Militarismo y democracia en Costa Rica

Militarismo y democracia en Costa Rica

Marcelo Prieto-Jiménez

«La modesta ayuda militar norteamericana a Latinoamérica es decididamente más efectiva que la de sus fuerzas mercenarias en Europa y Asia, no para contener a los comunistas, sino para reforzar las oligarquías militares (…). Dentro del contexto físico y económico de un país centroamericano pobre, la ayuda militar norteamericana deja de ser pequeña e inocente«.
J. W. Fulbright
– Senador Norteamericano –

Introducción

Hablar de militarismo en Costa Rica podría parecer un contrasentido. Este país centroamericano ha sido durante más de tres décadas un baluarte del gobierno democrático y representativo, de las posiciones pacifistas y antimilitaristas, del progreso social acelerado y pacífico, dentro del continente americano. Sin embargo, diversos factores comienzan a afectar esa imagen de Costa Rica, y han comenzado también a tener efectos negativos en la sociedad costarricense, iniciando una variación sustancial de una larga tradición democrática y civilista de esta pequeña república centroamericana.

Estas notas pretenden ser una primera aproximación a estos cambios producidos en el seno de la sociedad y la vida política e institucional de Costa Rica, como consecuencia de su propia dinámica política interna, y de poderosos factores internacionales.

Antecedentes históricos

El desarrollo histórico de Costa Rica, en el periodo colonial y en los albores de la vida republicana, presenta características especiales, que alejan a este país centroamericano de las constantes por las que ha discurrido el devenir histórico de los demás pueblos latinoamericanos.

Durante la época colonial, Costa Rica tuvo un proceso de desarrollo económico muy lento y muy débil. Una escasísima población indígena, que no permitió el establecimiento de grandes haciendas o «encomiendas», la ausencia de riquezas minerales y de grandes explotaciones mineras, la política fiscal de la metrópoli española, la inexistencia de adecuadas vías de comunicación interna y hacia el exterior fueron algunas de las causas del lento desarrollo económico. Así la colonia costarricense fue un periodo de pobreza general. La vida económica giraba alrededor de los cultivos que tendían a satisfacer las necesidades básicas e inmediatas de la familia colonial. En los primeros años de la colonia, la producción agrícola se reducía a la siembra de trigo, maíz y legumbres, cultivados por pequeños núcleos familiares, autosuficientes, los cuales constituían una unidad cerrada de producción y consumo. Se produjo así una gran dispersión de la escasa población, asentada en pequeñas fincas familiares independientes y autosuficientes, sin ningún tipo de relaciones sociales entre ellas. Esto produjo lógicamente, un lentísimo crecimiento de los centros urbanos e impidió el desarrollo vigoroso de relaciones e instituciones políticas locales. Ese conjunto de circunstancias económicas-sociales le otorgaban ínfima importancia política y comercial al pequeño y paupérrimo pedazo de la Capitanía General de Guatemala que era Costa Rica, desde la perspectiva metropolitana.

En esas condiciones históricas, se produjo la Independencia del Imperio Español, al mismo tiempo y en similares condiciones que en el resto de Centroamérica. Los costarricenses no obtuvimos nuestra independencia como resultado de una larga y esforzada lucha. Nuestro territorio no fue escenario de ninguna epopeya libertadora, ni logramos nuestra Independencia de la metrópoli española mediante una cruenta y dolorosa guerra, como sí ocurrió en la gran mayoría de las naciones latinoamericanas. La ausencia de lucha armada y la inexistencia de ejércitos criollos que tuvieran que luchar contra el poder colonial influyó notablemente, sin duda alguna, para que en Costa Rica no surgiera y se desarrollara el fenómeno militarista, que, como residuo político-cultural de las guerras de independencia y de las posteriores guerras civiles, surgen como una constante en el proceso histórico latinoamericano.

El período de relativa anarquía posterior a la independencia no produjo tampoco en Costa Rica largas guerras civiles, que pudieran insertar en nuestra historia la semilla del militarismo. No es sino con posterioridad a la Campaña Nacional de 1856 y 1857, emprendida por los costarricenses para expulsar de suelo centroamericano al invasor yanqui, que se manifiesta en Costa Rica, durante varios años un fortalecimiento significativo del poder militar, y una constante e inconveniente intromisión de los militares en el manejo de la cosa pública. Este período en que se consolida definitivamente la posición que una fuerte oligarquía cafetalera, cuyo ascenso económico-social y político se había iniciado varias décadas atrás. Se caracteriza por una sucesión de golpes de Estado encabezados por los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, protagonistas destacados de la guerra contra los filibusteros de William Walker. Ese predominio militarista no fue duradero. Rápidamente, el pueblo costarricense volvió por los fueros de la civilidad, y en las últimas décadas del siglo XIX, se consolida definitivamente un esquema político republicano de corte patriarcal, en cuya cúspide monopoliza el poder económico y la influencia política una poderosa clase cafetalera.

Ya en nuestro siglo, y conforme se desarrollan otros mecanismos de dominación oligárquica las manifestaciones de militarismo son cada vez más esporádicas. La dictadura militar de Federico Tinoco (1917-1919) es rápidamente derrocada por la presión popular y la acción de grupos revolucionarios de orientación liberal. Al iniciarse el siglo XX, el poder de la «cafetocracia» está ya definitivamente consolidado. Igualmente se ha consolidado la penetración monopólica del capital extranjero en la producción bananera de la Costa Atlántica de Costa Rica. Las diversas compañías norteamericanas que controlaban la producción de banano costarricense se funden en la Tropical Trading Company, con intereses en la costa colombiana. En 1899 se fusiona esta empresa con la Boston Fruit Company y se establece el primer trust agrícola del mundo: la United Fruit Company. Ya en el año 1900, la United controla el 80% de la producción bananera de Costa Rica, país que con el correr de los años llegaría a ser el primer productor mundial de la fruta.

Después de la crisis capitalista de 1929 y (al final del periodo) dentro del marco de la inmensa conmoción producida por la Segunda Guerra Mundial, la república oligárquica-liberal entra en crisis y se desmorona. El período más intenso de la crisis (con un antecedente importante: la huelga bananera de 1934) es el período de 1940 a 1948. Época de intensa actividad política, de significativas y trascendentes transformaciones jurídico-sociales, acompañadas por una secuela de fraudes electorales y arbitrariedades gubernamentales. Comienzan a encontrar expresión y vías de resolución contradicciones largamente anidadas, que van alcanzando su punto máximo de tensión en ese periodo y todo este proceso histórico desemboca y encuentra su desenlace en la coyuntura de 1948.

La anulación de las elecciones de marzo de 1948, que le daban el triunfo al candidato de la oposición, provocan el levantamiento armado de José Figueres, cuyo movimiento tras una lucha armada de cuarenta días, toma el poder, instala la «Junta Fundadora de la Segunda República», y abre un nuevo periodo histórico en Costa Rica. Figueres y su movimiento de Liberación Nacional no solo conservan las conquistas sociales logradas en el periodo de los ocho años – Código de Trabajo, capítulo constitucional de las garantías sociales, régimen de seguridad social – sino que imponen un impuesto del 10% al capital, arrancan a la oligarquía el poder financiero a través de la nacionalización de los depósitos bancarios, e impulsan la definición e implementación de un nuevo proyecto histórico en Costa Rica: el establecimiento de un modelo de desarrollo de clase media y capitalismo de «Estado-benefactor». Más adelante examinaremos cómo el agotamiento histórico de este modelo de desarrollo 30 años después tiene serias implicaciones para la estabilidad democrática de Costa Rica. Por el momento, mencionaremos una decisión de honda trascendencia adoptada por la Junta de Gobierno el 2 de diciembre de 1948, en un acto celebrado en el Cuartel Bellavista, la Junta Fundadora de la Segunda República decreta «oficialmente disuelto el Ejército Nacional, por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país, la existencia de un buen cuerpo de policía».

Esta trascendental decisión, de fecundas consecuencias para la vida democrática de Costa Rica, es ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente que se instala después de la guerra civil, e incorporada a la Constitución Política vigente, la del 7 de noviembre de 1949, la que en su artículo 12 textualmente dice:

«Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias.

Solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil, no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva«.

Se daba así un paso fundamental en el desarrollo democrático de Costa Rica. El proyecto político figuerista establece sus primeras bases durante el periodo de la Junta de Gobierno, y adquiere sus perfiles definitivos a partir de la primera administración constitucional de Figueres (1953-1957) y la consolidación del Partido Liberación Nacional, fundado en 1951, con una importante corriente social demócrata en su seno.

A través de una serie de políticas y acciones gubernamentales se va consolidando un modelo de desarrollo «mesoclasista», de Estado intervencionista dentro del marco general del modo de producción capitalista, que permanece invariable durante este periodo.

La garantía absoluta de pureza electoral, la efectiva independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento, modernización y descentralización del aparato estatal, la nacionalización de los recursos hidroeléctricos, el estímulo a la construcción de obras de infraestructura, la generalización de la educación primaria y secundaria, y la creciente intervención del Estado en la vida económica y en la atención de problemas de índole social («Estado paternalista»), mediante una nueva política fiscal y tributaria, van consolidando lo que será la sociedad costarricense de la década de los setenta. Ya a principios de los sesenta, se produce el ingreso de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano, y se desarrolla una política de fomento a la producción industrial, que ha tenido importantes resultados, al precio de aumentar considerablemente los vínculos de dependencia con el capital extranjero.

Como resultado reciente de este proceso, se ha producido una importante intervención del Estado en la vida económica del país, mediante la fundación de cierto número de empresas estatales, que participan directamente en la vida económica tanto agrícola como industrial y de servicios. Esta acción del «Estado empresario» no tiene hasta el momento una orientación socialista, sino que por el contrario, se desarrolla dentro de un marco de capitalismo de Estado y tiende a consolidarlo.

Treinta años después, el modelo de desarrollo surgido de la guerra civil de 1948, está históricamente agotado, en parte porque el proyecto político figuerista, que tantas transformaciones y beneficios le trajo al país, ya está cumplido en sus principales objetivos y etapas, y en parte porque la realidad interna y externa de la sociedad costarricense es fundamentalmente distinta a aquella que sirvió como supuesto del proyecto histórico de la generación del 48.

La llamada crisis interna del Partido Liberación Nacional no es más que la expresión intrapartidaria de este fenómeno de agotamiento histórico del modelo de desarrollo de clase media y capitalismo de Estado-benefactor.

Liberación Nacional, como vanguardia histórica del pueblo costarricense y como única fuerza política capaz de reorientar el proceso político costarricense dentro de un nuevo esquema, ha sufrido el impacto de este fenómeno histórico. En el seno del Partido, en medio de convulsiones, ajustes y reacomodos, comienzan a perfilarse los primeros elementos de una reorientación profunda, nuevamente revolucionaria, del proceso político y de la dirección del desarrollo social y económico de Costa Rica. Una orientación nueva, que garantice y estimule el ascenso de nuevos sectores, populares, obreros, campesinos, más allá de los sectores mesoclasistas hasta ahora beneficiados; que profundice la transformación del esquema de producción bajo una orientación socialista democrática; que produzca la constitución de un nuevo sector de la economía nacional, en manos de los trabajadores y los sectores laborales; que enfrente decididamente el problema de la dependencia externa en el área industrial, y de la acción monopólica de las transnacionales en importantes sectores de la vida económica nacional, como por ejemplo el bananero; que desarrolle acciones coherentes ante el problema agrario, bajo el propósito de transformar sustancialmente no solo la actual distribución de la tierra, sino el esquema de propiedad; y que rompa caducas estructuras partidarias para darle entrada al Partido a sectores sociales marginados hasta este momento, de una adecuada participación, los únicos que pueden darle sustento social, político e ideológico de un nuevo proyecto histórico; que ponga su mira, como lo ha dicho el expresidente Daniel Oduber, en el horizonte del siglo XXI. Algunos elementos de este proceso de reorientación profunda comienzan a configurarse en el seno del Partido Liberación Nacional.

Las definiciones internas provocadas por la elección del candidato presidencial del Partido, por la misma campaña electoral y por la derrota sufrida por Liberación Nacional el 5 de febrero de 1978, la que constituye sin lugar a dudas un serio peligro para la estabilidad democrática de Costa Rica, son hitos importantes dentro del proceso que estamos describiendo.

De no consolidarse a corto plazo ese proceso, que le otorgue nuevos contenidos sociales a la actividad política del Partido Liberación Nacional, y a través de ésto, el Estado costarricense, mediante una apertura democrática hacia los sectores que se encuentran en la base del perfil de la sociedad costarricense, se corre el peligro de que la salida a la crisis sea encontrada en otra dirección, y que el vacío dejado por el agotamiento histórico del proyecto político de la generación del 48 sea llenado, inevitablemente, por un esquema de capitalismo autoritario y caudillista, sostenido por una alianza de la oligarquía tradicional, la nueva burguesía industrial integracionista, los intereses imperialistas y los sectores tecnoburocráticos que ejercen su poder en la cúspide del edificio estatal costarricense, y que utilizarán en procura de la consolidación de este esquema, los instrumentos institucionales, legales, empresariales y financieros legados por el capitalismo de Estadobenefactor, parapetados en un fortalecimiento de los organismos represivos y militares del Estado, utilizados ahora como mecanismos para imponer la «Ley y el orden», en función de las necesidades de seguridad interna requeridas por la Pax Americana.

La derrota del Partido Liberación Nacional y su indefinición interna, tienen así importantes consecuencias para la estabilidad democrática y el progreso social de la nación costarricense. La orientación, ideológica y práctica, del nuevo grupo que detenta el poder en Costa Rica, va empujando al país por el doloroso camino de la solución autoritaria a la crisis nacional

Los factores externos

La doctrina de la Pax Americana tiene como uno de sus elementos fundamentales el considerar los conflictos políticos y sociales internos de los países latinoamericanos, sus problemas de seguridad interna, como problemas de seguridad continental, de cuya solución es responsable, en última instancia, los E.E.U.U. como poder imperial. Esa concepción tiene sus antecedentes en la doctrina del destino manifiesta y en las continuas intervenciones militares norteamericanas en los países al sur del Río Grande. En la práctica, este enfoque tiene su expresión en el programa norteamericano de asistencia militar, que convierta a la postre, a los ejércitos nacionales en ejércitos de ocupación de sus propios países, y, en algunas oportunidades recientes, en una abierta intervención militar de los Estados Unidos. El más cercano ejemplo de lo anterior es la intervención militar norteamericana en la República Dominicana, en 1965, en que se utilizaron más de 45.000 infantes de marina reforzados con delegaciones de los ejércitos «cipayos» de algunos países latinoamericanos.

El programa de asistencia militar incluye dotación de armamento, entrenamiento, y capacitación, asistencia técnica e impulso a los programas de «acción cívica» de los cuerpos militares latinoamericanos. El Programa no pretende fortalecer la posición de los ejércitos latinoamericanos como instrumento de defensa nacional frente a la agresión externa, sino que la ayuda técnica, financiera e ideológica proveniente del programa está orientada a desarrollar la función de vigilancia interna y control del descontento popular por parte de las fuerzas armadas de los países de América Latina. Este programa, además, desarrolla estrechos vínculos de dependencia entre las élites militares – norteamericanas y el complejo militar-industrial (como lo denominó Eisenhower) de la nación dominante.

Los programas norteamericanos de entrena miento militar en que participan oficiales y soldados latinoamericanos no están, bajo ningún concepto, orientados a las funciones de defensa continental, sino que su énfasis principal está en la preparación para el desarrollo de funciones de control y seguridad internas y de contrainsurgencia.

Por su parte, los programas de «acción cívicas» colocan evidentemente a los organismos militares latinoamericanos en una función de intermediarios entre la población civil y sus necesidades – y el Gobierno, en las pocas ocasiones en que este Gobierno continúa siendo «civil» en los países latinoamericanos. Es evidente que cuando cualquier organización – en ese caso la militar expande su radio de acción y se convierte en intermediario entre las comunidades locales y las diversas instancias del gobierno, o cuando ella misma interviene en forma directa en la solución de problemas y en la ejecución de programas solicitados por las comunidades, se consolida su papel político, obtiene una ventaja y una posición políticas muy importantes. Por otra parte, los programas de acción cívica provocan así, una militarización de los procesos, mecanismos, programas y estructuras que normalmente están bajo el control y la jurisdicción de los sectores civiles del Estado (construcción de obras públicas, salud, mejoramiento comunal, asistencia comunal, letrinización, etc.), permeando poco a poco la totalidad de la acción estatal y militarizando progresivamente el conjunto de la acción gubernamental. Esta proporciona un sustento ideológico al intervencionismo militar, y legitima, ante sectores rurales de la población, sobre todo, y ante la conciencia de los propios militares, su papel intervencionista, y justifica la voluntad de participación política totalizante de las Fuerzas Armadas. Estas concepciones y programas están, pues, en la base de las ideologías que identifica n a los cuadros superiores de la oficialidad como una «élite desarrollista» y a las Fuerzas Armadas en su conjunto como la herramienta – tecnoburocrática – de las tareas de «construcción nacional».

En los programas de acción cívica, por otro lado, se encierra un intento de «cambiar la imagen» popular sobre las Fuerzas Armadas que se complementa con los objetivos señalados anteriormente. Los programas de acción cívica son concebidos y ejecutados como una operación preventiva de insurgencia y como una técnica eficaz de contrainsurgencia.

Así, de conformidad con una definición oficial del Departamento de Defensa, la contrainsurgencia «es una combinación de acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles tomadas por un gobierno dado para derrotar cualquier movimiento de insurgencia subversiva» y los programas de acción cívica son definidos como «el uso de las Fuerzas Armadas predominantemente locales, en proyectos que sean de utilidad a la población en todos los niveles, en campos tales como la educación, obras públicas, agricultura, transporte, salud y otros, que contribuyan al desarrollo económico y social y que tiendan a mejorar la opinión que de las Fuerzas Armadas, tenga dicha población». (Cit. por Saxe Fernández, John, «Proyecciones hemisféricas de la Pax Americana» p. 104).

Queda claramente evidenciado cómo el programa de asistencia militar, mediante sus diversas técnicas y áreas de acción, constituye un mecanismo de consolidación de la Pax Americana, mediante la dependencia creada entre las Fuerzas Armadas de las naciones periféricas y la metrópoli norteamericana.

Así, los ejércitos nacionales de América Latina se han convertido en fuerzas complementarias del ejército imperial, en el cumplimiento del papel que las Fuerzas Armadas Norteamericanas se han arrogado de policía interamericana e internacional. Al presentar el programa de asistencia para 1967, el entonces Secretario de Defensa de los E.E.U.U., Sr. McNamara expresó claramente esa política:

«Estados Unidos no puede estar en todos los lugares a la vez (…).

La balanza de fuerzas y las necesarias alternativas con que nos reta el cambiante mundo contemporáneo, solo pueden ser conquistadas con amigos fieles, bien equipados y listos para cumplir con la tarea que les corresponda (…). El programa de asistencia militar ha sido diseñado para impulsar y conquistar tales fuerzas y alternativas, ya que ayuda a mantener fuerzas militares que complementan a nuestras propias Fuerzas Armadas«. (Saxe-Fernández, op. cit. p. 113).

Esta situación que estamos mencionando, debe entenderse dentro del marco global proporcionado por el creciente proceso de militarización de la vida política norteamericana, interna y externa, y de su vida económica. El análisis de este proceso, identificado por algunos autores como «capitalismo del Pentágono», «pentagonismo», etc. y que describe lo que el Presidente Eisenhower denominó en su último mensaje presidencial «el poder del complejo militar-industrial» no corresponde hacerlo en estas páginas.

Basta señalar que una de las manifestaciones fundamentales de ese proceso es la creciente intervención del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en la formulación de la política exterior, norteamericana, el Pentagonismo – o si se prefiere, el complejo militar-industrial – absorbe más de la mitad del presupuesto federal de los Estados Unidos y controla más de las tres cuartas partes de los recursos materiales y humanos más avanzados que son invertidos en el campo de la investigación y los programas de desarrollo. Un autor expresa así la situación que hemos descrito:

«En virtud de su centralización, el nuevo cuerpo administrativo del Departamento de Defensa, es, sin lugar a dudas, la unidad administrativo-industrial más vasta de Estados Unidos (…). Nunca antes en la experiencia americana hubo una combinación de poder político y económico en las mismas manos. Los altos oficiales de la nueva administración estatal son también los altos oficiales políticos del gobierno de los Estados Unidos.

Consecuentemente, uno de los resultados del establecimiento de esta administración estatal ha sido la instalación, dentro de la sociedad americana, de un cuerpo institucional característico de los Estados totalitarios«. (Seymon Melman, «Pentagon, capitalism» cit. por Saxe-Fernández, op. cit., p. 26).

El hecho de que más de la mitad de los recursos federales de los Estados Unidos sean destinados a gastos militares, es revelador del grado de influencia del Pentágono en la totalidad de la vida política estadounidense.

Conforme se fue acentuando el crecimiento presupuestario, el Departamento de Defensa contó con mayores posibilidades de influir y controlar («satelizar») importantes sectores de la vida social americana: político-administrativos, económicos, académico-universitarios, profesionales, etc.

Dentro del proceso de desarrollo del pentagonismo, reviste una importancia especial, para efectos de nuestro comentario, el ya citado creciente control del Departamento de Defensa en la formulación; ejecución de la política externa de los Estados Unidos, como resultado de su control sobre vastos recursos económicos, técnicos y administrativos.

La descripción y análisis de las causas, caracteres y etapas de este proceso en el seno de la sociedad y el gobierno norteamericanos es un tema que trasciende en mucho el objetivo de este comentario. Basta por ahora, como lo hemos hecho, caracterizar brevemente el fenómeno y señalar las consecuencias que ha tenido en la intensificación del militarismo latinoamericano.

Centroamérica ocupa un lugar clave dentro del ajedrez geopolítico norteamericano. No nos detendremos a analizar la importancia estratégica del Canal de Panamá. Es importante, simplemente, recordar que en Centroamérica el grado de control del capital extranjero sobre el sector industrial – surgido y fortalecido dentro del marco del Mercado Común – es mucho más alto que en cualquier otra parte de América Latina. Este índice de desnacionalización de la industria centroamericana tiende a crecer, bajo la eficaz protección de los regímenes militares instaurados en la región, algunos desde hace varias décadas. Con la excepción de Costa Rica, los ejércitos de los demás países centroamericanos han desempeñado un papel intervencionista directo y permanente en los procesos políticos nacionales, como celosos guardianes de los intereses de las oligarquías locales y los intereses económicos-políticos de la potencia imperial.

Es en Centroamérica, además, donde primero se han logrado desarrollar estructuras de coordinación y acción conjunta permanente de las Fuerzas Armadas, a nivel regional. Digno sucesor de la «Internacional de los Sables», que agrupaba a los dictadores caribeños en la década de los 50, en mutua protección de sus respectivas tiranías, se funda en 1964 el Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) correo un órgano de la Organización de Estados Centroamericanos. El Consejo está integrado por los Ministros de Defensa de las naciones centroamericanas y tiene como propósito coordinar acciones militares conjuntas y garantizar la seguridad de la región «ante una eventual agresión comunista». Otro objetivo fundamental ha sido la incorporación de Costa Rica a este bloque militar. Con ese propósito evidente se modificó el Acta Constitutiva de CONDECA en 1966, estableciendo que no solo los ejércitos, sino también los «Ministerios de Seguridad» pueden participar en el Consejo.

A través de CONDECA se ha conseguido uniformar los sistemas organizativos de los ejércitos centroamericanos, y desarrollar técnicas comunes de entrenamiento, impulsados por el programa de asistencia militar norteamericano.

Costa Rica no ha participado formalmente en CONDECA, pero sí ha tenido una importante participación en los programas de asistencia militar y entrenamiento patrocinados por el pentagonismo. Solo entre 1961 y 1964, 1.639 costarricenses participaron en los cursos de contrainsurgencia celebrados en la Escuela de las Américas (Panamá), de un total de 8.154 centroamericanos. El siguiente cuadro expresa la distribución por países, durante el período citado:

Estos cursos de entrenamiento militar hacen un énfasis especial en la contrainsurgencia. No son cursos de capacitación policial como se los ha querido presentar sistemáticamente a la opinión pública costarricense. De cualquier modo, es necesario recordar que la distinción entre lo policial y lo militar pierde completamente su sentido cuando estamos en presencia de programas orientados a capacitar a los integrantes de los cuerpos policiales en funciones de «seguridad interna», y contrainsurgencia.

Preparación de una casta militar con estrechos vínculos de dependencia ideológica hacia la nación dominante, y una constante presión y amenaza por parte de los militares centroamericanos, con el fin de destruir el «mal ejemplo» de una democracia pacífica y civilista en Centroamérica han sido los resultados cosechados por Costa Rica por su participación en los programas de asistencia militar canalizados a través de la AID y de la Misión Militar Norteamericana (cuya presencia en Costa Rica es inconstitucional) y del Consejo de Defensa Centroamericano.

La coyuntura electoral de 1978 y el desarrollo del militarismo

La coyuntura electoral costarricense de 1978 ha acelerado significativamente un proceso de reacomodo de las fuerzas sociales y políticas, que se venía incubando desde algún tiempo atrás. Uno de los caracteres de ese proceso fue la absoluta desaparición del «calderonismo» – resabio histórico del Partido Republicano Nacional, derrocado por la acción armada de Figueres en 1948 y que constituía un fenómeno electoral personalista y caudillista de hondas raíces emocionales, revestido con un ropaje socialcristiano – como corriente política independiente. Por su parte, en el Partido Liberación Nacional se produjo un drenaje de sectores de la clase media y media alta y de los últimos restos de clase alta, compensado significativamente por la atracción de sectores obreros y asalariados en general, que habían gravitado alrededor del calderonismo. Los diversos grupos antiliberacionistas lograron aglutinarse alrededor de la figura del ex-liberacionista Rodrigo Carazo, consolidando una precaria alianza de centro-derecha, denominada «Partido Unidad». El propio «caracismo», un minúsculo partido Demócrata Cristiano, los restos supervivientes de derecha del partido calderonista, y los sectores oligárquicos que giran alrededor del periódico «La Nación» – el cual, desde que fue fundado en 1946 por un grupo de oligarcas, ha constituido un instrumento de dominación ideológica a la vez que un verdadero partido empresa verticalmente antiliberacionista – constituyen los elementos más significativos de la coalición electoral que ganó las elecciones costarricenses de 1978. El único rasgo de unión entre estos grupos – y algunos menores que no he citado – es su feroz antiliberacionismo.

De una alianza de esta naturaleza no podría surgir un proyecto político propio, de ninguna naturaleza, y menos un proyecto político y una acción gubernamental que orientara el proceso político costarricense por un cauce de ampliación democrática y de participación popular. Una profunda división interna, una política económica y fiscal errática, matizada recurrentemente por medidas de corte liberal-tradicional, una violación sistemática y reiterada del ordenamiento jurídico costarricense, una feroz posición antisindical del gobierno, y un fortalecimiento de los órganos represivos del Estado más un caudillismo mesiánico del presidente, son las características más destacadas del primer año de gobierno de la coalición antiliberacionista.

La absoluta incapacidad para detener el aumento acelerado en el «costo de la vida» y el aumento galopante de precios de artículos de consumo, la creciente ola de demandas salariales y el descontento popular generalizado, han obligado a los grupos que detentan el poder en Costa Rica a despojarse de su falso ropaje socialcristiano para revelar poco a poco su esencia oligárquica. Poco a poco, son los grupos más extremos de la coalición los que van imponiendo su línea política, de raíz profundamente antipopular, y con claras con notaciones fascistoides. Una parte importante de este proceso lo constituye el esfuerzo gubernamental, permanente, por militarizar las fuerzas públicas costarricenses.

Aceleradamente, y en total contraposición con los mandatos constitucionales, el actual equipo gobernante ha venido dando los primeros pasos para la construcción de un ejército en Costa Rica. La situación de conflicto que vive Nicaragua, en el plano político y militar, y el riesgo eventual de un enfrentamiento con la Guardia Nacional somocista, han sido el pretexto utilizado para desarrollar, en la práctica, una línea de conducta reñida con los principios civilistas contenidos en el artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica, y con las aspiraciones y sentimientos del pueblo costarricense.

Los principales elementos de esa línea de acción política, que amenaza con convertir a Costa Rica en un «Estado de seguridad nacional», similar a los demás Estados del área, son los siguientes:

a) El intento de creación legislativa de un Ministerio del Interior, con el propósito de centralizar, estructural e inconstitucionalmente, el mando de toda la fuerza policíaca, de investigación y de seguridad. En Costa Rica funcionaban dos cuerpos policíacos separados: La Guardia Civil, que tiene funciones de vigilancia urbana, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia de Asistencia Rural, encargada de la vigilancia de las zonas rurales, dependiente del Ministerio de Gobernación. Este último Ministerio tiene funciones muy diversas, y cubre la acción del Estado costarricense en los campos de la prevención social, las instituciones penales, las comunicaciones, correos y telégrafos, las cuestiones municipales, y hasta hace poco, el desarrollo comunal. La intención del grupo gobernante en Costa Rica consiste en crear un Ministerio del Interior, que centralizaría las actividades actualmente desarrolladas en el Ministerio de Seguridad Pública y las funciones policíacas del Ministerio de Gobernación, dispersando el resto de las funciones de éste en diversas entidades públicas. El proyecto encubre un propósito fundamental: integrar legislativamente todos los cuerpos de seguridad y policíacos del Estado, en una sola unidad y bajo un solo mando: en suma, la creación de un verdadero Ministerio de Defensa.

b) La fusión de hecho de todos los cuerpos represivos; ante la obstinada oposición parlamentaria al intento de crear el «Ministerio del Interior», el grupo en el poder ha realizado la fusión de hecho de los dos ministerios, el de Seguridad Pública y el de Gobernación, (cercenándole a este último, por vía de decreto ejecutivo, la mayoría de sus funciones no policíacas), mediante el expediente, de nombrar un solo Ministro para ambos ministerios. Así, la totalidad de los cuerpos respectivos del Estado, convenientemente separados hasta hace poco tiempo, funcionan ahora bajo un solo mando, ejercido por un solo jerarca, graduado de una escuela militar norteamericana, y en forma completamente integrada. Han sido integrados, incluso, los servicios administrativos de ambos ministerios que funcionan en la práctica como servicios de administración e intendencia de un ejército regular. Además, el nuevo Ministerio así integrado ha concentrado en sus manos la totalidad de las comunicaciones inalámbricas del Gobierno de la República y ha desarrollado mecanismos que le permiten conservar una inmensa cantidad de información de primera importancia en su propio centro de cómputos. Está constituido un Ministerio de Defensa en Costa Rica.

c) La adquisición de material bélico: el nuevo ente militar ha demostrado velozmente su vocación armamentista, elemento fundamental de la verdadera función para la cual está diseñado.

El artillamiento de helicópteros, la instalación de baterías antiaéreas, la importación legal o ilegal de armamento bélico de procedencia venezolana y panameña para uso de la fuerza pública en el desarrollo de operaciones militares de cierta envergadura, son ya acontecimientos comunes en la República de Costa Rica, todo bajo el repetido pretexto del conflicto nicaragüense.

d) El aumento presupuestario para la defensa: en el presupuesto nacional vigente para el año 1979, el Ministerio de Seguridad Pública logró un aumento de más de 42% de su presupuesto ordinario con relación al año anterior, pasando de cerca de 161 millones de colones a una cifra cercana a los 228 millones. Por su parte, el Ministerio de Gobernación, que funciona integrado con el anterior – y pese a que se le ha cercenado la mayoría de sus funciones no represivas – sufrió un aumento del 32% en su presupuesto ordinario: de 137 millones en 1978, a 181 millones en 1979.

Este inusitado aumento de recursos financieros en el área de seguridad le ha permitido al Gobierno de Costa Rica mantener un cuerpo integrado de más de 5.000 hombres sobre las armas, aproximadamente el mismo número de soldados con que cuenta, por ejemplo, el ejército salvadoreño.

e) La estructuración de la fuerza pública costarricense bajo un modelo organizativo típicamente militar con su Estado Mayor (el Ministro de Seguridad es el Jefe del Estado Mayor), con su propia intendencia, con sus propios y particulares servicios de asistencia social y médica, y con una clara división funcional de tipo militar: operaciones, inteligencia, indendencia, etc. En los documentos internos de la fuerza pública han comenzado a usarse sin ningún empacho, términos como «Fuerzas Armadas Costarricenses», «tropas regulares», «infantería», etc., que revelan la orientación militarista y no policial de su estructura y actividades.

f) La ejecución de operaciones militares de gran escala: la fuerza pública costarricense ha comenzado a ejecutar acciones militares, siempre bajo el pretexto de eventuales conflictos fronterizos con Nicaragua. Este tipo de operaciones, que deben ser consideradas de gran escala si consideramos las dimensiones de nuestra fuerza pública, tienen como propósito fundamental realizar acciones de «limpieza» de guerrilleros sandinistas y patriotas nicaragüenses que, eventualmente, se internan en territorio costarricense, además de mantener una constante presión y un permanente hostigamiento en contra de los patriotas nicas que luchan por su liberación, y por el establecimiento de un régimen democrático y respetuoso de los derechos humanos en Nicaragua. Estas operaciones se realizan paralelamente a las que ejecuta en su territorio la Guardia Nacional Nicaragüense. La más importante operación de limpieza y hostigamiento realizada hasta el momento por los nuevos militares costarricenses fue la «operación Jaque Mate», que involucró a más de 1.000 efectivos de las Guardias Civil y Rural, durante casi un mes. Esta operación en contra de los patriotas nicaragüenses fue ejecutada con armamento proveniente de Venezuela y Panamá. y supervisada por oficiales del Departamento de Defensa de los EE.UU.

g) El enfoque policíaco-militar de los conflictos sociales: a la par de su posición antisindical, ha quedado claro que para el Gobierno de Costa Rica los conflictos de carácter laboral (y social en general) y las acciones de presión de carácter comunal no son concebidos como problemas de orden socio-económico o políticos, sino como problemas de seguridad interna; y son enfrentados con un enfoque policíaco-militar. Las huelgas obreras que se han realizado recientemente, ante el deterioro de las condiciones de vida del pueblo, son atendidas directamente por el Ministerio de Seguridad Pública, y no por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Representantes de los organismos de seguridad pública participan directamente en las negociaciones laborales, o negocian directamente con los dirigentes comunales la atención de las necesidades públicas que provocan las manifestaciones comunales de presión. Así las legítimas acciones de presión y de lucha de las organizaciones populares, comunales y sindicales son enfrentadas por el gobierno con un criterio policíaco – y no social – y se desarrollan bajo un marco represivo, extraño a las tradiciones costarricenses. Es significativo señalar que en el informe de labores correspondiente al año 1979, el propio Ministro de Seguridad Pública y Gobernación da cuenta del número de huelgas atendidas por su cartera ministerial, como si la atención de esos procesos sociales fuera una función natural de las fuerzas policíacas de un régimen democrático.

A modo de conclusión

Una serie de elementos y procesos, derivados de la propia dinámica política interna de Costa Rica, y de su situación geopolítica internacional, contribuyen a romper el esquema de desarrollo democrático, antimilitarista, de alto contenido social, que ha vivido el pueblo costarricense. No se trata desde ningún punto de vista de un proceso ya acabado, o inevitable. Se trata, más bien, de los primeros pasos para implantar un sistema político-económico de corte capitalista autoritario, que garantice el mantenimiento de la dominación oligárquica interna y de la Pax Americana, en esta área de Centroamérica.

Solo una clara conciencia y una rápida acción por parte de los sectores populares costarricenses, y una vigorosa actuación del Partido Liberación Nacional, que constituye sin lugar a dudas, única alternativa democrática del pueblo de Costa Rica, podrán impedir los nefastos propósitos que hemos ido puntualizando a lo largo de estas notas. Solo así se evitará el deterioro y desmoronamiento de una democracia americana ejemplar. Como costarricense, tengo no solo la esperanza sino la convicción segura de que nuestro pueblo sabrá encontrar su camino y evitar los peligros que acechan su vida democrática.

Bibliografía consultada:

BOSCH, Juan: «El pentagonismo, sustituto del imperialismo», Siglo XXI. Editores, México, 1968.

VEGA CARBALLO, José Luis-Costa Rica: Coyunturas económicas, clases sociales y Estado en su desarrollo reciente, 1930-1975, Serie Estudios Históricos No. 8. Academia Costarricense de Bibliografía. San José, s.f.

Referencias

Anónimo, CAMBIOS SOCIOPOLITICOS EN LAS FUERZAS ARMADAS. – San José, Costa Rica, CEDAL. 1972;

Nueva Sociedad No. 42 Mayo-Junio 1979, pp. 119-130