su regreso de Europa. En su primer recital ejecutó la Gran Sonata de Liszt. Los comentarios periodísticos le fueron muy favorables. La concurrencia, escasa. Después de 15 años, al menos en eso hemos ganado: el público se interesa más por esas cuestiones.

Porque lo que es en lo demás…

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El único control efectivo del quinta-columnismo es la opinión pública

Los enemigos de la democracia en nuestros países, sólo pueden ser combatidos por medios democráticos. La labor del quinta columnismo totalitario prospera donde no hay libertad y se neutraliza donde la libre opinión pública lo descubre y lo señala. Y un gobierno que use aquí idénticos métodos a los del nazi-fascismo europeo para impedir el ejercicio de la Democracia, carece de autoridad moral y de voluntad sincera para combatir a los enemigos extranjeros de esa misma democracia.

En un ambiente de libertad de expresión es fácil desenmascarar a todos los fariseos del chauvinismo. La prensa y la palabra libres, los partidos, las organizaciones culturales y el espíritu democrático que inspire la vida toda de un país sin opresores, anula la acción del quintacolumnismo que sólo puede prosperar a la sombra de la tiranía. Pero donde ésta impera e impide toda expresión de opinión pública, el peligro es extraordinariamente grave.

Víctor Raúl Haya de la Torre, América, Julio, 1943.

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Los hombres que mandan

(A petición de algunas personas que no pudieron aprendérselo de memoria, reproducimos este soneto).

Son figuras borrosas, de contorno indeciso,
que se esfuman en una vaguedad de crayón,
y reclaman honores del buen pueblo sumiso,
para su alta y risible majestad de cartón.

Son hijos del acaso; surgieron de improviso
sin títulos, sin nombre y sin preparación,
alzando por los aires como fulgente friso
que fuera una bandera, su degeneración!

Y el pueblo, que lo mismo se inclina ante un notario
que ante las arrogancias de un falso mandatario
que surge haciendo mofa del nombre de la Ley,
encorva su espinazo flexible de bejuco,
mostrando el depravante descaro de un eunuco,
con la apacible y mansa tranquilidad de un buey!

Asdrúbal Villalobos
(Tomado de «Actualidades», del 22 de enero de 1917)

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CON EL ESCALPELO

En la página 60 del libro de Karl Vossler «Literatura Española del Siglo de Oro» publicado por la Editorial Séneca de México, leemos referente a Calderón de la Barca:

«Todos saben cómo Calderón y sus imitadores persistieron en apartar y separar la escena teatral aún más lejos del contacto de la realidad. Alvaro Cubillo de Aragón formuló muy claramente este programa de ilusionismo y tendencia social…» Y alguien -quien nos presto el libro- tachó Aragón, puso Nicoya, y dijo:

Basta un botón para muestra.
En forma que no hay ni quite,
una vez más se demuestra,
que la historia se repite.

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Una cosa extraña que hallamos en el Pacto recientemente firmado por el picadismo y el comunismo, en una cláusula, en la cual se habla de depurar los Congresos próximos, de donde deducimos que:

Merced al pacto con los comunistas,
que resolvieron todo el polvorín,
se quedarán los diputados picadistas,
en la calle y sin llavín.

-0-

Se decía por allá por los alrededores del 15 de mayo, que el autor del proyecto de reforma electoral lo había sido el licenciado Rafael Ortiz Céspedes; ahora lo acaban de premiar nombrándolo Presidente de la Junta Electoral de San José.

Presentose una demanda por incesto,
ante un Juzgado y extinta ya la riña,
al autor del abuso deshonesto,
tutor lo designaron de la niña.

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