Pacto de la Embajada de México

PACTO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO

En virtud de la mediación solicitada al Cuerpo Diplomático, por el Gobierno de Costa Rica, se realizaron conversaciones entre el presidente de la República de Costa Rica Lic. don Teodoro Picado, sus representantes y el delegado del Ejército de Liberación Nacional, Pbro. don Benjamín Núñez.

Las mencionadas conversaciones dieron como resultado un acuerdo preliminar, destinado a hacer cesar las hostilidades y a establecer las circunstancias, para estudiar dentro de un ambiente favorable, un arreglo definitivo.

Dicho Acuerdo Preliminar es el siguiente:

1. El Presidente de la República nombra secretario de Seguridad Pública al Licenciado don Miguel Brenes Gutiérrez y llamará a ejercer el poder Ejecutivo al Tercer Designado, Ingeniero don Santos León Herrera, quien organizará inmediatamente su gobierno en la forma que juzgue más conveniente a las necesidades del país.
    

2. El Secretario de Seguridad Pública, adoptará las medidas pertinentes a fin de que, en el menor plazo posible, las fuerzas del Gobierno se retiren de sus posiciones y sean oportuna y debidamente licenciadas.
    

3. Se facilitará la salida del país, sin carácter de expatriación, de los jefes militares y funcionarios civiles más destacados, como una medida preventiva en su seguridad personal.
    

4. Entre tanto se llega al acuerdo definitivo a que se ha hecho referencia, las fuerzas del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, se abstendrán de toda acción armada. Las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, podrán avanzar a sus nuevas posiciones.
    

5. Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos los ciudadanos que, directa o indirectamente, estuvieron comprometidos en el conflicto. Se garantizan en modo especial la vida, hacienda y derechos otorgados a todos los militares, funcionarios o empleados que han servido al Gobierno del Lic. Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de la guerra civil y a las víctimas incapacitadas, sin distinción de partidos políticos, las indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán represalias de ninguna especie. Se decretará una amnistía general. Todas las estipulaciones establecidas en esta cláusula constarán en el acuerdo definitivo.
    

6. Todo lo relaciondo con las garantías para la promoción del bienestar social y económico de las clases trabajadoras, se ha contemplado en un documento especial que presentará el Ejército de Liberación Nacional al jefe del partido Vanguardia Popular.
    

7. Por los medios jurídicos y diplomáticos que los respectivos tratados o Convenios Internacionales estipulen, el nuevo gobierno, presidido por el Ing. Don Santos León Herrera, resguardará y garantizará la soberanía nacional. El nuevo gobierno manifiesta sus propósitos de colaboración a las Naciones Unidas y a la solidaridad americana.

Los firmantes del presente acuerdo, dejan constancia expresa de que reconocen los nobles sentimientos humanitarios que en todo momento han inspirado la gestión del Cuerpo Diplomático. Agradecen en nombre de la Patria su desinteresada intervención en pro de la paz y manifiestan que los representantes de esa Alta Corporación, en ningún momento se apartaron de la neutralidad absoluta, ni tendieron con sus actuaciones a mejorar o empeorar la situación política de alguna de las partes militantes o a favorecer o entorpecer sus planes u operaciones militares.

SAN JOSÉ C. R.,
DIECINUEVE DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO.
TEODORO PICADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PBRO. BENJAMIN NÚÑEZ V.
DELEGADO DEL EJÉRCITO
DE LIBERACIÓN NACIONAL

En esta mesa se firmó el 19 de abril de 1948 el «Pacto de la Embajada de México» que puso fin a la guerra civil.

El Ejército de Liberación Nacional presenta al Partido Vanguardia Popular, parte de su programa social de Gobierno, cuya realización promete a todos los trabajadores de Costa Rica:

1. Las Garantías Sociales existentes no sólo serán respetadas sino también aplicadas en forma efectiva en todos aquellos aspectos en que no lo han sido todavía.
    

2. El Código del Trabajo no sufrirá modificación negativa a los intereses de los trabajadores; por el contrario, será perfeccionado en favor de ellos. Entre esas mejoras consideramos esencial el reconocimiento del derecho de huelga para los trabajadores del país.
    

3. Observaremos el principio de libertad y organización para la clase trabajadora; se darán garantías para la existencia y las actividades de las Centrales Sindicales existentes en el país: Rerum Novarum y la CTCR (Confederación de Trabajadores de Costa Rica). El Gobierno les garantizará apoyo económico y moral sin preferencias para ninguna de ellas.
    

4. A fin de dar mayor seguridad al trabajador desde la cuna hasta la tumba, el sistema de seguros sociales no sólo será respetado, sino estructurado en forma tal que todos los riesgos profesionales incluyendo los accidentes de trabajo, quedan incorporados a un organismo único. Se extenderán los beneficios de la seguridad social a todos los trabajadores y a todo el país.
    

5. Será preocupación constante la ejecución de un plan de viviendas baratas para todos los trabajadores de la ciudad y del campo.
    

6. Haciendo los esfuerzos que sean necesarios en la producción de artículos de consumo popular y en el control de su distribución, se procurará asegurar el alimento adecuado para la población.
    

7. Se guardará absoluto y efectivo respeto al sistema democrático republicano, asegurando y respetando las libertades de pensamiento, de conciencia, de palabra, de reunión y de organización, de todos los partidos políticos que existen o puedan establecerse en el país.
    

8. El impuesto sobre la renta no sólo no será suprimido, sino que se le darán bases técnicas más serias aún, asegurando además, dentro de la honestidad administrativa, su aplicación a la solución de las necesidades fundamentales del pueblo.
    

9. Se procederá a robustecer y a ejecutar un programa de distribución de tierras, complementado por los medios crediticios y técnicos que el estado pueda aportar.
    

10. Las familias de todas las víctimas de la Guerra Civil y las víctimas incapacitadas, recibirán, sin distinción de partidos políticos, indemnizaciones adecuadas. El gobierno hará las gestiones necesarias para que todos los trabajadores que hayan participado en la guerra, sin distinción de partidos políticos, puedan volver a sus trabajos sin que los contratos de trabajo respectivos puedan considerarse rotos.

SAN JOSÉ C. R.,
DIEZ Y NUEVE DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO