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CONCLUSIONES
La ilegitimidad de la Junta Fundadora de la Segunda República en un amplio sector de la sociedad costarricense generó que las divisiones políticas permanecieran durante su gobierno. Díaz Arias apunta que “apenas tan solo mes y medio después de haber tomado el poder, Figueres y su Junta habían perdido el apoyo inicial a su gobierno” (290). Precisamente, la invasión del 10 de diciembre de 1948 es un pico de violencia abierta de la posguerra costarricense donde un sector de la oposición exiliado en Nicaragua se propuso, mediante las armas, enfrentar y desestabilizar al gobierno de facto. El enfrentamiento directo en el campo de batalla abrió de nuevo la posibilidad de aniquilar al enemigo, como señala Carl Schmitt (63) los conceptos de amigo-enemigo, en la lucha “adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente” (63), así como la posibilidad de perder la vida.
Desde el inicio del gobierno de la Junta, se implementó la creación de legislación y de instituciones para perseguir, reprimir y encarcelar a los perdedores de la guerra civil. Esa fue la forma de legitimar el uso de violencia contra los enemigos políticos. Díaz Arias señala que “la Junta gobernaría por medio de decretos-ley, lo cual le daría un poder omnímodo para expedir políticas sin necesidad de consultar a ningún grupo social” (287). Dentro de las respuestas a la violencia legitimada, un sector de la oposición apostó por la organización de un movimiento armado, el cual estuvo liderado por los hermanos Calderón Guardia y apoyado por el dictador Anastasio Somoza, reconocido enemigo de Figueres, quien temía que los miembros de la Legión Caribe utilizaran el territorio costarricense para organizar un movimiento armado y darle un golpe de Estado.
Somoza se esforzó por mostrar que el motivo de la permanencia de la conspiración contra el gobierno de la Junta era no haberle entregado el poder a Ulate. Otro sector de la oposición compuesto por los comunistas decidió no involucrarse en la aventura, precisamente por el apoyo de Somoza, por lo que consideraron que la forma de enfrentar a los vencedores era la vía electoral. Si bien los vencedores justificaron la persecución contra los calderocomunistas como una medida necesaria para evitar una contrarrevolución (Díaz Arias 301), este artículo plantea que, por el contrario, las medidas represivas utilizadas por la Junta fueron las que contribuyeron a mantener presente la violencia en la posguerra y eso generó que una parte de los perdedores considerara legítima la vía armada.
El movimiento invasor esperaba que, al ingresar a la provincia de Guanacaste por la frontera norte, en distintas partes del país se alzarían brotes de violencia como manifestación de apoyo; sin embargo, a pesar de que hubo algunas manifestaciones en Sarapiquí, Guápiles y Siquirres, no fueron masivas y rápidamente quedaron reprimidas. De hecho, desde meses antes el gobierno de la Junta, mediante el Departamento de Detectives, realizó labores de espionaje que tuvieron como resultado las detenciones “preventivas”, el encarcelamiento de personas consideradas sospechosas y posibles simpatizantes o colaboradores de los invasores. La mayor expresión de violencia estatal y de terror selectivo fue el asesinato de Federico Picado, Tobías Vaglio, Lucio Ibarra, Octavio Sáenz, Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar, conocido como el crimen del Codo del Diablo. Tal como plantea Carlos Figueroa Ibarra (38), “en la desaparición de dirigentes, en alguna forma se puede generar en la masa sensación de desprotección, falta de dirección y, por supuesto, desorganización”.
Se intentó rastrear la participación que tuvieron las mujeres en el conflicto político, y se logró, con las fuentes consultadas, la identificación de su presencia en ambos bandos, en labores del gobierno y como parte de la oposición. En el primer caso, se encargaron de actividades tradicionalmente adjudicadas a las mujeres como la preparación de alimentos, el cuidado de enfermos y servicios de secretaría. En la oposición calderonista destacaron por su participación en tareas de espionaje, como mensajeras y en la elaboración, impresión y distribución de material o boletines considerados subversivos. En el caso de estas últimas, sus actividades fueron objeto de investigación por parte del Departamento de Detectives, con consecuencias incluso de aprisionamiento.
Según documentos de la CIA, era importante lograr la resolución del conflicto porque podría afectar las relaciones de los gobiernos de la región y, a su vez, a los estadounidenses que vivían y tenían propiedades en los países. Por su parte, la Junta se esforzó por presentar la invasión como un conflicto de carácter internacional, lo cual restaba importancia a sus causas internas, a las heridas abiertas producto de la guerra civil.
Si bien se logró que la OEA enviara una comisión a investigar los hechos ocurridos en Nicaragua y Costa Rica, solo tuvo como resultado un llamado al cese de las hostilidades entre ambos países que además no fue acatado inmediatamente porque el enfrentamiento armado continuó, por ejemplo, con el combate en Puerto Soley. Además, el informe presentado por la comisión equiparó la culpabilidad de los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica; de esa forma, Somoza y Figueres eran culpables: el primero por apoyar la invasión y el segundo por apoyar a los antisomocistas de la Legión Caribe.
El fracaso de la invasión se puede entender a partir de tres motivos. La falta de apoyo interno que encontraron los invasores –principalmente por la ruptura con sus antiguos aliados durante la guerra civil, los comunistas– debilitó el movimiento y, a su vez, generó más dependencia al apoyo de la dictadura de Somoza. La censura de la prensa y la radio cumplió su objetivo, pues permitió que algunos eventos tuvieran más cobertura que otros; este fue el caso del asesinato de los seis voluntarios de la Cruz Roja que generó gran indignación en la sociedad costarricense y el repudio a la violencia de los invasores contra la población civil, caso contrario con el crimen del Codo del Diablo. Por último, la denuncia interpuesta ante la OEA en contra de Nicaragua generó que el apoyo de Somoza se debilitara.
Es probable que el fracaso provocara que los planes conspirativos de invadir el territorio costarricense se desvanecieran durante algunos años; no obstante, la violencia política no desapareció. Los primeros meses de 1949 se caracterizaron por la presencia de actos de terrorismo que consistieron en el uso de explosivos, armas de fuego, sabotajes e incendios contra infraestructura estatal o bienes de personas reconocidas como parte de los vencedores. Además, el regreso de Figueres al gobierno luego de ganar las elecciones presidenciales de 1953 produjo que se reactivara la conspiración en la oposición, lo cual tuvo como resultado la invasión de enero de 1955. Por lo anterior, se dice que la firma de un Pacto de Amistad entre ambos gobiernos en febrero de 1949 fue principalmente un acto simbólico, pues las hostilidades entre ambos países reaparecieron posteriormente.
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