De González Flores al 48Reformismo, poder económico y ruptura democrática en Costa Rica
Preparado por CRM
“Los hombres y las naciones necesitan saber con exactitud a cuál estrella llevan enganchado su carro…
El nombre de la estrella que nos guíe debe ser, costarricenses, el bienestar del mayor número.”
— José Figueres Ferrer, Discurso del Desfile de la Victoria, 28 de abril de 1948
Nota del Editor: En elespiritudel48.org entendemos la Guerra Civil no como un hecho aislado, sino como el resultado de tensiones acumuladas a lo largo del siglo XX. Desde esa perspectiva, recuperar figuras y procesos anteriores a 1948 —como el gobierno de Alfredo González Flores, la Liga Cívica o el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales— permite comprender mejor las raíces profundas del conflicto y el sentido histórico del proyecto reformista costarricense.
Los acontecimientos de 1948 suelen describirse como una guerra civil, una fórmula que con frecuencia reduce su alcance histórico y atenúa la magnitud de los cambios que produjo. Más que un estallido armado aislado, el 48 fue una ruptura profunda del orden político existente y un proceso de transformación con claros rasgos revolucionarios, orientado a redefinir el papel del Estado, ampliar la democracia y sentar las bases de la justicia social en Costa Rica. Este artículo propone una lectura de largo aliento que comienza con el reformismo temprano de Alfredo González Flores, atraviesa las experiencias cívicas e intelectuales de las décadas siguientes y llega a las reformas sociales de los años cuarenta, para comprender el 48 como el punto de inflexión de una disputa histórica prolongada entre poder económico, democracia y justicia social.
I. El reformismo temprano y el golpe de 1917
El breve gobierno de Alfredo González Flores (1914–1917) representó uno de los primeros intentos sistemáticos de reformar el Estado costarricense para enfrentar las desigualdades estructurales generadas por el liberalismo económico clásico. En un contexto agravado por la Primera Guerra Mundial, González Flores impulsó una política fiscal y financiera inédita: tributación progresiva, control del crédito, fortalecimiento del papel del Estado y creación del Banco Internacional de Costa Rica para limitar el poder de la banca privada.
Más allá de su dimensión técnica, el reformismo de González Flores partía de una concepción ética del poder público. El Estado no debía limitarse a administrar el orden existente, sino corregir sus desequilibrios, proteger a los sectores más vulnerables y subordinar los intereses privados al bien común. Esta visión chocaba frontalmente con una tradición política que había identificado estabilidad con inmovilidad y prosperidad con la defensa irrestricta de los intereses exportadores.
Estas medidas rompieron con el consenso oligárquico que había dominado la vida política desde finales del siglo XIX. Por primera vez, el Estado dejó de ser un mero garante del orden liberal para convertirse en un actor que intervenía activamente en favor del interés público, incluso a costa de los privilegios de los grandes cafetaleros, banqueros y exportadores. El conflicto ya no era solo económico, sino político y cultural: se discutía quién debía definir las reglas del desarrollo nacional.
La reacción fue contundente. En 1917, un golpe de Estado encabezado por Federico Tinoco Granados derrocó a González Flores y puso fin abrupto a su proyecto reformista. Lejos de ser un accidente histórico, el golpe funcionó como un mecanismo de defensa de las élites, dispuesto a suspender la legalidad democrática cuando esta dejaba de garantizar sus intereses. El mensaje fue inequívoco: el reformismo tenía límites estrictos cuando tocaba la estructura del poder económico.
Este precedente marcaría profundamente la historia política costarricense. La experiencia de González Flores dejó instalada una tensión que reaparecería una y otra vez en el siglo XX: la incompatibilidad entre democracia plena, justicia social y la preservación intacta de los privilegios tradicionales. La memoria de 1917 se convertiría así en una advertencia temprana de los costos políticos de intentar reformar el Estado sin alterar las relaciones de poder que lo sostenían.
II. La Liga Cívica y la persistencia del ideario reformista
La caída de Alfredo González Flores no significó la desaparición de las ideas que encarnaba. Durante las décadas de 1920 y 1930, en un periodo de aparente estabilidad institucional, Costa Rica vivió una democracia formalmente consolidada pero limitada en su capacidad transformadora. En ese contexto surgieron iniciativas cívico-intelectuales que mantuvieron vivo un ideario reformista centrado en la ética pública, la educación y la defensa de la institucionalidad frente a prácticas clientelares y patrimonialistas.
Entre ellas destacó la Liga Cívica, integrada por educadores, profesionales e intelectuales, con figuras como Omar Dengo. No se trató de un partido político ni de un movimiento de masas, sino de un espacio de reflexión, denuncia y formación ciudadana que buscó elevar el debate público, combatir el caudillismo y cuestionar las bases morales del orden liberal existente. Su acción se expresó más en la palabra escrita, la pedagogía y el ejemplo público que en la competencia electoral.
La Liga Cívica entendió la política no solo como lucha por el poder, sino como construcción de ciudadanía. En ausencia de condiciones para reformas estructurales, optó por una estrategia de largo alcance: formar conciencia crítica, fortalecer valores republicanos y afirmar la responsabilidad ética de quienes ejercían funciones públicas. Esta concepción ampliaba el campo de lo político y preparaba el terreno para transformaciones futuras.
La importancia de la Liga Cívica radica en su papel como eslabón intermedio entre el reformismo frustrado de la década de 1910 y las grandes transformaciones de los años cuarenta. Sostuvo y reformuló, en clave ética y pedagógica, preocupaciones que el reformismo de González Flores había planteado desde el poder. En un periodo sin grandes reformas estructurales, contribuyó decisivamente a que la crítica al modelo económico y al funcionamiento del Estado no se extinguiera ni se trivializara.
Vista en perspectiva, la experiencia de la Liga Cívica demuestra que la historia política costarricense no avanzó solo por rupturas, sino también por acumulaciones silenciosas. La ética pública, la educación y la reflexión cívica funcionaron como formas de resistencia y de preparación, manteniendo abierta la posibilidad de una democracia más profunda y socialmente justa.
III. El CEPN, las reformas sociales y el camino al 48
Ese ideario reformista encontró, en la década de 1940, un nuevo espacio de elaboración y sistematización en el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales (CEPN). Integrado por jóvenes intelectuales y profesionales, el CEPN articuló una crítica más orgánica al modelo liberal tradicional y propuso un Estado activo, capaz de intervenir en la economía, regular el mercado y garantizar derechos sociales. Su aporte no fue únicamente programático, sino también metodológico: analizar los problemas nacionales como fenómenos estructurales y no como fallas morales o administrativas aisladas.
A diferencia de las experiencias cívicas anteriores, el CEPN operó en un momento de apertura histórica. Sus debates coincidieron con un proceso de transformación impulsado desde el Estado durante los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, en alianza con sectores populares organizados y con la Iglesia. Lejos de ser un fenómeno aislado o posterior, el CEPN actuó en paralelo a las reformas sociales, contribuyendo a dotarlas de coherencia intelectual y horizonte estratégico.
Ideas largamente debatidas —la función social de la riqueza, la responsabilidad estatal frente al bienestar colectivo y la justicia social como condición de la democracia— comenzaron a traducirse en legislación concreta: garantías laborales, seguridad social y un nuevo papel del Estado en la protección de los sectores más vulnerables. Por primera vez, el reformismo dejaba de ser solo un proyecto ético o intelectual para convertirse en estructura institucional.
Como había ocurrido en 1917, estas transformaciones encontraron una fuerte oposición de sectores que percibieron amenazados sus privilegios económicos y su influencia política. Sin embargo, el contexto había cambiado. La profundidad de las reformas, la movilización social que las acompañaba y la polarización política creciente hicieron inviable una solución rápida o preventiva. El conflicto se desplazó del terreno de la resistencia encubierta a una disputa abierta por el control del Estado.
La ruptura de 1948 fue así el desenlace de una confrontación acumulada durante décadas. No surgió de un vacío ni de una crisis coyuntural, sino de la imposibilidad de conciliar un proyecto de Estado social en construcción con la preservación intacta del orden económico tradicional. En ese sentido, el 48 aparece como el punto de quiebre de un proceso histórico prolongado, en el que las ideas del reformismo temprano, la ética cívica y la acción política convergieron finalmente en una transformación revolucionaria del sistema democrático costarricense.
Conclusión
Comprendido así, el 48 aparece menos como una guerra y más como una revolución democrática y social, resultado de una disputa prolongada por el papel del Estado frente al poder económico. Desde el reformismo temprano de Alfredo González Flores hasta las reformas sociales de los años cuarenta, pasando por la reflexión cívica y doctrinaria de las décadas intermedias, se fue configurando un proyecto histórico que encontró su expresión política en 1948. En palabras de José Figueres Ferrer, se trataba de orientar la vida pública hacia “el bienestar del mayor número”, un principio que permite entender la justicia social no como una concesión circunstancial, sino como el fundamento mismo del orden democrático costarricense.
Lejos de clausurar esa disputa, el 48 la reconfiguró. El Estado social nacido de la revolución democrática abrió nuevas posibilidades, pero también nuevos límites y tensiones. La historia posterior de Costa Rica puede leerse, en buena medida, como el esfuerzo constante por defender, profundizar o redefinir aquel legado frente a presiones internas y externas. En esa continuidad —más que en la épica del conflicto armado— reside la verdadera vigencia del 48: no como episodio cerrado, sino como proyecto histórico en permanente construcción.
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