La Asamblea Nacional Constituyente y la Junta Fundadora de la Segunda República:
fuentes para el estudio de una convivencia conflictiva
Marco Vinicio Arguedas Brenes
Estudiante del Posgrado en Hisioria. Universidad de Costa Rica
Revista de Historia
Escuela de Historia Universidad Nacional
Centro de Investigaciones Históricas de América Central Universida de Costa Rica
Enero-Junio 2000, No. 41
El dieciséis de marzo de 1949, en un ambiente político muy agitado, la Asamblea Nacional Constituyente toma la decisión de ampliar el periodo de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República. La votación, sin embargo, ha sido dividida. ¿La razón? Para un número importante de asambleístas, el rechazo de la prórroga se constituyó en una forma de apartarse y cuestionar al llamado Gobierno de Facto.(1) Curiosamente, dos meses después, la misma Junta Fundadora hace renuncia formal de la ampliación.(2) ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? No lo sabemos. Y es que, a pesar de la abundante bibliografía sobre los acontecimientos de los años cuarenta, todavía conocemos poco la etapa inmediatamente posterior a la Guerra Civil.
La persona que se adentre en la lectura de los documentos que siguen a continuación, descubrirá precisamente una coyuntura política compleja, en la que miembros de distintas agrupaciones intentan delinear el futuro del país. Tanto los dictámenes del proyecto de Constitución Política, como las actas 91 y 92 de la Junta Fundadora de la Segunda República, revelan no solo las difíciles relaciones entre dos poderes y las consecuencias potencialmente peligrosas de sus enfrentamientos, sino también una voluntad de transacción y reacomodo. En fin, conflicto y negociación…
Extractos de los dictámenes de mayoría y minoría sobre el Proyecto de Constitución Política ya han sido publicados en otras ocasiones. En este caso se reproducen íntegros, de modo que el lector pueda acercarse mejor a las líneas discursivas, conservadoras unas y más radicales otras, de los señores constituyentes. Sobra decir que el dictamen de mayoría fue finalmente aprobado por la Asamblea, lo que significó el rechazo, al menos como base de la discusión, del Proyecto presentado por la Junta Fundadora de la Segunda República.(3)
Las sesiones extraordinarias de la Junta celebradas el veinte y veintiuno de abril de 1949 (actas 91 y 92 respectivamente), son la consecuencia directa de aquella resolución tomada por la Asamblea Constituyente.4 Se trata de documentos inéditos hasta ahora, que tienen la virtud de mostrar, con bastante claridad, el disgusto causado a Figueres Ferrer y a sus compañeros: para ellos el rechazo del Proyecto de Constitución fue casi una ofensa personal, la culminación de una verdadera campaña de persecución política. Más allá de eso, las discusiones que se dan en estas dos sesiones patentizan un conflicto muy serio entre la Junta de Gobierno y miembros del Partido Unión Nacional.
La coyuntura política se presenta entonces en toda su complejidad: una Junta que desea entregar el poder a Otilio Ulate en forma inmediata, una mayoría de los constituyentes que quiere la salida de la Juma y un Presidente Electo que se niega a asumir el cargo sin Congreso ni Constitución… ¿Qué hacer? Como se verá, a pesar de las críticas y recriminaciones mutuas, algunas muy severas, los distintos actores lograrán acomodarse a una solución final.
Quizás el lector encuentre que la discusión queda inconclusa en el acta 92, pero lo cierto es que la salida propuesta por Otilio Ulate será aceptada y puesta en práctica.
Resulta curioso, pero no extraño, que antes y después de estas dos actas se hable muy poco del problema en el seno de la Junta Fundadora: si algo caracteriza esta fuente, es el aparente cuidado que tuvieron los secretarios de la Junta a la hora de consignar las discusiones sobre temas políticos. Una razón de más para poner atención a estas excepciones…
Por lo demás, lodos estos documentos tienen el mérito de ilustrar bien la dinámica política de la época. Un momento de lucha entre grupos y visiones muy diferentes, y en donde aún el peso de algunas figuras continúa siendo esencial… En última instancia, parece que las voces de José Figueres Ferrer y Otilio Ulaie Blanco son preponderantes y decisivas. ¿Representará esto una diferencia con el presente?
La redacción y ortografía de los textos se ha respetado en la medida que no significasen un obstáculo para su comprensión. En este sentido, las modificaciones, sobre todo de puntuación, han sido mínimas. Se han agregado además algunas citas, con el objeto de contextualizar mejor la lectura, pero sin pretender nunca una interpretación y un análisis último de ella. Eso, al fin y al cabo, será tarea de cada uno de ustedes.
Documento 1
DICTAMEN DE MAYORIA
Asamblea Nacional Constituyente:
Los suscritos, miembros de la Comisión Especial encargada de dictaminar sobre el Proyecto de Constitución Política sometido a la consideración de la Asamblea Constituyente, después de estudiarlo y meditarlo detenidamente, rendimos nuestro informe, en forma general, en los términos siguientes:
El Proyecto en estudio, si bien puede considerarse como un conjunto de nuevas ideas sobre principios constitucionales, contiene teorías extremas que no son, a nuestro juicio, la expresión del sentimiento nacional, ni representan la voluntad o el querer de la mayoría de los costarricenses a cuya interpretación debe consagrarse esta Asamblea en la forma más cabal posible. Una reforma de la magnitud de la propuesta debiera estar precedida de un movimiento de opinión pública ostensiblemente fuerte y tener un respaldo moral de suyo considerable para que la Asamblea Constituyente, al calificarla como necesaria y conveniente para la Nación, estuviera realmente convencida de que tal reforma tiene el arraigo y el fundamento que requieren las bases de ta convivencia social.
Es absolutamente indispensable, para llenar cumplidamente el encargo de dotar al país de una Carta Fundamental que ha de regir y normar su existencia, poner muy atento el oído al querer popular y compulsar debidamente las expresiones de la opinión pública. Tenemos ya un pronunciamiento de los altos dignatarios de la Iglesia, secundados por todo el Clero Nacional, que sin duda representan la opinión de la gran mayoría de los costarricenses, reconocidamente católicos;(5) y hemos de observar también que la consulta popular de las recientes elecciones no indica que el pueblo apoya las nuevas teorías con que se propone la transformación radical de nuestra Carta Fundamental.(6) De manera que, cuando los Constituyentes de 1949 mediten serenamente en su obligación de acertar respecto de lo que realmente es la voluntad popular, no pueden formar un juicio favorable al proyecto que estudiamos, tan distinto y tan separado de la vieja tradición costarricense.
De modo que si queremos favorecer la vuelta del país a su completa normalidad, dándole a la familia nacional la concordia y armonía que necesita, propiciando el imperio de la tranquilidad y la paz, deberíamos aconsejar que se restituya la vigencia total de la Constitución de 1871, y aprovechar el momento para mejorar aquellos cánones que pueden considerarse susceptibles de reforma, tomando del proyecto en estudio las ideas e indicaciones conducentes, para incorporarlas, en la forma de enmiendas, al prestigioso estatuto de 1871, redactándolas en lenguaje armónico con este texto. En ese caso están: las proposiciones que el proyecto hace respecto del sufragio popular, sea el Capítulo I, Título VI, incluyendo la modificación que se requiere para otorgar el sufragio a la mujer costarricense; algunas indicaciones respecto al Poder Judicial, ampliándolas en el sentido de proscribir los tribunales especiales y dejando la inamovilidad como una aspiración nacional, que debe tener efectividad cuando se estudien los problemas conexos, como sistema de pensiones y otros que deben obedecer a reglas generales para todos o casi todos los ramos de la Administración Pública.
Hemos reflexionado asimismo profundamente, acerca del peligro que constituye convertir en principios constitucionales disposiciones que no han sufrido el examen, la práctica y la experiencia que deben exigirse a una reforma antes de otorgarle la fijeza y permanencia que implica el proyecto constitucional, y por esta razón somos parcos en las recomendaciones de esa naturaleza.
El proyecto adopta el sistema, Capítulo Unico del Título XIV, que los autores del Derecho Constitucional denominan rígido para las reformas constitucionales, sistema que hace harto difícil corregir cualquier error en que se incurra al aceptar prematuramente preceptos que no tengan la perfección jurídica, y que a la vez, por tratarse de complejos plebiscitos producen conmociones sociales y políticas.(7)
Atribuyese a la Constitución Política de 1871 el defecto de ser anticuada e inadaptable a la época moderna. Tal aseveración no es del todo cierta. 1.a flexibilidad que el articulo 139 ha dado a la Constitución de 1871 ha permitido a ésta, mediante los trámites establecidos, introducirle reformas parciales, corregir vicios políticos y administrativos que la experiencia ha venido a revelar así como a actualizarla en muchos casos en que el momento presente lo exigía.
La Constitución Política de 1871, ha pasado por el mismo proceso de la Constitución de los Estados Unidos de América, que no obstante su austera y sagrada vejez, ha sufrido mutaciones en virtud de las enmiendas que se le han hecho. En ninguna forma la Constitución de la gran República Americana como la nuestra, guardando las proporciones del caso, han detenido el proceso material ni el mejoramiento de las instituciones nacionales. Es de advertir que en las reformas a nuestra Carta de 1871, a partir de su vigencia de 1882, han participado nuestros hombres públicos prominentes, quienes han contribuido con su ciencia, experiencia y patriotismo, a dar a nuestra Constitución un sentido de modernidad y de adaptación a las necesidades nacionales. La Constitución de 1871, como se ha visto, se clasifica como flexible y su reforma se hace en dos legislaturas, sin la consulta popular. Así como el largo período de su vigencia se ha visto afectado por reformas, muchas de ellas de gran significación, en el futuro podrán acordarse, con la prudencia que requiere el cambio de todo principio constitucional.
En relación con la Constitución de 1871, que ha regido al país por más de tres cuartos de siglo, no se ha reclamado la necesidad de reformas fundamentales, mas para llevar a los costarricenses la seguridad de que su Carta Fundamental admitirá siempre todos los adelantos del mundo y de la época, en los principios básicos de convivencia social y las mejores normas para garantizar los derechos de los hombres, las libertades ciudadanas y la justicia en sus diversas manifestaciones, nosotros recomendamos que sea precepto constitucional la obligación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo estudiar y adaptar en la forma más práctica, aquellas conclusiones de las Conferencias Interamericanas que, de modo indubitable, tiendan a beneficiar el bienestar de la comunidad; y que asimismo se acojan las recomendaciones de la Oficina Internacional de Trabajo, que tengan equidad y acierto para el régimen del trabajo, con las modalidades propias de nuestro país y para el mejoramiento espiritual del trabajador costarricense.
Con tales previsiones, aquellos espíritus inquietos que quieren modernismo a todo trance, tendrán una oportunidad permanente para conservar al día nuestro Estatuto máximo, y nosotros, los Constituyentes de 1949, habremos defendido al pueblo de Costa Rica su Constitución Política, que representa el patriótico y noble esfuerzo de nuestros antepasados y brillantes tradiciones nacionales. Consecuentes con lo expuesto, proponemos a la Asamblea Constituyente que declare como base de sus deliberaciones la Constitución Política promulgada el 7 de diciembre de 1871, con todas sus modificaciones, e incorpore, por vía de enmienda, aquellas reformas que se introduzcan formalmente y que cuenten con la aceptación de la Asamblea. Dejamos así cumplido el encargo con que se nos ha honrado.
Asamblea Nacional Constituyente. Sala de Comisiones. San José, 16 de febrero de 1949. Luis Felipe González. E Miguel Bienes Gutiérrez. Otón Acosta.
Documento 2
DICTAMEN DE MINORIA
Asamblea Nacional Constituyente:
Los suscritos miembros de la Comisión encargada de dictaminar acerca del Proyecto de Constitución Política, después de cambiar impresiones con nuestros compañeros sobre la visión de conjunto de ese estatuto, llegamos a la conclusión de que existían criterios antagónicos en ciertos aspectos fundamentales y no pudiendo llegar a la armonía necesaria para emitir un dictamen único, preferimos consignar por separado nuestro parecer.
Pensamos que el Proyecto no se ha separado en sus líneas generales de la Carta de 1871 que durante más de setenta añoos ha regido nuestra vida constitucional, limitándose a introducir las modificaciones que la experiencia reclama como necesarias y las enunciaciones que riman con las nuevas corrientes ideológicas. La transformación que ha sufrido la sociedad, exige que muchas ideas que ayer eran objeto de discusión y que hoy forman parte del credo democrático, económico y social de la Humanidad, se eleven a preceptos constitucionales, como lo han hecho las Carlas promulgadas en los últimos diez años.
El proyecto es un todo uniforme que guarda relación con las tendencias que lo inspiran: es realista en la enumeración de principios, concediendo de paso a la tradición, el valor histórico y efectivo que por razón lógica influyen los principios que ha vivido Cosía Rica de la Independencia para acá y deja campo abierto a nuevas corrientes de organización institucional que son necesarias para contrarrestar el avance de ideas disociadoras que hoy tratan de eliminar todo lo establecido -como toda obra humana no es perfecta-(8) La docta Comisión que lo ideó, admite que peca de reglamentista en ciertos aspectos, a fin de que los derechos que trata de garantizar no queden sujetos a interpretación y para que ciertos aspectos básicos, sirvan de norma a la ley que se dicte luego. Sobre esta materia nos reservamos en la discusión detallada proponer redacciones que den mayor concisión a determinadas enunciaciones.
Comentar una a una las instituciones, los capítulos y los artículos del Proyecto, es tarea que no se puede cumplir en pocos días y que tampoco espera la Asamblea. En la exposición de motivas se da la razón filosófica de cada una de las innovaciones introducidas a la Constitución del 71 y de los nuevos capítulos que se ha creído conveniente redactar. No resistimos al deseo de destacar ciertos aspectos del Proyecto que por su importancia innegable nos parecen un acierto. La enumeración de derechos y deberes individuales en sus distintos capítulos, la libertad, la seguridad personal y la seguridad jurídica, dan aspecto de mayor firmeza a esos preceptos que protegen los derechos inalienables del hombre y del ciudadano. La malicia de los políticos había encontrado el proceder cómodo de interpretar conceptos que por demasiado lacónicos, dejaban indefenso el derecho que pretendieron amparar. En el Proyecto el ciudadano encuentra con facilidad la garantía que instintivamente busca, porque están catalogadas racionalmente y porque no dejan margen a la duda.
Como corolario de lo dicho, los derechos y deberes políticos, deben exponerse tan claramente que el hombre que se sienta dueño de su voluntad pueda expresarla sin reticencias, cuando ejerce el supremo derecho de delegar parte de sus atribuciones, en quien ha de gobernarlo. Hemos contemplado en época reciente el irrespeto más absoluto de la función del sufragio, a despecho de las normas constitucionales que trataban de ampararlo, que el desencanto se había infiltrado en la ciudadanía. Nuestro deber como Constituyentes es el de restablecer esa fe y robustecerla. El Proyecto acierta en la escogencia de medios para lograrlo e introduce innovaciones que merecen nuestra aprobación, como el ejercicio del sufragio a los 18 años y la participación de la mujer en los problemas que por afectar fundamentalmente a sus hijos la afectan de modo directo.(9) Con el mismo cuidado se amparan en el Proyecto las garantías de los derechos constitucionales, y de los derechos y dolieres políticos.
Al Poder Judicial se le robustece extraordinariamente en el Proyecto, confiándole nuevas funciones y sustrayéndole de las influencias corruptoras de la política. Nos agrada el que las causas que pudieran determinar la incapacidad de los Altos funcionarios de la República o su juzgamiento, queden a la apreciación de los Jueces y no de los políticos. El Poder Ejecutivo y el legislativo han sido objeto en el Proyecto de muy cuidadosas reformas para que uno y otro puedan actuar sin peligrosas interferencias. Hemos vivido por mucho tiempo un régimen de omnipotencia del Poder Ejecutivo, al que precisa poner término.
Es innovación del Proyecto, por lo menos en la forma que se presenta, el capítulo relativo a «Economía y Propiedad del Estado», pero en realidad consagra normas que el país ya ha vivido, dándole a algunas, soporte constitucional.(10)
El capítulo despierta recelos, en cuanto se enuncia la idea del dominio eminente del Estado, por las interferencias que pudiera tener sobre la propiedad particular. Pensamos que el Proyecto al determinar concretamente qué aspectos abarca inminente, logra acallar toda suspicacia. En términos generales, se capacita al listado para orientar su política en un sentido humano. Serán leyes las encargadas de dar expresión concreta a esos anhelos.
El capítulo relativo «AI Trabajo», condensa los principias en que se ha inspirado nuestra legislación social, como conquistas alcanzadas y en gran parte aceptadas por convenciones que hemos suscrito.
Priva en el Proyecto la tendencia a la creación de instituciones autónomas dentro del Estado que dirijan ciertas organismos. Con ello se da participación efectiva a los más capacitados para orientar tales actividades, se les responsabiliza por su labor y se abre campo a una colaboración más eficaz de la ciudadanía en la obra de administrar; y acaso lo más importante: se da estabilidad a lo técnico y se le aleja de la peligrosa politiquería.
Los demás capítulos del Proyecto a que nos hacemos referencia concreta nos satisfacen en tesis general. En cuanto a todo el Proyecto, al producirse el examen pormenorizado de los artículos, presentaremos las observaciones y enmiendas que el mismo nos ha sugerido.
Cumpliendo con el mandato de la Asamblea que reclama un pronunciamiento sobre el Proyecto de Constitución, acogemos el que ha sido objeto de nuestro examen, como base de discusión.
Ofrecemos a los señores Constituyentes el homenaje de nuestros respetos.
Asamblea Nacional Constituyente. Sala de Comisiones. San José, 16 de febrero de 1949. Rogelio Valverde. Everardo Gómez.
Documento 3
ACTA 91
DE LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA
Sesión extraordinaria de la Junta Fundadora de la Segunda República celebrada a las nueve horas del veinte de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, con asistencia del señor Presidente Figueres, quien preside, y de los señores Ministros Valverde, Orlich, Masís, Facio, Odio, Blanco, Gámez y Martén. Asisten a esta reunión el señor Presidente Electo, don Otilio Ulate y los señores diputados constituyentes Guido, Dobles Segreda, Solórzano González, Fournier, Acosta, Montiel, Ruiz, Facio, Ortiz Martín, Leiva, Volio Sancho, Gómez Rojas, Valverde y el señor Secretario General del Partido Unión Nacional, don Mario Echandi.
Artículo 1
Explica el señor Presidente Figueres la razón de la convocatoria para esta reunión. Explica las causas políticas que hicieron a la Asamblea Constituyente votar la Constitución Política de 1871 como base de discusión y las centraliza en una campaña de miembros mismos del Partido Unión Nacional contra la Junta de Gobierno que convenció a varios constituyentes y bajó las causas de su determinación al campo de los intereses personales y olvidó los nacionales. Hace ver cuáles grupos están contra las ideas de la Junta y cuáles las apoyan. Hace ver como ese acto de política baja que manejó la adopción de la Constitución del 71 es el climax de la campaña contra la Junta y que habiéndose definido así, la Junta, como Gobierno provisorio, no tiene razón de existir y entregará el poder al señor Presidente Electo don Otilio Ulate el próximo ocho de mayo de 1949, y cada uno de los miembros de la Junta irá a la llanura a pelear por lo que cree conveniente para el país, pero ya sin el poder.
Habla el señor Presidente Electo don Otilio Ulate, y cree que las razones del señor Figueres no son fuertes, en parte porque las campañas de crítica la sufren todos los gobiernos, el periódico que ataca la Junta también lo ataca a él, sin que eso implique que una campaña así sea tan definitiva que pueda influir en una decisión tan trascendental como la que ha tomado la Junta. Los rumores, los chismes de corrillo, etc., no deben ser tomados en cuenta, él no los ha tomado para pelearse con la Junta y ésta no debe hacerlo tampoco. El punto más serio, continúa el señor Ulate, es el relativo a tomar la Constitución del 71 como base de discusión en la Asamblea Nacional Constituyente, pero no implica eso la rigidez de su texto en la vida futura, sino que por el contrario será adicionada y reformada de acuerdo con las necesidades de la época; y no cree él que la Junta esté en lo cierto al pretender que solo el Proyecto del 49 responde al deseo popular. La votación fue dividida y eso muestra que el Partido Unión Nacional no ha sostenido tesis sino que la opinión esta dividida y deben conciliarse esas dos corrientes y en ese anhelo él dará todo su apoyo y esfuerzo a la Junta. La Junta debe reconsiderar su actitud ya que ésa implica grave daño a la vida nacional. Si la Junta sometió el Proyecto a una Asamblea Constituyente, respetando así la tradición democrática, así debe someterse a la libre decisión de ésa.
No aceptará el poder antes del 8 de mayo de 1950 y si la Junta mantiene su actitud ella y la Asamblea Constituyente deberán arreglar quien recibe el poder. El fue electo para un período constitucional y no hay tiempo para promulgar una Constitución ni para elegir un Congreso. El no puede gobernar con la Constitución del 71, derogada por la Junta, desairar a ésta y gobernar con una carta política anticuada. El insta a la Junta a desistir de su empeño y a restablecer la normalidad en Costa Rica para ir a la paz y al progreso.
Habla el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Odio, y analiza las causas de la derogatoria de la Constitución del 71. Hace ver la necesidad que hubo de ratificar la elección de don Otilio Ulate como Presidente y de clausurar el Congreso que era producto de elecciones fraudulentas. Se convocó una Asamblea Constituyente con la idea de que fuera un organismo técnico y no un recinto de política. El Partido Constitucional, reducto del calderonismo, presentó la tesis de volver a ia Constitución del 71 y, por causas políticas anti-juntistas, una mayoría del Partido Unión Nacional apoyó esa tesis. Una reforma a una Constitución implica varios actos que no son lo mismo que implica la promulgación de una nueva Constitución. La Asamblea, en estas circunstancias, no se justifica y debería dejar de existir. Lo que nos mueve a renunciar no es la prensa sino la actitud antagónica de la Asamblea Constituyente hábilmente dirigida por los miembros del Partido Constitucional. En la Constituyente hay politiquería y lo prueba el hecho que, pudiendo tomar como base el proyecto del 49 y reformarlo, tomaron la Constitución del 71 para herir a la Junta, la opinión pública, orientada en parte por miembros del Partido Unión Nacional, boicotea a la Junta y ante eso, la Junta se considera imposibilitada de continuar.
Habla el señor Constituyente Dobles Segreda, dice que él es el único de los presentes que votó la Carta del 71 y que sobre él no ha influido nada sino que voto de acuerdo con su criterio. Se siente insultado por el señor Odio. El señor Presidente Figueres explica al señor Dobles lo que siente la Junta por él y le explica ciertos cargos.
El señor Fournier toma la palabra y expone sus puntos de vista. Cree justificada la actitud de la Junta y lógica su determinación. El señor Ortiz Martín desde un punto de vista personal analiza el problema político actual y considera que no tienen consistencia las razones expuestas por el señor Figueres.
Toma la palabra el señor Ministro de Educación y hace ver que el problema con la Constituyente no es más que el hecho final de un proceso largo político de antagonismo a la labor renovadora de la Junta y da ejemplos claros de esos hechos que impiden el gobierno de la Junta y de los efectos que esa campaña antagónica ha tenido en la vida del país. Justifica nuestra decisión y hace ver que ése es el único camino y el deber patriótico del señor Ulate es aceptar esta decisión.
Habla el señor Volio Sancho y hace ver su comprensión de la actitud de la Junta aunque el cree, como el señor Ulate, que no obstante la amargura que siente ahora la Junta, no debe llevarla a decisión tan trascendental por no responder en magnitud a los hechos que le dieron origen. Considera que la oposición a la Junta no es popular sino localizada en el calderonismo, el comunismo y un grupo limitadísimo de lo que fuera oposición. Explica la necesidad de este gobierno transitorio para renovar al país y que debe lucharse todavía contra el enemigo común. Apela al patriotismo de los miembros de la Junta para que perseveren en la obra de gobierno y no hagan caso a las voces perdidas de los que no representan la voluntad popular.
Habla don Nautilio Acosta y expone su punto de vista haciendo ver que las dos fuerzas que se consideran contrarias van convergentes y llegarán a encontrarse en una Constitución en medio. Entre la dignidad y el deber debe imponerse el deber en los miembros de la Junta de continuar hasta el 8 de mayo de 1950. Insiste que pase lo que pase hay que luchar.
Habla don Rodrigo Fació y expone su criterio sobre la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y hace ver que fue inspirada por un ambiente esencialmente político que hizo que muchos diputados votaran contra su propio criterio y hace citas al respecto de varios hechos que muestran claramente como la decisión fue hecha, en muchos, con base en un criterio personalista momentáneo. Añade que le preguntó al señor Ulate si sabía lo que pasaba y el señor Ulate le manifestó que él no tenía intervención en eso pero que sí sabía que había malestar por la escogencia de Director de Policía; el señor Ulate interrumpe y hace ver que una cosa no tenía que ver con la otra, lo que corrobora el señor Facio ya que cree grave que un acto de política inmediata influyera sobre algo que sería de inmensa importancia en lo futuro. Continúa explicando el señor Fació lo ocurrido en ese día. Las razones porque se perdió el Proyecto del 49 son de orden político y eso es lo que lo descorazona ya que no le importa perder por convicciones e ideas, pero sí le causa dolor el que se produzcan votos por razones ajenas a las ideas y motivadas por decisiones políticas impremeditadas. Insta a la Junta a continuar y pide al señor Ulate su colaboración constante y abierta para apoyar la Administración de la Junta y coronar la obra revolucionaria. La Junta debe dar y ha dado garantías políticas a Ulate, Ulate debe dar garantías ideológicas a la Revolución. A las trece y cuarenta y cinco se suspende la sesión. A las catorce y treinta se reanuda la sesión.
Artículo 2
Se acuerda comunicar al señor Ministro de Hacienda que no ha habido intención premeditada de excluirle de estas deliberaciones sino que por deseo expreso del señor Presidente Figueres no se le comunicó de la reunión efectuada anoche por creer que él no estaba en estado de ánimo para reuniones y por haber manifestado el Lic. Manen, varias veces en las últimas reuniones, su deseo de separarse de las funciones de gobierno, que es la decisión unánime de la Junta.(11)
Artículo 3
Se reaunuda la sesión extraordinaria a las quince y treinta horas, además de los señores constituyentes anteriores asisten los señores Morúa, Guzmán, Oreamuno, Monge y Rodríguez Conejo.
Hace uso de la palabra el Lie Gómez e insiste en la no relación entre las causas expresadas y la resolución tomada por la Junta. Debe terminarse la labor que se ha impuesto la Junta para no defraudar al pueblo de Costa Rica que no hace distinciones entre los señores Figueres y Ulate.
Habla el señor Presidente Figueres y vuelve a explicar, para los señores que no asistieron en la mañana, las causas de la decisión tomada por ta Junta Fundadora Da las gracias a los señores Constituyentes que han pedido que la Junta se quede, lo mismo al señor Ulate, pero la decisión es inquebrantable y la circunstancia feliz de existir un Presidente Electo hace más fácil la solución de este problema y, aunque duele dejar esta tarea trunca, las causas son imperiosas y repetimos aquí, dice, lo que se le dijo al señor Pinto en Santa María de Dota cuando pidió se le entregara el poder al Dr. Ovares: «únicamente se le entregará c! poder al señor Presidente Electo, don Otilio Ulate». En esa misma actitud estamos ahora: sólo al señor Presidente Electo se le hará entrega del poder el 8 de mayo de 1949. Pide a los señores presentes hagan uso de la palabra si así lo desean, pero no hace uso de ella ninguno de los presentes.
Toma la palabra el Rev. Núñez, Ministro de Trabajo y hace un análisis serio de la determinación tomada por la Junta y pide que se llegue a soluciones hoy pues el país está en espera ansiosa y es necesario dejar hoy mismo definida la crisis política.
Hace uso de la palabra el señor Ministro de Gobernación, don Fernando Valverde. Hace ver que esta reunión tiene un carácter histórico y que las cosas deben concretarse y plantear el problema político tal cual es. La Junta se ha empeñado en combatir la politiquería desde nuestra lucha contra el régimen anterior. Hace ver que el problema no es de ahora sino desde hace tiempo y da hechos que apoyan sus palabras. Aclara que varias veces la Junta se acercó al señor Ulate a tratar de eliminar la politiquería de la vida nacional, y al preguntarle el señor Ulate cuál era ésa se le contestó como ejemplo que una fracción de su Partido tenía esperanza, por no haberse definido el señor Ulate, de que éste fuera enemigo de la política económica de la Junta cuando en el extranjero y en varias plazas públicas el señor Ulate la había definido. Varios sectores politiqueros aprovecharon esa indefinición pública del señor Ulate para atacar la política de la Junta. Lo ocurrido en la Constituyente es el climax de esas campañas y ha sido una maniobra politiquera. Aclara que habla como utatista pues lo fue inicialmente desde el nacimiento del Partido.
Considera que una fracción de la Constituyente obstaculiza la labor de la Junta y está clara en su resolución. Ahí en ese sector se mueven intereses personales y pueden llevar a la ruina al país, pero hace ver que es nuestro deber combatirlo, como se combatió en la época de Calderón. Ataca al Lic. Mario Echandi, doliéndose que ése no esté presente, como uno de los elementos que agitan políticamente al país desde la campaña del 48 en la que él, don Mario, atribuyéndose funciones, maneja la política contra la Junta en el Partido Unión Nacional y fue el factor importante, junto con algunos compañeros, en la intromisión de la politiquería en la Asamblea Constituyente; es por eso que la determinación de la Junta es irse ya que no puede permitir el retorno a Costa Rica de la politiquería. Denuncia desde ahora al Lic. Mario Echandi como un peligro tan grande en la vida del país como lo fue el Dr. Calderón o Teodoro Picado, y quiere que esto quede como constancia ante la historia.
Hace uso de la palabra el Lic. Joaquín Monge y defiende la tesis de la Junta. Hace ver que la revolución fue hecha a sangre y fuego pero que la revolución ideológica debe hacerse, como lo cree el señor Figueres, desde la llanura y por deseo del pueblo una vez empapado de esas ideas. No ha tenido cuidado la Junta de informar debidamente al pueblo y eso debe hacerse desde la llanura. Debe el señor Ulate, añade, hacer un sacrificio más y asumir el poder, la Asamblea Constituyente puede asumir provisionalmente el poder legislativo y dictar cuanto antes la constitución reformada para que el país tenga su vida constitucional. Hace ver que el señor Echandi, siendo su compañero de estudios, nunca ha ejercido ninguna presión sobre él y lo defiende de los cargos hechos.
Toma la palabra el señor Ulate y dice que él esperó arreglar esta situación hasta hace unos momentos, pero ya que están planteadas las cosas como un conflicto entre la Junta y el Partido Unión Nacional. Otee que ha manifestado varias veces su solidaridad para con la Junta pero que el plan de trabajo ha sido exclusivamente producto de un todo homogéneo y que él considera que debe ser así, pero que él, don Otilio, no puede llevar su solidaridad a toda la gestión administrativa de la Junta.
En el caso de la Constituyente habían dos corrientes y él, como futuro gobernante, no quería intervenir en la discusión de la Constitución ya que la Carta Política iría a regir su propio Gobierno. Varios constituyentes, dice, lo fueron a visitar a raíz del voto de la Constituyente y le mostraron desagrado y a pesar de que él no quería inmiscuirse, convocó una reunión para cambiar impresiones sobre la forma de conciliar las varias corrientes ideológicas que hay en el seno de la Asamblea. Se defiende el señor Ulate de los cargos hechos por el señor Ministro Valverde y añade que los considera injustos. Dice que se equivocarían ciertos intereses económicos del país que esperaban que él iba a destruir la política económica de la Junta, está con esa aunque sí la cree objeto de modificaciones. El no puede aceptar todo lo que ha hecho la Junta sin consultarle, así en el caso del Proyecto de Constitución, pero él no está obligado a aceptarla en un todo ya que la conoció al circular los folletos con el proyecto. Defiende al señor Echandi y dice que al compararlo con Calderón lo ofende a él, don Otilio, como al propio Echandi. Hace varias citas sobre la actuación del señor Echandi en la política nacional. Hace un nuevo llamamiento a la Junta para reconsiderar su decisión.
Habla el Dr. Orcamuno y pide que nos volvamos a reunir mañana en la mañana para reconsiderar los puntos en la tarde y en la noche.
Habla el Presidente Figueres y pide al señor Valverde y al señor Ulate que no se discuta sobre asuntos personales sino que se enfoque únicamente el problema central.
Toma la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Alberto Martén, y hace ver que el problema político es complejo y que en realidad no hemos tenido una línea definida en la relación de la Junta con el Partido Unión Nacional y analiza detalladamente la situación política actual. Hace ver de las posibilidades de una unidad política, sea la Junta o el señor Ulate, el que ejerza el poder.
Habla el señor Carlos Monge y hace ver que de todas estas desaveniencias el pueblo de Costa Rica es el que sale perjudicado. Vivimos una crisis espiritual y hay una inmensa desunión en Costa Rica. Debemos pensar más en el pueblo y menos en partidos de hombres. Debemos apoyar el pacto y hacer que ése se cumpla, buscar la unidad y devolver la fe al país.
Hace uso de la palabra el Lic. Odio, ministro de Relaciones, y también hace ver la necesidad de la unión y de la definición. Apoya las ideas del Lic. Martén y pide unidad y comprensión. A las dieciocho y treinta horas se levantó la sesión. A las veintitrés y treinta horas se reanuda la sesión.
Llegan el señor Presidente Electo y los constituyentes Solórzano, Volio, Sancho, Guido, Montiel, Acosta, Fournier, Valverde, Monge, Fació, Leiva, Gómez y Oniz Martín.
Habla el señor Ulate y dice que no ha formado todavía criterio definitivo y no quiere hacerio sin antes tener una conversación previa con el señor Presidente Figueres para después volver a reunimos. El señor Presidente Figueres informa que la Junta Fundadora está en la misma actitud.
Mañana a las catorce horas habrá una reunión general y en ella se informará de la conferencia Ulate-Figueres. A las veintitrés y cuarenta y cinco horas se levantó la sesión.
(f) José Figueres (f) Daniel Oduber
Documento 4
ACTA 92
DE LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA
Sesión extraordinaria de la Junta Fundadora de la Segunda República celebrada a las catorce horas del 21 de abril de mil novecientos cuarenta y nueve con asistencia del señor Presidente Figueres, quien preside, y de los señores Ministros Valverde, Orlich, Núñez, Blanco, Fació, Masís, Gámez, Martén y Odio. Asisten el señor Presidente Bledo, don Otilio Ulate, y los señores diputados constituyentes Morúa, Solórzano, Vblio Sancho, Pinto, Rojas Jorge, Monge Joaquín, González Luis Felipe, Arroyo, Dobles, Acosta Otón, Esquive!, Rojas Edgar, Jiménez Núñez, Rodríguez, Montiel, Acosta Nautilio, Valverde, Fournier, Trejos, Monge Alfaro, Gómez, Facio, Brenes, Ortiz, Madrigal, Herrero, Lu, Venegas, Castro Antonio. Guzmán, Guido, Vargas Hernán, Oreamuno, Castaing. Chacón Jinesta.
Artículo 1
Hace uso de la palabra el señor Ulate y hace ver su complacencia de que un número considerable de diputados constituyentes esté presente. Hace ver que ha reflexionado largamente sobre los diversos aspectos de la oferta de entregar el poder que hace la Junta y la que hace la Constituyente de que tome el poder. Dice que la posición de la Junta y su exigencia es equivocada ya que él no gobernará sin Constitución o sin Congreso, la Asamblea Constituyente no puede convertirse en Congreso y la Junta pudo prever la negativa suya, también el Pacto Ulate-Figueres lo inhibía ya que la actitud de la Junta no era espontánea sino causada por una actitud política originada en el Partido Unión Nacional y eso ya era romper el Pacto Político. El, don Otilio, ha querido buscar una solución sobre otras cosas para evitar un trastorno político al país. Surgió la excitativa de los constituyentes que agradece, pero que no puede aceptar. Promulgar la Constitución del 71 y reformarla ya en ejercicio lo ve muy difícil. Levantar de la noche a la mañana esa Constitución traería inmensos problemas tales como el de Tribunales Especiales que se acabarían al restablecerse la Constitución y quedarían impunes los delincuentes del régimen anterior; otro es el de los tributos creados por la Junta que pueden ser afectados, así hay gran cantidad de problemas que esa promulgación traería. El también quiere que la Constitución se promulgue antes de su período, ya que la del 71 pone todo el poder en manos del Presidente y el quiere cumplir la promesa hecha en la campaña política que rebajarían esos poderes del Presidente. También quiere evitar que la Constitución salga entre lucha de plaza pública y por el contrario, él quiere que salga en un ambiente de tranquilidad para que sea bien meditada y sea un instrumento serio y de un carácter técnico. Todas esas razones tiene para no aceptar la propuesta de los señores Constituyentes y él no quiere tampoco que la Junta se vaya con amargura sino con otro sentimiento, ya que se le debe reconocimiento por su sacrificio y abnegación. Sometió así, en la mañana de hoy, al Presidente Figueres, dice don Otilio, un plan que viene a solucionar el problema. Según decreto constituyente debe elegirse un Congreso para que empiece sus funciones el 8 de noviembre próximo. Si la nueva Constitución se puede emitir en setiembre él, don Otilio, asumirá el poder con Congreso y Constitución. Si el traspaso de poderes se hace el 8 de noviembre, ellos entrarán al régimen constitucional en plenitud y sin estorbos. Esta fórmula, dice, devolverá la tranquilidad de inmediato y la cana política podrá ser emitida, de fijo, en una fecha próxima y con la seriedad que ésa merece. Pide que se considere esta solución
Toma la palabra el Presidente Figueres y dice que cuando se le comunicó la solución a él quiso contestarle que consideraba su solución como más elevada políticamente de lo que ha imperado en Costa Rica. Es honroso el que se nos pida continuar en el poder por seis meses, pero es muy duro echar para atrás cuando ya se ha hecho público nuestro retiro, pero aún más, nada se logrará si ese ambiente hostil prevalece y hace difícil la tarea de administrar, sobre todo si ese ambiente se localiza en la Asamblea con la que ñas liga un régimen de consulta y hace que los negocios sometidos sean decididos con un carácter político y no técnico. Toda la Oposición nene una misión que cumplir y sus diversas fuerzas deben continuar una labor constructiva en la paz. Si nuestra presencia es motivo de romper esa unidad, nuestro deber es irnos y ante eso no podemos ser parte a que el pueblo de Costa Rica se sienta dividido y defraudado y ahora, ante la proposición de don Otilio, nuestra respuesta es que nosotros podemos echar para atrás, solo si se tiene el conocimiento de que vendrán beneficios a la Administración Pública, y se evitan tales tosas como un cambio brusco de régimen. Así necesitamos para aceptar: 1) Más trabajo para armonizar. 2) Más participación del señor Ulate y sus amigos políticos en nuestro favor. Debemos evitar un rompimiento como el que se puede venir si nos vamos violentamente. Así se le ha contestado al señor Ulate y así lo comunica a los presentes haciendo ver que no podemos menos que considerar, en esas circunstancias, la propuesta del señor Ulate.
Habla el señor Arroyo y dice que no ve el objeto de la reunión y quiere definir si es para exponer su criterio porque tiene dos motivos para hacerlo y son el juramento hecho a su hermano muerto de luchar por la patria y el segundo el de ser miembro de la Asamblea.
Contesta el señor Ulate que el objeto era que los diputados conocieran el problema y la fórmula propuesta.
Dice el señor Arroyo que ha hecho vanas quejas desde el principio a varios miembros de la Junta y se le ha tratado a él siempre con fineza. Así no hay razones de orden personal sino patrióticas. Habla en general sobre la necesidad de un régimen democrático. Considera que el Pacto Ulate-Figueres obliga a los constituyentes que lo conocían al ser electos. La situación económica del pueblo es seria y él se duele de que se haya presentado esta situación. Analiza la situación económica. Manifiesta sobre la fórmula que él no comprende como debe entenderse ese compromiso de solidaridad sin que ése sacrifique restricción a la libertad de crítica. Los señores Ulate y Figueres explican. El señor Arroyo continúa en el uso de la palabra y expone su posición ante la fórmula.
Hace uso de la palabra el señor Trejos y da sus puntos de vista sobre la situación política actual con énfasis en sus ideas sobre la recolección de impuestos. El señor Esquivel pide la palabra y dice las razones para que el señor Ulate asuma el poder. Hace ver que el señor Ulate otras veces ha permitido a una Constituyente convertirse en Congreso. El señor Ulate muestra su disgusto con esa aseveración y explica que él se fue de la Constituyente de los Tinoco antes de esa transición.
Invita el señor Ulate al Dr. Rodríguez a que reúna a los Constituyentes del Partido Unión Nacional para dar a conocer sus opiniones sobre la fórmula y’ luego comunicarle a él sus decisiones.
El señor Acosta Jiménez toma la palabra y expone su posición haciendo ver que las decisiones ya fueron tomadas y que él cree que don Otilio debe tomar el poder este 8 de mayo próximo.
Se suspende la sesión para que los señores constituyentes vayan a deliberar y hagan conocer su opinión al señor Ulate.
(f) José Figueres (f) Daniel Oduber
Notas
1. Contrario a la opinión de algunos autores quienes tienden a minimizar d debate generado a su alrededor, el proyecto de prórroga se convirtió en una verdadera evaluación del trabajo realizado hasta entonces por la Junta Fundadora de la Segunda República. En este contexto se produjeron criticas muy duras, llegándose incluso a acusar a la Junta de haber traicionado los principios básicos de la revolución. En palabras del constituyente Arroyo; «el pueblo fue a la revolución, no para instaurar un nuevo orden, para que se transformara la vida del país mediante medidas económicas como la nacionalización de los bancos, sino para restaurar la libertad y la dignidad atropelladas por los hombres del régimen anterior…» No cabe duda que, para muchos asambleístas, la Junta de Gobierno estaba avanzando demasiado. El dictamen favorable a la prórroga fue finalmente aprobado, en gran parte gracias a que se consideró como una forma de respetar el pacto Ulate-Figueres. Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente de 1949 antecedentes, proyecto, reglamento y actas. Tomo I. Actas 35-40 San José: Imprenta Nacional. 1951. pp 383-463.
2. El día veintitrés de mayo, la Asamblea Constituyente recibió una carta del señor Presidente de la Junta de Gobierno, don José Figueres Ferrer, en donde éste hace renuncia formal a la prórroga. En consecuencia, la Junta Fundadora continuaría ejerciendo el Poder Ejecutivo hasta el 8 de noviembre de ese año y no hasta el 8 de mayo de 1950. Ibidem. Tomo II. Acta 73, pp. 166-167.
3. Los dictámenes de mayoría y minoría fueron leídos en la sesión del veintiuno de marzo. El 8 de abril siguiente, en una votación de veinticuatro votos contra veintiuno, la Asamblea decidió rechazar el Proyecto y adoptar la Constitución de 1871 como base de trabajo. Ibidem. Tomo I Acta 38, pp 449-453- tos dictámenes también aparecieron publicados en La Gaceta del 20 de febrero de 1949.
4. Son pocos los investigadores que conocen, aún hoy, las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República. La explicación es sencilla: durante mucho tiempo este documento estuvo «extraviado’ Precisamente tengo que agradecer a la MSc. Mercedes Muñoz, por haberme facilitado una copia de este escrito.
5. Los señores constituyentes hacen referencia al memorándum, fechado el 8 de febrero de 1949, en que los Obispos del país cuestionan varios artículos dd Proyecto de Constitución Política. Su critica se centra en tres capítulos: el de La Religión, la Familia y La Educación y Cultura. En cada uno de estos casos, los jerarcas de la Iglesia Católica se muestran preocupados por el carácter estatista y, en muchos casos, abiertamente laico, del proyecto: por dio no dudan en rechazar el papel, casi monopolice que se arroja al Estado en materia de educación, la libertad de cátedra, la prohibición de ocupar ciertos cargos públicos por parte de religiosos, etc. Asamblea Nacional Constituyente. Op.cit., tomo L Acta 17, pp. 193-198.
6. Se trata de las elecciones realizadas el 8 de diciembre de 1948, con el objeto de integrar a la Asamblea Constituyente De este modo, los autores del dictamen reconocen el carácter «conservador» de la mayoría de los asambleístas electos, incluidos ellos mismos.
7. Según el Proyecto de Constitución, las reformas parciales a esta debían ser planteados por al menos un tercio de los diputados de la Asamblea Legislativa y. en caso de ser finalmente aprobadas por las dos terceras partes de los congresistas, serían .sometidas a votación popular en las elecciones siguientes.
8. Clara referencia al comunismo. Este «fantasma», aunque básico a la hora de discutir el tema de los derechos y garantías políticas, estuvo presente en todo el trabajo de la Asamblea Constituyente.
9. Cabe resaltar que el primer artículo del Título de Derechos y Deberes Políticos, el cual hace posible el voto femenino, fue rescatado del Proyecto de Constitución. Lo único que se vario fue la edad requerida para ejercer el derecho de sufragio: los dieciocho años -establecidos en el Proyecto y en la moción original- fueron desechados y en su lugar se fijaron los veinte años. Asamblea Nacional Constituyente Op.cit, tomo II. Acta 92. pp 347-350.
10. Como parecen reconocer los autores del dictamen de minoría, el capítulo referente a Economía y Propiedad del Estado era el más polémico del Proyecto de Constitución, ya que, a lo largo de éste, se afirmaba el dominio inminente del Estado sobre los bienes existentes en el país. En efecto, al Estado se le otorgaba la facultad de imponer limitaciones a la propiedad privada, intervenir o reservarse la explotación de ciertas actividades, decretar leyes que impidiesen tendencias monopolísiicas y expropiar empresas que de hecho ya constituían monopolios, autorizar a las instituciones autónomas respectivas para intervenir en el mercado con el propósito de reglamentar científicamente la producción y los precios, etc. Cada uno de estos temas fue, tiempo después, objeto de largo debate en el seno «le la Asamblea Constituyente.
11. Para entonces era evidente una separación entre el Licenciado Alberto Manen y el resto de la Junta de Gobierno, sobre todo de José Fíguercs, debido entre otras cosas al manejo de la política económica. Pocos días después, el Licenciado Manen presentó su renuncia. Junta Fundadora de la Segunda República. Libro de Actas. Acta 93 (26 de abril de 1949).
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