Opinion

Apuntes sobre el 48

Este texto forma parte de la tesis doctoral
“El cambio estructural del sistema socioeconómico
costarricense desde una perspectiva
compleja y evolutiva (1980-1998)”,
de Antonio Luis Hidalgo Capitán

Las elecciones de 1940 y la etapa socioliberal (1940-1948)

Bajo la etapa liberal y con la expansión de la producción bananera los conflictos sociales aumentaron y el Partido Comunista fue adquiriendo una fuerza importante. Dicho partido amenazaba con hacerse con el poder en las elecciones de 1940 poniendo fin con ello al Estado liberal en perjuicio de la burguesía del país; para evitar esto la élite política costarricense buscó entre sus miembros a una figura capaz de hacer frente a la amenaza comunista y ganar las elecciones; esta figura fue Rafael Ángel Calderón Guardia, un joven médico educado en Europa y que por su carácter progresista podía resultar una alternativa conservadora al comunismo. Calderón gana las elecciones de 1940 con una amplia mayoría (Rojas Bolaños,1979, pp. 40-159).

La década de los cuarenta va a estar vinculada al nombre de Rafael Ángel Calderón Guardia; con la llegada de este hombre a la Presidencia de la República se pone fin al Estado liberal, que ya había comenzado a transformarse en la década anterior. Calderón inició una serie de reformas sociales inspiradas en el pensamiento socialcristiano, desarrollándose en Costa Rica lo que se conoce como el intervencionismo del liberalismo tardío.

La política intervencionista de este periodo consistió en el aumento del poder del BNCR, la regulación de los precios del café, del tabaco y de la caña, el desarrollo de una política crediticia y otra de protección industrial (pinturas, tejidos, clavos, vidrio, alambres, calzado, jabón, cervezas…), la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como sistema de protección sanitaria y de jubilación de los trabajadores, la expropiación de las propiedades de la burguesía alemana, la aceptación de la entrada de capitales norteamericanos (West India Oil Company, United Fruit Company -expansión a otros cultivos estratégicos-, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Texas Oil Company…) y una política de infraestructuras (carreteras, edificios públicos, saneamiento ambiental…) (Rovira, 1982, pp. 34-37).

Estas medidas de intervencionismo anárquico generaron un gran malestar en algunos sectores de la burguesía, hasta el punto de existir riesgos de golpe de Estado; ello obligó a Calderón a establecer una alianza política con los sectores más progresistas de la burguesía, la poderosa Iglesia Católica y el Partido Comunista. Y ya con este respaldo, se acometieron importantes reformas sociales como la incorporación a la Constitución de un capítulo donde se incluían una serie de Garantías Sociales, en 1942, y la promulgación de una Código de Trabajo, en 1943, en los cuales se recogían normas sobre salario mínimo, derecho de huelga, duración de la jornada laboral, sindicación, contrato colectivo de trabajo, igualdad de remuneración entre sexos y trabajadores rurales y urbanos…; como complemento a estas medidas se creó también la Comisión Mixta de Salarios Mínimos, de carácter provincial (Rojas Bolaños, 1979, pp. 40-159).

Sin embargo, los éxitos en materia social no fueron acompañados de unos buenos resultados en materia económica; se disparó el déficit público, aumentó el coste de la vida, escasearon los productos básicos, hubo importantes desórdenes en la administración y numerosas acusaciones de corrupción. Todo ello obligó a que su sucesor y correligionario, Teodoro Picado, tuviese que aplicar una política de estabilización más que de reforma y, aunque se realizaron repartos de tierras y construcción de viviendas sociales, el apoyo industrial fue escaso y la política económica se centró en el control de precios, salarios, gasto público e impuestos (Rovira, 1982, pp. 34-37).

El Gobierno de Picado fue un Gobierno de continuidad, con la figura de Calderón detrás de cada decisión; pero el desarrollo del Estado socioliberal no terminaba de convencer a la élite política del país que se organizó en torno a la figura de Otilio Ulate de cara a las elecciones de 1948.

La guerra civil y el Gobierno provisional (1948-1949)

Bajo un contexto de crispación política se celebraron en 1948 unas elecciones generales en las que se enfrentaban los socialcristianos liderados por Calderón, ya sin el apoyo comunista, y una heterogénea oposición en torno a la figura del reformista Otilio Ulate, compuesta por sectores de la burguesía dominante, la pequeña y mediana burguesía urbana y los socialdemócratas. El resultado de la contienda electoral fue la victoria de Ulate, no reconocida por el Gobierno de Picado que se negó a entregar el poder; el efecto de esta negativa fue el levantamiento en armas del líder socialdemócrata José Figueres y la consiguiente Guerra Civil de 1948, de la que saldría victorioso este último, instaurando un nuevo régimen político y una nueva Constitución.

Tras la Guerra Civil, el bando vencedor ocupó el poder y constituyó un Gobierno provisional, presidido por José Figueres y conocido como el Gobierno de los Dieciocho Meses; bajo dicho Gobierno se elaboró la Constitución de 1949 y se adoptaron una serie de medidas intervencionistas en la economía que iban más allá de las implementadas por Calderón.

La más relevante de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno fue la nacionalización de los tres bancos privados del país (Banco Anglo-Costarricense -BAC-, Banco de Costa Rica -BCR-, Banco de Crédito Agrícola de Cartago -BCAC-) configurando junto con el Banco Nacional de Costa Rica -BNCR-, una banca comercial pública y controlando así las cuentas corrientes y de ahorro; esta medida tenía como finalidad poner el crédito al servicio de la modernización de la agricultura y del desarrollo industrial.

Otras importantes medidas fueron: el mantenimiento de la legislación social y laboral de los cuarenta (Código de Trabajo, Garantías Sociales y Seguro Social); la subida de los salarios de los trabajadores del café y de la caña y de algunos grupos de trabajadores públicos; la transformación de la Comisión Mixta de Salarios Mínimos en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de ámbito nacional; el establecimiento de un impuesto del 10% sobre los capitales y del 15% sobre los beneficios de la United Fruit Company, además de un impuesto de beneficencia y del aumento del impuesto territorial; el restablecimiento de la vigencia de la Ley de Industrias Nuevas de 1940, con exoneraciones a las importaciones de maquinarias y equipos; la nacionalización del Instituto de Defensa del Café, que pasó a establecer el precio de la compra del café por el beneficiador; el aumento de la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP), cuya función consistía en el fomento de la producción para el mercado interno a través de la fijación de los precios de los productos básicos de consumo; y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para garantizar el control de la energía necesaria para iniciar un proceso de industrialización. Este organismo autónomo poco a poco absorbió las empresas extranjeras que participaban en los sectores de la energía y las telecomunicaciones) (Rovira, 1982, pp. 47-55).

Las medidas aplicadas por el Gobierno perjudicaron a las burguesías financiera e importadora, fundamentalmente las que incidieron sobre el control del crédito para dirigirlo a financiar la modernización de la agricultura. Junto con estas actuaciones, la abolición del ejército, la declaración de ilegalidad del Partido Comunista (Vanguardia Nacional) y el exilio de los líderes del bando perdedor, constituyeron la forma de desarticular a la oposición. Al mismo tiempo surgieron nuevos grupos sociales, como los empresarios modernizantes, la burocracia estatal (compuesta por técnicos de grado medio y superior) y la nueva élite política de empresario-políticos, que con su influencia trataron de obtener recursos públicos para financiar las actividades privadas del sector modernizante (Doryan, 1990, pp. 32-37).

El proyecto constitucional socialdemócrata presentado a la Asamblea Legislativa, de mayoría reformista, fue rechazado y la Constitución de 1949 se elaboró a partir de la de 1871; sin embargo, los socialdemócratas consiguieron incorporar importantes aspectos de su proyecto que vinieron a perfilar el modelo de Estado benefactor que apuntaban las primeras políticas. En este sentido, se definían una serie de instituciones autónomas, tales como los bancos y las instituciones aseguradoras, el Sistema Nacional de Salud, los ferrocarriles y otros transportes estatales, las centrales eléctricas, el CNP, los organismos encargados de la regulación económica del café, la caña y otras industrias y los encargados de la construcción de viviendas populares. Otras aportaciones relevantes fueron la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) y del Servicio Civil (función pública), así como el otorgamiento de una mayor autonomía a las municipalidades. El sistema educativo también recibió en la Constitución un importante respaldo, planteándose además la correlación entre los distintos ciclos (Rovira, 1982, pp. 58-60).

De esta forma, tras la contienda, el poder quedó en manos de un grupo minoritario, los socialdemócratas de Figueres, quienes inauguraron una etapa del desarrollo costarricense, la intervencionista, que puede ser interpretada como un nuevo creodo político-institucional cuya primera piedra fue la Constitución de 1949.


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