Don Pepe

La Guerra Civil de 1948

Pretender narrar tan importantes acontecimientos en pocas líneas es casi imposible; de ahí que sea necesario reducir nuestro relato a los hechos fundamentales ocurridos en aquel año.

En el año 1940 nuestro país inicia una etapa diferente en su desarrollo histórico. Los Mamados “hombres de 40 años” como se les llamó en aquel momento ascienden al poder, pero también asumen posiciones directrices en otras actividades nacionales. Es indiscutible que aquella generación, vista sin tomar en cuenta partidarismos políticos, va a marcarle al país nuevos rumbos.

La labor que en el campo institucional se realiza durante toda la década de los años 40 es de suma importancia, especialmente dentro del campo social. Sin embargo, uno de los aspectos que más se verán afectados y convulsionados, es el político.

En las elecciones de 1940 el Partido Republicano obtiene un contundente triunfo electoral que lleva a la presidencia de la República al Dr. Rafael Angel Calderón Guardia quien iniciará una política de importantes logros institucionales. Sin embargo, poco a poco va perdiendo un importante porcentaje del apoyo popular que lo llevó al poder, debido especialmente a errores administrativos, intervención en el proceso electoral de 1942 para renovar la mitad de los diputados del Congreso y especialmente la unión que realiza el partido en el poder con el Partido Comunista, que toma el nombre de Vanguardia Popular.

El descontento político nacional va creciendo poco a poco durante estos años, y aumenta considerablemente después de las elecciones presidenciales de 1944 en que es electo el Lic. Teodoro Picado M., en el que se acusa al Gobierno de haber cometido enormes fraudes electorales, cosa un tanto difícil de comprobar documentalmente hoy día. Pero aquella opinión dio por resultado que creciera el descontento y la intranquilidad en el país.

A partir de 1944 la efervescencia aumenta; se producen choques entre fuerzas ciudadanas y oficiales, las críticas hacia la administración se vuelven más fuertes de parte de grupos opositores, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales que había mantenido en años atrás una acción de vigilancia intelectual en el desarrollo nacional, se transforma en un partido político bajo el nombre de Social Demócrata y en su seno empezará a descollarse la figura de José Figueres que en el año 1942 había sido expulsado del país por el Gobierno de Calderón Guardia y desde entonces planeaba actividades subversivas en contra de los gobiernos Caldero-picadista.

Para febrero de 1948 el país se preparaba para un proceso electoral cargado de inquietudes y recelos. Los candidatos eran, por un lado el ex-Presidente Calderón Guardia y por la oposición el periodista don Otilio Ulate, que había sido nombrado candidato a la Presidencia por la unión de varios movimientos políticos opositores al Gobierno. Practicadas las elecciones, el Tribunal Nacional Electoral declaró electo al señor Ulate. Sin embargo, aquella declaración fue realizada sin respetar muchos aspectos señalados por la Ley, lo que dio pie para que el candidato perdidoso pidiese al Congreso la nulidad de las elecciones, lo que se concede el Io de marzo de 1948. Esta nulidad abrirá una de las páginas más convulsas de nuestra historia, en donde las pasiones, en los elementos participantes de todos los bandos políticos, se verán desatadas.

Así, el 12 de marzo de 1948, estalla la guerra civil encabezada por don José Figueres Ferrer, que había convertido su finca La Lucha en su cuartel principal.

El movimiento que iniciaba Figueres no tenía un carácter eminentemente nacional. Por el contrario, había en él importantes vinculaciones internacionales, como lo demuestra la firma del llamado Pacto del Caribe, firmado en Guatemala en diciembre de 1947, por medio del cual un grupo de políticos centroamericanos y caribeños, se comprometían a aunar sus esfuerzos para derrocar los gobiernos dictatoriales del área y luchar por la unidad de Centroamérica. Es precisamente de esta organización, de la cual Figueres recibirá el mayor aporte de armas aunque no de hombres.

No nos permite el espacio entrar en la narración de los principales acontecimientos bélicos, de ahí que nos limitamos a señalar que después de cuarenta días de lucha, la victoria del movimiento de Figueres se consolida con la firma del llamado Pacto de la Embajada de México, que fue gestionado directamente por el Presidente Picado que, debe reconocerse, estaba ansioso por sacar al país de tan grave trance y por el presbítero Benjamín Núñez como representante del Movimiento de Liberación Nacional de Figueres. Por medio de ese pacto, el Presidente Picado se comprometía a entregar el mando al Designado a la Presidencia Ing. don Santos León Herrera y éste a su vez, el 8 de mayo de 1948 lo entregaría a una Junta de Gobierno.

Por otra parte, el primero de mayo de ese año, se firma también el Pacto Ulate—Figueres, por medio del cual este último se comprometía a convocar a una Asamblea Constituyente que declararía Presidente Electo en los comisios de febrero de 1948 a don Otilio Ulate y elaboraría una nueva Constitución Política con base en la cual se organizaría el nuevo Gobierno. Por su parte, Ulate aceptaba que la Junta estaría al frente de los destinos del país por espacio de dieciocho meses, período que podía prolongarse por seis meses más, con la venia de la Asamblea Constituyente.

El 15 de enero de 1949 se instaló la Constituyente que de inmediato declara como Presidente Electo a don Otilio Ulate y luego amplía el período de gobierno de la Junta, prórroga que posteriormente no se hará efectiva. Esta Asamblea Constituyente rechazó un Proyecto de Constitución Política que había elaborado una Comisión nombrada por la Junta de Gobierno, por considerar que en muchos de sus artículos se reflejaba una tendencia ideológica que no estaba acorde con la tradición institucional del país, por lo que acoge la vieja Constitución de 1871 como base de discusión a la hora de elaborar la nueva Carta Magna para Costa Rica.

La nueva Constitución Política es promulgada el 7 de noviembre de 1949 y, a pesar de estar elaborado sobre el viejo texto constitucional del año 71, encontramos en ella una serie de cambios de vital importancia que señalaremos a continuación:

a) Debilitamiento del Poder Ejecutivo.
b) Establecimiento del régimen de instituciones autónomas
c) Declaratoria de la gratuidad de la enseñanza secundaria
d) Creación del Tribunal Supremo de Elecciones y el otorgamiento del derecho a voto a la mujer.

Nos interesa destacar la importancia que para el régimen democrático han tenido estas dos últimas medidas. En primer lugar, la educación es vital para preparar ciudadanos conscientes de sus deberes dentro de una democracia y es precisamente uno de los fines con que debe cumplir esa educación.

Por su parte, al crearse el Tribunal Supremo de Elecciones, se trató de garantizar la libertad de sufragio y consideramos, que en los procesos electorales posteriores a los acontecimientos que nos ocupa, ese organismo ha cumplido a cabalidad su función.

Sobre lo anterior nos parecen acertadas en un todo las siguientes palabras del historiador nacional Lic. Marco Tulio Zeledón al exponer:

La función electoral, la más importante y delicada de cuantas corresponden a todo régimen democrático, ha sido en tesis general, atinadamente reglada en el cuerpo pol: en estudio. La necesidad de liberarla de la ingerencia de los poderes púb eminentemente políticos, como son el Ejecutivo y la Cámara, era una aspiración inaplazable y hondamente sentida por la ciudadanía, la cual vino a quedar parcialmente satisfecha con la emisión del Código Electoral de 1947, pero se tropezaba todavía con escollos de orden constitucional, que la nueva carta ha venido a separar. La autonomía del Tribunal Supremo de Elecciones, para la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como la inapelabilidad de sus resoluciones, constituye la mejor garantía de neutralidad, siempre y cuando la Corte Suprema de Justicia, a cuyo cargo está esa función, tenga el acierto de seleccionar, sin criterio político, los magistrados probos e idóneos, para servir tan delicadas funciones …” (1).

Así, como dice el historiador norteamericano James Busey, existen en Costa Rica “estrictas disposiciones dirigidas a preservar el orden electoral y a prevenir abusos y fraudes electorales … Es verdad que las leyes electorales no garantizan por sí solas elecciones libres e imparciales, no obstante las excepcionalmente cuidadosas disposiciones de la ley electoral costarricense, parecieran indicar que existe una legítima intención de asegurar la escogencia imparcial entre los candidatos sobre la base de la ÜTestricta voluntad del votante …” (2).

Citas

1. Zeledón, Marco Tulio. p. 8,1950.
2. BUSEY, James, pp. 65-66,1968.

Bibliografía

1. AGUILAR BULGARELLI, Oscar. Costa Rica y sus hechos políticos de 1948. Problemática de una década. Editorial Costa Rica. San José. 1968.
2. ARA YA POCHET, Carlos. Historia de los partidos políticos. Liberación Nacional. Editorial Costa Rica. San José, 1968.
3. BUSEY, James. Notas sobre la Democracia Costarricense. Editorial Costa Rica. San José. 1968.
4. ZELEDON, Marco Tulio. Historia Constitucional de Costa Rica en el Bienio 1948-1950. SPI. San José, Costa Rica. 1950.

Fuente: Revista Patria, 1971

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