1948: reformas, guerra y lucha social en Costa Rica
Por Josué Jiménez Álvarez y José David Ramírez Roldán, historiadores
Lista Arcadia 2019
Desde el final del conflicto armado de 1948 se ha producido una amplia historiografía que iniciando se encontraba en una constante contraposición de ideas partidistas sobre el origen de dicha guerra
Evolución historiográfica y guerra civil
Las interpretaciones de los eventos históricos pueden crear inquietudes en el mundo académico, esto es debido a la sana práctica de la reflexión, especialmente, cuando se coloca sobre la mesa un balance de los posibles alcances empíricos de los hechos históricos desde diferentes ópticas explicativas. En realidad, los eventos bélicos tienden a ser unos de los elementos más discutidos en las sociedades modernas, y la última guerra civil en Costa Rica no es la excepción del caso.
Desde el final del conflicto armado de 1948 se ha producido una amplia historiografía que iniciando se encontraba en una constante contraposición de ideas partidistas sobre el origen de dicha guerra, sin embargo, en la última década pareciera no existir tantas discrepancias, sustituyéndolo por una especie de convenio académico, según las posibles explicaciones entorno a los hechos ocurridos durante este episodio histórico, por parte de los entendidos en la materia. Efectivamente, las interpretaciones más recientes sobre los antecedentes de la guerra civil se han realizado a partir de una óptica compartida entre los expertos, con mucho diálogo pero con poca discusión para rebatir ideas alternativas, contrario a lo que sucedía en el pasado cuando la problemática estaba más politizada al calor póstumo del enfrentamiento. Lo anterior, es debido a que las producciones más recientes son obras condensadas en una misma línea explicativa, sin disyuntiva alguna entre sí.
Podríamos decir que, destacados historiadores como Iván Molina, Mercedes Muñoz Guillen, David Díaz y Manuel Solís Avendaño visualizan que la reforma social es parte de una estrategia política para enfrentar el avance del comunismo en el país al convertirse el Partido Comunista en la segunda fuerza del padrón electoral. A su vez, esta visión de la lucha anticomunista, con sus respectivas alianzas y tensiones, se extiende de alguna u otra manera para explicar el modo en que la década de 1940 terminó estallando hacia un conflicto civil. No obstante, en términos estadísticos, realmente esta agrupación política de izquierda nunca fue una amenaza real, ya que la capacidad electoral del Partido Republicano Nacional en la elección presidencial de 1940 era indiscutible al salir electo Calderón Guardia con casi un 85% de los votos; algo similar sucedió en los casos diputadiles y de munícipes en las zonas centrales de Limón y San José. Lo anterior, evidencia que los comunistas eran en cierta manera populares a nivel nacional pero jamás estuvieron ni siquiera cerca de disputar la presidencia o algún otro cargo político regional de manera amenazadora al partido oficialista.
En otras palabras, esa línea explicativa en la cual el Partido Republicano, con Calderón Guardia a la cabeza, buscaba enfrentar a los comunistas, no podría, por sí misma, dar cuenta de un proceso tan drástico en la toma de decisiones del dirigente por buscar el apoyo del Partido Comunista, con todo y las implicaciones políticas que esto acarreó, más allá de comprender que el contexto antinazi de la Segunda Guerra mundial ofrecía ciertas condiciones plausibles para la aparición de alianzas insólitas entre la iglesia, los comunistas y los republicanos por un lapso de tiempo en particular (1943-1948). No obstante, dicha hipótesis o visión en donde se propone la existencia de una estrategia política de carácter caudillista por parte del oficialismo para enfrentar electoralmente a los comunistas sigue estando todavía a la espera de una argumentación y comprobación satisfactoria, puesto que el Partido Republicano desde 1932 hasta 1948 fue una fuerza electoral de carácter indisputable.
Reforma y conflicto social
En una conferencia celebrada durante el año 2015 dentro de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, a propósito de la formación estatal en Costa Rica y Nicaragua, el historiador Víctor Hugo Acuña propuso desde una perspectiva comparada que la formación del Estado costarricense, consolidado a su vez en la última guerra civil, no es el resultado de acuerdos entre las élites, sino fue la manifestación de un proceso que corresponde a un desenlace político-militar, cuyo fundamento está basado en un conflicto de clases, puesto que los conflictos étnicos son de menor importancia en el país.
Ahora bien, dicho fenómeno a favor del desarrollo del Estado no buscaba pactar el futuro del país, más bien, tenía el fin de extender la consolidación de beneficios dados por el aparato estatal, sin desmantelar la estatidad lograda por los mandatarios anteriores, en contraposición con el caso nicaragüense que enfrentó una serie de pugnas ideológicas irreconciliables e invasiones militares del extranjero. Pues, en Costa Rica desde los primeros treinta años de vida independiente se había logrado constituir una figura estatal legitimada y consolidada desde San José como representación del poder centralizado, sin dejar de lado, las características propias del contexto costarricense que componían a dichas élites para explicar parte del éxito estatal.
Efectivamente, es necesario tomar como base la tesis planteado por Acuña, en que se logra proponer una interpretación alternativa para exponer una visión del conflicto armado de 1948, visto como un desenlace a partir de una lucha de clases, la misma se comprende a través del estudio de dos esferas sociales en pugna: las clases subalternas encarando la lucha social y motivadas por lo que representaba para cada una la reforma social; mientras que, por otro lado, las elites se enfrentaron políticamente en la búsqueda de liderar nuevos proyectos de desarrollo económico en Costa Rica, guiados por la necesidad de acceder al poder a través del control de los medios de coerción.
De igual forma, en el año 2019 se celebraron en la Universidad de Costa Rica otras dos ponencias relacionadas entre sí, por parte del historiador cartaginés, Francisco Javier Rojas, a propósito de las huelgas de julio del año 1918 y 1920 a favor de la jornada de ocho horas en Costa Rica desde una nueva interpretación de la reforma social de 1943. Así, dicho acercamiento a la problemática discrepa radicalmente de las interpretaciones de Molina, Avendaño y Díaz sobre los orígenes de la reforma social, partiendo desde los estudios de las luchas sociales. También el historiador deja en claro que, al revisar lo publicado por sus colegas se encontró una visión de la reforma social, la cual en primera instancia, era especificada hacia los años cuarenta; y en segundo lugar, pareciera que algunas veces los autores ofrecen la idea de que la reforma social era una política dirigida desde arriba y no proveniente de los sectores subalternos.
Empero, Rojas explicita que ningún autor señalado hasta el momento ha rescatado la memoria de los verdaderos participantes de la reforma social, o sea, sindicatos, trabajadores y organizaciones mutuales, puesto que se han centrado en el análisis comparativo sobre la versión de los hechos por parte de los políticos, dirigentes religiosos y diplomáticos, por lo tanto, estas obras carecen de un desarrollo con respecto a las posibles luchas sociales que conllevaron a la promulgación de la reforma social. Además, expresa que tanto Molina como Díaz, visualizan la reforma social como una estrategia política para enfrentar la popularidad de los comunistas. Sin embargo, como ya se ha señalado, el Partido Republicano Nacional poseía un apoyo masivo, arrasador y triunfante, lo cual los dejaba sin ninguna competencia electoral posible.
Se podría agregar que, el mismo Iván Molina, de una forma ejemplar, ha reconstruido las estadísticas del Republicano Nacional útiles para explicar cómo el fraude no era decisivo para el triunfo de Calderón Guardia, ni siquiera para las elecciones presidenciales de 1948, afirmando en sus escritos que él es consciente de las limitaciones adyacentes a las investigaciones producidas hasta el momento.
Por otro lado, Rojas expone un principio explicativo bastante interesante del que parte el sociólogo Manuel Solís Avendaño, en el cual la reforma social era proveniente de una veta autoritaria que respondía a una contención del conflicto social, aunque bien, el historiador le suma un elemento más a dicha tesis, siendo, más bien, el enfrentamiento al conflicto social el causante del cambio político. Se puede agregar a esta idea que, Solís Avendaño señala que los dos bandos de la clase trabajadora lucharon discursivamente por causas nobles y justas, unos por la reforma social y otros por la pureza del sufragio, siendo un fenómeno que ayudaría a calmar los malestares de la guerra civil con el paso del tiempo.
Lo anterior se argumenta en la idea de que Calderón Guardia y el Republicano se ven forzados a emitir una legislación a razón de que la confrontación social se estaba desbordando. Por esa razón, Rojas termina expresando que la ley de la jornada de ocho horas fue lograda por las huelgas de 1920 durante el mayor pico de conflictividad social pero la misma fue violentada sistemáticamente, causando que los trabajadores como carpinteros y ebanistas entre 1920 y 1943 lucharán a favor del cumplimiento de dicha legislación; igualmente este proceso aplica para el derecho de sindicalización, salario mínimo y derecho de huelga, por lo que, la mayoría de derechos que aparecieron en el Código de Trabajo de 1943 son producto de una constante lucha social y un móvil institucionalizador hacia la incontrolabilidad de la cuestión social.
De hecho, Rojas revela que hubo otros intentos fracasados por institucionalizar el conflicto social, como la creación de la Oficina Técnica del Trabajo en 1932. Además de existir un contexto desfavorable en términos de demandas ganadas por parte de los trabajadores.
Finalmente, el ponente advierte que el aumento de la conflictividad social está relacionado con las difíciles condiciones económicas que enfrentaron las clases subalternas entre 1942 y 1943, ya que las alzas salariales no compensaban el alto crecimiento en el costo de vida; sin olvidar que, de ochenta y ocho organizaciones de trabajadores entre 1940 y 1943, veinte de estas mismas estaban luchando por las garantías sociales, no por apoyar a Calderón Guardia, sino a favor de una legislación social.
Proyecto y pugna económica
Es posible que, a su vez, la guerra civil representara un conflicto de élites en pugna por dominar los proyectos de desarrollo económico para el país. El economista Jorge Rovira Mas ha señalado que después de 1948 se configuraron dos núcleos diferentes de intereses empresariales, ya que el primero estaba anclado en la vieja dinámica de acumulación de capital de índole agroexportador; y el segundo, se venía deslumbrando a través de la diversificación de la estructura productiva, en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo capitalista, lo cual, permitiese una mayor independencia a las crisis externas del sistema económico mundial, sosteniendo sus esperanzas en la industria manufacturera y en un desarrollo hacia adentro.
El crack del 29, así como la primera guerra mundial, habían revelado lo débil y dependiente que era el modelo económico agroexportador costarricense para reaccionar ante las crisis externas y ante la caída de los mercados europeos y estadounidenses. La convulsa década de 1940, además del entramado político-social que la caracterizó durante la segunda guerra mundial, se le sumaron las limitaciones de un modelo económico agrario que otrora había resultado parcialmente exitoso sólo para la elite oligárquica y no tanto así para el resto de la población del país. Por ende, la división temporal que señala la historiografía tradicional costarricense, en la cual se propone a la guerra civil como el parteaguas que dio fin al Estado liberal es, un refuerzo al argumento aceptado por la mayoría de los historiadores con respecto a la idea de que nuevas fuerzas empresariales tomaron el control y transformaron la economía-política del país luego de dicho enfrentamiento.
Por su parte, este segundo grupo señalado por Rovira venía presionando para incidir cada vez más en la política económica del país con el propósito de establecer los mecanismos necesarios o la estructura necesaria para permitir una diversificación del aparato económico, por lo que, la creación del Servicio Nacional de Electricidad en 1928 y la Ley de Industrias Nuevas a finales de 1940 son muestra de dicha tarea. Si bien es cierto, no debe dejarse de lado que gran parte de la inversión en el incipiente sector industrial provenía de un sector visionario de la oligarquía cafetalera (en un anhelo por diversificar sus inversiones), también el papel de nuevos inmigrantes en la economía y política costarricense sería fundamental para reconocer las reconfiguraciones sufridas por las elites y grupos económicos durante esta búsqueda por liderar la política económica del país, sólo para citar algunos ejemplos se podría rescatar el caso de los jamaiquinos Lindo Bros o la familia italiana Musmanni.
La historiadora Silvia Molina en un estudio posterior a la guerra civil, en el que explora el establecimiento de las relaciones diplomáticas del país con la URSS durante los años setenta para comercializar el café, rescata que, más allá de la pugna de opiniones generadas ante el acercamiento comercial que hacía el gobierno con la Unión Soviética, el conflicto de interés se presentaba entre la vieja oligarquía cafetalera y los nuevos ricos, ya que estos últimos no obtendrían ningún tipo de beneficios con este acercamiento diplomático y comercial. Lo anterior, da cuenta de la presencia de un conflicto entre las elites costarricenses, el cual se había expuesto a la luz mediante el enfrentamiento armado pero no necesariamente concluyó en 1948. A pesar de la existencia de un pacto entre las elites, es decir, el pacto Ulate-Figueres, la disputa por dominar la economía nacional, ya fuese por medio del modelo de sustitución de importaciones o de lo que quedaba del núcleo agroexportador, continuaría durante las siguientes décadas en el tanto su vigencia como medio de acumulación de capital se los permitiera. No queda de sobra aclarar que, se excluyó a los caldero-comunistas de este proyecto económico como perdedores en este conflicto.
Así mismo, la tesis que propuso un modelo de desarrollo económico diferente del practicado hasta la primera mitad del siglo XX el país, no correspondía solamente a una iniciativa del nuevo empresariado, sino que, también tenía su voz dentro del espacio intelectual nacional, representado por Rodrigo Facio y el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales. El Historiador Iván Molina ha señalado como este Centro jugaría un papel significativo durante la década de 1940, no solo sentando las bases del programa de transformación de la estructura estatal y económica, que luego el mismo Facio lideraría junto a Figueres con la Junta Gobernadora de la Segunda República y posteriormente, con el Partido Liberación Nacional, sino que, además, proveería de una crítica sistemática a la administración del Dr. Calderón y al debilitado Estado liberal.
Por su parte, José María Figueres Ferrer, hijo de un médico catalán llegado a Costa Rica a inicios del siglo XX e instalado en la ciudad de San Ramón, quien sería la figura política que representaría a dos grupos emergentes dentro de la elite costarricense, es decir: el actor político-económico inmigrante y el caudillo de los teóricos intelectuales a través de una nueva política de diversificación económica para el país, y será él, quien va a cristalizar las fuerzas de cambio político después de tomar el poder gracias al uso de la guerra, reconociendo la vía armada como la única opción para ser tomado en cuenta en las discusiones políticas durante la crisis nacional de 1948.
Síntesis de una guerra civil
Existen muchas causas multi-causales que pudieron provocar el desenlace de la guerra civil de 1948 a favor del bando opositor, básicamente, en lo referente al triunfo del Ejército de Liberación Nacional. Lo anterior es muy variado, ya sea debido al continuo desmantelamiento del ejército nacional costarricense durante aquellos años para defenderse contra el apoyo de una fuerza opositora de mercenarios extranjeros, sumado al malestar de algunos sectores con los deseos del Dr. Calderón Guardia por la reelección electoral y por último, las quejas de los empresarios nacionales por la situación del país y los altos costos sociales.
Empero, al parecer hay algo en lo que no hay duda, un hecho aparentemente indiscutible, el cual se manifiesta en que el gobierno estaba deslegitimado ante los ojos públicos y en una crisis continua. Por lo tanto, el oficialismo recibió críticas de una gran parte de los jóvenes intelectuales universitarios y una protesta masiva en contra, la cual terminó en la tan mencionada Huelga de los Brazos Caídos de 1947. Dicho movimiento fue apoyado por trabajadores rurales y urbanos que protestaron en contra de la precaria situación en que, supuestamente, el gobierno había dejado caer a la pequeña burguesía del país, convirtiendo este evento en el pilar de nuevos espacios violentos de confrontación social contra el comunismo, al ser visto como el enemigo político, evidentemente, los opositores estaban amparados en el nuevo proyecto ideológico de la socialdemocracia. Dicha huelga general provocó la creación de un Tribunal Nacional Electoral que dejado en las manos de la oposición, tuvo un papel decisivo en desprestigiar el triunfo de Calderón en las elecciones nacional de 1948 y se convirtió en un órgano legitimador del discursivo por la defensa del sufragio. A un lado a esto, cabe señalar que, los representantes de los Estados Unidos tenían miedo a causa de las alianzas aún presentes con los comunistas criollos, provocando que se mantuvieran al margen de intervenir en una manera directa.
En resumen, a lo largo de esta lectura, ha quedado en evidencia la debilidad del Estado costarricense que lo conllevó a perder su hegemonía ante una guerra armada, en donde las pugnas ideológicas, sociales, políticas y económicas se llegaron a enfrentar en el plano de la lucha social, representadas en huelgas violentas orquestadas por los grupos subalternos a favor de las garantías sociales y la oposición al gobierno, las mismas fueron manifestaciones de inconformidad que dieron hincapié para desatar una guerra civil en 1948. Al parecer, como dijo el historiador Víctor Hugo Acuña, este Estado que conocemos hoy en día es, en efecto, producto de la lucha de clases, no de negociaciones entre elites.
Fuente: Semanario Universidad
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